El Congreso de EEUU estableció el pasado 1 de septiembre una Comisión (compuesta por seis demócratas y cuatro republicanos) con el fin de analizar las causas de la crisis financiera, asignar responsabilidades y proponer medidas legislativas que prevengan la aparición de nuevas crisis. Está Comisión está dotada de un equipo técnico dirigido por Thomas Greene, […]
El Congreso de EEUU estableció el pasado 1 de septiembre una Comisión (compuesta por seis demócratas y cuatro republicanos) con el fin de analizar las causas de la crisis financiera, asignar responsabilidades y proponer medidas legislativas que prevengan la aparición de nuevas crisis. Está Comisión está dotada de un equipo técnico dirigido por Thomas Greene, que fue fiscal del Estado de California cuando se investigó el caso Enron, entre otros.
El Presidente (en inglés Chairman) de la Comisión, el demócrata Phil Angelides, intenta que su impacto sea semejante al que tuvo la comisión Pecora (que debe su nombre a su Presidente, Fernandín Pecora), nombrada en el New Deal cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt dirigió la recuperación de la economía estadounidense durante la Gran Depresión. Tal Comisión del Congreso propuso toda una serie de leyes que, una vez aprobadas por el Congreso, pasaron a ser la arquitectura regulatoria del sistema financiero estadounidense. Una pieza clave de esta arquitectura fue la Ley Glass-Steagall Act, que separó los bancos de depósitos (commercial banks) de los bancos de inversión (investment banks), a fin de proteger a la banca comercial de los riesgos que conllevan las actividades (muchas veces especulativas) de los bancos de inversión. Esta ley fue anulada por el Presidente Clinton siguiendo el consejo de su Secretario del Tesoro (equivalente a Ministro de Economía y Hacienda en EEUU) Larry Summers, y es ampliamente reconocido que su anulación es una de las causas más importantes del desarrollo de la crisis financiera.
Además de esta Comisión, en la Cámara Baja del Congreso existe un Comité, el Comité de la Reforma y Supervisión del Gobierno (House Committee on Oversight and Government Reform), presidido por Edolphus Towns, demócrata de Brooklin, Nueva York, que también está analizando las causas de la crisis. Tal Comité tiene el poder de llamar a cualquier miembro de la Administración Pública para que dé testimonio, incluidos miembros del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board – FRB), habiendo puesto en situaciones incómodas a los representantes del Banco. Tal Comité ha sido muy crítico con el comportamiento del FRB, no sólo en la génesis de la crisis, sino también en la manera como se ha llevado a cabo el rescate de la Banca en EEUU (centrada en Wall Street).
Cuatro son las conclusiones que se derivan de estas investigaciones. Una es que la eliminación de la citada ley Glass-Steagall que facilitó la aparición de enormes megabancos que han gozado de una enorme influencia en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el FRB. La mayor motivación de la Administración Bush y la Administración Obama ha sido salvar a estos megabancos a toda costa bajo el argumento de que son demasiado grandes para permitir que quiebren. Han considerado que su colapso dañaría a la economía estadounidense y a la mundial. Las medidas de apoyo a tales bancos han ido encaminadas a mantenerlos con el tamaño actual, y ello a costa de permitirles que sigan con sus prácticas habituales. Una pieza clave para su mantenimiento era salvar la compañía de seguros AIG (pues era la que aseguraba los instrumentos con mayor riesgo o derivativos, que poseían aquellos megabancos). La ayuda que significó el control de AIG por el Gobierno federal ha permitido canalizar gran número de productos tóxicos hacia tal compañía de seguros, así como hacia las compañías federalizadas como Fannie Mae y Federal Reserve Look. Tal canalización de dichos productos tóxicos se ha hecho de una manera opaca sin el conocimiento de la ciudadanía, pues el Ministerio de Economía y Hacienda era plenamente consciente de que se estaba salvando a los megabancos mediante la absorción de los productos tóxicos por parte de las instituciones bancarias federales.
Una segunda conclusión es que había un fraude generalizado en las prácticas de los megabancos, fraudes que eran conocidos por las agencias de regulación federal que mantuvieron una actitud laxa en su responsabilidad reguladora. La Comisión y el Comité explican este comportamiento por la enorme influencia que ejercen los megabancos sobre el gobierno federal, tanto a nivel del ejecutivo como a nivel del legislativo, influencia que se traduce en las conexiones existentes entre la clase política y la administración pública por un lado y los megabancos por el otro.
Una tercera conclusión importante a señalar es que la crisis financiera tiene, en realidad, causas políticas. Aunque los republicanos han sido los que han enfatizado más la desregulación de la banca y han sido los mayores responsables de la creación de una cultura de laxitud en el comportamiento de las agencias públicas reguladoras (consecuencia de sus creencias liberales), los demócratas han sido determinantes en el desarrollo de tales comportamientos. La terminación de la Glass-Steagall Act tuvo lugar en 1999, bajo la Administración Clinton, conocedora de la existencia de tales prácticas fraudulentas, pues eran conocidas por el Ministerio de Economía y Hacienda muchos años antes, desde el principio de su Administración.
Una cuarta conclusión es que la institución con mayor responsabilidad sobre esta colección de «irresponsabilidades» fue el FRB, que falló estrepitosamente en su función reguladora del sistema bancario, fallo que se atribuye a estar imbuida de una ideología liberal que sistemáticamente favorecía al capital financiero sobre el capital productivo y al mundo del capital sobre el mundo del trabajo, contribuyendo a un enorme crecimiento de la polarización de rentas, una de las causas de la crisis (ver mi artículo «La silenciada causa de la crisis», Público, 19.03.09). El gurú de tales políticas fue su gobernador, Alan Greenspan, que había sido canonizado por el establishment financiero, político y mediático de aquel país, refiriéndose a él como el Maestro. Las políticas crediticias del FRB jugaron un papel clave en la creación de las burbujas, de las cuales, la inmobiliaria había sido la última y más destructiva.
De estas conclusiones se derivan varias reflexiones. Una de ellas, ya mencionada en las conclusiones citadas anteriormente, es que la causa de la crisis es política y toca un tema que no debe soslayarse si quiere resolverse el problema. Y es la enorme influencia que el poder financiero tiene en la democracia estadounidense (y en la mayoría de democracias, incluyendo España). La financiación de las campañas electorales de EEUU por parte del capital financiero (con millones de dólares asignados a los miembros de los Comités que supervisan el capital financiero) está corrompiendo el sistema político. Es de una enorme incoherencia que incluso articulistas que se autodefinen como progresistas en España, defienden que poderes económicos puedan aportar fondos a los partidos y a los candidatos. Esta práctica corrompe a la democracia. Y el ejemplo de EEUU es contundente.
Las propuestas que se están barajando en el citado Comité de la Cámara Baja (prohibir que los bancos puedan contribuir a las campañas electorales de los miembros de los Comités que supervisan a la banca) son necesarias, pero dramáticamente insuficientes. La influencia de la banca y de las compañías de seguros va incluso más allá de la financiación de las campañas electorales de los políticos. Incluye otras maneras de ejercer su influencia, tales como el hecho de que la mayoría de lobistas que defienden los intereses de la Banca han trabajado antes en aquellos Comités que supervisan a la Banca. Estas redes de influencia también corrompen la democracia.
Además de los lobistas, existe la puerta rotativa de cargos políticos que proceden de la banca y cargos bancarios que proceden del mundo político. Geithner (el Ministro actual de Economía de la Administración Obama, encargado de rescatar la banca) tiene como su jefe de gabinete al que había sido jefe del grupo de lobistas de Goldman Sachs (uno de los bancos más beneficiados en la tal llamada recuperación financiera federal). El secretario general de tal Ministerio había sido el delegado general de City Group (otro banco ayudado). Otro delegado de City Group trabaja en la Casa Blanca asesorando al Presidente Obama, el cual ha nombrado también a un economista que dirigió UBS (hoy en los tribunales por asesorar a ricos sobre cómo realizar fraude fiscal), como miembro del grupo de trabajo que trabaja en la recuperación económica.
Tal maridaje (bajo la administración Obama) del gobierno federal con Wall Street, continúa el existente bajo las administraciones anteriores. El Ministro de Economía de la Administración Bush junior fue Henry Paulson, presidente de Goldman Sachs, y uno de los mayores proponentes de la desregulación financiera, habiendo terminado la normativa de la Comisión de Seguridades e Intercambios (Securities and Exchange Commissions), que prohibía ciertas prácticas crediticias de tipo especulativo. Y el mismo Ministro actual de Economía, el Sr. Geithner, cuando era el director del FRB de Nueva York, fue uno de los mayores proponentes de la desregulación bancaria, conociéndose su amistad con los máximos dirigentes de Wall Street. Todos estos y otros datos explican que en una entrevista al que fue el principal economista (chief economist) del Fondo Monetario Internacional, Mr. Simon Johnson, éste definiera en un reciente artículo en Athlantic Monthly (mayo de 2009) que lo que había ocurrido en EEUU era un golpe de estado «silencioso y silenciado» del capital financiero que había tomado el gobierno federal.
El neoliberalismo facilitó tal corrupción
Es importante subrayar que tales conexiones han representado la matriz material sobre la cual se ha basado el proyecto neoliberal. La fortaleza de este último es el síntoma del poder del capital financiero. Tal neoliberalismo ha sido la justificación de unas políticas enormemente corruptas, desarrolladas predominantemente en beneficio de los intereses del capital financiero. Creerse que los que promueven el neoliberalismo están equivocados es asumir que no saben lo que hacen. Lo saben y les está yendo muy bien. Como siempre ha hecho cualquier clase o élite dominante, ha identificado sus intereses con los intereses del país. Un ejemplo de ello es el Sr. Summers, uno de los diseñadores de las políticas de rescate de la banca. Summers es el chief economic advisor del Presidente Obama, que no tuvo ninguna duda en desarrollar el mayor programa de beneficencia asistencial que se haya conocido en la historia de cualquier país, beneficencia de asistencia, no a los pobres, sino a los bancos. El Sr. Summers, que fue uno de los arquitectos del programa de privatizaciones en los países del Este de Europa (responsable de que la esperanza de vida de Rusia descendiera dramáticamente) defendió sus políticas bajo el argumento de que defendía los intereses del país. En realidad, los únicos que se beneficiaron fueron los intereses bancarios (y empresariales) de EEUU, para los cuales trabajaba, incluyendo el City Group y los hedge funds (de los cuales ha recibido, en estos últimos años, cinco millones de dólares).
La pregunta que se han hecho sectores progresistas que apoyaron a Obama, es cómo pudo el presidente Obama nombrar a estas personas tan próximas a Wall Street, algunas de las cuales eran responsables de las medidas desreguladoras que habían desencadenado la crisis. La respuesta que dio Obama es que necesitaba nombrar a personas que conocían bien el sistema financiero para poder resolver la crisis, subrayando que él sería quien dictaría las políticas a seguir. Obama, sin embargo, había aceptado el marco ideológico, el neoliberalismo, que había promovido las causas de la crisis. De ahí que el resultado ha sido que se han desarrollado políticas que han fortalecido a los megabancos. Podría haber nombrado a otros economistas, también conocedores del sistema financiero, que podrían haber seguido políticas distintas. Pero, escogió a aquellos economistas liberales porque encajaban con su percepción de lo que era necesario para resolver la crisis. Identificó los intereses de la banca con los intereses del país.
La relevancia de estos hechos en España
En la lectura de este artículo, el lector habrá podido ver algunas semejanzas con el caso español. El enorme fallo del Banco de España en la supervisión y regulación de la banca, en su laxitud reguladora, en su incapacidad de prevenir la burbuja inmobiliaria (la mayor responsable de la crisis financiera en España), su excesiva complicidad con la banca, su liberalismo financiero y económico, su falta de transparencia y responsabilidad pública, son todos ellos datos que debieran exigir el establecimiento de una comisión parlamentaria de análisis de cuáles han sido las causas de tal crisis en España, incluyendo también un estudio de las relaciones entre la Administración Pública por una parte y los intereses económicos y financieros por otra. La gran tolerancia hacia la existencia de estas relaciones (tipificada por el caso David Taguas, procedente de la Banca, que pasó de trabajar en La Moncloa diseñando políticas económicas y financieras, a dirigir el lobby inmobiliario constructor) es también síntoma de esta política corrupta que está dañando enormemente a la democracia española.
Por otra parte, la misma pregunta que las fuerzas progresistas estadounidenses le hacen a Obama, debiera hacerse al Presidente Zapatero. ¿Cómo es que muchos de los economistas de los sucesivos equipos económicos del gobierno socialista han pertenecido a la sensibilidad liberal (Taguas favorece la privatización de la Seguridad Social, como ha ocurrido en Chile), procedentes muchos de ellos de los centros de estudios de la Banca o del Banco de España? ¿Cómo es que el Gobierno nombró a Fernández Ordóñez, conocido liberal, Gobernador del Banco de España, institución que ha confundido los intereses de la Banca con los intereses de España y que ha sido uno de los agentes que han fallado más en esta crisis? Una respuesta a estas preguntas es que el Gobierno aceptó por demasiado tiempo las premisas liberales que causaron la crisis y que ahora están dificultando la recuperación económica. Sería de desear que el Gobierno recuperara plenamente su vocación transformadora que quedaba reflejada en su programa y que todavía necesita desarrollarse plenamente. Para ello debe aliarse con las fuerzas a su izquierda que le permitan neutralizar a las fuerzas conservadoras y liberales promovidas por el capital financiero en España.