Una campaña de desinformación, dentro y fuera de Venezuela, en la que ha sido tomada en cuenta la derechista oposición boliviana de PPB-CN, ha sido activada para tratar de evitar un triunfo holgado de los candidatos del partido del socialista Hugo Chávez el domingo 26 de septiembre, que según últimos sondeos de opinión ya tienen […]
Una campaña de desinformación, dentro y fuera de Venezuela, en la que ha sido tomada en cuenta la derechista oposición boliviana de PPB-CN, ha sido activada para tratar de evitar un triunfo holgado de los candidatos del partido del socialista Hugo Chávez el domingo 26 de septiembre, que según últimos sondeos de opinión ya tienen asegurado 124 escaños de los 167 en disputa.
A dos semanas de las elecciones legislativas en Venezuela, en las que se está jugando algo más que la selección de diputados de la Asamblea Nacional, una campaña de desinformación orientada a deslegitimar el eminente triunfo del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) ha sido activada, con operadores internos y en otros países de la región, por los servicios secretos de los Estados Unidos.
El eje principal del plan le ha sido asignado a la Human Right Fundation, cuyo presidente es el venezolano-estadounidense, Thor Halvorssen, conocido por su abierta y sistemática oposición al presidente Hugo Chávez desde 1998, cuando el coronel, que hace poco había salido libre de la cárcel por encabezar un levantamiento cívico-militar contra el presidente Carlos Andrés Perez en 1992, se alzaba victorioso en unas elecciones generales que cambiaron el rumbo de ese país sudamericano.
De acuerdo a la información a la que se ha tenido acceso a través de una fuente vinculada a la oposición boliviana, la Human Right Fundation ha tomado contacto con dirigentes políticos y activistas «de tendencia conservadora» de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sin descartarse a otros en Estados Unidos y España, para «hacer conocer» las ventajas que los candidatos del PSUV tienen para encarar su campaña rumbo a la Asamblea Nacional Venezolana, «mientras la oposición sufre una serie de limitaciones».
Una de las «portavoces» de la campaña internacional ha sido identificada como la boliviana Carmen González de la coalición derechista Plan Progreso Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN), quien desde su conocimiento de temas electorales deberá cuestionar la limpieza del proceso electoral en el momento en que el partido de Chávez tenga una ventaja.
La Human Right Fundation ha abierto oficinas en Bolivia a poco menos de dos años de que Evo Morales asumió la presidencia de ese país, hoy declarado Estado Plurinacional, y sus principales acciones han girado en torno a su decidido apoyo a los referéndum ilegales convocados por el bloque cívico-prefectural en el primer semestre de 2008 (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) en torno al tema autonómico y la elaboración de un informe favorable a Leopoldo Fernández, actualmente detenido por la masacre de humildes pobladores en la localidad de Porvenir, en el norteño departamento de Pando.
También se han encontrado vínculos entre la Human Right Fundation y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el intento de golpe de Estado en Bolivia en agosto y septiembre de 2008, al que el gobierno boliviano calificó de «golpe cívico-prefectural». Hugo Achá, el presidente de la fundación estadounidense con asiento en el oriental departamento de Santa Cruz, huyó el año pasado a los Estados Unidos luego que se encontraran pruebas de su relación con el grupo paramilitar conducido por el húngaro-boliviano Rozsá.
En el plano interno, casualidad o no, a fines de agosto Vicente Díaz, rector y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento de la Corte Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, ha denunciado al presidente Chávez por participar en la campaña electoral y del «ventajismo» del que gozan los candidatos en las listas del partido oficialista.
Las declaraciones de Díaz han sido rechazadas por la presidente del organismo electoral, Tibisay Lucena, quien aclaró que las observaciones de uno de los rectores no han sido puestas a consideración de la CNE, lo cual es el procedimiento establecido para casos como esos.
A propósito del organismo electoral. Un informe al 31 de agosto de la CNE establece que en materia de propaganda electoral por medios masivos de radio y televisión, el PSUV ha contratado 44 minutos (30%) y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha llegado a ocupar 1 hora y 21 minutos (70%). Empero, la ofensiva mediática, dentro y fuera de Venezuela, apunta a dar una imagen inversa.
Si bien el proceso de auditoría de las máquinas electorales han conducido a que María Corina Machado, candidata opositora, a decir que «para este proceso se van a abrir mas de 54% de las cajas, se modificó el software y hoy no es posible violar el secreto del voto», la HRF tiene a la joven política, que en mayo de 2005 se reunió con Bush en la Casa Blanca, a la responsable de denunciar fraude en el proceso electoral y de imparcialidad a la CNE.
Corina Machado ha sido la fundadora de Súmate -un organismo que con recursos estadounidenses para la subversión trabaja en temas de democracia y participación ciudadana- y en febrero pasado renunció a la presidencia de esa ONG para habilitarse como candidata a las elecciones legislativas.
Otro de los ejes de la campaña destinada a deslegitimar las elecciones del 26 de septiembre, donde hasta la primera semana de septiembre el PSUV tenía asegurado 124 escaños, incluido a los tres de pueblos indígenas, de los 167 que están en disputa, es la denuncia de la insensibilidad del gobierno y la persecución política. La muerte del agricultor Franklin Brito en los primeros días de este mes, luego de una larga huelga de hambre en demanda de sus derechos sobre una propiedad agraria que el gobierno le tenía plenamente garantizado, ha sido utilizado por la oposición en el velorio y entierro de ese ciudadano, sin los resultados esperados.
Por otra parte, la detención de Alejandro Peña Esclusa el 12 de julio pasado, luego que el terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca fuese capturado, el 1 de ese mes, al intentar ingresar por el aeropuerto internacional de Maiquetía, para organizar acciones de sabotaje a las elecciones legislativas, forma parte de la campaña opositora.
La intromisión de Estados Unidos en las elecciones legislativas venezolanas ha sido puesta en evidencia luego que documentos de la agencia oficial de ayuda exterior estadounidense confirmaran el financiamiento con más de 50 millones de dólares a las arcas de la oposición, según ha denunciado el intelectual James Petras el 26 de agosto pasado.
La relación de la Human Right Fundation y UnoAmérica, de la que Peña Esclusa, es su presidente, ha sido confirmada en Bolivia por los datos que se tienen del movimiento de Hugo Achá, quien estaba en conocimiento de la llegada de paramilitares vinculados a los «carapintadas» de la Argentina al departamento boliviano de Santa Cruz en 2008.
UnoAmérica es otra organización de extrema derecha que está integrada por sicarios y ex paramilitares de Colombia y El Salvador, cuyo financiamiento conduce al territorio colombiano.
Human Right Fundation fue fundada en 2005 por Thor Halvorssen Mendoza con el apoyo de su padre, Thor Halvorssen Hellum, un ex-agente de la CIA encargado de ejecutar acciones en El Salvador y Nicaragua en la década de los 80, cuando Estados Unidos movió armas y millones de dólares para respaldar la lucha contrainsurgente contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el primer caso, y derrocar al gobierno sandinista, en el segundo caso.
El fundador de la HRF llegó a ser zar antidrogas y a presidir la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) durante el gobierno de Carlos Andrés Perez y junto a Hilda Mendoza conformó una de las familias más poderosas e influyentes de Venezuela.
Entre los estrechos aliados de Halvorssen está el religioso Pat Robertson, quien ha sugerido asesinar al presidente Chávez en 2005 y Armando Valladares, un ex oficial del grupo represor del dictador Fulgencio Batista, derrotado por la revolución cubana en 1959.
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