Llama la atención que sea desde la Fiscalía General de Colombia desde donde se desprendan las más contundentes operaciones contra los procesos de paz organizados entre el Estado y las guerrillas de la resistencia agraria en los últimos quinquenios para resolver el conflicto armado nacional que golpea con la muerte, la masacre, el desplazamiento y la victimización de millones de campesinos colombianos.
Sucedió con el Acuerdo de paz firmado por Santos en el segundo semestre del 2016 con las Farc de Timochenko; sometido a un vulgar entrampamiento judicial por el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien actuó en llave con la DEA y la Embajada de los Estados Unidos, utilizando para el efecto al CTI (Cuerpo Técnico de Montajes judiciales), que es un organismo plagado por todos los puntos con agentes de la DEA y de otras entidades antinarcóticos de las grandes potencias europeas enfocadas en la espuria guerra contra las drogas, para proyectar un montaje de tráfico de drogas contra el líder guerrillero Jesús Santrich para ordenar su extradición a las cárceles gringas junto con Ivan Márquez; todo con el visto de Santos y Sergio Jaramillo, pues siempre consideraron una “piedra en el zapato” a estos dos delegados guerrilleros en la Mesa de paz de La Habana que no tragaban entero el embuchado de Jaramillo y sus asesores del Consejo de Seguridad de la ONU.
En ese momento, por fortuna, la presión popular hizo retroceder la perfidia de ese Fiscal retrogrado y tramposo y Santrich recobro su libertad negándose de plano el montaje de la extradición a las cárceles gringas donde aún permanece Simón Trinidad, víctima de otro montaje seudojudicial.
El procedimiento de la actual Fiscal Luz Adriana Camargo y su CTI/DEA no me sorprende. Cuando fue elegida por la Corte Suprema de Justicia, en medio de importantes movilizaciones realizadas por grupos sociales frente al Palacio de Justicia en Bogotá, el presidente solo atinó a decir: “el tiempo dirá si acertamos o nos equivocamos”.
Por lo visto nos equivocamos a la luz de lo que está sucediendo con las negociaciones de Paz total con la Coordinadora del Ejercito Bolivariano de Nariño, Putumayo y Cauca.
Y nos equivocamos con una funcionaria que apalanco su acceso a la Fiscalía con el concurso subrepticio de Néstor Humberto Martínez, JI. Velasquez, Francisco Barbosa, la inefable Martha Mancera y toda la ultraderecha del Cartel de la Toga dominante en ese cuarto oscuro de la CSJ.
Camargo ha marchado muy silenciosa en estos meses de gestión, cogobernando con la retícula fascista de Martínez/Barbosa/Mancera. Sin poder tapar cosas tan escandalosas como las de Papa Pitufo y su brazo armado en la policía o el caso de la Fiscal Noguera que debió tirar para evitar un mayor empaño.
Pero la liebre saltó con la sensible política de Paz del presidente Petro que, a pesar de los tropiezos, se sostiene en su contradictorio y complejo mundo dada la regionalización y localización de la violencia en su tercer ciclo; la mutación tecnológica e ideológica de las organizaciones guerrilleras (con drones, celulares de alta gama e IA a bordo); y la erosión y derrumbe del aparato militar/policial del estado (Fuerzas Armadas), golpeado en su médula esencial y legitimidad por los escándalos de los “falsos positivos” y masacres que comprometen a centenares de generales comparecientes en la JEP, por su creciente paramilitarización como fábrica de mercenarios, que asesinan presidente (Haití), participan activamente en la guerra de Ucrania al lado de Zelenski, mutadas en ejércitos privados de los Carteles de la droga mexicanos (Sinaloa, chapitos, JNG); también por la caída de los apoyos financieros e infraestructurales del estado imperialista gringo (cierre de Usaid y de las escuelas de fuerzas especiales), en una reorganización que prioriza primer a América sobre cualquier otro interés geopolítico que no contribuya a un nuevo brillo de su potencia global. Sin estos apoyos, los militares colombianos quedan huérfanos y sin una brújula que los oriente en el caos global en curso, facilitando su paramilitarización, mercerización y corrupción desde las brigadas, fuerzas omegas y batallones de alta montaña, desde donde celebran, pagan y promueven la sangrienta reyerta de la multidimensionalidad partisana campesina.
Ni se diga en las que está la policía convertida en el “brazo armado” de los carteles del contrabando de “Papa Pitufo”, en una descomposición ética y criminal asombrosa que sugiere una rápida y certera cirugía por parte del presidente Petro, para proceder a su liquidación inmediata con el fin de armar un aparato de seguridad ciudadana y para la convivencia con un Ministerio o Instituto de seguridad dependiente de la presidencia de la República, separado del Ministerio de Defensa y sin que este por ahí el famoso ESMAD asesino de muchachos universitarios y proletarios.
Así, la Fiscal Camargo, ordena la captura de Giovanny Andrés Rojas, delegado guerrillero del Putumayo en la Mesa de diálogos y negociaciones de paz, con plausibles avances.
Se trató de una acción mañosa y traicionera -de perfidia absoluta-, adelantada en pleno cierre del tercer ciclo de negociaciones de paz con la Coordinadora Ejercito Bolivariano, a sabiendas de la existencia de un levantamiento de todas las ordenes de captura contra Rojas y sus otros camaradas de la delegación de paz.
Lo sucedido en la noche del 12 de febrero en el Hotel Marriot de la 26 con 100 en Bogotá, fue el más descarado entrampamiento de la actual Fiscal y el CTI/DEA a esa Plataforma de la paz total como lo han dicho sin rodeos tanto Otty Patiño como Armando Novoa. Una vulgar jugada contra la estrategia del gobierno del presidente Petro para poner fin a la violencia.
En ese sentido, el gobierno del presidente Petro, el Comisionado Otty Patiño y el jefe de la delegación Armando Novoa, tienen todos los elementos jurídicos en la Ley 2272 del 2022 de Paz total, para dar soporte y sustento a la presencia e intervención de Giovanny Andrés Rojas como delegado plenipotenciario de la guerrilla en la Mesa de Paz, reafirmando la suspensión de las ordenes de captura existentes; en esos términos Petro debe rechazar y negar esa extradición, que se solicita en el marco de la vieja y siniestra guerra contra las drogas del gobierno gringo. También el presidente puede recurrir a la “extradición diferida” que implica sustentar que en este proceso de Paz total los representantes plenipotenciarios de la Coordinadora del Ejercito Bolivariano avanzan hacia la consolidación de un acuerdo, con otro destino comunitario para las armas y trabajar en la reparación de las víctimas, que es una obligación del estado colombiano, principalmente.
La gran lección de todo esto es que adelantar procesos de paz en Colombia con las guerrillas revolucionarias es todo un riesgo por los enemigos tan poderosos que existen en la Fiscalía, en el ejército y en Estado profundo de las oligarquías.
En los años 90 los enemigos de la paz estaban agazapados, al decir de Otto Morales Benítez. Hoy están instalados en las oficinas de la Fiscalía y el CTI/DEA, amén de los enemigos de la policía, el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
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