Se conmemora estos días el trigésimo aniversario de la Huelga General convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, que de este modo se distanciaba definitivamente del gobierno de Felipe González tras las diferentes reconversiones y planes de ajuste del gobierno del PSOE. La convocatoria generó importantes expectativas en diversos sectores sociales que veían […]
Se conmemora estos días el trigésimo aniversario de la Huelga General convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, que de este modo se distanciaba definitivamente del gobierno de Felipe González tras las diferentes reconversiones y planes de ajuste del gobierno del PSOE. La convocatoria generó importantes expectativas en diversos sectores sociales que veían abrirse una posibilidad para continuar profundizando el rechazo a las medidas económicas gubernamentales que se presentaban a la opinión pública como sacrificios necesarios para modernizar la estructura productiva, adaptarse al marco europeo y ganar en competitividad.
Un largo período de acumulación de malestar
Visto en perspectiva, la convocatoria del 14 de diciembre de 1988 culminaba un largo y lento proceso de rechazo al proceso de reconversión industrial que, en diferentes fases, sacudió a buena parte de los sectores productivos. Las importantes movilizaciones impulsadas por la clase trabajadora durante los primeros años de la Transición fueron frenadas en seco con la firma de los Pactos de La Moncloa en 1977. Desde entonces, las direcciones sindicales impusieron una contención de las movilizaciones y un control de las reivindicaciones para que no se salieran de lo previsto en los Acuerdos que implicaron la devaluación de la peseta, la adopción de diversas medidas para frenar el impacto de la crisis del petróleo que sacudía a Europa occidental desde años antes, buscar el control de la inflación y la moderación de las reivindicaciones salariales. Los sindicatos, recién legalizados, se convirtieron en el interlocutor privilegiado del estado para eliminar de este modo a los movimientos asamblearios y aislar a los sectores radicalizados del movimiento obrero.
Durante los años siguientes, el pacto social se impuso aunque no logró evitar tensiones en algunos conflictos aislados y también dentro de Comisiones Obreras, donde una corriente partidaria de la movilización fue, en la mayor parte de los casos, yugulada desde la dirección.
Esto no evitó que en determinadas zonas fueran desarrollándose luchas de cierta intensidad relacionadas con la situación específica de cada territorio. Así, el PSOE, llegado al gobierno tras las elecciones de octubre de 1982, tuvo que hacer frente a su primera Huelga General en enero de 1983, en Gijón, que tuvo un importante impacto y seguimiento masivo. Diversas iniciativas similares se fueron sucediendo en otras zonas, siendo el caso más significativo el de Sagunto, en rechazo al cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo.
En todo caso, la resistencia obrera estuvo marcada por la desorientación de las y los trabajadores y el papel desmovilizador de los sindicatos. Es por esto que en su primera legislatura, la oposición a los planes del gobierno de Felipe González se canalizara a través del movimiento pacifista y el rechazo a la permanencia en la OTAN. La derrota del movimiento popular articulado en torno a la CEOP (Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas) fue aprovechada por el PSOE para convocar nuevas elecciones generales y revalidar la mayoría absoluta a pesar del malestar que generaba su política en el plano económico.
La segunda legislatura, con una oposición desfondada, fue la gran oportunidad del PSOE para imponer unos planes de ajuste y reconversiones que afectaron a buena parte de los sectores productivos (siderurgia, construcción naval, metal, pero también banca o sanidad). El resultado fue un fuerte incremento del paro que, en 1985 alcanzó la cifra récord de tres millones. En este contexto, se fueron abriendo paso iniciativas que empezaban a desmarcarse de los planes del gobierno como la Huelga General convocada por Comisiones Obreras en junio de 1985 en defensa de las pensiones. Aun así, esto no detuvo los planes gubernamentales que se justificaban como una necesidad para modernizar la estructura productiva, ganar en competitividad ante la incorporación a la Unión Europea y abrirse a nuevos sectores económicos terciarios.
La respuesta obrera fue la aparición de un goteo de movilizaciones para rechazar cada uno de los planes, pero sin una dirección adecuada lo que originó una fuerte radicalización en conflictos como la reconversión naval en Galicia, Cádiz, Euskadi o Asturies, en la minería asturiana con fuertes y contundentes protestas o en episodios aislados como en Reinosa, en Cantabria.
Se trataba de un proceso marcado por la derrota pero también por la búsqueda de salidas que pasaban por romper con la política de pacto social impuesta desde 1977. Al final, la derrota se convirtió en una acumulación creciente de malestar que obligó a las centrales sindicales a adoptar medidas de protesta más contundentes. Incluso la dirección de UGT acabó rompiendo con el PSOE, lo que facilitó la convergencia de las centrales mayoritarias para convocar una Huelga General, de ámbito estatal, para el 14 de diciembre de 1988
El 14-D
La convocatoria permitió reanimar a diversos sectores populares golpeados por las derrotas de la Transición y del referéndum contra la OTAN. De este modo se abrieron nuevos espacios para que la disidencia de izquierda en el mundo sindical pudiera expresarse y tomar la iniciativa tras los duros años de travesía del desierto.
El detonante de la convocatoria fue la aprobación por el Gobierno del Plan de Empleo Juvenil (PEJ) que abría paso a lo que más adelante se conocería como el trabajo basura a través de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), denunciando los beneficios que el citado Plan concedía a la parte empresarial por medio de subvenciones y reducciones de cuotas para la Seguridad Social. A esto se añadieron otras reivindicaciones como la equiparación de las pensiones mínimas con el salario mínimo y el derecho a la negociación colectiva para el personal funcionario, reflejo de la gran huelga docente de la primavera de ese mismo año que acabó con la posterior dimisión del Ministro José María Maravall.
La tensión fue aumentando en las semanas previas a la huelga al sumarse a la misma múltiples sectores que presentaban sus propias demandas tras años de desmovilización y retroceso. El día elegido comenzó a las 0.00 horas del 14 de diciembre con la interrupción de las emisiones de TVE y de Radio Nacional (RNE) por decisión colectiva de la plantilla reunida en asamblea. Fue una intensa noche de piquetes que inundaron los lugares centrales de las grandes ciudades y de asambleas en centros fabriles para imponer el paro de la producción con gigantescas manifestaciones en casi todas las ciudades grandes y medias.
El gobierno sufrió un duro golpe y no tuvo más opción que abrir un proceso de negociación posterior con las centrales sindicales convocantes, cuyos frutos fueron, al final, muy limitados e insatisfactorios. Pero esa ya, es otra etapa.
Escrito entonces, ver:
«Los días después» editoral nº 465 del COMBATE de la LCR el 20-D [u1] 1988 http://cdn.vientosur.info/Capitulo%208%20PDFs/Doc.%208.55.pdf
«El potencial político del 14-D», artículo del nº 468 del COMBATE de la LCR el 9 de febrero de 1989 http://cdn.vientosur.info/Capitulo%208%20PDFs/Doc.%208.57.pdf
Tino Brugos es miembro de la redacción web de viento sur.
Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14442