La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en un contexto de aumento importante del número de pensionistas debido a la elevación de la esperanza de vida, se puede expresar de tres formas: a) aumentando los ingresos; b) reduciendo las pensiones, a través de fórmulas muy diversas (ampliación del período de cálculo, exigiendo más años cotizados […]
La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en un contexto de aumento importante del número de pensionistas debido a la elevación de la esperanza de vida, se puede expresar de tres formas: a) aumentando los ingresos; b) reduciendo las pensiones, a través de fórmulas muy diversas (ampliación del período de cálculo, exigiendo más años cotizados para alcanzar el derecho a la pensión y/o, el 100% de la misma, implantando reglas como las del factor de sostenibilidad que reducen la pensión al aumentar la esperanza de vida, reduciendo la revalorización de las pensiones, aplicando coeficientes de penalización más altos por anticipación de la edad, etc.); y c) una variante de la anterior, a menudo unida a la misma, como es la del aumento de la edad de jubilación y con ello de percepción de las pensiones.
La reducción de las pensiones, que está dando lugar a las grandes movilizaciones de pensionistas, especialmente en Euskalherria, ha dado lugar a una mínima rectificación por parte del gobierno del PP, mediante el prometido aumento de las pensiones mínimas y las de viudedad… si es que hay presupuestos. Pero a pesar de ello se mantiene la política basada en la reducción de las pensiones 1/ complementada por las pensiones privadas. Este artículo se dedica a examinar ese papel de las pensiones privadas.
La Unión Europea y las pensiones 2/
En el Libro Blanco de la Comisión Europea de 2012 sobre «Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» se planteaba que, además de los ya realizados, «numerosos Estados deberán realizar nuevos ajustes del gasto» y ello a pesar de reconocer que esas reformas darán lugar a «tasas de reemplazo más bajas (pensiones comparadas con la retribución anterior)». En otro informe de 2010, la Comisión Europea exponía que la reducción de las tasas de reemplazo de las pensiones públicas, que están creciendo más débilmente que los salarios, implica que los pensionistas están sufriendo un deterioro de sus niveles de vida en relación con los trabajadores en activo, a menos que prolonguen su vida laboral. Como elemento para compensar esa caída de ingresos, el discurso de la Unión Europea es el desarrollo de las pensiones privadas basadas en la capitalización y ello aunque se reconozca que la actual crisis «ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los planes de pensiones de capitalización frente a las crisis financieras y los recesos económicos», ya que, como puntualizaba el Libro Verde, antecedente del Libro Blanco, «Las pensiones de capitalización también podrían verse afectadas por el envejecimiento demográfico. Las sociedades envejecidas reducirían la tasa potencial de crecimiento económico y ello implicaría unas menores tasas reales de rendimiento, lo cual podría afectar a los precios de los activos financieros».
En su defensa de las pensiones privadas de capitalización, la Unión Europea desprecia que las tasas de pobreza elevadas de la población de 65 y más años en algunos países ricos corresponden a países que no disponen de pensiones públicas de reparto, como Suiza, o que son minoritarias en relación con las de capitalización privada, como Estados Unido o el Reino Unido. La experiencia internacional muestra que en los Estados en los que la tasa de reemplazo de las pensiones basadas en el método de reparto es elevada las pensiones privadas basadas en la capitalización tienen un desarrollo escaso, al menos para la mayoría de la población asalariada, como se puede observar en los informes anuales de la OCDE Pension Market in Focus, que muestran el menor desarrollo de la población cubierta por los regímenes capitalizados y por el patrimonio de los fondos de pensiones, entre otros en los casos de Francia, Portugal, Alemania, Italia y el Estado español. Estos sistemas atestiguan la regla según la cual el desarrollo de la capitalización privada exige la previa reducción de las pensiones de públicas de reparto. No obstante, los recortes en la cuantía y cobertura de las pensiones públicas que están teniendo lugar en estos países, así como las incertidumbres deliberadamente provocadas sobre el futuro de estas pensiones, están haciendo aumentar durante los últimos años el espacio de las pensiones de capitalización. Ello es especialmente cierto en el caso del Estado español, en el que los fondos de las pensiones privadas representaban en el 2016 el 14% del PIB, más de cuatro puntos más que en Francia y más del doble que en Alemania (Pension Market in Focus 2017).
Reparto y capitalización
Los regímenes públicos basados en el método del reparto, es decir, en el que las cotizaciones de empresarios y trabajadores y en su caso las aportaciones del Estado sirven para pagar las prestaciones, sin necesidad de acumulación previa, de forma muy mayoritaria, se comprometen a proporcionar prestaciones de un determinado nivel. Generalmente en función de la duración de la carrera profesional y del salario (mediatizados por la duración de las cotizaciones y el tope del salario sujeto a cotización) y se califican como regímenes de prestaciones definidas. Las pensiones privadas, todas en el caso de las individuales y una mayoría creciente en el caso de las profesionales o de empleo, están organizadas en base al método de cotizaciones definidas en los que la cuantía de las pensiones depende de las aportaciones recaudadas y del rendimiento de las inversiones en que se inviertan esas cotizaciones, de forma que el riesgo de la caída de los rendimientos se desplaza hacia la gente trabajadora. Según la OCDE, en 18 de 23 países de la OCDE estudiados, más del 50% de las inversiones se realizan en planes individuales o en planes de empleo basados en cotizaciones definidas.
A fin de elevar la rentabilidad de las inversiones, tiene lugar una evolución a destinar las mismas hacia la renta variable, con el grave riesgo de que las inversiones sufran los efectos de las crisis y burbujas financieras. Además, el objetivo de la máxima rentabilidad de sus inversiones, impulsada por la competencia a la que se libran las entidades gestoras de estas entidades por aumentar sus partes en el negocio, incrementa la presión hacia el incremento de valor de las acciones de las empresas en que invierten, contribuyendo así a la reducción de los salarios, la reducción de las plantillas (downsizing)y, en general, al recorte de los derechos laborales.
Según los informes de la Comisión Europea, la caída en las tasas de reemplazo de las pensiones públicas de reparto debida a las medidas de recorte inducidas por la misma Comisión para garantizar la «sostenibilidad» de los sistemas públicos, se compensaría de dos formas (en algún caso se precisa que por mitades):
a) Con el aumento de los ingresos proporcionadas por las pensiones privadas, de empleo e individuales y
b) A través de la prolongación de la vida profesional debida al atraso de la edad de jubilación, lo que permitiría aumentar el porcentaje de la pensión.
De esta forma al final de los períodos de referencia la tasa conjunta de reemplazo de todos los ingresos de pensión se mantendría constante. Esas predicciones obviaban la inseguridad característica de las pensiones privadas, cuyos rendimientos pueden oscilar con las crisis financieras cada vez más frecuentes. Tampoco tenía en cuenta que el acceso y cuantía de las contribuciones a las pensiones privadas están muy desigualmente repartidos, según sector de actividad, categoría profesional, nivel de ingresos y sexo, estando probado que es la gente de mayores ingresos la que tiene más cobertura y de más cuantía en estas pensiones. Quizá por lo poco creíble de esa compensación proporcionada por las pensiones privadas los recientes informes Ageing Report de la Comisión Europea omiten cualquier referencia a esa cuestión y se limitan a estimar la reducción de las tasas de reposición de las pensiones públicas de reparto.
En relación con este asunto, en un informe del 2008 del Comité de Protección Social de la Unión Europea se reconocía que el mayor peso de las pensiones privadas afectaría de forma negativa a las personas de ingresos medios y bajos, a las mujeres y a las personas con carreras de cotización incompletas. Asimismo señalaba que las comisiones de gestión de las entidades gestoras reducirían de forma importante las pensiones netas, especialmente en los ingresos más bajos. El conjunto de esos gastos, que se mide con la ratio conocida como total expense ratio (TER) y que resulta del cociente entre los gastos totales y el patrimonio del fondo, puede alcanzar porcentajes que reducen la cuantía de las pensiones netas hasta porcentajes superiores al 20%. En el Estado español esos costes son de los más elevados de la OCDE: sobre 40 países estudiados, ocupaba el octavo lugar, con un porcentaje del 1,5% sobre el patrimonio gestionado.
Es cierto que a largo plazo la rentabilidad está siendo superior al crecimiento económico. Sin embargo, como indica Piketty en El capital en el siglo XXI la volatilidad del capital es hasta 12 veces mayor que el crecimiento económico, por lo que quienes accedan a la pensión privada en un momento de caída del patrimonio de los fondos de pensiones, sufrirán una pérdida de la pensión irreparable y para toda la vida. Además, el aumento de la esperanza media de vida, en el caso de las pensiones privadas, da lugar a una disminución en la cuantía de las pensiones, evidenciando la falacia de que solo los regímenes de reparto están afectados por el envejecimiento demográfico.
Que a pesar de estos defectos de las pensiones privadas, buena parte de ellos estructurales, el Libro Blanco defienda su extensión y generalización, muestra la subordinación absoluta en la política de la Unión Europea, de la adecuación de las pensiones, no sólo a la reducción del déficit público, sino al desarrollo de las pensiones privadas.
Las pensiones privadas en el Estado español
Como producto de la caída salarial y del empobrecimiento de la mayoría de la población trabajadora, el número de partícipes en los planes de pensiones está en caída desde el 2010. Aunque el número de partícipes en los planes de pensiones alcanza una cifra de casi diez millones, el 75% de los mismos realizan aportaciones muy bajas, inferiores a 300 euros 3/ .
Según un estudio realizado por tres investigadores del IESE, que se viene repitiendo durante los últimos años, en el periodo diciembre 2002 – diciembre 2017, mientras que la rentabilidad del IBEX 35 fue del 226% y la de los bonos del Estado a 15 años del 97%, entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 fondos superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los bonos. Los autores destacan que una de las razones de esos resultados se debe a las elevadas comisiones, siendo otras la composición de la cartera y la deficiente gestión. Concluyen que su resultado «no justifica en absoluto la discriminación fiscal» a favor de los fondos 4/ . Si la escasa rentabilidad se une a la escasa cuantía de las aportaciones a los planes de empleo, de poco más de mil euros de media en el 2016, se puede concluir que las pensiones privadas de empleo no permiten, al menos para la gran mayoría, que el complemento a las pensiones públicas de reparto permita compensar la caída de estas últimas. Además, esa función de complemento solo se cumple en escasa medida ya que del conjunto de las prestaciones abonadas en el 2016 más del 50% se realizaron en un solo pago, mientras que las prestaciones en forma de renta alcanzaban solo el 24,69%. Estos datos evidencian que su principal función consiste en el ahorro fiscal. Para los partícipes a través de las desgravaciones en el IRPF, que alcanzan una cifra de unos cinco mil millones de euros (Torres) y que benefician especialmente a los aportantes de mayores cantidades. También para las empresas, ya que los Fondos de Pensiones no cotizan en el Impuesto de Sociedades y las aportaciones empresariales a los Planes quedan excluidas de la cotización a la Seguridad Social, mientras que si cotizarían si en lugar de aportaciones a planes de pensiones fueran salario directo. De esta forma los planes de pensiones contribuyen a la disminución de los ingresos para pagar las pensiones públicas. Así pues, la escasa cuantía de las aportaciones medias y la baja rentabilidad de las inversiones se suman, de forma que los resultados de las pensiones privadas no pueden dar lugar a complementos significativos de las pensiones públicas.
El enorme coste de la sustitución completa del sistema público de reparto por uno privado de capitalización, da lugar que salvo algún fundamentalista neoliberal -que los hay-, la posición mayoritaria entre los ideólogos neoliberales, matizada por razones electorales por los partidos del sistema, propone la reducción progresiva de la parte que proporciona el sistema público, hasta llegar al final a la provisión de pensiones mínimas. Los proyectos de reforma se mueven entre ese extremo y la reducción de las pensiones basadas en las tasas de reemplazo o sustitución, que han sido hasta hace poco tiempo relativamente elevadas para los sectores, mayoritariamente masculinos, con duraciones elevadas de cotización.
La pretendida «compatibilidad armoniosa» del sistema público de reparto con las pensiones privadas en que se basan algunas de esas propuestas de coexistencia parcial entre el reparto y la capitalización privada no es tal, ya que el desarrollo de las pensiones privadas afecta gravemente al sistema público de pensiones que corre el grave riesgo, no de desaparición, sino de reducción al mínimo de su papel de provisión de rentas sustitutorias de los salarios y rentas de activo. Salvo que se incremente enormemente la masa salarial de las empresas, hay que optar entre un destino y otro de ese suplemento en la financiación empresarial de las pensiones. Es poco creíble que la aportación empresarial a los planes colectivos, hoy concentrada en el sector público, las grandes empresas y los sectores económicos más poderosos, se vaya a añadir al necesario incremento de las cotizaciones empresariales para atender al incremento del gasto derivado de razones demográficas, del aumento de las pensiones mínimas y, en general, de la mejora y sostenibilidad de las pensiones públicas. El aumento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social exige modificar el reparto entre beneficios y salarios, de los que forman parte esas cotizaciones, haciendo retroceder la parte de los primeros, cuyo aumento está siendo enorme en el Estado español y más aún en la actualidad, en beneficio tanto de los salarios directos como del salario indirecto socializado que constituyen las cotizaciones a la Seguridad Social. Si ello se produce no será necesario acudir a la financiación presupuestaria de las pensiones, que efectivamente está teniendo lugar en Europa, hasta la fecha de forma limitada, pero que no se ha basado en razones progresistas y solidarias sino en la reducción -o no aumento- de las cotizaciones a cargo de los empleadores con el pretexto del empleo, a pesar de que los empresarios utilizan esa reducción no para bajar los precios de venta de sus bienes o servicios sino para aumentar sus márgenes de beneficio.
Si las inversiones de los fondos de pensiones se materializan en renta fija, la rentabilidad de las mismas es inferior en términos reales al crecimiento del PIB y, por lo tanto, su rendimiento es inferior a la del régimen de reparto. Por otra parte, no parece que deba ser un objetivo de los poderes públicos destinar recursos públicos que permitan alcanzar pensiones de cuantía idéntica a los salarios de actividad a un porcentaje reducido de la población -asalariada o no-, mientras que la mayoría de la población dispone de pensiones que siguen siendo muy reducidas y que con el nuevo criterio de revalorización se degradan de forma acelerada.
Razones del impulso de las pensiones privadas
La política de sustitución teórica parcial de las pensiones públicas, cuyo importe se recorta aceleradamente, por las pensiones privadas, es apoyada por las organizaciones empresariales por tres tipos de razones. La primera consiste en que mientras las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes -que incluyen a la jubilación- son a cargo de las empresas y los trabajadores en una proporción aproximada de cinco a uno, se pretende que las pensiones de empleo se financien mediante aportaciones iguales de ambas partes.
La segunda razón está relacionada con los intereses de las empresas financieras (bancos y compañías de seguros) que se benefician de las comisiones y de las inversiones asociadas a las pensiones complementarias.
La tercera es de tipo político e ideológico 5/ , consistente en el desarrollo de una ilusión individualista que se encuentra en el centro del discurso neoliberal sobre las pensiones y que tiende a hacer creer que la pensión de cada persona depende exclusivamente de sus propias opciones, tanto en relación con la duración de su esfuerzo contributivo como del importe de las cotizaciones o primas que abone, asimilando las mismas a un ahorro que permite constituir un capital, del que la pensión constituiría la recuperación, aumentada con los intereses acumulados.
Notas:
1 / La reducción de las pensiones la he analizado en «Pensiones, más insuficientes y con menos recursos», http://vientosur.info/spip.php?article13431
2 / Las referencias a la Unión Europea provienen de la actualización de una parte de mi artículo, «Pensiones dignas. Análisis crítico del Libro Blanco sobre Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles y propuestas para un sistema vasco de pensiones», Eurobask-Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2013.
3 / Datos extraídos del informe del Consejo Económico y Social, «Evolución reciente de la previsión social complementaria en España: una análisis del comportamiento de los planes de pensiones durante el período 2008-2016», Cauces, nº 36, 2017.
4 / Pablo Fernández, Pablo Fernández Acín e Isabel Fernández Acín, «Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España 2002-2017 (Return of Pension Funds in Spain.2002-2017», disponible en poseidon01.ssrn.com.
5 / Como señala Emmanuel Reynaud, «Financiamiento de las jubilaciones: reparto y capitalización en la Unión Europea», RISS, Vol. 48, 3-4/1995, cuando se pone el acento en el aspecto técnico de la financiación se oculta que la cuestión fundamental de la alternativa entre reparto y capitalización es de orden político y cultural, de elección de un «sistema social».
Mikel de la Fuente. Redactor de la web viento sur.