El gobierno de los EE.UU. está llevando a cabo un programa de operaciones a favor de la oposición política venezolana para remover del poder al Presidente Hugo Chávez Frías y a la coalición de partidos que lo apoya. El presupuesto para este programa, iniciado por la administración de Bill Clinton e intensificado bajo George W. […]
El gobierno de los EE.UU. está llevando a cabo un programa de operaciones a favor de la oposición política venezolana para remover del poder al Presidente Hugo Chávez Frías y a la coalición de partidos que lo apoya. El presupuesto para este programa, iniciado por la administración de Bill Clinton e intensificado bajo George W. Bush, ha subido de unos $2 millones en 2001 a $9 millones en 2005, y las actividades se disfrazan como «la promoción de la democracia,» «la resolución de conflictos,» y «el fortalecimiento de la vida cívica». Consiste en proveer dinero, capacitación, consejo y dirección a una amplia red de partidos políticos, ONG, medios de comunicaciones, sindicatos y empresarios, todos determinados a terminar con el proceso revolucionario bolivariano. El programa tiene claros propósitos de corto, mediano y largo plazo, y se adapta fácilmente a los cambios en el proceso político venezolano en constante flujo.
El programa de intervención política en Venezuela es uno más de varios en el mundo dirigidos principalmente por el Departamento de Estado (Department of State—DS), la Agencia para el Desarrollo Internacional (Agency for International Development—AID), la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency—CIA) y el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy—NED), este último con sus cuatro fundaciones asociadas. Estas son el Instituto Republicano Internacional (International Republican Institute—IRI) del Partido Republicano; el Instituto Nacional Democrático (National Democratic Institute—NDI) del Partido Demócrata; el Centro para la Empresa Privada Internacional (Center for International Private Enterprize—CIPE) de la Cámara de Comercio de los EE.UU.; y el Centro Americano para la Solidaridad Internacional Laboral (American Center for International Labor Solidarity—ACILS) de la Federación Americana de Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la central sindical nacional de EE.UU. Además el programa cuenta con el apoyo de una red internacional de organizaciones afines.
Las organizaciones norteamericanas efectúan sus operaciones a través de oficiales de la AID en la Embajada de EE.UU. en Caracas y de tres oficinas «privadas» en Caracas bajo control de la Embajada: una del IRI (establecida en 2000), una del NDI (2001) y una de un contratista de la AID, la firma norteamericana de consultores denominada Development Alternatives Inc. (DAI) (2002). Estas tres oficinas desarrollan operaciones con decenas de beneficiarios venezolanos y aportan el dinero, lo que origina con el DS, la AID, el NED y la CIA, esta última sin pruebas pero muy probable. Las operaciones de las primeras tres son detalladas ampliamente en documentación obtenida por el periodista norteamericano Jeremy Bigwood quien ha obtenido cientos de documentos oficiales a través de demandas bajo la Ley de Libertad a la Información que requiere la entrega de documentos gubernamentales desclasificados aunque frecuentemente censurados.
Los socios venezolanos del programa de intervención norteamericana han participado en el golpe fracasado de abril de 2002, en el paro petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003, y en el referéndum revocatorio de agosto 2004. Habiendo fracasado en sus tres primeros intentos, las agencias norteamericanas mencionadas arriba continúan actualmente planificando y organizando para las elecciones nacionales venezolanas de 2005 y 2006. Este análisis intenta presentar cómo funciona este programa y el peligro que representa.
A. Algunos Antecedentes Históricos
La intervención norteamericana en el proceso electoral venezolano no es nada más que la continuación de una práctica que comenzó con el establecimiento de la CIA en 1947. En octubre de ese año, un mes después que el Presidente Truman firmó la ley que estableció la Agencia, éste ordenó a la CIA a comenzar operaciones en Italia para evitar una victoria del Partido Comunista Italiano en las elecciones planificadas para abril de 1948. Estas serían las primeras elecciones nacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y los comunistas, que tuvieron gran prestigio por su papel en la resistencia al fascismo, fueron percibidos en Washington como una amenaza real para el control del país. En alianza con el Vaticano la CIA organizó múltiples actividades clandestinas para desacreditar al PCI y para apoyar al Partido Demócrata Cristiano. Se ha publicado que Truman transfirió 10 millones de dólares a la CIA para esta intervención, una suma bastante grande en aquel tiempo. El resultado fue lo deseado—los democristianos ganaron fácilmente.
La práctica de operaciones electorales clandestinas de la CIA continuó, y se convirtió en una categoría de operaciones encubiertas rutinarias, junto con la penetración y manipulación de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de estudiantes y jóvenes, sociedades culturales, profesionales e intelectuales, organizaciones de mujeres y religiosos, y los medios de comunicaciones. El alcance de estas operaciones era mundial, y todas las organizaciones de la sociedad civil eran blancos en dependencia de la situación política del momento. En el informe de 1976 de la investigación de la Cámara de Representantes sobre las operaciones de la CIA, consta que intervenciones electorales eran la categoría de acciones encubiertas de mayor frecuencia hasta entonces.
Desde el comienzo de acciones encubiertas la CIA tuvo un problema constante. Era la dificultad perenne que tuvieron sus beneficiarios en justificar o encubrir los fondos que la CIA les entregaba. Para resolver este problema en parte, la CIA estableció relaciones con fundaciones norteamericanas para canalizar fondos a través de ellas hacia el exterior. También creó una red de fundaciones suyas que a veces no eran nada más que entidades de papel manejadas por abogados contratados por la Agencia.
En febrero de 1967 una gran parte de la red de financiamiento encubierto de la CIA colapsó ante revelaciones en la prensa norteamericana de los nombres de las fundaciones utilizadas y de muchas organizaciones extranjeras subvencionadas. Dos meses después de este escándalo el Representante Dante Fascell de Miami, bien conocido por sus nexos con la CIA y con la comunidad cubana del exilio, propuso en el Congreso el establecimiento de una fundación privada para financiar abiertamente a las organizaciones extranjeras que hasta entonces fueron financiadas secretamente por la CIA. Pero en aquel momento el propósito de Fascell no marchó, y la CIA siguió como el brazo del gobierno encargado de acciones encubiertas como las que provocaron el golpe militar en Chile en 1973.
Desde 1975, con la derrota de los EE.UU. en Vietnam y las investigaciones de la CIA que tomaron lugar ese año en ambas cámaras del Congreso, dando lugar a constantes escándalos culminando con Watergate, surgió un nuevo pensamiento en las altas esferas de la política exterior norteamericana. Era el reconocimiento durante la administración de Jimmy Carter (1977-1981) que las dictaduras represivas apoyadas por los EE.UU. alrededor del mundo (Filipinas, Iran, Cono Sur, Centroamérica, etc.) no eran la solución mejor para sostener a largo plazo los intereses del país, fundamentalmente el acceso libre a las materias primas, la mano de obra y los mercados del resto del mundo, sobre todo en el llamado Tercer Mundo. Este nuevo pensamiento llegó a conocerse como el Proyecto para la Democracia (Democracy Project). En 1979 fue establecida la Fundación Política Americana (American Political Foundation—APF) con financiamiento tanto gubernamental como privado y con la participación de ambos partidos políticos y de los sectores sindicales y empresariales. Su propósito era de determinar cómo EE.UU. podría mejor proteger sus intereses a través de gobiernos extranjeros civiles libremente elegidos y de corte estadounidense o parlamentaria.
La APF comenzó estudios e investigaciones bajo la dirección de un oficial de la CIA de alto rango asignado al Consejo de Seguridad Nacional. Sus conclusiones un par de años después eran de adoptar algo parecido a la práctica de la Alemania Federal en la cual los partidos socialdemócrata, liberal y demócrata cristiano tuvieron fundaciones privadas pero financiadas por el gobierno federal para apoyar a partidos de su corte política en el exterior. En noviembre de 1983 el Congreso aprobó una ley que estableció el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy—NED) y le otorgó $14 millones para 1984.
Esta nueva fundación fue puesta bajo el control del Departamento de Estado, y sus fondos aprobados anualmente por el Congreso serían canalizados a través de cuatro otras fundaciones asociadas: una del Partido Republicano, el Instituto Republicano Internacional—IRI; una del Partido Demócrata, el Instituto Nacional Democrático—NDI; una de la Cámara Norteamericana de Comercio, el Centro para la Empresa Privada Internacional—CIPE; y una de la central sindical AFL-CIO, el Centro Americano para la Solidaridad Internacional Laboral (ACILS). Dante Fascell, el Representante de Miami en el Congreso, quien desde 1967 nunca dejó de promover este programa, fue nombrado miembro de la primera junta de dirección del NED.
El NED y sus fundaciones asociadas fueron concebidas como un mecanismo para canalizar fondos hacia partidos políticos y otras instituciones de la sociedad civil de otros países que favorecían intereses norteamericanos, sobre todo la agenda neo-liberal de privatización, desregulación, supresión de sindicatos, reducción de servicios sociales, eliminación de aranceles, y libre acceso a mercados. Este mecanismo era, y es, nada más que un instrumento de la política exterior del gobierno de los EE.UU. Sin embargo la NED y sus fundaciones asociadas siempre han intentado dar la falsa cara de que representan intereses no-gubernamentales norteamericanos, y de hecho el NED tiene estatus de ONG.
Tanto la Agencia de Desarrollo Internacional (AID) como la CIA también tienen participación integral en este programa de «promover la democracia». En 1984, el primer año de operaciones del NED, se estableció en la AID una entidad que también canalizaría fondos a la sociedad civil y procesos electorales de otros países. Se llamó la Oficina de Iniciativas Democráticas (Office of Democratic Iniciatives), lo que se cambió en los años noventa a Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Iniciatives—OTI). Probablemente los primeros oficiales de la OTI eran especialistas de la CIA en operaciones electorales que fueron integrados a la AID. Algo parecido había ocurrido en los primeros años sesenta cuando se estableció en la AID la Oficina de Seguridad Pública para programas de apoyo y entrenamiento de policías extranjeras. Oficiales de la CIA trabajando desde años atrás en programas policiales, conocidos por el código interno de DTBAIL, simplemente traspasaron su cobertura a la nueva oficina de la AID para ampliar estos programas y llamarlos «asistencia técnica.»
Desde los años ochenta la OTI ha financiado proyectos directamente a través de las cuatro fundaciones asociadas al NED, y en años recientes ha canalizado fondos muy superiores a los del NED a estas instituciones. Estas dos fuentes de dinero, la OTI y el NED, también han canalizado fondos a través de una amplia red de fundaciones norteamericanas y empresas de consultores y relaciones públicas. Tales mecanismos ayudan a los beneficiarios finales a encubrir su financiamiento por el gobierno norteamericano aunque éste mantiene un control total sobre el uso de los fondos.
Por su parte la CIA puede agregar a los fondos «abiertamente» otorgados por el NED y la OTI otros fondos clandestinos, por ejemplo en salarios suplementarios para asegurar la lealtad y disciplina de los dirigentes extranjeros de los proyectos. Así mismo, ciertos proyectos son financiados solamente en parte por el NED y la OTI, y estos requieren que los beneficiarios busquen fondos adicionales. La CIA puede canalizar estos fondos como si fueran de individuos, empresas, u otras instituciones privadas.
Tanto la AID como el NED insisten que son prohibidos en financiar partidos políticos extranjeros directamente, y así siempre dicen cínicamente que sus actividades no son partidarias sino dedicadas al «fortalecimiento de la sociedad civil.» Sin embargo sus programas siempre apoyan a las fuerzas políticas favorables a intereses estadounidenses y en contra de aquellas que se oponen a EE.UU. Sin dificultades hacen llegar el apoyo financiero a partidos favorecidos a través de asociaciones civiles.
B. Nicaragua: la Primera Operación de la Nueva «Campaña para la Democracia»
Una de las primeras prioridades de la política exterior de los EE.UU. durante la década de los ochenta era eliminar del poder en Nicaragua al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La intervención consistió en dos vías fundamentalmente. Una era la vía paramilitar con la organización, abastecimiento y dirección por la CIA de la fuerza guerrilla conocida como «la contra». La otra era la vía electoral con operaciones organizadas por la CIA, la AID y el NED con sus cuatro fundaciones asociadas. Para el NED Nicaragua sería la primera prueba de su habilidad en canalizar fondos y dirección para desarrollar un movimiento político de oposición que podría vencer a los Sandinistas en las urnas. (Esta historia se encuentra ampliamente detallada en A Faustian Bargain: U.S. Intervention in the Nicaraguan Elections por William I. Robinson, Westview Press, Boulder, Colorado, 1992.)
El terrorismo, la tragedia humana y el daño a la economía nicaragüense que la contra causó son bien conocidos. Sin embargo la contra fue derrotado en el campo de batalla. (Además de Robinson, op.cit., ver Holly Sklar, Washington’s War on Niaragua, South End Press, Boston, 1988.) Durante ocho años de lucha (1980-1987) la contra no pudo tomar y mantener control sobre ningún pueblo o aldea nicaragüense. Como resultado de los efectos desastrosos en toda la región de esta guerra y las de Guatemala y El Salvador, en 1987 los presidentes centroamericanos acordaron un paquete de compromisos para lograr la paz que se denominó Los Acuerdos de Esquipulas. Estos acuerdos tuvieron como fin la transformación de los conflictos militares en luchas políticas civiles y abrieron paso a una intervención masiva norteamericana en el proceso electoral nicaragüense que terminó con la derrota del Frente Sandinista en 1990.
Ya los EE.UU. habían intervenido en las elecciones de 1984 cuando postularon a Arturo Cruz, beneficiario entonces de un salario de $6000 mensuales de la CIA, para la presidencia. Pero su candidatura era falsa porque el plan era de postularse y antes de las elecciones renunciar alegando que los Sandinistas habían diseñado el proceso electoral todo a su favor. Varios partidos sin embargo participaron, y el Frente Sandinista ganó el 67% del voto. Para 1990 los EE.UU. ensayaron una nueva técnica que se apoyó en las décadas de experiencia de la CIA en el campo electoral.
La nueva intervención electoral comenzó en serio después de Esquipulas en 1987, y consistió en tres mecanismos principales: 1) Una coalición de los principales partidos de la oposición con candidatos únicos para la presidencia y otros puestos; 2) Un frente político de partidos, organizaciones empresariales y sindicales, y asociaciones civiles; y 3) Una sociedad civil cívica de alcance nacional y supuestamente no-partidaria para promover participación en las elecciones, pero en realidad anti-Sandinista, y a la vez para monitorear la limpieza electoral. Como se verá más adelante, EE.UU. actualmente está aplicando esta misma fórmula en Venezuela, ahora con la vista puesta en las elecciones de 2006.
Prácticamente desde el triunfo sandinista en julio de 1979, la oposición, incluso el diario La Prensa, recibió fondos secretos de la Administración Carter a través de la CIA. Esta oposición se centró en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), una agrupación de empresarios, financistas y agricultores grandes de extrema derecha. En 1981 la Administración Reagan otorgó al COSEP $1 millón en fondos de la AID para establecer y fortalecer la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) que además del COSEP contó con cuatro partidos conservadores y dos agrupaciones sindicales afiliadas a programas de la central norteamericana AFL-CIO. La CDN sería el vehículo para la campaña presidencial abortada de Arturo Cruz en 1984, y para mantener viva a la oposición política hasta las elecciones de 1990. Este programa político-propagandístico, paralelo al terrorismo y la destrucción económica de la contra, fue facilitado por $14 millones en fondos de la CIA para 1983 y por lo menos $10 millones anuales otorgados por la CIA, la AID y el NED (comenzando en 1984, su primer año de operaciones) hasta 1988 cuando comenzó la campaña electoral.
Lo más difícil para la troica intervencionista de la CIA, el NED y la AID fue la unificación de la oposición política. En este proceso el NED tuvo un papel clave a través de las fundaciones asociadas de los demócratas (NDI) y republicanos (IRI) y de la AFL-CIO, y su principal instrumento era la CDN. El NDI y el IRI establecieron una oficina en Managua para dirigir sus operaciones. Siempre utilizando dinero como el incentivo principal, el NDI, IRI y ACILS lograron hasta 1988 establecer frentes anti-sandinistas unificados de sindicatos, mujeres y jóvenes. En julio del año siguiente, solamente 6 meses antes de las elecciones, pudieron por fin lograr una coalición de 14 de los más de 20 partidos políticos de oposición, un frente que llamaron la Unión Nacional Opositora (UNO). Un mes después la UNO nombró su candidata para la presidencia, Violeta Chamorro, dueña del diario opositor La Prensa, quien ya había sido seleccionada de antemano por la administración del Presidente George Bush padre.
El tercer mecanismo político necesario, después de la Coordinadora y UNO, era un amplio frente cívico de oposición, pero supuestamente no-partidario, para alentar al pueblo a inscribirse en el registro electoral y para asegurar que el mayor número posible votaran. Otra tarea sería el monitoreo del la limpieza y transparencia del proceso electoral sobre todo el día de la votación. De nuevo la CDN jugó el papel clave. En agosto de 1989, un mes después de la formación de UNO y después de más de un año de actividades organizativas, se anunció la Vía Cívica como un frente para «educación» en deberes ciudadanos; para asegurar amplia votación; para monitorear las condiciones de la votación el día electoral; para denunciar cualquier indicación de fraude; y para conducir encuestas y conteos paralelos a los conteos oficiales del Consejo Supremo Electoral. Los activistas de la Vía Cívica fueron voluntarios pagados, y sus organizaciones miembros incluyeron los frentes de mujeres, jóvenes y trabajadores que la CDN había establecido para este fin.
Para lograr estos objetivos el NED en 1987 trajo a Nicaragua a una empresa norteamericana de consultores llamada Delphi International Group. Esta empresa había sido contratada por el NED para tareas políticas en la América Latina desde 1984. En Nicaragua Delphi proporcionó organizadores y propagandistas, convirtiéndose en el recipiente mayor de fondos del NED mientras cumplía tareas claves en la utilización de la CDN para la formación de los frentes de jóvenes y de mujeres y de la Vía Cívica así como de la UNO misma. Delphi era sin duda la fuerza de acción principal norteamericana en estas operaciones, y fue encargado además de la propaganda electoral a través de La Prensa y de varios emisores de radio y de la televisión.
Para complementar y apoyar las actividades sobre la tierra en Nicaragua, el Departamento de Estado, la AID, la CIA y el NED establecieron en 1988 centros en Miami, Caracas y San José. Estos sirvieron principalmente para canalizar fondos hacia beneficiarios en Nicaragua y para reuniones fuera del país. Carlos Andrés Pérez, quien comenzó su segunda presidencia en Venezuela en febrero de 1989, facilitó estos mecanismos en Caracas a través de dos fundaciones. En San José el NED estableció el Centro para la Asesoría Democrática (CAD) en 1984 para fomentar movimientos cívicos en todos los países centroamericanos, pero Nicaragua era su principal enfoque. Canalizó fondos y materiales de propaganda hacia Managua, y organizó cursos de capacitación para activistas de la oposición. Para la pre-campaña electoral, comenzando en 1988, el CAD se convirtió en la principal retaguardia para asegurar la logística y las comunicaciones entre las distintas organizaciones de la oposición.
Mientras la campaña electoral comenzaba en otoño de 1989, la nueva administración de Bush padre asignó $9 millones al NED para apoyo a la UNO y grupos asociados. Estos fondos resultaron de un extraño pacto negociado por el ex-Presidente Jimmy Carter con la dirección Sandinista en el cual los EE.UU. serían permitidos financiar a la oposición «abiertamente» a través del NED, pero 50% de los fondos otorgados tendrían que ser dirigidos al Consejo Supremo Electoral para financiar las elecciones. Por su parte los EE.UU. se comprometieron en no intervenir con otros fondos clandestinos a través de la CIA. Este compromiso fue violado de inmediato por la CIA, pero los fondos «abiertos» para la UNO procedieron a repartirse. No se ha revelado el monto total que EE.UU. invirtió en la campaña electoral de 1989-90, pero los estimados superan a $20 millones.
Cuando tomaron lugar las elecciones en febrero de 1990, Nicaragua había ya sufrido 10 años de una guerra terrorista y de gran desgaste económico. Los EE.UU. habían impuesto un embargo económico en 1985 para empeorar la situación, y en contravención de los Acuerdos de Esquipulas, que incluyeron un cese de fuego, la contra no fue desmovilizada. Fue mantenida intacta como amenaza constante de reanudar la guerra, y durante la campaña electoral la contra llevó a cabo constantes acciones de propaganda armada para recordar a la población de su presencia. La amenaza de más guerra, la ruina económica que afectó a la gran mayoría de la población, y la promesa de EE.UU. de una gran cantidad de apoyo para un gobierno de la UNO para la reconstrucción—todos estos factores tuvieron sus efectos en el momento de la votación. La UNO ganó con el 54% del voto contra 42% para el Frente Sandinista.
Es imposible especular con certeza lo que hubieran sido los resultados sin la intervención masiva de los EE.UU. en estas elecciones. Sin embargo no se puede negar que la intervención tuvo un impacto importante, sobre todo en el logro de la coalición UNO y en la concentración de activistas opositores en la Vía Cívica. Tampoco se puede menospreciar el papel de gran importancia que jugó el Delphi International Group, la firma norteamericana de consultores. Lo que sí es cierto es que la combinación operativa del NED, la AID y la CIA, más el contratista privado, fue vista en Washington D.C. como un gran éxito. Era una fórmula que sería repetida varias veces en intervenciones electorales futuras, incluso en la misma Nicaragua para asegurar que el Frente Sandinista no volviera al poder. De hecho un mes después de las elecciones la Administración de Bush padre pidió al Congreso la aprobación de $500 millones en apoyo para Nicaragua que incluyó $5 millones para la AID, cuya Oficina de Iniciativas Democráticas sostendría para el futuro, junto con el NED, a las organizaciones utilizadas en la campaña electoral.
C. Venezuela: Algunos Ejemplos de la Actual Intervención Contra la Revolución Bolivariana
En Venezuela la administración de George W. Bush está interviniendo en el proceso político con una combinación de actividades muy similares a las que EE.UU. llevó a cabo en Nicaragua, pero sin la guerra terrorista a la escala de la contra y, hasta 2005, sin un embargo económico. Estas actividades, con un presupuesto anual de por lo menos $7 millones, son disfrazadas como «educación cívica,» «apoyo al proceso electoral,» y «fortalecimiento del sistema democrático.» En verdad todos estos programas, ejecutados de forma casi silenciosa, constituyen apoyo a la oposición al Presidente Chávez.
Las agencias de acción para este «apoyo abierto a la democracia en Venezuela» son el Departmento de Estado, la AID y el NED con sus cuatro fundaciones asociadas. El contratista privado de la AID es Development Alternatives Inc., una firma de consultores con sede en Bethesda, Maryland, una ciudad que colinda con Washington D.C. Además la CIA como siempre tiene su papel de suministrar fondos secretos y dar otro apoyo clandestino.
En su página web la empresa DAI se describe como una empresa fundada en 1970 que tiene 250 empleados en su sede y alrededor de 1500 personas trabajando en sus proyectos en países extranjeros. Ha ejecutado proyectos de desarrollo en 150 países, mayormente en el Tercer Mundo, para «construir gobernación justa y efectiva, fortalecer la capacidad local para manejar recursos naturales y la producción agrícola, abastecer a los motores económicos que causan crecimiento desde micro-financiamiento hasta el desarrollo de empresas, y aprovechar el impacto de la inversión privada en mercados emergentes. Clientes incluyen la Agencia de Desarrollo Internacional de los EE.UU., el Banco Mundial, agencias de desarrollo bilaterales, corporaciones globales, y gobiernos de países anfitriones». Sus proyectos se dirigen a los campos de la agricultura y el manejo de recursos naturales, de la banca y servicios financieros, de la mitigación de crisis y recuperación, de la democracia y gobernación, de soluciones para negocios globales, y de la mitigación de los efectos del SIDA. La DAI, como se verá más adelante, es una empresa ideal para la inserción de oficiales de la CIA bajo cobertura comercial.
Sin duda existe en Washington un comité de alto nivel que dirige la intervención en Venezuela con un nombre como Venezuela Inter-Agency Working Group. El representante del Departamento de Estado preside el comité cuyos otros miembros representan la AID/OTI, el Pentágono, la CIA, el NED y otras agencias interesadas. Entre varias responsabilidades este comité fija los presupuestos y decide cuáles mecanismos se utilizan para la canalización de los fondos. El comité además tiene que evaluar la efectividad de las operaciones y mantener informados a los comités apropiados del Congreso.
El Departamento de Estado controla estrechamente el programa intervencionista en Venezuela a través de la Embajada Norteamericana en Caracas donde la AID tiene un despacho que representa a la Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives—OTI) en la sede de la AID en Washington. La CIA por supuesto tiene una estación en la Embajada bajo cobertura diplomática. Tal como existe en Washington, habrá un comité coordinador en la Embajada presidido por el Embajador y que incluye como miembros al Jefe de la Sección Política, a los representantes de la OTI, al Jefe de Estación de la CIA, a un representante de la Oficina de Agregados Militares y a otros interesados.
Fuera de la Embajada y con condición legal como entidades privadas extranjeras, hay sedes en Caracas de dos de las fundaciones asociadas al NED. La dirección del Instituto Republicano Internacional (IRI) del Partido Republicano es Altamira, Segunda Avenida, entre Octavo y Noveno Transversal, Quinta Retana, Planta Baja; y el Instituto Nacional Democrático (NDI) del Partido Demócrata está en la Avenida Francisco de Miranda, Edificio Torre La Primera, Piso 14, Oficina 14B, Campo Alegre. Además la firma consultora y contratista de la AID/OTI, Development Alternatives Inc. (DAI), tiene su oficina en la Calle Guaicaipuro, Torre Hener Piso 2, oficina 2-B, Urbanización El Rosal. Cada uno de estos tres centros de operaciones tiene un grupo de personal norteamericano nombrado en Washington más empleados venezolanos quienes también tienen que ser aprobados en Washington. Son éstas las oficinas que reparten el dinero norteamericano a la oposición política.
Las actividades de estas empresas ejecutoras en Caracas—IRI, NDI y DAI—se expresan en forma de proyectos escritos individuales que tienen una descripción de la actividad, el costo y las fechas de comienzo y terminación, algunos con opciones de prolongación. Estos proyectos originan en las empresas ejecutoras que los someten al Departamento de Estado, a la AID o al NED para su aprobación y financiamiento, lo que toma la forma de un contrato. Las empresas ejecutoras entonces reparten el dinero a las organizaciones beneficiarias venezolanas bajo subcontratos, cada uno de los cuales necesita aprobación de la agencia norteamericana donde originan los fondos.
Las tres empresas ejecutoras con sedes en Caracas también tienen que someter currículum de los dirigentes de organizaciones venezolanas beneficiadas, sin duda para chequeos de seguridad con la CIA y otras agencias como parte del proceso para su aprobación. Así mismo cada contrato tiene condiciones escritas que requieren a la entidad ejecutora en Caracas a someter informes de progreso cada tres o seis meses, más informes especiales sobre problemas de importancia. En su conjunto este sistema de proyectos, aprobaciones, contratos y subcontratos constituye un instrumento concreto, sofisticado y totalmente controlado por el gobierno norteamericano. La evidencia está contenida en los cientos de documentos oficiales, incluso contratos, obtenidos desde 2003 en demandas bajo la Ley de Libertad de la Información. Una gran cantidad de estos documentos está publicada en la página web http://www.venezuelafoia.info. Esta documentación revela que el NED ha financiado directamente a por lo menos 17 ONG venezolanas además del financiamiento a muchos más que provee a través de sus fundaciones asociadas.
Las actividades dirigidas y financiadas por los EE.UU. han sido, y son, muy diversas, pero todas tienen como fin el desarrollo y fortalecimiento de la oposición política tanto partidos como la Central de Trabajadores Venezolanos (CTV) y ONG. Incluyen talleres de trabajo, seminarios y conferencias; cursos de capacitación para desarrollar partidos políticos; promoción de la unidad de la oposición a través de una coalición de partidos; campañas para el registro de votantes y para asegurar que el mayor número votan; establecimiento de un registro de votantes paralelo y no-oficial; entrenamiento de fiscales y veedores de la votación para detectar fraude; monitoreo cercano del trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para denunciar irregularidades; la organización de conteos paralelos; y el cálculo rápido de resultados para su anuncio previo al anuncio del CNE. Además de estos fines específicos las actividades son diseñadas para atraer a mediano y largo plazo a miles de voluntarios nuevos al proceso político-electoral pero siempre con la oposición a la revolución bolivariana. Los partidos políticos favorecidos incluyen AD, COPEI, MAS, Proyecto Venezuela y Primero Justicia.
Entre las decenas de beneficiarios de la intervención norteamericana está la Coordinadora Democrática que juega un papel semejante al de la Coordinadora Democrática Nicaragüense durante la intervención electoral de los años ochenta en aquel país. Así mismo la intervención ha creado la organización Súmate que apareció en 2003 al fin del paro petrolero fracasado para montar su campaña para el referéndum revocatorio. Esta funciona de forma muy similar a la Vía Cívica en Nicaragua. Finalmente la firma de consultores DAI funciona igual que el Delphi International Group actuó en Nicaragua, ahora dirigiendo el proyecto de propaganda anti-chavista denominado Venezuela: Iniciativa para la Construcción de Confianza (VICC).
Para entender cómo funciona esta injerencia política de EE.UU. en Venezuela, conviene examinar cinco contratos de la AID con las tres empresas ejecutoras con oficinas en Caracas—DAI, IRI, y NDI. Las páginas que siguen analizan el contrato de la AID con DAI que originó como resultado del golpe fracasado de abril 2002; dos contratos de la AID con el IRI para intervenir en el referéndum revocatorio de agosto 2004; y dos contratos de la AID con el NDI también para intervenir en el referéndum y las posibles elecciones después. El valor de estos cinco contratos para el año previo al referéndum era de unos $7 millones, y los textos originales son publicados en inglés en www.venezuelafoia.info bajo USAID Contracts.
1. El contrato AID-DAI para establecer Venezuela: Iniciativa para la Construcción de Confianza (VICC)
La AID comenzó operaciones en Venezuela como actor principal del programa del gobierno norteamericano después del golpe fracasado de abril 2002. Hasta entonces la intervención política había sido ejecutada principalmente por el NED y sus cuatro fundaciones asociadas a un costo anual de alrededor de $1 millón. Para dirigir operaciones de cerca, el IRI había establecido una oficina en Caracas en 2000 seguido por el NDI en 2001, sedes que siguen operando hasta la fecha. Estos dos institutos financiaron varias organizaciones dirigidas por signatarios del Decreto Carmona durante el golpe, y su apoyo a los golpistas continuó después. Pero después del golpe, ocurrió una obvia decisión en Washington de multiplicar sus esfuerzos en Venezuela, ahora con fondos mucho mayores y a través de la AID y un contratista consultora, Development Alternatives Inc., que actuaría como un despacho de la AID bajo cobertura de una empresa privada.
En junio de 2002 la AID comenzó el nuevo programa en Venezuela a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives—OTI), y ésta envió a dos oficiales a la Embajada Norteamericana en Caracas para supervisar el programa. La página web de la OTI indica que esta oficina se ocupa de intervenciones en áreas de crisis donde ocurre una transición de guerra a la paz o una transición de un gobierno no-democrático hacia un sistema democrático. Aparentemente la AID considera a Venezuela como un país «en transición hacia la democracia» a pesar de las varias elecciones libres y justas desde la primera elección del Presidente Chávez en 1998. El presupuesto de la OTI en Venezuela para el primer año era de $2.2 millones, más del doble del presupuesto anual del NED hasta entonces para Venezuela.
En agosto de 2002, la OTI contrató a la firma consultora DAI para establecer en Venezuela programas con el fin de «apoyar instituciones y procesos democráticos para apaciguar tensiones sociales y mantener el equilibrio democrático,» y en octubre de ese año la DAI abrió su oficina en Caracas.
El presupuesto era $5.2 millones para el primer año y casi $4.9 millones para un segundo año optativo, cantidades mucho mayores a los presupuestos anuales del NED y sus fundaciones que siguieron alrededor de $1-2 millones. Para cada año el presupuesto de la DAI bajo el contrato incluye $3.5 millones para repartir en efectivo o materiales entre beneficiarios venezolanos con lo demás dedicado a gastos fijos, salarios, inversiones en transporte, comunicaciones, computación, otros costos administrativos más la comisión de la DAI que está censurada en el contrato hecho público. De hecho el programa continuó durante el segundo año optativo, y el contrato fue prolongado hasta septiembre de 2005. Es muy probable que será prolongado hasta las elecciones nacionales de finales de 2006.
Según el contrato, las razones por las cuales la OTI decidió establecer un programa en Venezuela eran: 1) «las tensiones políticas han aumentado dramáticamente» desde abril cuando «varios protestantes fueron fusilados en las afueras del palacio presidencial» (no menciona el golpe); 2) los EE.UU. tienen un «fuerte interés en la continuación de la democracia en Venezuela»; 3) «instituciones venezolanas» necesitan apoyo para «restaurar el balance democrático» y «asegurar la protección de derechos humanos y la libre expresión de ideas, tanto al nivel nacional como local, por los medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos políticos, y las instituciones gubernamentales».
El contrato de la AID/OTI con la empresa DAI, fechado el 30 de agosto de 2002, consiste en 49 páginas que detallan el modo en que la DAI tiene que trabajar en Venezuela. En la introducción la OTI describe a sí misma como una fuerza de reacción rápida ante crisis sociales, económicas y políticas como en Kosovo, Filipinas, Haití o Colombia. Caracteriza sus programas como «rápidos, flexibles, originales, tangibles, enfocados, catalíticos, y abiertamente políticos…» Agrega que la «OTI frecuentemente está envuelta en los asuntos políticos más sensibles de los países de alta prioridad del gobierno estadounidense.» Sus fondos provienen del Fondo Nacional para Asistencia Internacional en Desastres, y sus programas normalmente son de uno o dos años al cabo de los cuales la OTI pasa la operación a otro departamento de la AID o la termina. El contrato deja claro que la OTI es como un cuerpo de bomberos políticos internacionales utilizado por el gobierno estadounidense para extinguir incendios sociales y políticos que amenazan intereses norteamericanos—algo parecido a las Fuerzas Especiales del Ejercito y de la Marina de Guerra.
Los tipos de organizaciones extranjeras que apoya la OTI, según el contrato, constituyen una lista que hasta los años ochenta y la adopción del Proyecto para la Democracia hubiera sido la lista de la CIA para acciones encubiertas: gobiernos locales, regionales, y nacionales; organizaciones privadas voluntarias, organizaciones internacionales, grupos indígenas, cooperativas, asociaciones, grupos estudiantiles, grupos informales, medios de comunicaciones, sectores privados, y coaliciones de estos grupos. Sus actividades incluyen la promoción de reconciliación; la prevención y resolución de conflictos; la promoción de medios de comunicación independientes con capacitación de periodistas y reforma de leyes; la desmovilización y reintegración de ex-combatientes; la promoción de mensajes nacionales utilizando la televisión, la radio y la prensa plana; la reactivación de ONG claves con aportes iniciales; la promoción de gobernación con apoyo electoral; y el desarrollo de una sociedad civil fuerte.
Específicamente en Venezuela el contrato requiere que la DAI trabaja con «sindicatos, empresarios, organizaciones políticas, el gobierno y la sociedad civil para fortalecer instituciones y procesos democráticos» así como «instituciones de los medios de comunicación a través de capacitación…» Además la DAI tiene que trabajar con «ONG que intentan promover diálogo sobre una agenda social y política inclusiva para Venezuela y abrir caminos de diálogo actualmente cerrados por la polarización de la población». Consta en el contrato que los programas serán no-partidarios, y que no apoyarán a elementos que intentan alterar el orden político por medios no-constitucionales, pero de hecho todo el apoyo de la OTI ha sido destinado a la oposición incluso a signatarios del Decreto Carmona que abolió las instituciones democráticas durante el golpe fracaasado de abril 2002.
Cada programa de la OTI, según el contrato, es controlado por un oficial de la sede de la AID en Washington. Este se llama el Oficial Técnico Conocedor (Cognizant Technical Officer—CTO) y su aprobación es necesaria para decisiones de importancia. El CTO, nombrado en el contrato como Russell Porter, trabaja en coordinación estrecha con el Departamento de Estado, y dirige las actividades de los miembros de la OTI asignados a la Embajada en Caracas quienes a su vez se llaman Representantes de la OTI en el Campo (OTI Field Representatives). Estos supervisan a diario las actividades financiadas por la OTI y ejecutadas por las sedes en Caracas del IRI, del NDI y de la DAI.
Según el contrato la DAI tiene la responsabilidad total para ejecutar su programa con la OTI en Venezuela incluso cuestiones administrativas, logísticas, adquisiciones, y finanzas. La DAI tuvo que establecer la oficina; comprar equipos para la oficina y vehículos; reclutar empleados venezolanos; establecer sistemas de comunicaciones y de contabilidad; desarrollar y mantener una base de datos con todos los detalles de sus actividades; desarrollar el programa de aportes de fondos bajo subcontratos; y monitorear la efectividad y el impacto de los aportes. El sistema de aportes establecido requiere que la DAI propone aportes para ONG y otras organizaciones venezolanas al «Senior Field Representative» de la OTI en la Embajada quien puede autorizar aportes con el valor de hasta $100,000. Cualquier propuesta mayor tiene que ser aprobado por el CTO en la sede de la AID/OTI en Washington.
El contrato detalla en varia hojas las responsabilidades de la DAI antes y después que su equipo de personal norteamericano llega a Venezuela. Destaca la rapidez con que la DAI tiene que organizar su equipo y prepararse para iniciar sus programas incluso el desarrollo de un listado de contactos en Venezuela como ONG, oficinas del gobierno, y organizaciones internacionales. También es notable el requerimiento de comenzar a distribuir fondos al momento de llegar el equipo a Caracas o lo más pronto después. Es bastante obvio que antes de establecerse en Caracas este equipo de la DAI tuvo que conocer a fondo todas las actividades previas del NED y sus cuatro fundaciones para poder tomar riendas al momento de su llegada en coordinación con las sedes en Caracas del IRI y del NDI.
La DAI además tenía que alquilar espacios para sus oficinas y residencias amuebladas para su personal y el personal de la OTI asignado a Caracas. La selección de la oficina y las residencias tenía que conformarse con los requerimientos de seguridad de la Embajada y con aprobación previa y escrita del Oficial de Seguridad Regional de la AID. Establece el contrato que los inmuebles deben ser en un tercer piso o más alto si es un edificio multi-piso; con puertas fuertes y rejas en ventanas si está en planta baja; alejados de las calles; con parqueos seguros para vehículos con iluminación nocturna; y con muros o cercas alrededor. Así mismo establece el contrato que la DAI tiene que arreglar los servicios necesarios como teléfonos normales, fax, acceso a internet, radios portátiles, radios en vehículos, teléfonos celulares y por satélite, sistemas GPS (localización exacta en tierra por satélite), y un sistema de red local de computación entre sus oficinas. Requiere también que la DAI prepare un plan de evacuación (salida rápida de Venezuela) para el personal norteamericano y para oficiales de la OTI, y menciona la posibilidad de despidos por violaciones de seguridad. En su conjunto los requerimientos detallados obligan a la DAI a establecer rápidamente una operación de muy alta seguridad, auto-suficiente y capaz de dejar a Venezuela de un momento a otro.
Lo más interesante de este contrato es la designación del personal norteamericano para la oficina de la DAI en Caracas (5 personas) y de un responsable en la sede de la DAI en Bethesda, Maryland. Estas 6 personas, llamadas «El Personal Clave,» son nombradas en el contrato por la AID/OTI, pero solo por apellidos y el inicial de sus nombres: J. McCarthy como Jefe de Grupo (Chief of Party); H. Méndez, L. Blank y G. Díaz como Oficiales para Desarrollar Programas (Program Development Officers); G. Fung como Especialista en Finanzas (Financial Management Specialist) y J. Jutkowitz como Gerente Local de Programas (Local Program Manager) en Bethesda. El contrato no tiene ni una palabra sobre quienes son estas personas ni de donde vienen para este programa tan urgente y de montaje rapidísimo. Obviamente cada uno tuvo que tener previos conocimientos profundos sobre Venezuela y fluencia en español para cumplir con sus deberes desde el momento de su llegada. Pero el contrato no dice quienes son, y la OTI se reserva el derecho a sustituir a cualquier de los 6. Es decir que aunque sea un proyecto de una empresa privada de consultores, ésta no puede nombrar el personal. No se puede descartar que estos 6 sean oficiales de la CIA puestos bajo cobertura comercial con la DAI. Además, para cada empleado prospectivo venezolano, la DAI tiene que someter su currículum y otra información para la aprobación del CTO previa al empleo. Es más que obvio que la DAI bajo este contrato está simplemente prestando su estructura corporativa para un programa totalmente gubernamental, intentando dar al programa la apariencia de un programa del sector privado. Y de hecho todos los requerimientos de la OTI en el contrato son tareas a cumplirse por los oficiales nombrados por la misma OTI, siendo la DAI nada más que una cobertura comercial.
En cuanto a la posibilidad de que esta operación de la OTI y la DAI sea en realidad una operación de la CIA, conviene recordar algo que escribí en Diario de la CIA (1975) sobre el uso de coberturas comerciales para oficiales de la CIA en países extranjeros. Desde su comienzo en 1947 la CIA colocó oficiales en el exterior para manejar operaciones bajo cobertura no-gubernamental para desvincular actividades muy sensibles de los oficiales trabajando en las Embajadas disfrazados como diplomáticos. A través de los años varias empresas norteamericanas internacionales cooperaron dando puestos en el extranjero para oficiales de la CIA. Sin embargo siempre un oficial de la CIA trabajando dentro de la Embajada tuvo que atender al oficial bajo cobertura no-oficial, y esta tarea de administración típicamente consumió mucho si no demasiado tiempo.
Surgió en los años sesenta un esfuerzo para establecer pequeños núcleos de oficiales bajo cobertura comercial auto-suficientes con comunicaciones directas con la Estación de la CIA en la Embajada y con la sede en Langley, Virginia, en las afueras de Washington y asi no demandar tanto tiempo de los oficiales bajo cobertura dentro de las Embajadas. Así fue el caso en la Ciudad de México en los sesenta donde un grupo de tres oficiales de la CIA establecieron una oficina comercial de importaciones con el nombre clave de LILINK. Aunque la estación de la CIA dentro de la Embajada dirigía las actividades del grupo, hubo comunicaciones seguras que redujo la necesidad de encuentros personales y otro apoyo por parte de oficiales en la Embajada. El despacho de la DAI en Caracas encaja perfectamente dentro de esta pauta, tanto para dar puestos supuestamente privados y comerciales a oficiales de la CIA como para intentar desvincular de la Embajada su sensible intervención política en asuntos internos venezolanos.
Para resumir este contrato, desde el fracasado golpe de abril de 2002, el gobierno de EE.UU. ha ampliado su programa de intervención en el proceso político venezolano a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) con presupuestos mucho más grandes que los del Fondo Nacional para la Democracia (NED) y sus cuatro fundaciones asociadas cuyos programas con la oposición continúan hasta la fecha. En agosto de 2002 la AID contrató a la firma consultora Development Alternatives Inc. (DAI) para desarrollar programas variados de apoyo a la oposición con presupuestos anuales de alrededor de $5 millones. La DAI entonces se estableció en Venezuela, muy posiblemente como un frente y con personal de la CIA, como cualquier subsidiario de una corporación transnacional norteamericana. En realidad es una oficina clave de la Embajada Norteamericana disfrazada como empresa privada.
Bajo el programa de la DAI, llamado Venezuela: Iniciativa para Construir Confianza, se ha financiado por lo menos 67 proyectos hasta el fin de 2004. Los primeros proyectos, comenzando en el otoño de 2002, fueron diseñados para apoyar al paro petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003. Este apoyo incluyó el financiamiento de la campaña de anuncios televisivos a favor del paro. Después que fracasó el paro, la DAI enfocó sus proyectos en el referéndum revocatorio de agosto 2004, y entre sus beneficiarios principales se encontró Súmate, la principal ONG que promovió el referéndum en contra de Chávez. Paralelo a estas actividades la DAI ha financiado la confección por la oposición de su programa de gobierno alternativo a la revolución bolivariana conocido como el Plan Consenso con beneficiarios como Queremos Elegir y Liderazgo y Visión. Ahora desde las victorias del Presidente Chávez en el referéndum, y en las elecciones locales y estatales de octubre 2004, la DAI se enfoca sobre las elecciones nacionales de 2005 y 2006.
Al final de 2004 la OTI tenía programas activos en 11 países incluyendo, además de Venezuela, a Iraq, Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán, Bolivia y Haití. Llama la atención en la página web de la OTI que en el listado de países donde tiene programas, todos los nombres de los países son enlaces a páginas con descripciones del programa salvo Venezuela que no tiene un enlace ni descripción del programa. En cuanto a la DAI, al final de 2004 ésta tuvo programas en decenas de países en África, Asia, Europa Oriental y La América Latina (además de Venezuela en Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, y México entre otros). Haría falta examinar estos otros programas que tiene la OTI y la DAI para ver si operan bajo las mismas condiciones que en Venezuela, es decir, como posibles coberturas para la CIA.
2. El Contrato AID/OTI con el Insituto Republicano Internacional (IRI) para Organizar y Entrenar Fiscales de Partidos Políticos para Vigilar el Referéndum Revocatorio y las Posibles Elecciones Después
Este contrato, fechado el 15 de septiembre de 2003, surgió como resultado del acuerdo de mayo 2003 entre el gobierno y la oposición para convocar el referéndum revocatorio y nuevas elecciones si la oposición ganara. El valor era de $284,989 para el período desde septiembre de 2003 hasta septiembre de 2004, y el IRI fue obligado a rendir informes de finanzas y progreso a la OTI cada tres meses.
En la introducción a este documento de 25 páginas, la OTI reconoce que las actividades cubiertas por el contrato son «extraordinarias» y que «la situación política actual en Venezuela es muy única y requiere una coordinación sin precedentes.» Por lo tanto «una colaboración cercana y una participación de conjunto» del IRI con el representante de la OTI en la Embajada serán esenciales para el éxito del programa. Agrega que la OTI estará trabajando a través de varias instituciones para «lograr su objetivo de apoyar a una solución pacífica, democrática y electoral a la crisis en Venezuela». Agrega que «para evitar duplicaciones de esfuerzos entre contratistas y para navegar en las aguas políticas sensibles de Venezuela,» la AID establecerá un comité de coordinación en Washington. Estos mismos párrafos se encuentran en los tres contratos que siguen: 3) OTI/IRI; 4) OTI/NDI y 5) también OTI/NDI, todos para programas relacionados con el referéndum y las posibles elecciones después.
Según la descripción del proyecto escrito por el IRI y contenido en el contrato, la sede del IRI en Caracas se comprometió en establecer un programa de organización y entrenamiento de fiscales o veedores voluntarios de la votación (poll watchers) pertenecientes a los distintos partidos políticos. La necesidad de este proyecto se expresó así: «Con controversia y tensiones en aumento, está claro que los chequeos y balances debidos necesitan estar funcionando para el eventual referéndum y posibles elecciones para ayudar a asegurar la integridad de los comicios. Veedores de partidos (fiscales) jugarán un papel clave en garantizar la transparencia e integridad de los procesos».
Más adelante dice: «La clave tanto para la seguridad de la hoja de votación como para la confianza pública en la veracidad de la hoja es veedores de los partidos políticos. La experiencia del IRI en la región y el mundo ha demostrado que representantes de los partidos en las estaciones de votación son el mejor chequeo contra el fraude.»
El contrato financia cursos de capacitación de fiscales que serán organizados por el IRI con «una ONG local» no nombrada pero ya «aprobada por el CTO» de la AID/OTI en Washington, el mismo Russell Porter. Esta ONG contactará a todos los partidos políticos venezolanos para el reclutamiento de voluntarios pagados que serán entrenados como entrenadores de otros. Los talleres para una semana de entrenamiento tendrían unos 50 voluntarios cada uno. Estos entrenadores serán asignados en Caracas y en los capitales de Zulia, Carabobo, Tachira y Anzoátegui donde entrenarán a otros voluntarios que serán asignados a las estaciones de votación el día del referéndum y, si la oposición ganara, el día de las nuevas elecciones.
El contrato requiere que el Coordinador Extranjero del Programa (Foreign National Program Coordinator) que dirigirá el proyecto y cada entrenador voluntario reciban aprobación previa a su empleo del CTO de la AID en Washington. También la aprobación previa del CTO es necesaria para que el IRI pueda repartir dinero bajo subcontratos con organizaciones venezolanas. Así mismo requiere el contrato un informe de finanzas y progreso cada tres meses e informes inmediatos sobre problemas que puedan afectar al proyecto.
El papel de los fiscales o veedores en el referéndum será de vigilar de cerca el procedimiento de la votación para descubrir, identificar y reportar cualquier irregularidad. Es este sistema de reportar irregularidades lo más interesante del contrato. Cada voluntario tendrá el deber de reportar irregularidades solamente al ONG socio del IRI y no a su partido ni a las autoridades electorales. El ONG informará detalles al IRI en Caracas que a su vez tendrá que informar al CTO de la AID en Washington en inglés los detalles que vean los voluntarios. El CTO tendrá entonces el poder de decisión sobre qué información se anuncia y cómo, y avisará al IRI del mismo. El IRI, después de la aprobación del CTO, podrá informar a su socio ONG que puede contactar uno de los partidos políticos para publicar la información. Sobra decir que este contrato da total control a la AID en Washington, sin duda en coordinación con el Departamento de Estado, sobre el uso de la información recolectada por la red de fiscales voluntarios, a la vez dejando marginado al Consejo Nacional Electoral.
3. El Contrato AID/OTI con el Instituto Republicano Internacional (IRI) para Fortalecer a Partidos Políticos para el Referéndum Revocatorio y las Posibles Elecciones Después
Este contrato, fechado el 15 de septiembre de 2003, es para financiar un programa de la sede del IRI en Caracas para la capacitación de partidos políticos venezolanos en cómo organizar campañas electorales. Resultó del acuerdo entre el gobierno y la oposición de convocar el referéndum revocatorio y, si gana la oposición, nuevas elecciones. Tiene un valor de $450,000 y su período de validez es hasta septiembre de 2004. El contrato requiere que el IRI prepara para la OTI informes de progreso y de finanzas cada 3 meses.
En la descripción del proyecto escrito por el IRI y contenido en este documento de 26 páginas, consta que el IRI ya tiene un programa en Venezuela desde 1999 para «el fortalecimiento» de partidos políticos venezolanos. Sin nombrar los partidos, dice que los partidos participantes cubren el «espectro político.» El programa se lleva a cabo no solo en Caracas sino también en Zulia, Carabobo y Anzoátegui. El enfoque principal de este programa ya existente, financiado por el NED y el Departamento de Estado, es el desarrollo de un sistema de encuestas nacionales, plataformas políticas, y la democratización interna de partidos.
El nuevo proyecto cubierto por este contrato, financiado por la AID/OTI en vez del NED, es dedicado solamente a preparaciones para el referéndum y las posibles elecciones después. El fin es de establecer escuelas regionales con cursos políticos de una semana en Caracas, Zulia, Carabobo, Anzoátegui y Tachira en un esfuerzo para cubrir al país entero. Dirigentes y trabajadores de campañas electorales de todos los partidos serán invitados a participar, y los cursos tendrán dos fases. En la primera la instrucción enfocará sobre cómo crear una «organización fuerte de campaña incluso la preparación de candidatos para debates y foros públicos, las varias etapas en el desarrollo de una campaña, y las estrategias para superar debilidades de un partido y para aprovechar sus atributos fuertes».
En la segunda fase la instrucción será enfocada sobre investigaciones políticas a través la preparación e interpretación de encuestas y estudios de estadísticas demográficas, sociales y económicas para «un entendimiento mejor del medioambiente en el cual los partidos tienen que funcionar de forma efectiva.» El contrato tiene un listado de 12 asuntos o materias que pueden ser incluidos en los cursos como la organización y estructura de una campaña; el reclutamiento y motivación del personal de base de la campaña; el uso de los registros de votantes; creando coaliciones; desarrollando un cronograma para una campaña; cómo identificar y captar bloques de votantes; cómo presupuestar una campaña y recolectar fondos; y cómo conducir encuestas incluso puerta a puerta.
Para este proyecto el IRI contratará a un experto extranjero con el título Coordinador Extranjero Nacional del Programa (Foreign National Program Coordinator), con aprobación previa del CTO en Washington, para todo el período del contrato hasta el referéndum y la campaña electoral si ocurriera. Esta persona dedicará todo su tiempo al proyecto trabajando en la oficina del IRI en Caracas y viajando por todo el país para contactos con dirigentes de los partidos políticos. El IRI también traerá a Venezuela bajo contratos expertos en campañas políticas de Latinoamérica, Europa y EE.UU. para dar los cursos de capacitación y para trabajos de seguimiento después de los cursos. Estos se llaman Expertos y Consejeros Internacionales en el Entrenamiento de Partidos (International Party Training Experts and Advisors), y la contratación de cada uno también necesita previa aprobación del CTO en Washington.
Al final hay un comentario sobre las experiencias del IRI en dar cursos de capacitación electoral en otros países como Guatemala, Perú, Camboya, Indonesia, Nigeria y Macedonia.
4. El Contrato de la AID/OTI con el Instituto Democrático Nacional (NDI) para Fomentar Una Coalición entre Partidos Políticos de la Oposición y para el Fortalecimiento de Estos Partidos
Este contrato de 32 páginas lleva la fecha del 24 de septiembre de 2003 y tiene validez hasta el fin de septiembre de 2004. Su valor es de $550,000 para financiar un programa de la sede del NDI en Caracas para «construir coaliciones y para fortalecer partidos políticos». El programa surge del acuerdo entre el gobierno y la oposición en mayo de 2003 para el referéndum revocatorio y posibles elecciones después, si ganara el referéndum la oposición. El contrato requiere que el NDI rinde informes a la AID/OTI cada 3 meses sobre finanzas y el progreso del programa.
Los objetivos del programa son «para asistir a partidos políticos en Venezuela a entrar en la construcción de una coalición y a ser más representativos, inclusivos, internamente democráticos y éticos». «Así mismo, nuevos movimientos políticos y los partidos políticos tradicionales, sufriendo de divisiones internas y careciendo de credibilidad y fondos, han resultado inefectivos en ofrecer alternativas convincentes a la dirección de Chávez». «En respuesta el NDI continuaría promoviendo la reforma y renovación internas de los principales partidos políticos y movimientos».
La descripción del programa contenido en el contrato, y escrito por el NDI, comienza con comentarios sobre la situación política. «El colapso del sistema de partidos queda como una de las causas de raíz del estancamiento político en Venezuela.» «En años recientes la sociedad venezolana ha dividido sobre las políticas populistas y la dirección autoritaria del Presidente Hugo Chávez». «El Presidente Hugo Chávez ha emergido como uno de los más controversiales y polarizantes líderes en la historia de Venezuela». «En 1998 Chávez fue elevado al poder por un electorado desilusionado con los dirigentes tradicionales de la nación.» «Una vez en la presidencia, el Presidente Chávez se movió rápidamente para consolidar su poder aboliendo el Senado, aumentando marcadamente el poder de la presidencia, suspendiendo financiamiento público de partidos políticos y ONG tradicionales, y creando su propio grupo de organizaciones sociales ‘Bolivarianas’. Siguió con medidas controversiales de reforma agraria, politizó al sistema judicial, y atacó a sus críticos en los medios de comunicaciones.»
Sigue el documento del NDI con una lista de las actividades que propone bajo este programa:
a) La construcción de una coalición entre los partidos políticos y movimientos de la oposición. Por ejemplo, dice el documento, el NDI está considerando aceptar una invitación del Presidente de Costa Rica para organizar una reunión estratégica de representantes de la oposición sobre la formación de una coalición. El programa en Venezuela consistirá en consultaciones para negociar la formación de una coalición y el desarrollo de una estrategia común; el diseño de un plan de comunicaciones entre los partidos; un plan para atraer apoyo de otros grupos a la coalición; el desarrollo de una plataforma común que une a los partidos; el diseño de procedimientos para decisiones sobre dirigentes de la coalición y sus candidatos en futuras elecciones; y un plan para la dirección de la coalición después del referéndum.
Para estas consultaciones el NDI traerá a Venezuela expertos de su propio equipo y, además, expertos y «practicantes» políticos experimentados en construir coaliciones en otros países como Chile, Nicaragua, Polonia y la República Checa.
b) La Promoción dentro de la Coalición Chavista Su Aceptación del Proceso del Referéndum. «Para ayudar a afirmar apoyo para el referéndum dentro del gobierno de Chávez, el NDI buscaría elementos reformistas del partido del Presidente Chávez, el MVR, y compartirá lecciones aprendidas por practicantes o expertos de países donde medidas para el fomento de confianza eran necesarias como Argentina, Chile, Nicaragua, Portugal y España. Estos practicantes pondrían énfasis en la importancia de tomar pasos pro-activos y públicos para remover las dudas sobre el compromiso de Chávez con el proceso».
c) La Constucción y Renovación de Partidos Políticos y Movimientos. Esta parte del programa será una continuación de actividades del NDI ya en marcha y financiadas hasta septiembre de 2003 por el NED. Consistirán en traer a Venezuela a «practicantes internacionales» para dar asistencia a partidos políticos «en áreas de sectores de poca representación como la juventud, mujeres, minoridades raciales, y los pobres; fortalecimiento de los partidos a los niveles de estados y locales; la ética y la transparencia; negociaciones políticas; comunicaciones internas del partido; construcción de coaliciones; y relaciones entre partidos políticos y la sociedad civil».
Los partidos favorecidos serán AD, COPEI, MAS, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, y Movimiento Quinta República.
d) Análisis de la Opinión Pública. Para apoyar las actividades con los partidos el NDI establecerá un nuevo sistema para sondear la opinión pública, contratando a la empresa argentina Romer y Asociados y utilizando también a una firma venezolana como Consultores 21.
Para llevar a cabo este programa el NDI contratará para su oficina en Caracas a un Director Nacional (Country Director) que tiene amplia experiencia con partidos políticos y elecciones. Un Asistente de Proyecto (Project Assistant) también sería contratado. Estos tienen que ser aprobados previo a su empleo por el CTO de la OTI/AID en Washington. Lo mismo es requerido para todos los practicantes, expertos y asesores que el NDI piensa traer a Venezuela desde el exterior. Finalmente el NDI se compromete en coordinar este programa estrechamente con el IRI y con el Centro Carter en Atlanta.
5. El Contrato de la AID/OTI con el Instituto Democrático Nacional (NDI) para Garantizar la Credibilidad del Referéndum y Posibles Elecciones a través de un Grupo de ONG Venezolanas que Monitoreará el Proceso
El período de este contrato de 34 hojas es desde septiembre de 2003 hasta septiembre de 2004, y como los otros de la OTI con el IRI y el NDI resultó del acuerdo de mayo 2003 entre la oposición y el gobierno de realizar el referéndum con posibles elecciones después. El valor es de $769,487 pero el NDI se compromete en el contrato con buscar fondos adicionales de fuentes venezolanas e internacionales, lo que abre la puerta a la CIA para canalizar dinero a este proyecto. El propósito es de establecer, financiar, entrenar y dirigir a un grupo de ONG venezolanas para monitorear el proceso del referéndum antes, durante y después de la votación, de sostener esta organización para las posibles elecciones presidenciales, si gana el referéndum la oposición, y aún más asegurar su permanencia a largo plazo. Las ONG venezolanas que el contrato menciona como posibles integrantes del programa son Súmate, Red de Veedores, Mirador Democrático, Queremos Elegir, y Ciudadanía Activa.
Con este programa el NDI espera atraer a miles de voluntarios a los ONG participantes en esta organización cívica-electoral, que no nombra, para su entrenamiento y asignación a tareas diversas que cubren todo el proceso del referéndum. El fin también es de superar un problema: «Venezolanos no tienen confianza en la administración de un referéndum o proceso electoral, con la expectativa de favoritismo por parte de las autoridades electorales y otras instituciones del estado, incluso la manipulación de la votación y procesos de conteo el día de la elección».
El NDI escribe en la descripción del programa que ha llevado a cabo semejantes proyectos de monitoreo electoral en 65 países a través de 20 años. En Venezuela ha trabajado desde 1995 «apoyando grupos cívicos con la reforma electoral e iniciativas para la observación de elecciones». Nombra a la Escuela de Vecinos de Venezuela y a Queremos Elegir como dos de sus socios venezolanos. Con este proyecto el NDI dice que su afán es de «promover la confianza ciudadana y su participación en el referéndum venidero y los procesos electorales».
Para llevar a cabo este programa el NDI contratará a un Director del Programa (Field Representative) para avisar a los ONG participantes a diario «sobre todos los aspectos del programa». El Director organizará también las visitas y programas de otros expertos del equipo del NDI más otros extranjeros expertos incluso latinoamericanos miembros de una red de monitoreo electoral llamada El Acuerdo de Lima. Como en todos los contratos de la AID/OTI la aprobación previa del CTO en Washington es necesaria para la contratación de Director del Programa y de todos los expertos y consejeros. Así mismo requieren la aprobación previa del CTO todos los subcontratos necesarios para dar dinero a las ONG venezolanas participantes.
En la descripción del proyecto el NDI enumera los pasos para formar esta coalición de ONG. Estos incluyen la formación de una junta directiva de ciudadanos prominentes y respetados como activistas cívicas, académicos, empresarios y religiosos. Estos deben representar a los sectores étnicos, religiosos, geográficos y sociales de la sociedad venezolana y dar a la coalición de ONG prestigio y credibilidad. Otros paso son un acuerdo sobre el procedimiento para decisiones y voceros, más la asignación de tareas como administración, control de fondos, relaciones públicas y reclutamientos. También será necesaria la confección de un plan de trabajo que incluye un cronograma de las tareas a cumplir y un plan para enlaces con autoridades gubernamentales y electorales, partidos políticos, los medios de comunicaciones, las delegaciones de monitores internacionales, organizaciones internacionales y el público en general. Finalmente haría falta organizar un sistema para recaudar fondos de donantes nacionales e internacionales.
La descripción del programa luego detalla en varias hojas las tareas a cumplir durante el período pre-electoral, durante el día de la votación, y a corto y largo plazo después de la votación. De interés especial es el conteo rápido (quick count) para calcular los probables resultados antes del conteo oficial. Este sistema está basado en la selección científica de un número reducido de estaciones de votar cuyos resultados permiten calcular estadísticamente los resultados finales. Los propósitos del conteo rápido, según el documento son «1) Para identificar y denunciar fraude electoral cuando ocurre o para prevenir la ocurrencia de fraude potencial; y 2) Para aumentar la confianza pública en los resultados electorales y reducir la potencial para conflictos post-electorales». Los usos de resultados del conteo rápido pueden incluir su anuncio «para dar un chequeo independiente contra el conteo oficial».
El NDI da mucha importancia en el sostenimiento de esta coalición de ONG después de su primer monitoreo de elecciones, o sea el referéndum revocatorio. Enfatiza que las ONG deben mantener a los miles de voluntarios en todo el país activos e interesados durante períodos entre procesos electorales a través de evaluaciones del trabajo, confección de nuevos planes y otras actividades cívicas. No lo dice el contrato, pero obviamente existe la posibilidad de convertir eventualmente a esta coalición cívica en un partido político como ha ocurrido en otros países.
D. Comentarios y Conclusiones
Los contratos analizados aquí son solamente 5 de entre decenas acordadas entre las agencias norteamericanas y organizaciones venezolanas de la oposición política, según la documentación desclasificada y publicada en http://www.venezuelafoia.info. Sin embargo revelan una extraordinaria penetración y manipulación del proceso político venezolano ejecutadas desde las oficinas en Caracas del IRI, NDI y DAI y bajo el control de la Embajada Norteamericana y de la AID y del Departamento de Estado en Washington. No se ha revelado el papel jugado por la CIA, pero uno puede estar seguro que la Agencia toma parte en el suministro clandestino de dinero y en otras tareas de apoyo. Además hay una buena posibilidad de que la operación de la DAI en Venezuela es en realidad una operación encubierta de la CIA.
Tampoco se revelan en la documentación los criterios aplicados a decisiones sobre cuál de las agencias debe repartir apoyo a las distintas actividades y beneficiarios, es decir, cuáles fondos deben ser canalizados a través del NED y sus fundaciones, cuáles la AID debe canalizar directamente al IRI o al NDI, y cuáles fondos deben canalizarse a través de la DAI. De cualquier manera serían decisiones colectivas tomadas en Washington por el comité representando todas las agencias envueltas en la intervención, asignando responsabilidades y tratando de evitar duplicaciones de tareas.
Todos los programas analizados tienen el fin de desarrollar y de fortalecer a los partidos políticos opuestos a la revolución bolivariana y a varias asociaciones civiles, supuestamente cívicas y no partidarias pero en realidad opuestas también al programa del Presidente Chávez. Estas actividades son disfrazadas como «apoyo a la democracia,» pero varios de los dirigentes de estas organizaciones firmaron el Decreto Carmona que abolió la democracia en Venezuela durante el breve golpe fracasado en abril de 2002.
Los contratos muestran desdeño hacia el Presidente Chávez y su programa, y le culpan por la «crisis» en Venezuela y por la «polarización» del pueblo. Así mismo muestran desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, y subrayan la necesidad de vigilar de cerca el proceso electoral para descubrir y denunciar fraude. Prominente entre los fines de estos programas es la formación de una coalición de partidos de oposición para las campañas electorales que puede atraer a nuevos miembros y a nuevos votantes. Aunque los contratos examinados son de un año, o dos en el caso de la DAI, pueden ser prolongados, o nuevos contratos pueden dar continuación a las actividades con los ajustes que la situación cambiante demanda.
Sin duda estos programas continuarán por tantos años que continúa el actual proceso político en Venezuela, ya que los Estados Unidos no aceptarán jamás la toma del poder por fuerzas populares en la América Latina. Desde la adopción del Proyecto para la Democracia en el año 1983, los EE.UU. han intentado en países alrededor del mundo establecer y fortalecer «democracias» de su corte, es decir de élites que se identifican con la clase política norteamericana y que aprovechan de la «democracia comprada» que intenta imponer EE.UU. Así intentan eliminar el peligro a sus intereses que representa un gobierno democrático de las clases populares. Esta política fue subrayada el 18 de enero de 2005 por la Secretaria de Estado Rice en sus comentarios hostiles hacia Venezuela y Cuba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dos días después el Presidente Bush, en el discurso inaugural de su segundo mandato, reafirmó la gran prioridad que los EE.UU. seguirán dando a estos programas de intervención política en otros países. Ambos siguieron en los meses siguientes enfatizando la «promoción de la demoracia» como programa fundamental de la administración. En Latinoamérica se puede anticipar un aumento de estos programas para contrarrestar el crecimiento en años recientes de victorias electorales de fuerzas populares.
La coalición del Presidente Chávez tiene dos grandes ventajas obrando a su favor que no tuvo el gobierno del Frente Sandinista en los años ochenta. Una es la economía creciente gracias a los ingresos petroleros, lo que ha permitido el éxito de los programas sociales y el comienzo de la redistribución del ingreso nacional. La otra es la ausencia de una guerra de guerrillas interna que aterroriza y masacra a la población mientras destruye la economía.
Sin embargo los dólares siguen llegando en grandes cantidades a la oposición, y en 2005 y 2006 los fondos deben aumentarse considerablemente para las elecciones. Se necesita solamente un cambio del 10% en la votación nacional para dar un empate entre la coalición de Chávez y la oposición. Uno debe entender que para los EE.UU. la campaña presidencial de 2006 ya ha comenzado, y si logran una coalición de los partidos de la oposición, una suerte de «unión para la salvación nacional,» no es inconcebible que se podría producir una gran sorpresa como actividades intervencionistas muy similares produjeron en Nicaragua en 1990. Por otro lado si las encuestas comisionadas por grupos financiados con dinero norteamericano muestran una gran ventaja para las fuerzas que apoyan al gobierno, siempre queda la opción de boicotear elecciones, como se hizo en Nicaragua en 1984, con denuncias de que la Comisión Nacional Electoral las ha organizado en su contra, que no serán libres y justas, y con otros argumentos por el estilo.
En los EE.UU. es un delito solicitar o aceptar fondos extranjeros destinados a influenciar los procesos electorales, y Venezuela también tiene legislación en este sentido. En 2004 el gobierno venezolano reaccionó ante la intervención iniciando un proceso criminal contra dirigentes de la organización Súmate que había recibido financiamiento del NDI para promover el referendo revocatorio contra Chávez. Esta acción naturalmente provocó expresiones de apoyo a Súmate del Embajador Norteamericano, el NED y miembros del Congreso. En julio de 2005 un juez determinó que la causa contra los cuatro acusados de Súmate podría proceder. (Para más información sobre el caso Sùmate ver http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1500.)
Siempre el gobierno venezolano tiene la opción de cerrar las oficinas del NDI, del IRI y de la DAI y expulsar a los norteamericanos y otros extranjeros trabajando en las mismas. Tal acción, totalmente justificada, sin duda provocaría gritos de ultraje en Washington aunque no pondría fin a las operaciones. Las tres oficinas probablemente serían trasladadas a Miami donde seguirían repartiendo dinero a sus socios venezolanos. Sin embargo haría mucho más difícil la dirección de las actividades en Venezuela que financian, y requeriría constantes viajes entre Miami y Caracas para reuniones. En cualquier caso la política norteamericana intervencionista de poner fin a la revolución bolivariana y devolver poder a la oligarquía tradicional no cambiará. Continuará por tantos años que hay un gobierno en Venezuela que da prioridad a los intereses de los pobres, que mantiene estrechas relaciones con la revolución cubana, y que promueve la integración regional sin los Estados Unidos.