Desde que somos muy jóvenes, soñamos con tener un hogar, nuestro carro y un buen empleo; y creemos que todo ello es posible dentro del sueño ideal del capitalismo y la «sociedad desarrollada». Luego, más temprano que tarde, nos damos cuenta: No hay forma posible de ser propietarios de una vivienda. Hemos crecido. El presente […]
Desde que somos muy jóvenes, soñamos con tener un hogar, nuestro carro y un buen empleo; y creemos que todo ello es posible dentro del sueño ideal del capitalismo y la «sociedad desarrollada».
Luego, más temprano que tarde, nos damos cuenta: No hay forma posible de ser propietarios de una vivienda. Hemos crecido.
El presente artículo surge del análisis realizado a la condición real en torno a la propiedad que se tiene sobre las viviendas que habitamos, de las cuales estamos sometidos a un alquiler o a un crédito hipotecario; y a la inevitable conclusión de que en realidad estas casas y apartamentos no son nuestros, son del banco y del arrendador, lo cual lleva consigo una brutal amenaza de desalojo forzoso si dejamos de pagar.
Es por ello, que hemos de rechazar todo discurso clientelar de propiedad privada al acceso de todos; no porque queramos privarnos de un techo debajo del cual resguardarnos, sino porque el régimen actual de propiedad existe para dar muchos techos a unos pocos y dejar bajo la lluvia a la inmensa mayoría.
En palabras de Karl Marx y Friedrich Engels:
«Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, ¡cómo si ya en el seno de vuestra sociedad actual, la propiedad privada no estuviese abolida para nueve décimas partes de la población, como si no existiese precisamente a costa de no existir para esas nueve décimas partes! ¿Qué es, pues, lo que en rigor nos reprocháis? Querer destruir un régimen de propiedad que tiene por necesaria condición el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad» [I].
La cuestión de la banca y las hipotecas
No es mera casualidad que cuando se habla de «estafas» y «hogares» en una misma conversación, lo primero que venga a la mente sean los bancos. Ellos son los principales beneficiados por el drama de la vivienda en la sociedad contemporánea.
Alrededor del mundo, se escuchan noticias sobre el reventar de burbujas inmobiliarias, desalojos masivos, deudas que se extienden por 50 años, tasas de interés variables, ejecuciones de hipotecas de barrios enteros, y el malestar generalizado de las capas afectadas de la clase trabajadora que diariamente se deprimen más y más, tanto económica como psicológicamente. Solamente en España, durante la crisis inmobiliaria del 2012, se suicidaron más de un centenar de personas arrinconadas por los 500 desahucios diarios sufridos ese año [II].
El caso venezolano, a pesar de no contar con tales aberraciones, es estructuralmente el mismo. El Gobierno Nacional es dueño de varias instituciones financieras, las cuales tienen una captación de clientes del 33,8%, resaltando el papel del Banco de Venezuela, de antigua propiedad del Grupo Santander, que es hoy en día el primer banco del país. Todo ello ha permitido ciertas regulaciones, dentro de las que podemos destacar el límite de 30 años para los créditos hipotecarios, las tasas fijas de interés y la administración de las políticas de vivienda centralizadas en un solo ente público: El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).
Este banco se encarga, entre otras cosas, de gerenciar el otorgamiento de créditos hipotecarios «sociales» a quienes así lo soliciten, siempre y cuando estén inscritos en el Fondo de Ahorro de Vivienda. Éste se encuentra constituido por el ahorro, individual y patronal, equivalente al 3% del salario integral mensual de los empleados (2% pagado por el empleador y 1% por el trabajador). Ésta política pública tiene dos requisitos fundamentales: primero, el aspirante debe contar con un trabajo formal que le permita cotizar a éste y otros beneficios laborales como el seguro social; segundo, la vivienda que se pretenda adquirir debe ser igualmente formal, es decir, no puede ser una vivienda «irregular» (eufemismo para rancho, chabola, etc.) ni puede estar edificada sobre terrenos ajenos (invasiones).
Si analizamos brevemente la fuerza laboral venezolana, para el mes de abril del año en curso se llegaron a los 998.019 desempleados, mientras que la ocupación informal, lo hizo en un sorprendente 5.314.876 de trabajadores de empresas con menos de cinco empleados (incluido el patrono), servicio doméstico, y trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.); lo cual resulta en 6.312.895 de venezolanos que no tienen posibilidad de cotizar al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda ni acceder completamente a los beneficios del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Esta cifra, disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, equivale al 44,86% de la población económicamente activa que sólo puede ser atendida a través del Fondo de Ahorro Voluntario, que presta sólo una porción del crédito máximo, implica un aporte obvio del 100% por parte del aspirante; y cuenta con tantas trabas, que para una persona en estas situación, simplemente no vale la pena [III].
Además, de la totalidad de viviendas construidas en el país, 743.594 son ranchos, 11.912 son viviendas indígenas, y 21.031 de vecindad; lo cual suma 776.537 viviendas que no cumplen con el requisito de selección para acceder al crédito del FAOV por ser construcciones de materiales de desecho tales como tablas, cartón, caña y similares; sobre terrenos ajenos, y sin acceso directo a los servicios básicos. Esto que equivale al 9,45% de todos los hogares del país, según datos del INE [IV].
Por último, dichos créditos siguen siendo intermediados por los bancos comerciales (privados y públicos), los cuales tienen a su discrecionalidad la aprobación de las solicitudes. Y si alguna vez usted ha solicitado un crédito ante un banco, entenderá entonces que mientras menor sea su sueldo, menor será su crédito; y éste crédito hipotecario subsidiado por el Estado opera de la misma forma.
En pocas palabras, sólo pueden acceder a él las capas más elevadas de la clase trabajadora y los pequeñoburgueses en ascensión, y paradójicamente, aun cuando para el otorgamiento de este crédito existen mínimos de ingreso familiar requeridos como ya fue explicado, no existe de igual forma un máximo o un tope; lo que significa que incluso los empresarios con las mayores fortunas pueden utilizar éste crédito, pero los pobres -quienes son los que más necesitan un techo- se encuentran al margen de esta política.
El capital otorgado en forma de crédito es ínfimo en comparación al precio de las viviendas del mercado inmobiliario de las principales ciudades del país (que es donde está concentrado el 71% de la población). Una vivienda minúscula, en un sector populoso y barato de la capital, cuesta al menos seis veces el monto máximo aprobado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat para un crédito hipotecario de este tipo; lo que hace inútil esta alternativa para casi todos, pero permite a unos pocos afortunados completar lo que le falta de sus ahorros para adquirir un apartamento a costas de los aportes de todos los trabajadores [V].
De vez en cuando, el BANAVIH celebra un aumento del monto máximo fijado para estos créditos, y declara que a partir de ese momento existe un balance con respecto al mercado inmobiliario. Y al día siguiente de ese decreto, el precio de las viviendas sube lo equivalente al aumento, alejando más al trabajador de un posible hogar y beneficiando al usurero; por una ley de oferta y demanda que pareciera estar siempre en su contra.
Otras modificaciones realizadas al sistema bancario por el Gobierno Bolivariano en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), corresponden a la Gaceta Oficial N° 39.716 de fecha 19 de julio de 2011 [VI] que toca esencialmente temas regulatorios a los créditos hipotecarios.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que la GMVV va dirigida a perpetuar el modelo clientelar del fantasioso acceso de los pobres a la propiedad privada de las viviendas a través de los créditos hipotecarios, lo cual ha sido demostrado a lo largo de la historia como una forma más de expoliación contra la clase obrera por parte de la banca privada. Sucede que obligan a millones de trabajadores a endeudarse con un banco, bajo la amenaza de un desalojo forzoso si se deja de pagar; lo cual ocurre masivamente cuando el clima financiero cambia, debido a la alta susceptibilidad de los asalariados frente a las crisis económicas. Al respecto, la española Gema Delgado declaró:
«En España se producen 500 desahucios al día desde que empezó la crisis. Eso significa que cada día mientras 500 familias que se quedan en la calle, los bancos se quedan con 500 pisos «vacíos». Es sabido que la banca nunca pierde, ni cuando pierde…» [II].
La estafa en la propiedad privada de la vivienda
Como es bien sabido, para adquirir una vivienda en propiedad siendo un simple trabajador es obligatorio solicitar un crédito y constituir una hipoteca sobre la vivienda que se pretende adquirir, en forma de garantía y en favor del banco. Todo marchará bien, a menos que por algún motivo se deje de pagar las cuotas, ya que dicha hipoteca estipula por definición que si no se cumple con la obligación de pagar el crédito, el banco puede tomar la propiedad del inmueble como compensación.
En pocas palabras: la verdadera propiedad privada de las viviendas adquiridas a crédito en Venezuela la tiene el Banco. Al menos mientras exista la hipoteca o hasta que se cancele la deuda, por lo que todo aquel que se encuentre atado a un préstamo bancario para pagar un apartamento, esta alucinando si realmente cree que es suyo; y si llegase a quedar desempleado, la realidad le tocará la puerta acompañada de una orden de desalojo.
Pero no todos pueden acceder a un préstamo, por ello la Gran Misión Vivienda Venezuela pretende entregar hogares en propiedad privada a millones de venezolanos, tal cual como hicieron los programas habitacionales de los gobiernos anteriores.
Por ejemplo, bajo la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez de la década del 50, fue construido un conjunto habitacional que inicialmente se llamaría Urbanización 2 de Diciembre como conmemoración al golpe de estado criminal de la Junta Militar; sin embargo, el nombre actual fue asignado por su sucesor, Rómulo Betancourt, también conocido como el asesino de estudiantes. Esta urbanización pasó a llamarse 23 de Enero por la fecha del derrocamiento del General e inicio de la «democracia».
Más allá de las curiosidades históricas de esta residencia, lo relevante de ella para este estudio es que constituye un modelo a seguir en materia de política habitacional por los gobiernos posteriores que la reprodujeron, incluyendo el Gobierno Bolivariano. En concreto, estas viviendas fueron adjudicadas a las familias pobres con mayor necesidad y en contraprestación fueron exigidos pagos de carácter social para concederles la propiedad privada de sus hogares.
Estos pagos, en la mayoría de los casos, costaron muchísimo para ser cancelados porque los beneficiados mantenían precariedad laboral o desocupación, y no les alcanzaba para cubrir siquiera las cuotas que eran de carácter social; y ni hablar de la tarifa mensual del condominio, que iba destinada al mantenimiento de los edificios, sus servicios y los espacios comunes; que nunca se pagaba.
Hoy en día, más de 60 años después y luego de muy pocas cuotas del condominio pagadas, la urbanización 23 de Enero es mantenida directamente por el Estado, a través del Instituto Nacional de la Vivienda en algunos casos, y en otros por la Alcaldía de Caracas, quienes se encargan de pintar los edificios todos los años, hacer las reparaciones de los ascensores, acomodar los ductos del aseo, limpiar los espacios comunes, y en fin; de hacer labores más de arrendador que de Gobierno.
Lo mismo ocurre en todos y cada uno de los urbanismos adjudicados por la nación en forma de propiedad privada a los más pobres: si se daña el ascensor, la comunidad, que no tiene los recursos para repararlo, pide ayuda en un sinfín de Instituciones hasta que alguna los ayuda; igual cuando se obstruye el ducto del aseo, o cuando la pintura de los exteriores comienza a caerse.
Toda esa experiencia nos enseña que los pobres no sólo carecen de recursos para adquirir una vivienda, tampoco tienen con que mantenerla. Entonces si los Gobiernos continúan adjudicando hogares en propiedad privada no sólo dota de un apartamento a alguien, también suma ese apartamento a los costos de mantenimiento público de las Alcaldías y demás Instituciones del Estado.
Sin embargo esto no es lo realmente grave de la situación, porque si el Gobierno dejara de cumplir con esa labor, progresivamente esas soluciones habitacionales se deprimirían hasta alcanzar las condiciones miserables que ya se viven en los barrios. La dotación de viviendas para los pobres sin el consecuente apoyo del Estado para las labores de reparación y mantenimiento, es condenarlos a vivir eternamente en un rancho.
Recordemos nuevamente al General Marco Pérez Jiménez y el beneficio que la urbanización 23 de Enero significó para miles de familias. Para ese momento el Gobierno, creyendo que la solución del problema de la vivienda era que cada quien tuviese la propiedad de su casita, vendió esos apartamentos a precios «sociales», o sea, bajísimos en comparación a los bienes raíces de entonces. Hoy en día, luego de 60 años, los mismos apartamentos son cotizados en el mercado inmobiliario de igual forma que los edificados y financiados por el sector privado, a precios especulativos; lo que expropia a los más pobres del derecho a tener un hogar y alimenta aún más a quienes desde siempre se han lucrado con esta necesidad ¡Esto sí que es grave!
Es por ello que descartamos totalmente la adjudicación de viviendas para los pobres en forma de propiedad privada como solución al problema de la vivienda. De igual forma opinó Friedrich Engels:
«Así pues, ¿qué he opuesto yo a este plan proudhoniano? Que esta proposición, con el desarrollo actual de la gran industria y de las ciudades, es tan absurda como reaccionaria, y que el restablecimiento de la propiedad individual de cada uno sobre su vivienda sería una regresión.» [VII].
Nuestra propuesta
Así como la educación o la salud pública y gratuita son derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, la Constitución cataloga de igual forma a la vivienda:
«Artículo 82 CRBV. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.»
Es por ello que proponemos nuevamente la nacionalización de toda la infraestructura y maquinaria disponible para la creación de la Constructora Nacional de Obras Públicas y Vivienda (CENOPVI), cuya misión sería la planificación, ejecución, inspección y mantenimiento de todas las obras públicas a construir al servicio de todas las Instituciones del Estado; y así centralizar en un sólo órgano, sistematizable y auditable, la construcción del sector público y dejar de alimentar a la empresa privada de la construcción especuladora, corrupta y parásita.
De esta forma, también se beneficiaría a miles de obreros del sector, quienes contarían con la estabilidad laboral que requieren para el desarrollo apto de sus potencialidades técnicas y para vivir en mejores condiciones.
Muchos argumentarán que dejarle la construcción pública enteramente al Estado multiplicaría la corrupción, a esos habría que preguntarles ¿Es más fácil auditar a miles de empresas que a una sola? Por supuesto que no, la concentración del sector público de la construcción no sólo permite mayor eficiencia por la unión de esfuerzos, también simplifica los procesos de auditoría, sistematización y anticorrupción. Es el principio básico de las economías a escala, que involucra la adquisición de bienes y servicios al mayor, y prescindir de intermediarios improductivos para ello.
Además, la mayor forma de corrupción se da cuando los empresarios privados le pagan a los funcionarios públicos para que estos contraten con ellos en nombre del Estado, para la construcción de obras que terminan siendo sobrevaluadas porque esa «comisión» se esconde debajo del precio final del presupuesto, y si no, se cobra con la calidad de los materiales utilizados. No son raros los casos en la Gran Misión Vivienda Venezuela de edificios recién terminados con inundaciones producto de materiales de mala calidad; o las carreteras recién asfaltadas con huecos y baches [VIII].
Para los que esgriman la ineficiencia gubernamental para administrar sus empresas, aclaramos que los fracasos del Estado en esos casos puntuales han sucedido producto de lo aislado de sus esfuerzos por la ausencia o escasa planificación; además de la total oscuridad en las operaciones estatales por la falta de auditoría pública, totalmente realizable haciendo uso de las telecomunicaciones y colocando a disposición de todos el 100% de los trámites realizados (por medio del internet, por ejemplo). Por eso, acompañando a la CENOPVI deben estar instituciones de apoyo que permitan una completa planificación como la Central Estatal Única de Importaciones (CEUI), propuesta para estatizar la importación y cuya función para estos fines debe ser la de garantizar el suministro de los insumos y demás bienes de fabricación extranjera; y de esa forma no permitir la fuga de capitales por medio de la importación fraudulenta de las grandes empresas ferreteras privadas [IX].
También, volvemos a destacar el papel fundamental de la banca en todo este proceso, por lo que insistimos en la expropiación y centralización del sistema bancario nacional en lo que se refiere al financiamiento de obras públicas y viviendas, incluyendo los créditos hipotecarios; para acabar con la pesadilla de estos préstamos y colocar a disponibilidad los recursos financieros que la construcción en masa implica [X].
Todo este esfuerzo para la construcción, no sólo de viviendas, sino de obras públicas de envergadura como vías de comunicación, hospitales, fábricas, universidades, ciudades enteras, y en fin, toda la infraestructura necesaria para desarrollo industrial y productivo del país, que compense el enorme atraso dejado por los gobiernos de nuestra historia.
Y por último, pero no menos importante, proponemos que todas las viviendas necesarias -que sólo de esta forma se pueden construir- sean administradas por una Inmobiliaria Nacional (INA) de propiedad estatal, y que con la ayuda de la CENOPVI planifique y realice las labores de mantenimiento; para que sea posible la satisfacción del derecho de los trabajadores a un hogar digno.
Descartando totalmente las adjudicaciones de la propiedad privada de las viviendas, proponemos que la asignación sea mediante la figura de un arrendamiento social, cuyo canon sea establecido en función de un porcentaje del sueldo mínimo que no suponga un lastre para la economía de un asalariado, con contratos duraderos y heredables; sincerando las funciones de mantenimiento que debe hacer el Estado como arrendador, evitando que la inversión social se fugue en el mercado de bienes raíces, y garantizando el acceso transparente a todas las casas y apartamentos; haciendo uso de los más óptimos medios para la vigilancia y auditoria, y enterrando de una vez por todas las practicas clientelares, fraudulentas y politiqueras en materia de viviendas estatales.
Además, un modelo de este tipo permitiría lograr un sistema que sea autosustentable y expansivo, que permite por si sólo la capacidad de construir cada vez más y que no se convierta en un gasto eterno para el Gobierno y la renta petrolera.
Los medios para lograr todo esto existen, el problema es que se encuentran en manos de una minoría de la sociedad, por lo que deben pasar al Estado y colocarse al servicio de todos. Esto ya ha ocurrido en otros lugares:
Según una reseña del diario español El País del 28 de febrero de 2007, en la ciudad de Viena, la capital de Austria; aproximadamente un millón de personas habitan en residencias de propiedad estatal, donde pagan menos del 30% del sueldo mínimo austriaco por viviendas de 70 metros cuadrados; esto es casi el 60% de la población. Agrega el periódico que las leyes de ahí protegen a los inquilinos, estos prácticamente no pueden ser desalojados y casi nunca hay necesidad por los bajos cánones. Además, la mayoría no necesita un hogar en propiedad porque pueden traspasar el alquiler en herencia a sus hijos.
Otro mundo es posible, sólo hace falta construirlo.
I. Manifiesto del Partido Comunista, por Karl Marx y Friedrich Engels (1848): https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
II. 119 suicidios por desahucios en lo que va de año, Gema Delgado: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article44331
III. Encuesta De Hogares Por Muestreo Situación En La Fuerza De Trabajo Venezuela, Instituto Nacional de Estadística, abril 2014: http://www.ine.gob.ve/documentos/Social/FuerzadeTrabajo/pdf/Mensual201404.pdf
IV. XIV Censo Nacional De Población Y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística, año 2011: http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/nacional.pdf
V. Gaceta Oficial N° 39.870 de fecha 24 de febrero de 2012
VI. Gaceta Oficial N° 39.716 de fecha 19 de julio de 2011.
VII. Contribución al Problema de la Vivienda, por Friedrich Engels (1873).
VIII. Denuncian mala calidad de casas de la GMVV, El Tiempo: http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/denuncia/denuncian-mala-calidad-de-casas-de-la-gmvv/65933
IX. Estatizar el comercio exterior es frenar las importaciones fraudulentas, la inflación y la próxima devaluación, Manuel Sutherland: http://alemcifo.org/uploads/3/2/3/7/3237202/pdf_importaciones_ceui_web_large.pdf
X. Concentración de capital bancario y la necesidad de nacionalizar la banca en Venezuela, Jhon Caicedo: http://alemcifo.org/uploads/3/2/3/7/3237202/concentracin_de_capital_bancario-jhon_pdf.pdf