El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó el 17 de setiembre una acción directa de inconstitucionalidad (ADIN) propuesta por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), reconociendo como inconstitucional la posibilidad abierta de un financiamiento privado, por empresas de las campañas electorales. La ley que rigió para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2014 logró imponer […]
El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó el 17 de setiembre una acción directa de inconstitucionalidad (ADIN) propuesta por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), reconociendo como inconstitucional la posibilidad abierta de un financiamiento privado, por empresas de las campañas electorales.
La ley que rigió para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2014 logró imponer un Congreso, vigente en la actualidad, con mayoría de parlamentarios elegidos por el mecanismo del lobby empresarial. Las empresas pagan las campañas electorales con el compromiso «oculto» de los candidatos que luego como parlamentarios votan las leyes que beneficien los intereses empresariales.
Esto no significa que antes de esa ley no existieran bancadas empresariales en Diputados o en el Senado. Las grandes empresas como Gerdau o Vale, para dar sólo dos ejemplos, siempre tuvieron bancadas parlamentarias que defendían sus intereses. Pero la ley aprobada para la elección anterior facilitaba mucho la compra directa de parlamentarios a través de financiar sus campañas. Y hacía una selección «ética» de los representantes: cuanto más corrupto fueran, más financiación de campaña obtenían.
Y tuvo además otra consecuencia nefasta y es que quién se dedicó a promover y articular exclusivamente el lobby empresarial, Eduardo Cunha, terminó siendo presidente de la cámara de diputados. No por casualidad Cunha tenía la experiencia acumulada como colaborador de PC Farias y su esquema de corrupción de apoyo a Collor de Melo.
Hoy la cara visible del lobby empresarial es la bancada mayoritaria del parlamento denominada BBB (boy, bala, biblia) que unifica los diputados representantes del agro-negocio, la represión y la intolerancia evangélica.
Pero los grandes medios no sacan todas las consecuencias de esta resolución del STF. La integración actual del Congreso es resultado de una ley inconstitucional aprobada por el parlamento. De manera que es obvia la falta total de legitimidad de un Congreso basado en la violación constitucional. Todas las medidas retrógradas aprobadas por este Congreso en 2015 tienen la misma ilegitimidad que el cuerpo que las votó.
Existe una campaña de la oposición del PSDB y parte de los «aliados» del gobierno, -PMDB incluido- a favor de un impeachment a la presidente Dilma Rousseff por aspectos administrativos dudosos de su gobierno. Pero en realidad es una estrategia política de «golpe blanco» para poner al país en manos de los representantes directos del capital financiero. Es una campaña que estriba en una ilegitimidad real de Dilma que ha perdido la mayoría de su apoyo popular por aplicar un ajuste fiscal contrario a la población y a lo que propuso en su campaña electoral.
La paradoja es que la resolución sobre el impeachment la debería tomar este Congreso ilegítimo resultado de una ley inconstitucional.
La conclusión es obvia: la falta de legitimidad es un componente del conjunto del sistema político brasileño. Es hoy intrínseca a la institucionalidad burguesa y al actual sistema electoral corrupto de democracia representativa a la brasileña
¿No existe solución? Los pueblos del mundo siempre han recurrido a la democracia directa para emerger de estos callejones sin salida. Es necesario entonces encontrar los mecanismos que permitan que el poder emane del pueblo movilizado y se imponga anta le ilegitimidad institucional.
Juan Luis Berterretche. Integrante del consejo de edición y redacción de Desacato.info
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