La crisis y los intereses creados tratan de ocultar que uno de los problemas centrales de la economía española es su déficit energético. España es un país dependiente de las importaciones de petróleo. Si con la crisis el precio de esta energía ha caído, con lo que el problema parece momentáneamente aliviado, no hay duda […]
La crisis y los intereses creados tratan de ocultar que uno de los problemas centrales de la economía española es su déficit energético. España es un país dependiente de las importaciones de petróleo. Si con la crisis el precio de esta energía ha caído, con lo que el problema parece momentáneamente aliviado, no hay duda alguna de que el precio del petróleo se duplicará tan pronto como la actividad económica mundial estimule de nuevo la demanda de esta energía.
Los intereses que están en la base de la ocultación o la minimización del grave problema energético español son las grandes compañías eléctricas y el poderoso lobby político que siempre han tenido a su disposición. Las compañías eléctricas tratan de prolongar peligrosamente la vida de sus centrales nucleares, para lo que intentan presentarlas como necesarias. Pero sobre todo están en contra, pese a las apariencias, de ciertas energías renovables porque algunas de éstas ofrecen la posibilidad de un modelo energético alternativo. De un modelo no centralizado como el actual, sino de un modelo energético descentralizado al menos parcialmente.
Además, como cuestión de coyuntura, las grandes empresas eléctricas pretenden amortizar primero sus grandes inversiones y eso genera irracionalidades en la propia producción de energía.
Las grandes compañías eléctricas han sabido acercarse a la energía eólica renovable y hacerla suya hasta cierto punto porque esta energía, por sus elevados costes de instalación, no se presta fácilmente a la descentralización energética, y además porque se han beneficiado coyunturalmente de ayudas públicas y sobretasas. Aún así, la temen, porque a partir de la energía eólica les han nacido competidores, y han buscado imponer cortapisas políticas. El cierre de una de las plantas de Gamesa, la gran empresa productora de aerogeneradores, es un indicio de las dificultades que atraviesa en España la energía eólica, gracias a la fuerza del lobby de las grandes compañías eléctricas.
Éstas, además, han tratado de frenar la expansión de la energía solar en uno de los países avanzados más adecuados para usarla. El ministro Sebastián ha resultado ser el instrumento político del frenazo a la energía solar.
La energía solar se presta muy adecuadamente a la descentralización energética. Dicho claramente: empresas y particulares, e incluso instituciones menores como ayuntamientos o grupos comarcales, pueden independizarse relativamente de las grandes compañías energéticas debido a que las instalaciones solares no son demasiado costosas y resultan baratas de mantener. La energía solar sirve no sólo para producir electricidad diurna -energía en las horas más productivas del día, lo que compensa que tal energía resulte muy costosa de almacenar-, sino que también es bastante eficiente para el calentamiento del agua, conversión energética que resulta en cambio poco eficiente usando la electricidad.
El Gobierno de turno se ha hinchado la boca para hablar de un cambio del modelo productivo. En materia energética, sus ministros han hecho cuanto han podido para que el modelo actual permaneciera incambiado.
Y vayamos a ver en qué consiste el modelo de las grandes empresas eléctricas. Su funcionamiento ha quedado retratado con las grandes nevadas en Cataluña y el prolongado e inaceptable apagón eléctrico que las ha seguido. Las compañías eléctricas, concesionarias de un servicio público, no habían realizado las inversiones necesarias para asegurar su prestación. Hoy sabemos, gracias al análisis de las causas técnicas del derrumbe eléctrico por las nevadas, que ciertas líneas estaban deficientemente tendidas, sin los recursos necesarios para asegurar su mantenimiento, y se han venido abajo a la primera dificultad. Además sabemos también otra cosa: las instituciones públicas, en este caso la Generalitat de Catalunya, tienen teóricamente a su cargo las tareas de control para asegurar el suministro energético. Pero, obviamente, de hecho carecen hasta de inspectores y técnicos para garantizar que el concesionario cumple con las condiciones de la concesión y puede suministrar la electricidad requerida.
O sea: el modelo neoliberal del mercado eléctrico consiste en dejar la producción y el suministro eléctrico en manos de empresas privadas concesionarias sin que las instituciones públicas tengan los medios de inspección necesarios para controlarlas. Y esto es justamente lo que se tiene que acabar.
Las compañías eléctricas están para lo que están: para ganar dinero. El suministro eléctrico público es para ellas sólo un medio instrumental para esa finalidad privada suya. Su comportamiento consiste en aprovechar cualquier coyuntura para lucrarse. Con ocasión de las nevadas en Cataluña han tratado de atribuir el crack energético a la ausencia de una línea de muy alta tensión, en la que están muy interesadas, asunto que nada tiene que ver con lo que ha pasado.
¿Qué rasgos ha de tener un modelo energético alternativo?
En primer lugar se debería separar el negocio energético español de las grandes empresas eléctricas del resto del negocio de tales compañías, y nacionalizarlo. La generación y el suministro centralizado de energía eléctrica debería pasar a ser un servicio público esencial garantizado por el estado.
Al lado de la energía eléctrica nacionalizada, se debería fomentar un modelo de producción de energía eléctrica descentralizado, tanto público como privado, relativamente inmediato a sus centros de consumo.
Y, por otra parte, también se debería fomentar el uso de la energía solar para el calentamiento o el precalentamiento del agua en las viviendas y en la industria, disminuyendo la factura de la energía eléctrica empleada en la producción de calor.
Un modelo energético así orientado en lo que respecta a la producción de electricidad tendría un fuerte impacto en el cacareado pero hasta ahora inédito cambio de modelo productivo español.
De una parte, tendría la consecuencia de disminuir la dependencia de las fuentes energéticas de importación, el petróleo y el gas.
De otra, la implantación de este modelo podría contribuir a ocupar al ejército de desempleados procedente del sector de la construcción, a crear capacidades industriales y de mano de obra exportables, y a impulsar el liderazgo -por emplear el lenguaje de moda- de las empresas españolas en el ámbito de las energías alternativas en el mercado global.
Una vez regulados racionalmente la producción y el suministro de energía eléctrica se estaría en condiciones de examinar qué otras políticas energéticas se deben estimular.
Sin embargo nada de esto tiene sentido sin un cambio en los modos de vida. Se debe aprender a repensar la utilización del territorio, los modelos de transporte, el sobreconsumo como ideal de los países avanzados, y la debilidad de la redistribución del producto social. El modelo productivo no puede seguir basado, como cree toda la clase política, tanto en el poder como en la oposición, y buena parte de la población, en la suposición de que los problemas económicos se resuelven simplemente creciendo. El mundo que resulte de la crisis presente hará más necesarias que nunca la solidaridad y la redistribución del producto social.