Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Cuando los propietarios de casas se retrasan en el pago de sus hipotecas, sea porque han perdido su empleo o por el vertiginoso aumento de las tasas de interés, los banqueros reaccionan fríamente. Motivados por sus intereses económicos ponen a hacer horas extras a su maquinaria de embargos y obligan a millones de personas a abandonar sus casas. Durante el clímax de la actual crisis económica, cuando el Congreso se planteó la aprobación de legislación que permitiría que los jueces redujeran los préstamos inmobiliarios con el fin de impedir los, los bancos cabildearon furiosamente y liquidaron la legislación.
Pero cuando los banqueros cometen sus propias trasgresiones -no trasgresiones inocentes e inevitables como no pagar un préstamo porque se ha perdido el empleo por culpa de la recesión de los bancos- sino violando realmente la ley, el gobierno no solo los perdona, sino que además en la práctica se convierte en cómplice de sus crímenes.
La firma automática, por ejemplo, es un crimen. Ocurrió cuando empleados de los bancos firmaron miles de documentos, afirmando que eran exactos, sin preocuparse de verificar su afirmación. Pero ninguno terminó en la cárcel.
En un reciente artículo del New York Times Jesse Eisinger señaló que el escándalo de JPMorgan provoca una serie de preguntas:
«¿Qué sabían Jamie Dimon, ejecutivo jefe de JP Morgan, y Doug Braunstein, responsable de las finanzas de la empresa, y cuándo lo supieron? ¿Eran exactas las utilidades del primer trimestre? ¿Engañaron los máximos funcionarios de JPMorgan cuando discutieron las inversiones de la principal oficina de inversiones?… La primera pregunta en la mente de todo el mundo debería ser si se violaron algunas leyes vigentes» (17 de mayo de 2012).
Sin embargo, Eisinger se apresuró a señalar en relación con la última pregunta: «El hecho de que no se haya formulado demuestra la poca responsabilización que ha habido desde la crisis financiera. Ningún banquero de primer orden ha ido a la cárcel por las numerosas quiebras de bancos, las engañosas prácticas de venta o las tergiversaciones de los libros».
El gobierno trata las leyes para el 1% como si fueran humildes solicitudes, nada que deba implementarse seriamente si ese 1% se niega a aceptarlo. Las leyes para el 99% se implementan de forma brutal, por no hablar de la brutalidad policial que prevalece y ocurre sin ninguna justificación legal.
Gretchen Morgenson y Louise Story informaron en 2011 en otro artículo del New York Times (7 de julio de 2011), de que los fiscales federales adoptaron un código más suave para los banqueros:
«Los fiscales federales adoptaron oficialmente nuevas directivas sobre la acusación de crímenes a las corporaciones, un enfoque más suave que, dicen antiguos abogados empresariales y exfiscales federales, ayuda a explicar la escasez de casos criminales a pesar de un montón de investigaciones de la crisis financiera… Las directivas dejan abierta otra posibilidad además de culpable o no culpable, a menudo garantizando indulgencia si las compañías investigan e informan de sus propios actos contrarios a la ley. A cambio, el gobierno llega a acuerdos para retardar o anular el procesamiento si las compañías prometen cambiar su conducta».
Más recientemente, Gretchen Morgenson ha informado de que un destacado analista de Wall Street y otros sospechan que «la explotación ilícita de información privilegiada puede ocurrir y ocurre regularmente en numerosas firmas de Wall Street. A su juicio se ha institucionalizado… Los que saben pueden enriquecerse antes de que los demás sepamos lo que sucedió» (The New York Times, 20 de mayo de 2012)
Y el hecho de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) no haya llevado a juicio esos casos viene después de su espectacular falta de enjuiciamiento de Bernard Madoff, incluso después de recibir abrumadora evidencia de su culpa.
Aunque la industria financiera recibe la mayor parte del perdón gubernamental, tal vez porque es responsable de la mayor parte de los crímenes, el mundo corporativo en general es un beneficiario lucrativo. Después del reciente escándalo de sobornos de Wal-Mart en México, The New York Times (27 de abril de 2012), informó de que, aunque el soborno de funcionarios extranjeros es un crimen, si la práctica pasada sirve de indicador, nadie será llevado a juicio.
El destacado ejemplo de práctica anterior mencionado en el artículo fue Tyson Foods. Después de enumerar una serie de crímenes cometidos por ejecutivos de Tyson, el artículo concluyó:
«Es obvio que los crímenes los cometen las personas, no las empresas. ¿Qué pasó entonces a los ejecutivos de Tyson involucrados? No solo el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores no emprendieron una acción contra ellos, sino que ni siquiera los nombraron. (The New York Times, 27 de abril de 2012).
¿Por qué está tan decidido el gobierno a utilizar dobles raseros cuando se trata de imponer la ley al 1% y a los demás? En parte esta corrupción mundana se debe a la cómoda relación cultivada entre los políticos y el mundo corporativo. Si un político o regulador se adapta a las reglas y complace a las corporaciones puede esperar una carrera bien remunerada en el sector privado después de abandonar su puesto. Los políticos, por ejemplo, se convierten rutinariamente en lobistas.
La corrupción también se debe al hecho siguiente: «Las declaraciones de transparencia revelan que por lo menos dos tercios de los senadores estadounidenses que redactan nuevas regulaciones financieras poseen acciones en bancos y otras compañías afectadas por la legislación, como Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co.» (Bloomberg, 16 de junio de 2010).
Pero la explicación definitiva es que los políticos han adquirido el hábito automático de postrarse ante los que poseen vastas sumas de dinero. Y éste es uno de los numerosos subproductos tóxicos de la creciente desigualdad de la riqueza: se destruye crecientemente un sentido de comunidad, junto con los valores morales que la unen. Nos quedan dos clases opuestas que habitan dos mundos opuestos, y su choque es inevitable.
Ann Robertson es catedrática de la Universidad del Estado de San Francisco y miembro de la Asociación Académica de California, y Bill Leumer es miembro de la International Brotherhood of Teamsters, Local 853 (retirado). Ambos escriben para Workers Action y se puede contactar con ellos en sanfrancisco@workerscompass.
Fuente: http://www.counterpunch.org/
rCR