La temida «dictadura venezolana» que ha estado prediciendo la oposición en ese país durante los últimos ocho años, según ellos, finalmente ha sido instaurada con la ley habilitante. Esto hace que los críticos de Chávez en todo el mundo se sientan reivindicados (otra vez). No obstante, esta sería aproximadamente la sexta vez que esto ocurre. […]
La temida «dictadura venezolana» que ha estado prediciendo la oposición en ese país durante los últimos ocho años, según ellos, finalmente ha sido instaurada con la ley habilitante. Esto hace que los críticos de Chávez en todo el mundo se sientan reivindicados (otra vez). No obstante, esta sería aproximadamente la sexta vez que esto ocurre. Al revisar la historia reciente encontramos que cuando Chávez fue elegido en 1998, los críticos empezaron a decir que iba a establecer una dictadura en Venezuela. Los analistas políticos han tenido que revisar sus cálculos sobre cuándo precisamente esa dictadura iba a entrar en vigencia, porque después de cada prédica de dictadura inminente, Chávez ha hecho algo que completamente ha anulado la dictadura anunciada.
Por ejemplo, después de su elección en 1998, lo primero que hizo Chávez fue llamar a un referéndum para consultar sobre de si debía haber o no una nueva constitución y se fue a las urnas para establecer una Asamblea Constituyente. Cuando la Asamblea Constituyente asumió más poderes que el Congreso, la oposición empezó a vociferar ¡dictadura!, pero resulta que la Asamblea propuso una Constitución que era más democrática que la anterior. Igualmente, los 49 decretos-leyes del 2001 fueron otra señal de que venía una dictadura, no obstante esas leyes democratizaron la propiedad de la tierra y el acceso al crédito en Venezuela, entre otras cosas. Y de nuevo, el golpe de abril 2002 fue justificado con el cuento de que Chávez ordenó a sus partidarios que dispararan a los opositores, pero después del golpe, muy pocos golpistas fueron arrestados. Este patrón se repite otra vez con el golpe petrolero de 2002-2003 y en la lucha relacionada con el referéndum revocatorio del 2004. En cada ocasión la oposición y los críticos internacionales se han visto forzados a revisar la fecha del comienzo de la dictadura venezolana, tal cual como esos cultos religiosos que predicen el fin de mundo y se ven forzados a revisar la fecha del «último día» de la democracia en Venezuela.
Ahora, con la última serie de decisiones que ha tomado Chávez, de solicitar una nueva ley habilitante, de negarle la renovación de la licencia a una estación de TV, de lanzar un nuevo partido socialista único, y de proponer un número indefinido de re-elecciones, la oposición sigue con el mismo discurso otra vez. Ahora dicen que Chávez definitivamente ha cruzado la raya. Después de todo, ¿qué es mas dictatorial que «gobernar por decretos», «cerrar un canal de televisión», «formar un partido unico» y convertirse en un «presidente vitalicio»? Si esto fuera lo que estuviera sucediendo en Venezuela, sería siniestro de verdad. Sin embargo, estas descripciones, de la oposición y de los medios internacionales son completamente ajenas a lo que realmente está pasando en Venezuela. Examinemos lo de «gobernar por decreto» que sí representa riesgos, pero no en la medida que tiene desesperados a la oposición. [1]
«Gobernar por decreto»
Hasta los medios progresistas tal como el programa radial muy popular en Los Estados Unidos Democracy Now! ha adoptado esta frase para la ley habilitante que la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado.[2] ¿Es esto lo que significa una ley habilitante, que Chávez puede gobernar por decretos? El problema es que esta frase se refiere a una serie de situaciones, pero es más bien utilizada para describir el poder de un dictador o monarca quien puede decretar lo que le plazca y que todos tienen que acatarlo. Ejemplos clásicos de ese tipo de poder fueron los gobiernos de Augusto Pinochet y Adolfo Hitler.
Sin embargo, en Venezuela, la ley habilitante es completamente diferente a esos tipos de gobierno por decreto pues se encuentra limitada de varias maneras. Primeramente, el Presidente está sujeto a la Constitución. Solamente puede hacer un decreto en las áreas específicamente señaladas por la Asamblea Nacional, en el límite de tiempo que la Asamblea imponga y dentro de un marco que sea consistente con la Carta Magna venezolana. En otras palabras, no puede arbitrariamente ordenar poner presa a una persona ni puede suspender ningún derecho cívico básico. Incluso, algunas de las leyes necesitan ser sometidas a la Corte Suprema, la cual las examinará para ver si están o no conformes a la Constitución.
En segundo lugar, y contrariamente a lo que se dice popularmente, aunque los partidarios de Chávez controlan todos los poderes del Estado, los decreto ley pueden ser anulados por el más importante de todos los poderes: el de los ciudadanos. Es decir, los decretos-ley pueden ser suspendidos por el voto popular. La Constitución venezolana de 1999 dictamina que casi todas las leyes pueden ser sometidas a referéndum si lo solicita al menos 10% de los votantes registrados, pero en el caso de los decretos-ley solamente se necesitan las firmas del 5% de los votantes registrados (esto es 800.000 personas de los 16 millones de votantes registrados). [3]
En tercer lugar, la Asamblea Nacional puede en cualquier momento modificar o rescindir los decretos-ley si así lo juzgara conveniente. Esto es diferente a las leyes habilitantes de los Estados Unidos llamadas «Fast Track» (camino rápido), en las cuales el presidente puede firmar tratados internacionales donde el congreso solamente puede aprobar el tratado, sin cambiarlo.
¿Pueden las leyes habilitantes conducir a una autocracia?
Así pues, los decretos-ley derivados de la ley habilitante de Venezuela son medidas moderadas en comparación con el entendimiento común del concepto «gobernar por decreto.» Entonces, la próxima interrogante, y la más importante, es ¿pueden esas leyes terminar siendo peligrosas para la democracia venezolana? Los críticos de Chávez que conceden los puntos anteriores, sin embargo, dicen que a pesar de los límites de los decretos ley la falta de separación entre los poderes ejecutivo y legislativo traerán resultados desastrosos. Nunca explican por qué exactamente eso va a suceder, solamente repiten que no hay control y balance entre los dos poderes. Ciertamente, el que los partidarios de Chávez controlen el poder legislativo hace que las medidas de control sobre el ejecutivo sean menos fuertes, que si la oposición lo controlara, pero esta circunstancia es así para cualquier sistema de gobierno parlamentario y cualquier sistema gubernamental en el cual el ejecutivo y el legislativo estén controladas por un mismo partido. Y lo más raro aún, es que quienes se oponen a Chávez casi nunca dan estas alarmas perniciosas sobre otros países donde sucede lo mismo.
Más importante que la cuestión de controles y balances (que ya hemos visto existe en Venezuela con el poder ciudadano y la Asamblea Nacional), es lo que Chávez va a hacer con la ley. El objetivo principal de estas leyes, según el texto de la ley habilitante, es promover la democracia popular, hacer el Estado más eficiente, erradicar la corrupción, incrementar las seguridad ciudadana, nacionalizar industrias estratégicas, entre muchas otras cosas. Si esto es lo que realmente van a realizar estas leyes, entonces ¿para qué toda esta alharaca? Imaginamos que los críticos de Chávez creen que se va a utilizar la ley habilitante para aprobar alguna ley tiránica completamente diferente, pero es que ¿hay alguna evidencia que esto pueda suceder?
Si examinamos la vez pasada cuando Chávez tuvo el poder de una ley habilitante, en 2001, se verá que esto no sucedió. Los 49 decretos-ley que Chávez firmó en noviembre del 2002 tuvieron un efecto democratizante, tal como la reforma agraria que democratizó la distribución de la tierra, la reforma bancaria que mejoró el acceso al crédito para las micro-industrias, la reforma pesquera que le dio capacidad a los pequeños pescadores de incrementar su producción porque protege la pesca artesanal al obligar a los pescadores grandes a pescar mar adentro, o la ley de hidrocarburos que incrementó los ingresos del Estado provenientes de la producción petrolera. Basado en esta experiencia previa, no hay ninguna razón para creer que esta vez Chávez va a aprobar leyes regresivas o diferentes a las que la ley habilitante le ha autorizado.
Lo que es más, las encuestas de la ONG chilena Latinobarómetro han indicado una y otra vez que a pesar de todas las catastróficas prédicas de la oposición sobre la supuesta cuesta abajo hacia la dictadura en Venezuela, los venezolanos mismos de manera aplastante creen que su gobierno es democrático y que cada día se vuelve más democrático. Han pasado ocho años de la Revolución Bolivariana y los venezolanos están en segundo lugar, después de Uruguay, en la categoría de satisfacción con su democracia, comparados con el resto de Latinoamérica. Este porcentaje ha ido incrementándose a través de la presidencia de Chávez, subiendo desde el 32% en 1998 al 57% en el 2006. Mientras tanto, el promedio para Latinoamérica fue de 38% en el 2006.[4] Este resultado, y el de muchas otras encuestas similares, contradicen completamente la noción de que Chávez esta llevando a Venezuela paulatinamente hacia una dictadura.
¿Es la ley habilitante una buena idea?
Toda vez que se tiene claro que la ley habilitante no es ni un dictatorial «gobierno por decreto» ni que llevará al país hacia una dictadura, entonces es justo preguntar si la ley será buena para Venezuela. Se debe notar, por ejemplo, que hay una contradicción entre el deseo de Chávez de aprobar leyes para promover más democracia participativa y el proceso de llevarlo a cabo evitando el hacerlo a través de la asamblea democráticamente elegida. Es decir, hacer que el poder ejecutivo desarrolle y apruebe leyes es un proceso menos democrático que la vía legislativa, con sus muchos y largos debates y deliberaciones. En otras palabras, la eficiencia ha sido preferida al debate y deliberación. Los Chavistas dicen que esto vale la pena porque el pueblo venezolano ya no puede aguantar más esperas para que llegue la justicia social a Venezuela.[5]
Aunque esto sin duda es cierto, existe el riesgo serio de que el costo de traer la justicia social pueda ser más grande que lo que el pueblo ha creído. Primeramente, la falta de deliberación pausada y democrática puede resultar en leyes mal formuladas que terminen por introducir menos mejoramientos sociales de lo que hubiera sido el caso con leyes bien desarrolladas. Al final, el objetivo de introducir mejoramientos sociales rápidos puede sufrir un revés más que si la Asamblea Nacional hubiese formulado las leyes.
En segundo lugar, hay un riesgo aun más grande: que se afinque en el país la actitud (que ya de por sí es bastante fuerte en Venezuela) de que las leyes provenientes de un líder fuerte son mejores que las leyes provenientes del proceso aparatoso de la larga deliberación democrática. Esta actitud abre el camino hacia la creencia de que una dictadura benévola es la mejor forma de gobierno.
En tercer lugar, quizás el peligro más grande de introducir una ley habilitante ahora cuando su necesidad no es obvia para todos, es que esto empuja hasta los críticos moderados de Chávez hacia aquellos que creen que Chávez está llevando hacia una dictadura. Aunque esto de por sí nunca ha sido una preocupación para Chávez, y no cambia mucho la correlación de fuerzas entre chavistas y la oposición, si puede cambiar la dinámica dentro de la oposición. Que personas antes de la oposición moderada, como Teodoro Petkoff, se unan con personas que dicen que Venezuela es una dictadura totalitaria, le da poder dentro de la oposición a aquellos que dicen que hay que sacar a Chávez del poder sea como sea. Sin embargo, si la oposición ve que sus opciones se están desvaneciendo, pueden caer en la tentación de tomar armas y lanzar una «guerra de los contras»- tal como la que lanzaron contra los Sandinistas en Nicaragua – en contra de la Revolución Bolivariana. Aunque esto no es aparente en el momento, sigue siendo una posibilidad y se vuelve más viable con cada excusa que Chávez le da a la oposición, no importa lo débil que sea la excusa.
Finalmente, se ha fortalecido la campaña internacional para desacreditar al gobierno de Chávez como resultado de la ley habilitante y las otras medidas mencionadas arriba. Si esta campaña tiene éxito, habiendo las anteriores aparentemente fracasado, la Revolución perderá sin duda un apoyo internacional que mucho necesita. Hay aún una gran reserva de simpatía y comprensión en todo el mundo para el proyecto Bolivariano, pero esta reserva no es ilimitada.
Chávez y sus partidarios deben preguntarse a sí mismos si los riesgos potenciales de perder el apoyo internacional, de promulgar leyes de calidad inferior, de fortalecer la política personalista, y el posible surgimiento de resistencias violentas al estilo de una fuerza de «contras» valen la pena, para ganar eficiencia en la creación del socialismo del siglo XXI. Venezuela no avanza hacia una dictadura y los prestidigitadores de la oposición van a tener que revisar la fecha del día fatídico para Venezuela otra vez. Pero puede ser que el país vaya hacia otro período de incertidumbre y desestabilización si Chávez y sus partidarios no van con cuidado.
Traducción por Maria Victor y Carol Delgado
Originalmente publicado en: www.Venezuelanalysis.com
[1] Los demás serán discutidas en otros comentarios más adelante.
[2] «Do Chavez’s New Decree Powers Undermine Venezuelan Democracy? A Debate,» Democracy Now!, 2 de febrero 2007
[3] Artículo 74 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
[4] «Poll: Venezuelans Have Highest Regard for Their Democracy», Venezuelanalysis.com, 20 de diciembre 2006.
[5] Ver, por ejemplo, : «Why Aren’t You in a Hurry, Comrade?», Venezuelanalysis.com, 5 de febrero 2007.