En Bolivia no hay un «conflicto social» entendido en los términos convencionales, sino una guerra de las mayorías por la recuperación de las reservas energéticas nacionales valuadas en 100.000 millones de dólares, y que resultan vitales para que los sectores desposeídos salgan de la pobreza, la marginalidad y el abandono. Esas riquezas hoy se encuentran […]
En Bolivia no hay un «conflicto social» entendido en los términos convencionales, sino una guerra de las mayorías por la recuperación de las reservas energéticas nacionales valuadas en 100.000 millones de dólares, y que resultan vitales para que los sectores desposeídos salgan de la pobreza, la marginalidad y el abandono. Esas riquezas hoy se encuentran en manos de las multinacionales petroleras que disponen del control total de esas reservas y el derecho absoluto de su explotación, producción, comercialización y venta en los mercados internos y externos. Ese saqueo «legal» (legislado por el Parlamento boliviano) fue posibilitado por la asociación de esas transnacionales con el establishment de poder oligárquico, quien controla históricamente el aparato administrativo del Estado: Poder Ejecutivo, Parlamento y Poder Judicial. De esta manera, desde la década del 90, ese establishment de poder, convertido en socio menor de la depredación multinacional, administró, legisló y legitimó jurídicamente el traspaso del patrimonio energético boliviano (equivalente a 12 veces el valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente en el país) a pulpos petroleros como Exxon, Repsol YPF, British Gas, Total, Maxus, British Petroleum, Pan American, Vintage, Pluspetrol, entre otros. Las transnacionales que controlan la mayor parte del patrimonio energético boliviano (54 trillones de pies cúbicos, la segunda reserva más importante de Sudamérica y superior en conjunto a las de Argentina, Brasil, Chile) son Petrobras,Total, Maxus y Repsol, que en conjunto tienen la propiedad y el derecho de explotación sobre el 80 por ciento de las reservas. De tal manera que, y para precisar estratégicamente los verdaderos términos del conflicto, la mayoría de las organizaciones combativas que paralizaron a Bolivia con las protestas y los cortes de ruta, no salieron a luchar por la «paz» ni por las «elecciones anticipadas» (que sólo benefician al establishment de macro-saqueadores), sino por algo más concreto: exigir la devolución de ese patrimonio económico (propiedad del pueblo boliviano) que resulta vital para su futuro y su supervivencia. Cuando se establece con precisión el verdadero eje material del conflicto queda en evidencia la maniobra de «distracción» que ejecutan la Embajada norteamericana (comando estratégico central de los intereses transnacionales) y los socios locales de los depredadores para desviar la atención de la verdadera disputa: la guerra de las mayorías contra una minoría saqueadora (el establishment y las transnacionales) para recuperar el patrimonio que les pertenece legítimamente. Lo que parece simple de entender para una mente lógica y con sentido común, se complejiza cuando el aparato mediático masivo (propiedad del establishment de los saqueadores) comienza a hacer su trabajo de reducción de cerebro y alienación colectiva. De tal manera, lo que en términos concretos resulta ser una guerra social entre el explotador (minoritario) y el explotado (mayoritario), para los medios del sistema se convierte en un jeringozo «conspirativo» plagado de golpes de efecto para asustar a los que no participan de las protestas: «guerra civil», «enfrentamiento racial», «caos y violencia», «división de Bolivia», etc, que resultan totalmente funcionales a la estrategia de «dividir para reinar» que la CIA y el Departamento de Estado lanzaron para retomar el control político y social de su colonia. Con esta metodología alienante, «analistas» y periodistas del sistema llegaron a comparar el proceso boliviano con el de la instalación de los «soviets» en Rusia, o con el de la partición de Yugoslavia.
Y volvemos al principio: en Bolivia no hay una «guerra civil», sino una guerra asimétrica entre intereses contrapuestos: las trasnacionales petroleras (y sus socios oligárquicos) que se robaron los 100.000 millones de dólares de reservas propiedad del pueblo boliviano, y las mayorías que quieren recuperarlas con la única herramienta de la que disponen: los bloqueos de ruta, los paros, y las movilizaciones de protesta. Una vez una periodista del sistema le preguntó al combativo dirigente Felipe Quispe porqué era partidario, incluso, de utilizar la violencia en la lucha social. Felipe, mirando a la ignorante blanca casi con compasión, le respondió: «para que mi hija no sea tu empleada». En Bolivia (salvo la confusión interesada sembrada por los comunicadores masivos) está todo claro: hay una guerra de supervivencia entre el poder minoritario oligárquico (dueño del gobierno, de la Justicia, del Ejercito y de la policía) y las victimas propiciatorias del robo trasnacional: las multitudes desposeídas que bajan del Alto y de otras localidades rebeldes a reclamarle a sus verdugos, no pan ni mendrugos «asistencialistas», sino que devuelvan al pueblo boliviano los 100.000 millones en reservas que les robaron con las leyes dictadas por el Estado boliviano en su poder. Es una guerra desigual, donde unos (el establishment oligárquico y los macroladrones transnacionales) disponen del poder financiero, militar y mediático, y los otros (las mayorías desposeídas) solo cuentan con su vida y la decisión de enfrentarlos. Pero es una guerra a muerte, donde los saqueadores (la neo-piratería multinacional protegida por la bandera norteamericana) solo podrá «gozar del botín» eliminando físicamente a su propietario. O sea, a la mayoría desposeída de Bolivia. Por ahora, y como metodología para ganar tiempo, han colocado como «nuevo presidente» a uno de los asesores jurídicos de la estrategia del saqueo «legal»: Eduardo Rodríguez, consultor por igual de la multinacionales petroleras y de la embajada norteamericana. En Bolivia las cosas están claras como el agua: el establishment (mediante el divisionismo) consiguió desbloquear las rutas y continuar con el macrorobo legalizado, esta vez con otro gerente a cargo del Estado. Las organizaciones combativas (cada vez mas purificadas de los «moderados» cómplices del establishment) se han replegado para pensar la estrategia de la próxima batalla. Saben algo básico y elemental: están en condiciones de paralizar Bolivia y de arruinarles el negocio (el macrosaqueo) a los salteadores petroleros. En Bolivia, la guerra continúa.