«El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, […]
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3.
El primer decenio del Siglo XXI sorprende al país sin haber escapado del laberinto de los trastornos y distorsiones sociales y macroeconómicas heredadas del pasado. Estas distorsiones y sus derivadas sobre la pobreza de una parte importante de la población, subsisten como resultado de la persistencia de dos factores principales: el malfuncionamiento crónico de una estructura económica rentística e inestable, dependiente del petróleo, y la poca efectividad en el esfuerzo por revertir, de manera definitiva, la distribución desigual de la riqueza. La evolución histórica reciente de los cambios en la política macroeconómica muestra que se encuentra pendiente no solo la corrección perentoria de este malfuncionamiento estructural sino también la reparación urgente de una de sus principales secuelas: el deterioro social de la nación.
La economía venezolana continúa siendo una economía de mercado capitalista, con una superestructura de democracia burguesa, integrada al metabolismo productivo de las naciones desarrolladas donde ejerce una doble posición subordinada de proveedora de materia prima y de consumidora de productos manufacturados. Desde los centros hegemónicos se nos ha designado una parcela accesoria en el ordenamiento mundial, que no comprende, de manera alguna, ni nuestra modernización ni nuestra independencia. A pesar de poseer uno de los mayores potenciales siderúrgicos y de ser un importante reservorio de materias primas en la región, al cierre del año 2007, el sector informal de esa estructura atrofiada y dependiente representaba el 40% del total de toda la economía. Los esfuerzos locales por romper con esta situación de atrofia productiva no han rendido aun frutos visibles; la inercia de las instituciones oficiales nacionales y el peso asfixiante ejercido por los organismos internacionales a través de las desiguales reglas de juego globalizador impuestas por el mundo transnacional y desarrollado, han impedido que cristalicen las escasas iniciativas históricas destinadas a diversificar la base económica hacia sectores de enorme potencial en Venezuela, como el agrícola, el aluminio y el acero. A la fecha el país no ha logrado apartarse de la zona de inestabilidad, tipificada por la casi total dependencia del petróleo.
El corto periodo histórico de los últimos 40 años, muestra, de manera clara, que resultó imposible sustentar los experimentos de liberalización de mercados, que en la década de los setenta (e inspirados en los lineamientos y dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) se centraron en estrategias de crecimiento de exportaciones, acompañadas de un paquete de reformas inspiradas en terapias de choque. Con el tiempo, la crisis de la deuda y las reducciones del salario real, relacionadas con la devaluación, se irguieron progresivamente como impedimentos a las iniciativas de recuperar o incrementar el PIB. Adicionalmente, la excesiva utilización de la inflación como mecanismo para reducir la demanda efectiva a los niveles de oferta permitidos por la disponibilidad de divisas, empeoró aún más los efectos de la desigual distribución del ingreso. Como resultado de la progresiva restricción de la mayoría de la población a los valores y bienes del «progreso» y la cada vez mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, los traumáticos efectos derivados del «paquete» agravaron, en extremo, la situación socioeconómica. Pagando un elevado costo en vidas humanas, la movilización popular tuvo que sacudir las débiles estructuras nacionales, originando una respuesta política que dio al traste, de inmediato, con el experimento, y en el mediano plazo con los actores políticos de toda una época.
Estructuralmente, el país ha cambiado poco desde entonces. Con datos recopilados en el año 2005, el Banco Central de Venezuela presentó a mediados del año 2007 (año en el cual se prevé que la inflación cerrará con una cifra aproximada al 19%, la mas alta de la región), el perfil de distribución del ingreso en Venezuela. El estudio mostró que el 10 % más rico de la población incrementó su riqueza hasta el 37,6 % de todo el ingreso nacional mientras que el 10 % más pobre bajó su ingreso al 1,4 %. De esta manera la diferencia entre ricos y pobres aumentó en Venezuela de un 0,44 % hasta un 0,48 %, de acuerdo con el coeficiente de Guini. La inevitable conclusión es que, en Venezuela, desde el año 2000 hasta el año 2005, los ricos se hicieron más ricos y los pobres, relativamente, más pobres.
Teniendo en cuenta ese precedente necesario es reconocer que, en la actualidad, los planteamientos sobre posibles mejoras en los niveles socioeconómicos sólo pueden concebirse en el marco de planes integrales que contemplen no únicamente incrementos en el PIB y en el PIB per cápita, sino también la reducción simultánea del desempleo y de la inflación, acompañados de incrementos en el salario mínimo y de la disminución de la desigualdad, apalancando, simultáneamente, con incrementos y búsqueda de la estabilidad y de la participación de los gastos sociales en el PIB. Solamente una política equitativa de distribución de ingresos y de riqueza, que sea aceptada mayoritariamente por la nación, puede proporcionar la sosteniblidad social requerida para lograr un crecimiento a mediano y largo plazo.
Sin embargo debe recordarse que el aumento del gasto social conduce a un crecimiento más acelerado en el ingreso (y a reducciones en la pobreza), únicamente cuando la fuerza laboral, en la economía, es empleada prácticamente en su totalidad. El déficit de producción y las altas cifras de desempleo impiden que, aún alcanzando los mejores niveles de capital humano total, pueda beneficiarse a los segmentos de la población que estén desempleados o que sean forzados a trabajar (o asumir estrategias de subsistencia) por debajo de sus niveles de calificación.
La puesta en marcha de las medidas y los proyectos gubernamentales, que tengan como objetivo diversificar la economía, deberán acompañarse no sólo de un esfuerzo por mantener el crecimiento sostenido de la producción sino también – y por un tiempo razonable – del aumento del salario mínimo de los trabajadores, como precedente al crecimiento de la productividad de los mismos. Al disponerse de empleos y salarios suficientes, el aumento de los niveles educativos en los grupos de bajos ingresos de la población contribuirá a reducir la pobreza y esta disminución, a su vez, aumentará la productividad.
Esto no está ocurriendo. El salario real viene siendo deteriorado por una inflación desbocada y las exportaciones no petroleras, indicadoras de la diversificación de las fuentes de ingresos y de la generación de empleos, se han visto deterioradas en los últimos años. De acuerdo a cifras del BCV, en los primeros nueve meses del 2007, las exportaciones no-petroleras sumaron 5 mil 140 millones de dólares, casi un 9% menos respecto de las cifras del año 2005. En contrapartida, el primer semestre del 2007 importamos desde Colombia 2 mil 757 millones de dólares, un 77% más respecto del mismo periodo del año 2006. En los últimos 10 meses de este mismo año 2007, importamos de Brasil 3 mil 820 millones de dólares, un 30% más de lo importado en el mismo periodo del año 2006. En total nuestro país importó durante los primeros nueve meses de este año 2007, (excluyendo las compras asociadas al sector petrolero), bienes y servicios que ascienden a 28 mil 450 millones de dólares, lo que supera en 175% lo importado en el mismo periodo del año 2004 y lo que supone un capital equivalente a la creación de un millón quinientos mil empleos bien remunerados.
Aunque se ha repetido hasta el cansancio resulta inevitable decir, una vez mas, que para sustraernos a este destino de economía monoproductora, que hace depender nuestra seguridad de las oscilaciones del mercado internacional y que mantiene el desempleo como uno de los problemas acuciantes de nuestra sociedad, resulta imprescindible diversificar la estructura industrial, activando y modernizando las labores productivas vinculadas al sector no petrolero, incluyendo las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo deberá avanzarse en la búsqueda de la justicia social, de la estabilidad geopolítica y de la integración económica latinoamericana, de la formación del capital humano y cognitivo así como de la preparación de un salto cuántico en nuestras capacidades tecnológicas y en sus aplicaciones. Y esto requiere del concurso de todas las fuerzas revolucionarias, interesadas en el progreso de la nación.
Los planes del futuro deberán incorporar recomendaciones de política y decisiones de inversión precisas, dentro de un marco multisectorial, dirigido a proporcionar, en una primera fase de recuperación, respuestas concretas, de manera integral y proporcionada, a los problemas de empleo, del aumento sostenido en la productividad y del cultivo y protección del capital humano de la nación. Desarrollos posteriores se concentrarán en complementar estos proyectos y medidas, estudiar y diseñar otros que tengan en cuenta e incluyan aspectos de más largo plazo como los nuevos paradigmas de agregación industrial, ciencia, educación, tecnología y productividad de los que emanan los retos modernos de competitividad y desarrollo.
A pesar de los episodios desafortunados en la historia de las iniciativas de búsqueda de nuestro equilibrio macroeconómico, creemos que tales recomendaciones pueden implementarse a través de amplias redes de agregación industrial y ordenación territorial, nuevas estructuras de autogestión y desarrollo endógeno acompañados de diseños alternativos de ingeniería social que resulta inevitable comenzar a implementar de inmediato.