Nadie puede cuestionar en una democracia el derecho de cualquier ciudadano u organización del tipo que sea: partido, gremio, asociación cultural, iglesia a fijar su punto vista sobre una determinada iniciativa oficial o no oficial. En el caso concreto de la enmienda constitucional que será sometida a referendo el próximo 15 de febrero, ese derecho […]
Nadie puede cuestionar en una democracia el derecho de cualquier ciudadano u organización del tipo que sea: partido, gremio, asociación cultural, iglesia a fijar su punto vista sobre una determinada iniciativa oficial o no oficial. En el caso concreto de la enmienda constitucional que será sometida a referendo el próximo 15 de febrero, ese derecho le asiste a cualquier compatriota. Para mí, por ejemplo, es tan importante la posición de quienes están a favor de la enmienda como la de los que están en contra. Por eso no comparto la descalificación burda de unos y de otros.
Distorsionar un evento democrático. Pero una cosa es disentir de la opinión del otro y convertir, como sucede ahora con algunos sectores de oposición, un evento democrático donde se expresa el civismo del pueblo venezolano en motivo para atentar contra el estado de derecho. Asumir un episodio donde a nadie se le cercena su derecho y cada quien puede expresarse como le venga en gana, que además se realiza con apego a la normativa constitucional, en una declaratoria de guerra para desconocer las instituciones, descalificarlas y promover la violencia, es inaceptable. Y algo más: es una demostración, primero, de la falta de capacidad democrática de quienes tienen esa actitud y, luego, de su indudable debilidad.
Sin argumentos jurídicos.
Hasta ahora, los argumentos de la oposición contra la enmienda son deplorables. Por ejemplo, esta no ha dado un solo argumento jurídico respetable en contra de la propuesta; tampoco sobre la falta de oportunidad para manifestar la discrepancia y para expresar sus puntos de vista. A lo más que ha llegado la oposición es a calificar la enmienda de inconstitucional sin demostrarlo, porque obviamente es indemostrable. Y cuando se le responde que lo haga y que recurra al Tribunal Supremo única instancia que puede decidir al respecto , la respuesta es la descalificación del máximo órgano de la administración de justicia; lo mismo que hace con el Consejo Nacional Electoral.
La amenaza de la violencia.
El camino para cuestionar políticamente la enmienda está abierto y no hay limitación alguna para transitarlo, pero la oposición prefiere escoger el atajo. Unos deliberadamente y otros sucumbiendo a las presiones de los violentos. Igual a como ocurrió en el pasado reciente, durante el Carmonazo, el sabotaje petrolero y el guarimbeo. Ahora esa oposición tramposa, empeñada en convertir un evento normal en oportunidad para atentar contra el orden constitucional, lo intenta utilizando a grupos estudiantiles en acciones de calle que rememoran las inefables acciones de los años del desprecio, 2002-2003. O bien retornando a la peligrosa práctica de tocar a la puerta de los cuarteles en plan sedicioso.
Opción Puerto Rico. La reunión de Puerto Rico a la cual los participantes, cogidos con las manos en la masa, pretenden restarle importancia , indica que un sector opositor está dispuesto a todo no para impedir con el voto la aprobación de la enmienda, sino a través de un proceso desestabilizador de impredecibles consecuencias.
La razón de esa actitud es simple: si la oposición estuviera segura de contar con fuerza suficiente para derrotar la enmienda en las urnas, estaría celosa de preservar la oportunidad y asestarle un golpe brutal al liderazgo de Chávez. ¿Por qué no lo hace? Porque intuye que perderá. ¿Qué recurso le queda en el marco de la desesperación? Apelar al atajo, el que siempre buscó desde que Chávez llegó a Miraflores. Sin importarle para nada la Constitución, contra la cual estuvo en contra cuando se aprobó y que luego violó el 11 de abril de 2002.