No cabe dudas de que el presidente peruano Alejandro Toledo tuvo razón cuando tras alcanzar un acuerdo preliminar de libre comercio con Estados Unidos afirmó que se abría un gran reto para el país pues disponían ahora de mercado y necesitaban aumentar la oferta exportable y ser competitivos. Los analistas indican que la máxima del […]
No cabe dudas de que el presidente peruano Alejandro Toledo tuvo razón cuando tras alcanzar un acuerdo preliminar de libre comercio con Estados Unidos afirmó que se abría un gran reto para el país pues disponían ahora de mercado y necesitaban aumentar la oferta exportable y ser competitivos.
Los analistas indican que la máxima del presidente quedará grabada para la historia pues ante un enorme emporio económico que se equipara, en conjunto, con el Producto Interno Bruto (PIB) de los otros cuatro países más desarrollados (Japón, Alemania, Reino Unido y Francia) Perú prácticamente no podrá hacer nada ante la avalancha de mercancías y compañías norteamericanas que inundarán la nación andina.
Con más de 11 000 millones de dólares de PIB y las principales empresas transnacionales ávidas de ampliar sus dividendos, Estados Unidos logró en conversaciones efectuadas en Washington, que Lima se acogiera a un acuerdo para suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC), que debe ser ratificado por los respectivos Congresos en el tercero o cuarto mes de 2006.
Toledo, desde su arribó al poder en 2001, ha gobernado con uno de los índices más bajos de popularidad que ha fluctuado entre un 8 y un 15 % por lo cual la mayoría de los 28 millones de habitantes no aprueban la conclusión del TLC sin antes llevarlo a una consulta popular para poder conocer ventajas y desventajas.
Para el mandatario peruano el acuerdo alcanzado durante tres días de discusiones en Washington ha sido «histórico», uno de «los acontecimientos más importantes de mi gobierno y los logros los cosechará el próximo presidente.»
En contraposición a las eufóricas declaraciones de la jerarquía peruana, casi todos los movimientos sociales y los partidos de oposición que dirimirán en las urnas las elecciones de julio de 2006, han criticado fuertemente el pacto.
Luis Zúñiga, presidente de la Convención del Agro declaró que resulta «lamentable entregar el mercado peruano al norteamericano mediante el cual ha condenado a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional».
Este gremio, al igual que el Partido Aprista (principal de la oposición), el Democrático Social y el Comunista, catalogaron de «traición» el previsto convenio pues aseguran que el equipo negociador no actuó con la fortaleza necesaria para defender los intereses del país en un diálogo adecuado y firme.
El pacto eliminará cuando entre en vigor, los aranceles de dos tercios de las exportaciones de Estados Unidos a Perú y progresivamente lo hará con los aranceles al comercio de alimentos, pese a que Estados Unidos continuará otorgando millonarios subsidios a sus cosechadores agropecuarios.
Como es lógico, esas medidas pondrán contra la pared a toda la agricultura peruana que se dedica a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los super industrializados productores estadounidenses.
Los negociadores peruanos lograron algunas prerrogativas por parte del gigante, como dejar fuera la exportación de ropa usada que Estados Unidos quería venderle o que la apertura total a las partes de pollo y arroz se materialicen, o sea, la mitad de su población 18 años después de la entrada en vigor del pacto.
Washington impuso que Lima accediera a proteger durante cinco años los datos de prueba de los fármacos, lo cual impide la venta durante ese período de medicamentos genéricos, que son mucho más baratos. Esto, como es lógico, va en detrimento de la mayoritaria población empobrecida que según datos de organizaciones internacionales alcanza a cerca de 14 millones de personas.
Además, Perú removerá las barreras comerciales de los servicios y proveerá un marco legal y seguro para los inversores estadounidenses en el país, con lo cual las compañías multinacionales podrán tener acceso a controlar renglones fundamentales como la electricidad, agua, educación y otros.
Resulta contradictorio que el anterior negociador del tratado con Estados Unidos, Pablo de la Flor, afirmó en el 2004 que Perú enfrentaba preocupantes déficit los cuales ponían en riesgo los beneficios de un convenio con el MERCOSUR.
De la Flor, planteó en esa ocasión que el Tratado con el MERCOSUR rebasaba lo comercial y su país tenía graves deficiencias que compensar en infraestructura, capital social y competitividad.
Al parecer todas esas desventajas desaparecieron al conveniar el tratado con la primera potencia del mundo pues el actual jefe del equipo negociador y ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, puntualizó que «hay muchísimas más ganancias que costos.»
El ministro de Agricultura, Manuel Manrique, quien también estuvo en Washington trató de enmendar el accionar cuando señaló que los integrantes del grupo peruano no fueron «sumisos» ante la contraparte norteamericana como señalan muchos críticos.
Los próximos meses serán definitorios para los peruanos pues las presiones se incrementarán por parte de los ricos empresarios y funcionarios gubernamentales que desean acelerar la entrada en vigor del TLC y su aprobación por el Parlamento a más tardar en marzo y por otra parte, una mayoría de organizaciones sociales, campesinas y partidos políticos que exigen analizar primero sus consecuencias y posponer su discusión hasta después de las elecciones presidenciales de julio próximo.
Por lo pronto, la Convención Nacional del Agro y el Frente Nacional de Ganaderos han llamado a una huelga general para contrarrestar el pacto del TLC. El panorama nacional se complica.