Desde los años noventa, la región de América Latina experimenta un incremento progresivo en su mercado laboral informal. Así lo indica el Banco Mundial, que en un estudio reciente responsabiliza al Estado de esta situación.
El trabajo informal en las zonas urbanas de América Latina y el Caribe representa actualmente el 55% del total, según datos difundidos recientemente por el Banco Mundial (BM) en el estudio La informalidad: escape o exclusión (mayo de 2007).
Venezuela, Uruguay, Honduras y Panamá son los países que cuentan con un mayor porcentaje de trabajadores empleados en este sector, según el texto, que, además de distinguir entre el trabajador informal independiente (24% del total del empleo urbano) y el asalariado (30%), observa la informalidad desde dos puntos vista: el escape o la exclusión. En el primer caso, son los mismos trabajadores quienes, después de evaluar los pros y los contras de la legalidad, deciden cruzar o no hacia la formalidad. En el segundo caso, el de la exclusión, el trabajador no tiene opción a la elección, y se ve directamente privado de los circuitos económicos o de los beneficios estatales.
De cualquier manera, el informe responsabiliza al Estado latinoamericano de esta situación, al entender que la informalidad «es una indicación de que éste no estaría cumpliendo con su función reguladora del sistema de protección y del mercado laboral». El BM alerta también sobre las consecuencias del fenómeno -un obstáculo para el crecimiento y el bienestar social- y traza una serie de soluciones concretas para la erradicación de la informalidad. Entre ellas, la constitución de una educación equitativa y de calidad, o la creación de un sistema de protección social global que no esté relacionado con la condición de «trabajador». Mayor productividad, incremento en la inversión o un «cambio cultural» son otras de las medidas propuestas, que, sin embargo se enfrentan continuamente con la cuestión de fondo: la poca capacidad de acción del Estado en la región, con falta de legitimidad y pocos recursos para emprender estas reformas.
Es el mismo informe quien reconoce «la importancia vital de aumentar la legitimidad del Estado», y la necesidad de que consiga eficiencia y justicia y que sea capaz de rendir cuentas a los ciudadanos. Si bien existe un consenso en responsabilizar a un Estado sobre la condición de su país, ¿quién sería el responsable de la escasa legitimidad de un Estado?
La debilidad institucional en América Latina es uno de los problemas más destacados de la región en la actualidad, y también uno de los más complejos, ya que atiende a factores tanto internos como externos. Rumió y Salvador establecen cinco elementos internos determinantes: las consecuencias del sistema presidencialista en el que el candidato determina el modelo de administración, la falta de identificación de un modelo de Estado propio para cada país, la copia de modelos administrativos externos desvinculados de la tradición y de la cultura administrativa local autóctona, la discontinuidad en la implantación de modelos externos y, finalmente, la ausencia de un servicio civil de carrera para los funcionarios.
Respecto a los factores externos -característica que obvia el informe del BM- los autores distinguen tres puntos fundamentales: en primer lugar, la presencia de grandes instituciones internacionales en la región (como el mismo BM o el Fondo Monetario Internacional), que «imponen unos modelos de estado y unos modelos administrativos en función de las modas intelectuales del momento y de intereses difícilmente precisables. Condicionan las ayudas económicas a la implantación de un determinado modelo».
Un ejemplo indiscutible de esta idea lo encontramos en la crisis de la deuda que en los años 80 devastó la región. Tal y como explica un informe publicado por la CEPAL, los organismos financieros presionaron para que se llevara a cabo una reforma de corte neoliberal, limitando los seguros sociales, vistos como una causa del déficit y una fuente potencial de recursos y ahorro nacional. Aunque la entidad reconoce aspectos positivos de la estrategia neoliberal, afirma que «la práctica de esta política social -especialmente la liberalización más radical- ha resultado en recorte severo del presupuesto social, incremento de la pobreza y de la desigualdad en la distribución, y una carga no equitativa en la asignación de los costos de la transición que han recaído principalmente en los trabajadores y grupos de bajo ingreso».
Además de aumentar la miseria en América Latina, la carga de la deuda externa derivada de este período (cuyo importe supone actualmente el 27% del PIB total en los países en vías de desarrollo), frena la recuperación de la región. Por un lado, imposibilita la urgente reforma fiscal que aplique políticas distributivas equitativas; y por el otro, impide la reforma del mercado laboral (con síntomas de escasa productividad, bajas remuneraciones y sin protección social, en el caso informal).
El segundo condicionante externo que afecta a la debilidad estatal según algunos autores, son las consecuencias del fenómeno de la sociedad de la información y de la importancia de alcanzar un nivel de competitividad destacado con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Finalmente, el tercer factor viene dado con la globalización, que «en su dimensión del comercio internacional favorece la competitividad comercial de los países desarrollados en detrimento de los países en vías de desarrollo». Estos factores externos debilitan a las instituciones estatales y las hacen muy vulnerables en el contexto mundial.
La dependencia de América Latina con respecto a los circuitos económicos mundiales es un hecho persistente desde el siglo XIX; así lo explica José Antonio Ocampo, en el texto La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX, en el que explicita cómo las exportaciones de materia prima y la inversión extranjera directa han sido necesidades constantes para el desarrollo de la región. En un primer momento fueron las potencias europeas las que concentraban toda la atención, pero Estados Unidos tomó pronto el relevo para convertirse en la potencia más presente e influyente de Latinoamérica.
Después de la crisis de 1929, EEUU y otras instituciones internacionales (como el BM o la CEPAL) apoyaban el modelo de desarrollo latinoamericano basado en el proteccionismo y la industrialización. El cambio llegó con la revolución cubana, que modificó la concepción de la política exterior estadounidense, con la creación del Banco Interamericano de Desarrollo como la manifestación más inminente de este giro en la estrategia: apoyaba la planificación de una economía mixta, la integración regional, la reforma agraria, la reforma tributaria y la mayor inversión en los sectores sociales. Pero, en palabras de Ocampo, el flujo de fondos fue menor que lo prometido y el carácter condicional de la ayuda estadounidense se convirtió en una fuente de fricción.
La condicionalidad de la ayuda pudo verse también en la mencionada crisis de la deuda en los años ochenta, cuando se determinó que la aportación económica mundial a estos estados se llevaría a cabo solo en caso de la aplicación de la reforma neoliberal. Por otro lado esta reforma no hizo más que integrar más profundamente a América Latina dentro de la economía mundial, lo que se pone en evidencia, por ejemplo, al observar la presencia progresiva de empresas extranjeras en la zona. Según datos de la CEPAL, y teniendo en cuenta las ventas de las mil compañías más grandes que operan en la región, las empresas foráneas representaban un 29,9% en 1990-1992 y un 41,6% en 1998-2000, mientras que la participación de empresas del sector público bajaba continuamente, de 32,5% a 17,1%.
Uno de los aspectos más problemáticos del cambio estructural hacia el nuevo orden neoliberal ha sido el débil crecimiento del empleo en la década de los 90. No sólo afectó en términos cuantitativos (se dispararon las tasas de desempleo) sino también cualitativos, al incrementarse el trabajo temporal y disminuir la cobertura de los sistemas de seguridad social. Este deterioro queda reflejado además en la escalada del sector informal durante estos años, que pasó del 43% del total al 48,4%.
Según datos recientes publicados por la CEPAL , el empleo formal en Latinoamérica aumentó un 2,9% en relación con el 2005. Este logro se vincula a la coyuntura económica por la que pasa la región (con seis años consecutivos de crecimiento), a su vez impulsada por el favorable desempeño de la economía mundial. El texto, Estudio económico de América Latina y el Caribe 2006-2007, se muestra cauteloso ante las perspectivas de futuro. Si bien es cierto que existe una «relativa fortaleza» de los países latinoamericanos en los últimos tiempos, se deberá estar atento al papel que la economía internacional pueda jugar en el desarrollo de la región, cuyas deficiencias se reflejan en disfuncionalidades como la informalidad.
Como comenta Ayuso, investigadora de la fundación CIDOB, con respecto al futuro de Latinoamérica, «una parte de los deberes pertenece a la sociedad latinoamericana misma que deberá construir un pacto social contra la exclusión y una democracia realmente participativa, con derechos y deberes de los ciudadanos y que garanticen la independencia de las instituciones. Otra parte nos toca a todos, desde nuestras casas, contribuyendo a que la globalización no acentúe las desigualdades entre regiones y ayudando a construir una democracia mundial capaz de encontrar fórmulas de cooperación internacional para equilibrar las asimetrías que incrementan la desigualdad entre países y regiones».