Un informe Harvest y Rainforest Foundation Norway alerta de que, a pesar de los compromisos de la industria, las grandes comercializadoras de soja han incrementado la destrucción de zonas de alto valor ecológico.
En cuestiones ecológicas es un clásico omnipresente que las buenas palabras e intenciones precedan a unos hechos que van en el camino contrario, y en lo relativo a la preservación de los ecosistemas de la Amazonía y la rica sabana sudamericana, Brasil, más que ser una excepción, sigue la regla a rajatabla. Con motivo del Día Internacional de los Bosques, las organizaciones Harvest y Rainforest Foundation, de la mano de Ecologistas en Acción, han presentado en España un informe en el que los datos dejan en evidencia la supuesta protección a la que se comprometieron Gobierno e industria sojera de los rica biodiversidad brasileña.
En el año 2019 seis de las grandes comercializadoras de soja globales —DM, Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company (LDC) y Viterra (Glencore Agriculture)— creaban la el Soft Commodities Forum (SCF), una plataforma por la que afirmaron que protegerían 25 zonas de alto riesgo de la ecorregión del Cerrado, la sabana brasileña que ocupa el 22% del país —el 36% si se suman su áreas de transición— y estáconsiderada como uno de los ecosistemas más valiosos del mundo dada su enorme biodiversidad. En 2021, las áreas de alto riesgo que multinacionales se comprometían a cuidar para que no se produjese más pérdida de bosque ascendían a 61 en 2021.
El 17% de las importaciones de soja brasileña que los países europeos realizan están vinculadas a la tala ilegal en zonas de altísimo valor ecológico
Sin embargo, la investigación presentada este lunes remarca que la tasa de deforestación y conversión de vegetación nativa creció un 34% entre 2018 y 2020 en las 25 áreas de alto riesgo iniciales, aumentando al 61% si se mira solo las explotaciones de soja. Lejos de finalizar en 2020 ese proceso, entre agosto de dicho año y julio de 2021 se deforestaron 235.917 hectáreas adicionales en los 61 municipios protegidos, lo que implica que ningún cultivo de soja de la zona cumpliría con las normas pactadas por el sector ni con la fecha límite de 2020 para acabar con la deforestación marcada por algunos compradores.
Más almacenamiento, menos bosque
Los planes de las empresas, según denuncian las tres organizaciones, tampoco parece que vayan en la dirección que manifiestan en los mensajes públicos que lanzan las empresas adscrita al SCF. “Contrariamente a sus compromisos, las empresas sojeras han invertido en silos que amplían su capacidad de almacenamiento en 279.000 toneladas, lo cual evidencia el riesgo de continuar deforestando”, apuntan los firmantes del informe. En concreto, Bunge es la compañía que más ha ampliado su capacidad de almacenamiento, con 115.000 toneladas extra, mientras ALZ Grãos la ha incrementado en 110.000 toneladas y COFCO International en 54.000 toneladas.
“Durante demasiado tiempo se ha permitido a la industria de la soja destruir algunos de los ecosistemas más valiosos del mundo”, señalaba este lunes Nils Hermann Ranum, director del Programa contra la deforestación de Rainforest Foundation Norway. “Los inversores y empresas responsables deberían revisar su exposición y exigir a las comercializadoras de soja que saquen la deforestación de sus cadenas de suministro”.
Reglamento europeo
Precisamente estos días se está debatiendo en la Unión Europea el Reglamento europeo para luchar contra la deforestación, una legislación que pretende poner coto a hecho como que el 17% de las importaciones de soja brasileña que los países europeos realizan están vinculadas a la tala ilegal en zonas de altísimo valor como son la Amazonía y El Cerrado.
El 17 de marzo Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF denunciaron las presiones de la industria para debilitar la futura ley y hacerla más laxa. Una de esas carencias es, precisamente, que la propuesta no incluye la protección de zonas como El Cerrado, lo que “permitiría a las empresas satisfacer la demanda de la UE y seguir deforestando sin necesidad de trazabilidad o mecanismos de control”, indican los ecologistas.
Las seis organizaciones alertaban de que “sin una trazabilidad completa, sin incluir otros ecosistemas además de los bosques, y con una fecha límite posterior a 2020 que garantice que los productos no proceden de territorio deforestado, el Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada podría correr el riesgo de no frenar la deforestación”.
Como señalaba Anahita Yousefi, directora de Harvest, “las deficiencias de los compromisos voluntarios del sector privado son evidentes y ahora corresponde a los legisladores de la UE garantizar mecanismos eficaces para frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad”.
España no se moja
Las seis organizaciones también han criticado la postura del Gobierno español y han pedido a este que no ceda a las presiones de la industria, especialmente la del pienso, muy presente en España para alimentar a la industria de las macrogranjas y la ganadería intensiva.
Con cifras relativas a 2017, España, se erigía como el tercer país que más deforestación importada producida. En concreto, el 16% del total de la de la UE.
El Gobierno español ha estado en los últimos meses realizando un estudio de las consecuencias que tendría la aplicación del Reglamento. Si bien el documento no se hará público oficialmente, ya se conoce que, si bien el documento aboga por no rebajar las prohibiciones ni la ambición ambiental de la propuesta de la Comisión Europea, por otro lado exige no afectar los costes de producción de la industria de piensos y la ganadería industrial con el argumento de que la industria cárnica española perdería competitividad.
Ante ese tipo de argumentos, Tom Kucharz e Isabel Fernández, coordinadores del proyecto Los rostros de la soja de Ecologistas en Acción, señalan: “Tanto inversores como consumidores deben conocer las dinámicas e impactos ambientales y sociales asociados a la producción de soja y los sectores que la emplean —como la alimentación animal— y no limitarse a aceptar como válidas las políticas corporativas de deforestación cero de las grandes comercializadoras de grano”.