El proyecto económico-político de este gobierno ya se venía desarrollando, y la pandemia del COVID-19 no fue más que una oportunidad para ahondar su ideario autoritario, signado por características de sobreexplotación, opresión y despojo, que impone graves consecuencias.
Introducción
La pandemia del COVID-19 aceleró la crisis económica que ya se vivía desde el año 2014 en los países periféricos y, en particular, en Colombia, debido al deterioro de las condiciones internacionales de intercambio generado por la depreciación de las materias primas. De igual forma, esta pandemia ha intensificado el autoritarismo, la captura del Estado y el sobreendeudamiento dirigidos hacia la salvaguarda de las ganancias y privilegios de los grandes capitales y no a la protección de la población ante la crisis de salud pública, económica y social que se profundizó desde el arribo del COVID-19 al país.
El COVID-19 es utilizado por el sistema socioeconómico imperante como instrumento de acumulación por desposesión y transferencia de capital desde las periferias hacia las metrópolis con el fin de generar un nuevo ciclo de acumulación. De igual manera, es utilizado por la mayoría de los Estados y gobiernos periféricos con el objetivo de imponer un nuevo peldaño en las reformas neoliberales que profundice las características de privatización, mercantilización, sobreexplotación y austeritarismo, entre otras relaciones derivadas de la economía ortodoxa neoliberal.
La economía política del gobierno colombiano ante la pandemia ha acelerado la implementación de reformas de tercera y cuarta generación del sistema neoliberal y ha producido un autoritarismo bajo la sombra de la crisis de salud pública con el cual se reduce la locomoción del pueblo y se estigmatiza y criminaliza la movilización social. Así mismo, la gestión de la administración gubernamental ante la pandemia, que a primera vista se percibe como incapaz e inepta, esconde en su arsenal el proyecto político de un gobierno que pretende extender el contexto de confinamiento, mientras aplica efectivamente reformas de índole tributaria, laboral, pensional, territorial y educativa, entre otras.
La pandemia y la violencia:
hijas de un sistema genocida La pandemia del COVID-19 llegó a Colombia el 6 de marzo del año 2020 como consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno de Iván Duque, a quien, ante el estallido de la pandemia en Europa y el contexto sombrío de salud pública que sufrían países como Italia y España, movimientos, partidos y actores sociales demandaron en los primeros días de ese mes el cierre preventivo de los aeropuertos. La negativa del Gobierno al cierre de las vías aéreas y, en un primer momento, a la reducción de la movilidad, evidencia su interés en la conservación del sistema de acumulación por encima de la vida de la población colombiana.
Al observar la dimensión de la pandemia, el gobierno colombiano y la clase política en el poder consideraron la posibilidad de regir los destinos de la nación superando las grandes movilizaciones que se habían dado en el año 2019 debido a sus políticas antisociales y la negativa de honrar el Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Es así, como a finales del mes de marzo del año 2020, el gobierno de Iván Duque decreta el primer estado de emergencia, que le brindó poderes extraordinarios y le permitió reducir la oposición a su gobierno tanto en las calles como en el Congreso de la República.
La esencia de un estado de excepción es permitir restricciones de derechos severas, como una cuarentena general, que son inaceptables en una situación de normalidad, y concentrar mayor poder en el gobierno, que puede dictar decretos con fuerza de ley (…) por esa misma naturaleza, estos poderes de excepción son riesgosísimos, pues pueden ser pervertidos y usados para legitimar el camino a la tiranía, como lo hizo Hitler en ese mismo período (Uprimny, 2020).
La declaración del Estado de Emergencia mediante el Decreto 417 de 2020 y una segunda declaratoria en el mes de mayo por medio del Decreto 637 catapultó a un gobierno de características autoritarias a una posición cuasi dictatorial, que cercenó las facultades del poder legislativo e impuso centenas de decretos, transgrediendo la Constitución y los propios límites del Estado de Emergencia y generando una normatividad que blindaba los intereses de las entidades financieras y grandes compañías nacionales y trasnacionales a expensas de las necesidades de la población colombiana.
Ya se veía venir: el decreto 417 de 2020, que declaró el estado de emergencia, advirtió que se adoptarían “todas las medidas tributarias necesarias para afrontar la crisis y en particular la de otorgar beneficios tributarios, con el fin de promover la industria y comercio del país que generen fuentes de empleo” y que se buscarían “los mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización e insolvencia empresarial, que permitan” su recuperación. Es decir, que la emergencia generada por el coronavirus terminaría probablemente favoreciendo al sector empresarial (Gallón, 2020).
Esta pandemia ha permitido evidenciar las graves consecuencias que se han infligido a los pueblos por medio de la imposición de un sistema socioeconómico basado en la intensificación de la acumulación de capital, el cual exige como correlato y reacción la sobreexplotación de la vida humana y natural, llegando a límites como la extinción misma de la vida en el planeta. A su vez, ha sido el escenario para que gobiernos como el de Iván Duque recrudezcan su carácter dictatorial y austeritario.
La pandemia del COVID-19 en Colombia ha sido instrumentalizada con el fin de emitir en el menor tiempo posible las políticas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del gobierno de Iván Duque (1), y mantener los privilegios y tasas de ganancia del sector financiero y grandes compañías en el país.
Esta preservación de los privilegios y tasas de ganancias se ha generado a expensas de la acumulación por desposesión del pueblo colombiano y el sobrendeudamiento de la nación que ya supera con creces su sostenibilidad.
Así mismo, y aunque en gran parte del año 2020 se vivió entre cuarentenas y restricciones, la violencia política no ha mermado. Por el contrario, en el pasado año se incrementó el asesinato de líderes y lideresas sociales, superando los 260, así como el de excombatientes de las FARC, que sobrepasan los 250, se experimentó un aumento de la violencia militar y policial y de la criminalización de los partidos y movimientos sociales ante la dictadura solapada de un gobierno que carece de legitimidad pero que tiene como soporte las fuerzas militares institucionales y las subterráneas, y, claro está, el musculo económico de un sector con claras conexiones con el delito.
La violencia física en el contexto de la pandemia no ha menguado. Por el contrario, ha aumentado, y no solo ejercida por actores ilegales; también se ha observado el fruto del autoritarismo gubernamental y su relación con las fuerzas militares y policiales. Una muestra de esto se observa en la complicidad histórica de sectores políticos y militares con algunos actores ilegales en diferentes departamentos del país, y la acción directa, cada vez más visible, de la fuerza pública en masacres como las que se vivieron el pasado 9 de septiembre de 2020 en Bogotá y en el municipio de Soacha, que produjeron el asesinato de 13 personas y registraron la acción directa de la fuerza pública y la connivencia y responsabilidad de las autoridades nacionales y locales (2).
El uribismo, evidenciando la debacle de su política maniquea y el desplome del apoyo de grandes capas de la sociedad, ha desquebrajado aún más su máscara y ha dejado ver su verdadero rostro con las alianzas con narcotraficantes y paramilitares en la búsqueda de su perpetuación en el poder, implicando un aumento exponencial de las dinámicas autoritarias y genocidas contra diversos sectores del pueblo, las cuales son sentenciadas a través del tuiter de su líder natural.
La violencia estructural de un gobierno indolente
En Colombia, en el año 2020, no solo se vio un recrudecimiento de la violencia física, sino que se ha observado una política económica que socializa las pérdidas e individualiza las ganancias en un contexto supremamente brutal.
Una de las consecuencias de estas políticas es que, en 2020, debido a la pandemia del COVID-19 y a la administración de Iván Duque, el 68% de los hogares colombianos solo pueda garantizar dos comidas diarias, mientras que el 10% del total apenas tiene acceso a una comida al día.
La representante del programa de incidencia de Profamlia, Diana Moreno, señaló además que el 10% de los hogares pasó de tres a una comida por día y el 68% de tres a dos comidas (Cabrera, 2020).
La pandemia generó y genera una desaceleración de la economía a escala Planetaria, en cuyo contexto el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se desplomó entre el tercer periodo de 2019 y el mismo periodo de 2020 aproximadamente 20,9 billones de pesos, pasando de 221.420 a 200.459 billones de pesos, una caída de alrededor del 9%, con lo que el crecimiento del PIB retrocedió al del año 2015 (Banco de la República, 2021).
Este desplome del PIB en el país se deriva en gran parte de la desaceleración de la economía nacional en tanto los hogares colombianos dejaron de percibir en el año 2020 aproximadamente 27,9 billones de pesos debido al cierre de las medianas y pequeñas empresas, la disminución de la demanda de los hogares –que impacta directamente a la economía informal (3) – y los mínimos apoyos económicos del Estado.
El impacto en la economía de los hogares no cesa por culpa de la pandemia y sobre todo por la pérdida de empleo. En octubre las pérdidas en las familias colombianas llegaron a $27,9 billones entre enero y octubre (…) Esta situación es producto del aumento en las tasas de desempleo que aumentó en los meses del cierre de la economía para afrontar la pandemia (El Nuevo Siglo, 2020).
La pérdida de los ingresos de los hogares en Colombia y su relación con el desplome del PIB en el año 2020 evidencia a cuál sector de la población ha sido impuesta la crisis económica, anudado lo anterior a las políticas del Gobierno Nacional las cuales se centraron en la transferencia de recursos al sistema financiero y a las grandes empresas.
El gobierno colombiano transfirió grandes masas de dineros públicos al sector financiero privado, transferencias que se dieron tanto directamente por efecto de los decretos de Estado de Emergencia en los dos primeros trimestres, cuando se le entregó al sistema financiero aproximadamente entre 70 y 80 billones de pesos, como indirectamente, por medio de la intermediación financiera de los denominados ingresos solidarios (4), concepto por el que el sistema financiero recibe mensualmente 5.000 millones de pesos.
La excusa del gobierno para transferir grandes masas de dinero a las entidades financieras se basaba en el papel que podían jugar estas entidades como fuente de irrigación de recursos en la sociedad para lograr con esta liquidez un aumento en el dinamismo de la demanda y, por ende, de la oferta en el país.
La expectativa de que las entidades financieras irrigaran los aproximadamente 70-80 billones de pesos a la sociedad no se observó en la realidad de la cartera de crédito en el país; por el contrario, como muestra la gráfica N.° 2, la oferta de créditos tendió a deteriorase en los dos primeros trimestres del año 2020.
En realidad, estos recursos fueron dirigidos a salvar las grandes empresas ligadas a los oligopolios del sector financiero, a la fuga de capitales en busca de rentabilidad y a la compra de títulos de deuda pública, entre otras actividades que solo benefician al sector financiero en contraposición directa a las necesidades de la población.
Esta relación negativa entre el beneficio del sector financiero y el desmedro popular puede ser comprobada tanto en la necesidad de crédito de la sociedad ante el aumento exponencial de la tasa de desempleo e informalidad, como en la dimensión de la adquisición de títulos de deuda pública con dineros provenientes del Estado para generar ganancias especulativas a causa del diferencial entre las bajas tasas de interés que debe pagar el sector financiero por los recursos públicos y las tasas de interés de la deuda pública colombiana, que en el último año se ha elevado en busca de recursos.
Como se observa en la gráfica N.° 3, el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas es negativo en las dos primeras, y en las empresas medianas es ínfimo si se compara con los recursos que son destinados desde los bancos a las grandes empresas, las cuales fueron las principalmente beneficiadas por la característica oligopólica del sector financiero. Este proceso de apropiación de los recursos que pretendían irrigar la economía generó el aumento del desempleo y el aumento de la desigualdad, puesto que las pequeñas y medianas empresas aportan aproximadamente el 80% del empleo en el país.
En el marco del “1er Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Pequeña y Mediana Empresa”, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, recordó la importancia que tienen las MiPymes en el país, debido a que, según cifras del Dane, éstas representan más de 90% del sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia (Portafolio, 2019).
Esta dinámica, que a primera vista escaparía de la responsabilidad del Estado y el gobierno, no es más que un instrumento para diluir los lazos de poder que existen en la materialidad en las relaciones de poder en el país, las que son determinadas en gran parte por el sector financiero que tiene capturado el Estado y que vive de la extracción de recursos públicos de formas directas, indirectas y subterráneas.
Debido a la pandemia y a las políticas gubernamentales plenamente planificadas y carentes de improvisación, en Colombia la desigualdad ha aumentado estratosféricamente. Aproximadamente el 57,6% de los y las colombianas manifiestan que su situación económica ha empeorado en el año 2020 en uno de los países más desiguales del mundo. La anterior dinámica contrasta con las elevadas utilidades del sector financiero en el contexto de la pandemia, las cuales alcanzaron entre enero y octubre de 2020 alrededor de 24,17 billones de pesos.
A pesar de la coyuntura sanitaria presentada en el país durante 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó que el sistema financiero del país no ha presentado problemas en materia de solvencia ni liquidez y reveló que el dato de las utilidades acumuladas a octubre sumaron $24,17 billones, una cifra que es levemente inferior a los $24,25 billones registrados hasta septiembre (La República, 2020).
Aunque la desigualdad y la pobreza golpean a los sectores populares de manera drástica, las mujeres y los jóvenes son las capas de la sociedad que más han sufrido los estragos de la pandemia del COVID-19 y las políticas gubernamentales de Iván Duque. Se observa como la tasa de desempleo de las mujeres se encuentra en 18,2% mientras que la de los hombres se encuentra en 9,8% para el mes de noviembre de 2020, evidenciando las características de un sistema capitalista financiarizado y profundamente patriarcal.
El Gobierno colombiano y su proyecto económico político: ni improvisado ni inepto
El gobierno de Iván Duque, al que se ha presentado desde diferentes aristas como un gobierno improvisado e inepto, constituye en la realidad un proyecto totalmente definido tanto en la estructura política, la cual ha generado una mayor captura del Estado y los entes de control, como por la vertiente económica bajo una estructura de socialización de pérdidas e individualización de ganancias, que profundiza el sistema neoliberal imperante y mantiene sus relaciones clientelares.
La pandemia del COVID-19 aceleró la crisis económica que ya se vivía desde el año 2014 en los países periféricos y, en particular, en Colombia, debido al deterioro de las condiciones internacionales de intercambio generado por la depreciación de las materias primas. De igual forma, esta pandemia ha intensificado el autoritarismo, la captura del Estado y el sobreendeudamiento dirigidos hacia la salvaguarda de las ganancias y privilegios de los grandes capitales y no a la protección de la población ante la crisis de salud pública, económica y social que se profundizó desde el arribo del COVID-19 al país.
Solo basta con observar el borrador del proyecto Conpes denominado “Política para la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente”, elaborado en el mes de octubre del año 2020 por parte del Departamento Nacional de Planeación, en el que se vislumbra la política que ha venido desplegando el gobierno en los dos últimos meses del año 2020 y que pretende imponer en el primer semestre del año 2021 bajo la cortina de humo mediática del acceso a la vacuna contra el COVID-19 y la puesta en marcha de la vacunación.
El borrador del Conpes de reactivación económica se enfoca, entre otros, en:
a. El aspecto laboral, el cual se propone reducir los costos de renovación y cierre de las empresas afectando la estabilidad de los y las trabajadoras; disminuir los costos de contratación por medio de la suspensión del subsidio de transporte; flexibilizar las relaciones laborales y su contratación, particularmente en las zonas rurales, mediante nuevas formas de empleo, y entre los jóvenes y mujeres; acabar con la estabilidad jurídica de los trabajadores y aforados sindicales, y agilizar la insolvencia de empresas en el país.
b. El sector productivo, en el que se propone la redinamización de la economía; impulsar en particular al sector extractivista por medio de una legislación más laxa y mayores gabelas tributarias; impulsar desde asociaciones público-privadas y recursos derivados del proceso de paz la producción de un eslabón de bioeconomía en las regiones determinado por el sector privado, y apostar por la reconversión del campesino en agente económico del capitalismo verde, como en el caso de la figura de campesino guardabosque.
c. El sector financiero, en el que se propone ajustes normativos para permitir la modulación de licencias de actividad financiera, lo cual permitiría el aumento de la corresponsabilidad del Estado en las altas tasas de especulación en la cartera de crédito; igualmente, eliminar la rentabilidad mínima que deben garantizar las entidades financieras, y las reservas de estabilización, generando procesos altamente volátiles.
d. El aspecto de seguridad, en el cual busca la profundización de las facultades de la policía para el monitoreo, análisis y acción focalizada con el fin de entender y prevenir de manera anticipada los actos violentos y terroristas, lo cual se encuentra avanzado bajo decreto gubernamental del mes de diciembre. Este proceso pretende igualar actos delictivos con el derecho a la movilización y veeduría, con el fin de restringir y criminalizar cualquier oposición ante hechos políticos y económicos.
Como se evidencia en el anterior análisis de las propuestas más representativas del borrador de Conpes de reactivación económica, existe un claro proyecto económico que se ha venido implementando y que no representa en manera alguna ni el sentir ni la necesidad del pueblo colombiano.
Este proyecto económico-político y la transferencia de los recursos públicos se han viabilizado en parte por el aumento de la emisión de deuda pública impulsada por la administración de Alberto Carrasquilla, quien ha incrementado la deuda pública del Sector Público No Financiero hasta 687.122 billones de pesos (alrededor del 68% del PIB colombiano), como se puede evidenciar en la gráfica N.° 4, cifra actualizada a mes de junio, faltando la avalancha de emisión estatal y el endeudamiento de los entes descentralizados a partir de la liberación de endeudamiento por la vía de decretos gubernamentales bajo el Estado de Emergencia (5).
Conclusión
Esta pandemia ha permitido evidenciar las graves consecuencias que se han infligido a los pueblos por medio de la imposición de un sistema socioeconómico basado en la intensificación de la acumulación de capital, el cual exige como correlato y reacción la sobreexplotación de la vida humana y natural, llegando a límites como la extinción misma de la vida en el planeta. A su vez, ha sido el escenario para que gobiernos como el de Iván Duque recrudezcan su carácter dictatorial y austeritario.
El proyecto económico-político de este gobierno ya se venía desarrollando, y la pandemia del COVID-19 no fue más que una oportunidad para implementar de manera más sucinta su ideario autoritario, signado por características de sobreexplotación, opresión y despojo, que impone graves consecuencias.
En este 2021 Iván Duque y su gabinete pretenden aplazar lo más posible en el tiempo la reactivación de la sociedad por medio de la vacunación contra el COVID-19 y agilizar la reactivación del Congreso para adelantar las reformas contempladas en el Conpes de reactivación económica; además de imponer reformas tributarias, laborales y pensionales, entre otras que agravan aún más la subyugación del pueblo colombiano.
Ante este escenario urge la articulación del movimiento social que vislumbre escenarios de movilización y exigencia del respeto y garantía de los derechos fundamentales, que contribuyan a posicionar alternativas construidas con apoyo de la academia de cara a la solución de las necesidades sentidas del pueblo colombiano.
Referencias bibliográficas
Banco de la República (1 de agosto de 2020a). Reporte de la situación del crédito en Colombia. Obtenido de banco de la República: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9885/RSSC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Banco de la República (3 de noviembre de 2020b). Reprote de la situación del crédito en Colombia. Obtenido de Banco de la República: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9927/RSSC%20-%20Publicacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Banco de la República (12 de julio de 2020c). Boletín sobre deuda pública. Obtenido de Banco de la República: https://www.banrep.gov.co/es/boletin-deuda-publica
Banco de la República (12 de enero de 2021). Boletín de indicadores económicos. Obtenido de Departamento Técnico y de información Económico del Banco de la República: https://www.banrep.gov.co/es/bie
Cabrera, D. (18 de Agosto de 2020). Solo 22 % de los hogares ha mantenido las tres comidas diarias en la pandemia. Obtenido de RCN Radio: https://www.rcnradio.com/colombia/solo-22-de-los-hogares-hamantenido-las-tres-comidas-diarias-en-la-pandemia
Cuestión Pública (10 de septiembre de 2020). Al menos 13 asesinados en mediuo de abuso policial. Obtenido de Cuestión Pública: https://cuestionpublica.com/almenos-13-asesinados-en-medio-de-abuso-policial/
El Nuevo Siglo (11 de diciembre de 2020). Pérdida de ingresos de familias llegó a $ 27,9 billones en octubre. Obtenido de El Nuevo Siglo: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-11-2020-perdida-de-ingresosde-familias-llego-279-billones-en-octubre
Gallón, G. (26 de marzo de 2020). La emergencia económica y el derecho de las cosas. Obtenido de Comisión Colombiana de Juristas: https://www.coljuristas.org/columnas_de_la_direccion/columna.php?id=293
Gómez, J. y Galindo, C. (17 de febrero de 2019). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia. Obtenido de CADTM: https://www.cadtm.org/El-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022-Una-hoja-de-ruta-austeritaria-de
Gómez, J. y Galindo, C. (20 de abril de 2020). La enfermedad de la economía colombiana y las propuestas socioeconómicas ante el Covid-19.Obtenido de CADTM: https://www.cadtm.org/La-enfermedad-de-la-economia-colombianay-las-propuestas-socioeconomicas-ante
La República (23 de diciembre de 2020). A octubre de 2020, utilidades del sistema financiero sumaron unos $24,17 billones. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/finanzas/la-utilidades-del-sistema-financiero-a-octubrede-2020-sumaron-unos-2417-billones-3105417
Portafolio (26 de septiembre de 2019). Mipymes son la fuente de empleo de más de 16 millones de colombianos. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/mipymesson-la-fuente-de-empleo-de-mas-de16-millones-de-colombianos-533962
Portafolio (14 de enero de 2021). Sube informalidad en Hombres y hay mas inactivas. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/ARTICULO-MOVILES-AMP-548249.html
Uprimny, R. (29 de marzo de 2020). Coronavirus: un mundo en emergencia. Obtenido de Dejusticia: https://www.dejusticia.org/column/coronavirus-un-mundo-en-emergencia/
Notas
(1) Para más información sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, remitirse a Gómez y Galindo (2019). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia
(2) Para más información remítase a Cuestión Pública (2020).
(3) La economía informal según datos oficiales ya supera el 48% de los ocupados en el país (Portafolio, 2021).
(4) El ingreso solidario es un apoyo económico desde el Estado a un muy reducido porcentaje de la población, el cual asciende a 160.000 pesos mensuales, aproximadamente 46 dólares.
(5) Para más información remítase a Gómez y Galindo (2020). La enfermedad de la economía colombiana y las propuestas socioeconómicas ante el Covid-19.
John Freddy Gómez. Politólogo Universidad Nacional de Colombia Coordinador del Grupo de estudio “Economía digna” y de La Plataforma por la Auditoría Ciudadana en Derechos Humanos