El anunciado viaje al «centro» de Zapatero no podía tener mejor brújula que la que sostiene permanentemente virada hacia la derecha el vicepresidente económico, Pedro Solbes. El ministro confiesa sin sonrojo que sus amigos, los empresarios, le habían expresado su deseo de que continuara en política. Y Solbes -imagino-, un poco para evitar el trauma […]
El anunciado viaje al «centro» de Zapatero no podía tener mejor brújula que la que sostiene permanentemente virada hacia la derecha el vicepresidente económico, Pedro Solbes. El ministro confiesa sin sonrojo que sus amigos, los empresarios, le habían expresado su deseo de que continuara en política. Y Solbes -imagino-, un poco para evitar el trauma a sus más allegados y otro poco por dar ejemplo de lo estupendo que es trabajar después de los 65 años -asunto éste tan promocionado por el Gobierno como el conejo navideño o la reducción de las propinas- decidió permanecer al frente de la economía española, si el PSOE continúa en el poder.
En estos tiempos en los que la inflación anda disparatada, con el encarecimiento diario de los precios -más de un 1% sólo en el último mes-, Solbes no nos sorprende cuando invita a los sindicatos a la prudencia salarial en la negociación de los convenios, aunque sí que lo hace cuando ejerce de futurólogo y habla de las expectativas de inflación. Sería verdaderamente difícil que no acertara en sus augurios, sobre todo porque un día dice una cosa, y al otro, la contraria. Y si el pasado 30 de noviembre avisaba de que la inflación seguiría en niveles altos los próximos meses, con cifras en torno al 4%; la bola de cristal le anunció el domingo que la escalada del IPC se frenará a finales de año. «Si todo el mundo se comporta de forma racional, no habrá efectos de segunda ronda», sentencia el ministro; y esta apelación a la racionalidad se dirige a los de siempre; así la traduce ipso facto el secretario de Estado de Economía: el Gobierno «socialista» pretende que los trabajadores renuncien a incluir la subida del 4% del IPC en los sueldos; el Ejecutivo quiere ahora que se negocie en base a la media anual.
Durante años, y mientras la tasa de inflación al cierre de año era inferior a la media nadie defendió esta metodología de cálculo. Pero ahora, cuando la fórmula consensuada permite mantener el poder adquisitivo de los sueldos del grueso de los trabajadores, alzan la voz Gobierno estatal y empresarios. A ver qué les parece la brillante idea del sacrificio salarial a los representantes de los sindicatos mayoritarios; a ver qué tal les cuadra en su bonito objetivo llamado paz social. El 70% de los trabajadores está sujeto a cláusulas de revisión para compensar las desviaciones en la inflación prevista. Según la CEOE, cada trabajador costará unos 400 euros más en 2008; unos 3.000 millones de euros para las empresas; las mismas empresas que llevan varios años consecutivos encadenando beneficios muy por encima de las subidas salariales.
Los salarios en España deben crecer como mínimo el 4%, no sólo porque rozan el ridículo si los comparamos con los de la mayoría de nuestros vecinos europeos, sino porque ésta es la única vía para que los trabajadores recuperen parte del poder adquisitivo que han venido perdiendo en los últimos años. Las familias malviven cada día más endeudadas debido a la feroz escalada de las hipotecas y a la subida del petróleo, a las que se han añadido las fuertes alzas experimentadas por los alimentos básicos. Además, los incrementos salariales, como bien recuerda el responsable de Seguridad Social, Octavio Granado, elevan las bases de cotización, esto es, lo que empresarios y trabajadores abonan a la Seguridad Social, garantizando las futuras prestaciones sociales; y al mismo tiempo -añado- permiten que el crecimiento económico y el consumo familiar no se vean frenados. Y éstos siempre fueron objetivos fundamentales; ¿o ya no es así?
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