Puerto Rico, el único país con estatus colonial norteamericano en América Latina, atraviesa desde hace cuatro años una fuerte crisis económica debido a su completa dependencia de Estados Unidos y a las políticas neoliberales puestas en ejecución. Con la llegada al poder en enero pasado del gobernador republicano Luis Fortuño, la situación se ha agudizado […]
Puerto Rico, el único país con estatus colonial norteamericano en América Latina, atraviesa desde hace cuatro años una fuerte crisis económica debido a su completa dependencia de Estados Unidos y a las políticas neoliberales puestas en ejecución.
Con la llegada al poder en enero pasado del gobernador republicano Luis Fortuño, la situación se ha agudizado para la inmensa mayoría de los casi 4 000 000 de puertorriqueños debido a la política fiscal lanzada para tratar de reducir el déficit fiscal que se eleva a 3 200 millones de dólares.
El gobernante, un reconocido neoliberal que aboga por la anexión plena de Puerto Rico con Estados Unidos, anunció el ahorro de 2 000 millones de dólares en gastos públicos mediante la llamada Ley 7, la cual implica el despido masivo más de 21 000 funcionarios y trabajadores y el perjuicio para sus familias.
Enarbolando la premisa de «hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el problema», Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa de desempleo se ubicó en 15,8 % y con las medidas sancionadas llegará a cerca del 20%, es decir, una de cada cinco personas económicamente activa.
El rechazo de los sindicatos del sector público fue inmediato y comenzaron huelgas que, por primera ocasión en esta Isla catalogada como Estado Libre Asociado para encubrir la desagradable palabra de colonia, sacaron a las calles a 100 000 ciudadanos.
El puertorriqueño Dennis Rivera, presidente del sindicato de trabajadores de la salud de Estados Unidos señaló que las acciones solo van encaminadas a destruir al sector público en beneficio del privado pues los actuales despidos solo representan un ahorro para el Estado de 368 millones mientras que la metrópolis, o sea, el gobierno federal de Estados Unidos, acaba de entregarle 4 500 millones al gobierno de la Isla.
La tensión crece en San Juan pues sindicatos y organizaciones progresistas insisten en continuar las huelgas para evitar el desmantelamiento del sector público, mientras el gobernador asegura que no dará marcha atrás.
La tesis de Fortuño es crear las denominadas Alianzas Público Privadas, aprobadas ya por el Senado del país, que permitirán operar activos públicos a empresas particulares. En términos económico-social, el más extremo neoliberalismo.
La Ley 7 también suspendió los derechos de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Se espera que alrededor de 30 000 trabajadores públicos perderán sus empleos pues el gobierno ha revelado planes para eliminar hasta 40 agencias públicas por medio de fusiones, privatizaciones y cierres irreversibles.
Asimismo, en los últimos 12 meses, 89 000 empleos han desaparecido en el sector privado.
Pese a la opulencia que se quiere demostrar con el alto número de autos por las calles de la Isla, a los puertorriqueños la crisis y las agresivas políticas gubernamentales aplicadas en los últimos años los han afectado grandemente.
Organizaciones no gubernamentales señalan que el incremento en el costo de los productos de primera necesidad y de los servicios en general aumentaron los índices de pobreza en esa nación donde han proliferado los barrios marginales.
Los alquileres de viviendas en las principales ciudades y servicios básicos como transporte público, agua potable, energía eléctrica se han disparado en forma abrupta.
El costo del alquiler de una pequeña habitación con baño y cocina en la capital se eleva a cerca de 300 dólares y representa más del 50 % de lo que gana al mes cualquier trabajador o funcionario estatal.
Según la oficina del Negociado del Censo de Estados Unidos, el 72,6 % de la población puertorriqueña vivía en 2008 en precarios niveles de pobreza.
En los últimos cuatro años los sectores más afectados han sido los de clase media, así como profesionales, técnicos y trabajadores calificados que han visto descender sus niveles de vida.
Las agencias sin fines de lucro que ofrecen desayunos o almuerzos a las numerosas personas necesitadas, ya no dan abasto.
Mientras tanto, Luis Fortuño, con la ampliación de leyes neoliberales y de privatizaciones convierte en una verdadera odisea la vida cotidiana de sus coterráneos. Muchos analistas aseguran que el gobernador esta forzando la situación para alcanzar su sueño: anexar Puerto Rico a Estados Unidos antes de concluir su mandato.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.