Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez
Para entender más sobre esta medida y sus causas, Brasil de Fato entrevistó al sociólogo Ignacio Cano, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), quien sostiene que esta decisión está inspirada en intereses políticos y está lejos de ser la solución al problema de la seguridad pública en el estado de Río.
Mariana Pitasse.- ¿Qué representa, para la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, esta intervención?
Ignacio Cano.- Representa un paso más en la militarización de la seguridad pública en el país. Se trata de una intervención federal, pero no sólo es eso, es una intervención federal militar. Con esto se le está diciendo a la gente que la solución a los problemas derivados de la violencia vendrá de manos del ejército. No obstante, la gente sabe que esa solución nunca llegará porque el ejército no tiene esa capacidad y no tiene esa función.
Mariana Pitasse.- En su opinión, ¿qué justifica, en este momento, esa intervención?
Ignacio Cano.- No podemos olvidar que estamos en un año electoral y que Brasilia y Río están gobernadas por el PMDB, gobiernos sin ninguna legitimidad y objeto de graves acusaciones, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Por esa razón, entiendo que esa decisión se inscribe en una lógica político-partidista electoral, más que en una lógica de seguridad. El problema de la seguridad pública en Río no es de ahora, es un problema estructural y no se resolverá de esta forma. Es más, el gobierno de Temer está considerando la posibilidad de crear una Secretaria Nacional de Seguridad, algo que la gente empieza a considerar que es una buena idea, pero no en un gobierno que agoniza, que tiene pocos meses para acabar, no tiene un proyecto claro para el país y no tiene recursos. Eso es precisamente el hecho que demuestra que la lógica de las decisiones de este gobierno es político-electoral y no tiene nada que ver con la seguridad pública.
Mariana Pitasse.- Esta es la primera vez, desde la instauración del orden constitucional en el año 1988, que se pone en marcha una intervención militar federal. ¿Cómo podemos entender esa medida?
Ignacio Cano.- Una intervención federal no es un estado de sitio, no es nada de eso. Es una intervención del gobierno federal e un gobierno estatal. No hay motivos, por lo menos en principio, para suspender ningún tipo de derechos, pero tenemos que entender que forma parte de un plan. Por ejemplo, la modificación de la ley que hizo posible la transferencia del juicio de los homicidios cometidos por los militares a la justicia militar, era una señal de la intención de militarizar cada vez más el área de la seguridad pública.
Mariana Pitasse.- Entonces, ¿estamos ante un movimiento que ya empezó hace tiempo?
Ignacio Cano.- Sí, no es algo espontáneo de ahora. Incluso la idea de poner a un general al mando de la seguridad pública del estado ya se sondeó hace algunos meses. Hablé con Roberto Sá [secretario de Seguridad Pública de Río apartado del cargo este pasado viernes 16], y me dijo que no sabía nada de todo esto, que algo había leído en la prensa y que estaba sorprendido, pero que se trata de una idea que se viene cociendo desde hace tiempo.
Mariana Pitasse.- Para entender un poco mejor el decreto, ¿en relación con las garantías individuales, hay algún derecho que quede suspendido como consecuencia de la intervención militar?
Ignacio Cano.- En principio no. Quien sea apresado tiene que ser puesto a disposición de las autoridades civiles, por ejemplo. Eso sí, una cosa sí cambio: ahora hay una intervención militar federal en Río. A partir de ahora, quien dirige la seguridad está en Brasilia, no en Río.
Mariana Pitasse.- ¿Esta medida sienta precedentes para otros cambios?
Ignacio Cano.- Siente el precedente de situar a militares al mando de la seguridad pública del país. Aquí, en Río no teníamos, tan sólo un militar en la reserva en los años 90 del siglo pasado, ahora van a poner a un militar en activo. Eso, sin ninguna duda, va a modificar la forma de entender la seguridad pública en el estado.
Mariana Pitasse.- ¿Qué podemos decir del impacto que supondrá para las poblaciones más pobres que residen en las favelas y en las áreas periféricas?
Ignacio Cano.- De momento no podemos decir mucho. La medida puede ser inocua, en caso de que se tome la decisión de patrullar las vías centrales y la zona sur, lo que ya se hizo en otras ocasiones; no obstante, si se opta por una intervención más agresiva, los riesgos serán más mayores. Si colocan un tanque en frente de una comunidad, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a disparar contra la comunidad? Hay que ver cómo se desarrollará esta intervención, de momento sólo estamos viviendo el comienzo del proceso.
Mariana Pitasse.- Basándonos en las intervenciones de la Guardia Nacional en los grandes eventos en que participó, ¿podemos temer un aumento del número de muertes en zonas de conflicto?
Ignacio Cano.- Hace poco que fueron los sucesos de São Gonçalo [en la región metropolitana do Río de Janeiro], donde tuvo lugar una operación conjunta del ejército y la policía militar que dejó varios muertos: la policía dice que fue el ejército y el ejército dice que fue la policía. De momento no sabemos lo qué pasó. En este sentido, sin ninguna duda, existe un cierto riesgo a respeto de lo que pueda pasar. Puede haber un aumento de muertes, todo depende del tipo de táctica que pongan en marcha. Para mantener esta medida, algo tendrán que hacer. Desconfío del estado del país en general y de Río en particular. Ese es otro motivo de preocupación en esta coyuntura.
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