Obtener el derecho a la integración eléctrica podría ser una bendición, pero las pasiones políticas han puesto en riesgo esta posibilidad
Al echar un vistazo al mapa de la demanda y suministro de gas natural en Sudamérica, a primera vista el gran gasoducto del sur que promueve el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, parece tener pleno sentido. Esta tubería, de 8 mil kilómetros, que llegaría hasta Buenos Aires y se abriría paso a través de la selva amazónica, conduciría 150 metros cúbicos diarios de las vastas pero poco desarrolladas reservas de gas a consumidores faltos de una energía que se agota en el Cono Sur. El mes pasado el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y su similar argentino, Néstor Kirchner, acordaron estudiar el proyecto.
Pero si se mira más de cerca, este proyecto de 20 mil millones de dólares resume todo lo que falla en el acceso de Sudamérica al gas natural. En lo económico, no tiene sentido: más allá de 3 mil km. es más barato licuar y embarcar el gas natural que enviarlo por gasoductos. Los costos ambientales son preocupantes. Para los consumidores, la reciente interrupción de las exportaciones de gas ruso a Ucrania enfatizan los peligros de depender de tuberías. Las motivaciones de Chávez son meramente políticas: le gustaría privar de gas a Estados Unidos en nombre de la integración de Sudamérica.
Por fortuna, el gasoducto parece ser un castillo en el aire. Es sólo el ejemplo más atroz de cómo el gas ha provocado más pasión que razonamientos en Sudamérica. La región ha sido bendecida por la abundancia de gas. Pero las reservas mayores están en los países cuyos gobiernos están menos dispuestos a tratarlo como otro producto más. »Escasez en medio de la abundancia es la ironía que subyace en todo esto», dice Jed Bailey, de Cambridge Energy Research Associates, firma consultora de Massachusetts. Parear productores con consumidores podría ser una bendición para ambos. Sería también una buena señal de que el viraje hacia la izquierda de la región no es una fuga de la realidad económica.
Los problemas comenzaron en Argentina y Bolivia, dos de los tres más grandes productores. En 2002 Argentina convirtió sus tarifas de gas de dólares a devaluados pesos y las congeló. El precio del gas, que representa la mitad del consumo de energía del país, se redujo dos tercios. Mientras la economía se recuperaba del colapso financiero, la demanda vivió un auge. Pero la oferta no se mantuvo a la altura. Desalentadas por los bajos precios, las empresas energéticas detuvieron los trabajos de exploración. Las reservas probadas de gas argentino cayeron 35% entre 2000 y 2004. Para enfrentar la escasez invernal, el gobierno redujo las exportaciones a Chile.
Kirchner autorizó que los precios para los grandes consumidores se eleven a los niveles del mercado internacional. Pero los precios residenciales permanecen congelados, y el clima de inversión es impredecible. Enarsa, nueva empresa estatal, ha suscrito acuerdos con Petrobras de Brasil y Repsol de España para trabajos de exploración en aguas costeras. Pero a los precios actuales hay poco incentivo para la producción, dice Luciano Gremone, de la calificadora de créditos Standard & Poor’s.
Para mitigar su escasez auto infligida, Argentina vuelve los ojos a Bolivia. Ese país, pobre y encerrado en el continente, es la esperanza energética de la región, y su dolor de cabeza. Sus reservas de gas ocupan el segundo lugar, después de las de Venezuela. Exporta casi 30 millones de metros cúbicos diarios, en particular a Brasil, pero también a Argentina. Con más inversión podría duplicar esas exportaciones con rapidez y aumentar el suministro para saciar el hambre de gas de Chile. Argentina necesitará siete años para desarrollar nuevos suministros, un segundo gasoducto desde Bolivia podría construirse en cuatro, de acuerdo con Marco Aurelio Tavares, de la consultora Gas Energy. También para Brasil el gas boliviano es «la solución ideal», dice el gerente de una empresa energética.
Con eso contaban las empresas extranjeras -Petrobras, Repsol, France’s Total, y British Gas- cuando invirtieron 4 mil 900 millones de dólares en Bolivia, entre 1997 y 2004. No estaban preparadas para la reacción política. Movimientos radicales denunciaron que los gobernantes de Bolivia entregaban el patrimonio natural a depredadores extranjeros. Un proyecto de embarcar gas natural licuado (GNL) a México y Estados Unidos, vía Chile, tuvo casi el mismo efecto que las caricaturas del profeta Mahoma en Medio Oriente: ni una molécula de gas boliviano atravesaría Chile mientras no entregara la línea costera que le robó en una guerra del siglo XIX, gritaban los manifestantes que bloquearon carreteras por semanas, derrocaron dos presidentes y demandaron la nacionalización. En diciembre, los guerreros del gas ganaron el poder, al elegir como presidente a uno de sus líderes, Evo Morales, con un claro mandato. De esta manera, en los próximos meses podría definirse la situación energética de Sudamérica para los años venideros.
En Bolivia, las empresas energéticas operan bajo condiciones que ellas mismas consideran apenas tolerables. El año pasado, una legislación aprobada bajo presión social aumentó el pago de derechos, lo que casi duplicó los ingresos gubernamentales por concepto de gas. El aumento permitió comenzar a pagar a tiempo los salarios de los funcionarios y reducir el déficit fiscal. Pero la ley destruyó los términos conforme a los cuales invertían las empresas, que a cada cheque adjuntan una carta de protesta.
Evo Morales tiene una oportunidad histórica de usar el gas boliviano para superar el atraso del país. Pero eso depende de dos ambiciosos acuerdos. El primero podría ser un convenio para suministrar gas a Chile a cambio de que le regrese a Bolivia su acceso al mar. El presidente de Chile, Ricardo Lagos, acudió a la toma de protesta de Morales, y éste estará cerca cuando Michelle Bachelet preste juramento el mes próximo como sucesora de Lagos.
El segundo podría derivar de una negociación con las trasnacionales. Morales ha mandado señales tranquilizadoras, prometiendo »nacionalización» sin expropiación. Ha invitado a las empresas a convertirse en »socias» de YPFB, la empresa estatal reactivada. Si eso significa entregar el gas y el derecho a fijar precios de exportación, las empresas desearán una compensación y/o grandes exenciones de impuestos en futuras inversiones. La esperanza de que alcancen un compromiso se centra en que la ruptura podría ser peor para ambas partes. Las compañías se verían forzadas a retirar sus inversiones. El gobierno podría buscar acuerdos con las empresas estatales de Venezuela y de otros países, pero enfrentaría demandas en tribunales internacionales.
Expandir los gaseoductos a Argentina y Brasil y procesar el gas para llenarlos costaría 5 mil 300 millones de dólares. »Con esos impuestos y los precios de la región, no es viable invertir», expresa Tavares. El nuevo dirigente de YPFB dice que Bolivia elevará los precios de exportación a Argentina y Brasil.
En Brasil, la demanda de gas se eleva de manera importante. El país está en riesgo de sufrir una escasez de electricidad en 2009 a menos que encuentre nuevas fuentes de gas. El apremio puede ser temporal; nuevos hallazgos podrían convertir a Brasil en exportador de gas después de 2012. El coqueteo de Brasil con el gasoducto de Hugo Chávez podría ser una manera de presionar a Bolivia.
Chile ronda por gas también. Casi a punto de rendirse ante Bolivia, ha hablado de importar gas de Perú. A diferencia de sus competidores, Perú ha cortejado a los inversionistas. Repsol está entre los que han invertido en un proyecto de GNL con un costo de 2 mil 200 millones de dólares. Pero la mayor parte de ese gas se destina a México y Estados Unidos. Chile se muestra cauteloso de depender de Perú, con el cual sus relaciones son, con frecuencia, tensas.
Obtener derecho al gas significa permitir que la razón económica prevalezca sobre la pasión política. De manera inesperada, Hugo Chávez puede proporcionar pronto un ejemplo. Está a punto de tender la primera parte de una tubería de 215 kilómetros que transportará gas colombiano. Se le unirá un vecino que es un adversario político, el presidente conservador de Colombia, Alvaro Uribe.