Rusia quiere fijar nuevas reglas para que los extranjeros participen en la explotación de sus recursos naturales. Después de una ola de privatizaciones tan transparente como el petróleo, el gobierno del presidente Vladimir Putin busca un equilibrio entre la necesidad de inversión foránea y los límites para evitar el saqueo, pero no hay mucha confianza en cómo lo está haciendo.
La Ley del Subsuelo, principal instrumento para regular la extracción de petróleo, gas natural, oro, metales y demás valiosos recursos naturales de Rusia, data de febrero de 1992.
Privatizaciones por demás turbias propiciaron el reparto de las mejores empresas soviéticas entre los allegados del entonces presidente Boris Yeltsin, mientras esta ley permitió entregar a esos mismos agraciados, por supuesto en detrimento del Estado, las materias primas.
La Ley del Subsuelo, mediante incontables resquicios y ambigüedades, devino en herramienta perfecta para disfrazar de legalidad el saqueo de Rusia, en medio de la rampante corrupción de los funcionarios públicos.
Con ya cinco años al frente del país, no hay elementos para concluir que el presidente Vladimir Putin se proponga acabar con esta mayúscula aberración, más allá de que ha sabido encubrir con un discurso justiciero la persecución de adversarios políticos, como el encarcelado Mikhail Khodorkovsky, ex dueño de la petrolera Yukos y sus socios.
El Kremlin es consciente de que a estas alturas sería suicida en el sentido de colapsar la economía revisar en su totalidad las cuestionadas privatizaciones que impulsó Yeltsin, pero en el entorno de Putin todavía es muy grande la tentación de usar el poder político, cada vez menos acotado, en beneficio propio.
En Rusia a nadie sorprende que hijos de funcionarios del primer círculo presidencial, recién graduados los muchachos, ocupen altos cargos ejecutivos en los principales consorcios del país, tanto del sector público, en clara muestra de nepotismo, como privado, lo que pone a sus patrones en ventaja frente a los competidores y genera a veces conflicto de intereses con el Estado.
En este contexto de liderazgo por encima de sospecha, tras más de un año de haberse anunciado la intención de modificar la legislación de recursos naturales, se debate a puerta cerrada en el Kremlin la enésima propuesta de reforma, en esta ocasión a partir del borrador encargado a Yuri Turtnev, ministro de Recursos Naturales.
La reforma, según ha trascendido, tendrá como eje una nueva Ley del Subsuelo, la cual a pesar de enmiendas y adiciones,no responde a las expectativas de la actual elite gobernante.
El gobierno de Putin lleva meses atrapado entre cambiar las reglas del juego para apoyar a los nuevos favoritos del Kremlin algunos magnates surgidos con Yeltsin se mantienen en esa calidad de afortunados y la necesidad de atraer multimillonarias inversiones foráneas para potenciar nuevas explotaciones.
Turtnev estima que en los próximos 15 años el sector de recursos naturales requerirá inversiones por más de 90 mil millones de dólares, cuando Rusia está en condiciones de aportar de su presupuesto únicamente 10 por ciento de esa cantidad.
El gabinete de ministros deberá aprobar un documento definitivo y enviarlo a la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso, a más tardar a fines de abril.
Principales rasgos de la reforma
Por lo pronto, se cuenta con una llamada «concepción» de nueva política en recursos naturales. Son, sobre el papel, medidas similares a las estipuladas en la legislación de otros países.
De entrada, subsuelo y recursos naturales se declaran propiedad federal. Se suprime, así, el papel preponderante de los líderes regionales en la adjudicación de las riquezas de sus territorios, prerrogativa otorgada por Yeltsin en su afán de sumar aliados contra Mijail Gorbachov a fines de los 80. Ahora tendrán la última palabra los funcionarios federales.
El Estado se reserva el derecho de exclusividad sobre la explotación de 29 recursos minerales estratégicos, como el oro y la mayoría de las gemas.
El Kremlin propone que sólo ciudadanos rusos o empresas legalmente registradas podrán usufructuar los recursos del subsuelo. Es decir, cualquier compañía extranjera que incorpore socios locales o que, sin éstos, registre aquí una filial podrá seguir explotando los yacimientos, aunque ya nadie sobre todo, algunos magnates rusos podrá hacerlo desde sociedades afincadas en paraísos fiscales.
Los yacimientos serán adjudicados sólo mediante licitaciones, que el ganador podrá vender a terceros. No habrá licitaciones, sólo en los casos en que las autoridades federales establezcan que una empresa, tras haber gastado dinero y tiempo en la exploración, descubrió ese yacimiento. Las compañías extranjeras quedan excluidas de la puja por yacimientos estratégicos, fundamentalmente petróleo y gas natural.
Las restricciones a extranjeros para explotar cualquier yacimiento estratégico desaparecen apenas éstos constituyan si es que no tienen ya varias una empresa mixta, con un socio ruso del agrado del Kremlin y poseedor formal de 51 por ciento de las acciones.
Además, las restricciones afectan sólo una mínima parte de los yacimientos. Conforme a datos oficiales, en 2005 tendrán la categoría de estratégicos apenas seis de los 250 yacimientos que piensa subastar el gobierno. En 2006, los extranjeros, sin socios locales, podrán aspirar sólo a 2 o 3 yacimientos y, a partir de 2007, no habrá restricción.
Hay motivos para poner en entredicho la tesis oficial de que en Rusia las licitaciones son la mejor forma de garantizar los intereses del Estado, aparte de que tampoco pueden considerarse el procedimiento más imparcial para adjudicar yacimientos.
El antecedente inmediato
A juzgar por el antecedente inmediato, la venta de Yugansneftegas, principal filial de producción de la petrolera Yukos, es alto el riesgo de que se repitan los vicios de la época de Yeltsin.
Al más alto nivel político se recomendó no participar en esa subasta a varias empresas rusas y extranjeras y sólo se permitió el registro del consorcio estatal Gazprom y de dos firmas fantasma, creadas un mes antes.
La sorpresa fue que, al comienzo de la subasta, el consorcio estatal abandonó la puja cuando un comparsa ofreció 100 mil dólares más del precio inicial, a pesar de que Yugansneftegas seguía valuada muy por debajo de su precio real en unos 7 mil millones de dólares.
Lo que en otro país habría acabado en escándalo, para Moscú fue una «subasta legal y transparente», aunque hasta la fecha nadie sabe quién adquirió de ese modo una empresa que produce al día un millón de barriles de petróleo.
Y nunca se sabrá porque, dos días después de la subasta, el pequeño grupo de anónimos particulares »cinco compradores, personas respetables todas», expresó el titular del Kremlin, revendió Yugansneftegas a Gazprom, léase al propio Estado ruso, que bien pudo ahorrarse la gestión de esos tan afortunados como sobrantes intermediarios.
A menos que esa amañada subasta fuera una excepción frente a las que ya se preparan para los próximos meses, todo parece indicar que, junto con la nueva legislación para regular el uso de los recursos naturales, pronto habrá aquí muchos «intermediarios» locales al servicio de las empresas extranjeras interesadas en desarrollar y explotar los yacimientos de Rusia.