La gran polarización en la distribución de la renta, con disminución del porcentaje que las rentas del trabajo representan del total de la renta nacional (a costa del incremento de las rentas del capital, y muy en particular el capital financiero-la banca) ha sido la causa -como lo fue también de la Gran Depresión de principios de siglo XX- de las crisis económica y financiera actuales. La escasez de capacidad adquisitiva de las clases populares ha creado un problema grave de insuficiente demanda, responsable del escaso crecimiento económico. Y los exuberantes beneficios de la banca han derivado primordialmente de inversiones especulativas, creándose el complejo -capital financiero-inmobiliarias-construcción- responsable de los elevados precios de la vivienda, incrementándose todavía más el gran endeudamiento de las clases populares.
Una de las causas más importantes de la crisis económica y financiera actual que apenas ha salido en los medios de información ha sido la polarización en la distribución de las rentas que ha ocurrido desde los años ochenta en la mayoría de los países de la OECD a partir de la revolución neoliberal iniciada por el Presidente Reagan en EE.UU. y por la Sra. Thatcher en Gran Bretaña. Durante el periodo 1980-2005 hemos visto en estos países la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal (con políticas fiscales claramente favorables al mundo empresarial y a las rentas superiores), la privatización de los servicios públicos, y el desarrollo de políticas monetarias que han favorecido al capital financiero (los bancos) a costa del mundo productivo, dando prioridad al control de la inflación sobre el estímulo económico. Tales políticas han sido promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, y a nivel europeo por la Comisión Europea (cuyos Comisarios de Economía y Asuntos Monetarios han sido los guardianes de tal ortodoxia liberal inscrita en el Pacto de Estabilidad que ha dificultado el incremento del gasto público), y por el Banco Central Europeo (cuyas políticas de control de la inflación se han realizado a costa del crecimiento económico y de la creación de empleo). Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de países de la UE un aumento del desempleo (mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo anterior 1950-1980 cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas. En el promedio de los países de la eurozona, las rentas del trabajo pasaron de representar el 70% de la renta nacional en 1992, a un 62% en el año 2005. En España, tal descenso fue incluso mayor. Las rentas del trabajo pasaron de representar el 72% al 61% de la renta nacional durante el mismo periodo. Este descenso de tales rentas (medidas por la masa salarial) es la mayor responsable de la caída de la demanda (causa mayor de la crisis económica).
Hubiera sido mejor que la banca (y las cajas) hubieran invertido más en áreas de clara necesidad social (en lugar de construir siete veces más viviendas de las que el país necesita). Y que el Estado hubiera estado dirigido por mentalidades menos liberales y más keynesianas, estimulando otra política crediticia, menos favorable a la especulación y más favorable a la producción de bienes y consumos necesarios.
¿Cuál es la solución? La derecha propone reducir los impuestos como manera de estimular la economía, lo cual se ha demostrado una y otra vez, que tiene un impacto estimulante menor, pues las clases populares, enormemente endeudadas, utilizan los fondos extras para pagar sus deudas. Más eficaz es conseguir el aumento de las rentas del trabajo (que se consumen casi en su totalidad) y el descenso de las rentas del capital, a través de políticas redistributivas; y aumentar inmediatamente la demanda a través del gasto público excesivamente bajo en España (una de las causas de su baja productividad), creando empleo en obras públicas y en servicios públicos como sanidad, escuelas de infancia, servicios domiciliarios y otros servicios que están claramente subfinanciados.