La anticipación forzada del juicio al expresidente Lula por el Tribunal Regional Federal [TRF4] es un movimiento táctico que definirá la dinámica política para el próximo período. El objetivo estratégico de la oligarquía golpista es evitar la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2018 a cualquier precio, ya que su elección sería el […]
El golpe, con su salvaje agenda antipopular y antinacional, no se escenificó para durar poco tiempo; aún queda mucho por colonizar y saquear por completo el país.
Todas las alternativas electorales analizadas por el establishment para continuar el golpe se muestran aún infructíferas. Ninguna candidatura se muestra capaz de vencer a Lula si las elecciones 2018 son limpias, democráticas y transcurren en el marco de la verdadera legalidad.
Probaron todo y nada surtió efecto favorable a sus objetivos: desde figuras burlescas como Luciano Huck y Joao Doria hasta personajes repetidos de derecha, de extrema derecha y de las líneas auxiliares reaccionarias, como Alckmin, Bolsonaro, Marina Silva, entre otros.
Todas las encuestas electorales confirman la hipótesis de elección de Lula en primera vuelta. Cuanto más la red Globo y el Lava Jato lo agreden, y cuando más cristalinos se muestran los terribles prejuicios del golpe, mayor es la esperanza popular en el regreso de Lula para salvar a Brasil.
Teniendo en cuenta la inexistencia de una opción legal y electoral del bloque dominante para continuar con el golpe y el régimen de excepción, la oligarquía decidió pasar a la segunda fase del golpe con la impugnación de la candidatura presidencial de Lula.
En 1871, ante los avances de la Comuna de París, el entonces primer ministro de Luis Bonaparte, Odilon Barrot, declaró la guerra a la insurgencia popular y al avance de esa experiencia pionera de la organización comunal. Para aniquilar a la Comuna de París, el liberalburgués Odilon Barrot no dudó en declarar que «¡la legalidad nos mata!».
Lo hizo para justificar el uso de los dispositivos no existentes en la Constitución de Francia para atacar ilegítimamente al pueblo organizado en barricadas y destruir la primera experiencia de la organización social comunista y de la historia autogestionada. Era necesario, en la visión de Barrot y la burguesía francesa, extremar todos los medios ilegales para reprimir la soberanía popular y destruir la revuelta social. Incluso si para ello fuera necesario romper las reglas del Estado de derecho liberal burgués, instituido por ella misma, por la naciente burguesía.
La democracia, como resulta, tiene valor puramente formal y circunstancial para la burguesía, una clase atávicamente golpista cuando siente amenazados sus intereses; mientras que, para la izquierda, la democracia es un valor estratégico, es la base constitutiva para la convivencia humana libre, plural y civilizada.
Con la prohibición de la candidatura de Lula para la elección de 2018, la oligarquía golpista apuesta a que no habrá agitación o conmoción social o levantamiento popular ante la brutalidad legal y jurídica emprendida contra el líder más popular en la historia de Brasil. Es una apuesta arriesgada que, de todos modos, encuentra en la literatura sociológica y antropológica del Brasil fundamentos que amparan esta tranquilidad criminal de los dominantes.
El pueblo argentino, movilizado en los últimos días contra el intento de reforma de las pensiones del también ultraneoliberal y procapitalista Mauricio Macri, gritaba: «Esto no es Brasil!». Es hora de que el pueblo brasileño sea menos agradable, menos gentil y menos educado con el salvajismo de esta canalla clase gobernante, esclava de los intereses de las metrópolis extranjeras.
Jeferson Miola es integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil) y fue coordinador-ejecutivo del 5º Foro Social Mundial y director de la secretaría administrativa del Mercosur.
Fuente: https://www.nodal.am/2017/12/brasil-la-legalidad-nos-mata-dicen-los-golpistas-la-caza-lula-jeferson-miola/