La polémica entre Odebrecht, los préstamos hechos por el BNDES [Banco Nacional de Desarrollo, banco de inversiones brasileño], la actitud del gobierno ecuatoriano y la respuesta del gobierno brasileño permite diferentes ángulos de abordaje. Por ejemplo: ¿Cuál debe ser la actitud del Estado ante las empresas privadas que prestan servicios al poder público? ¿Cómo […]
La polémica entre Odebrecht, los préstamos hechos por el BNDES [Banco Nacional de Desarrollo, banco de inversiones brasileño], la actitud del gobierno ecuatoriano y la respuesta del gobierno brasileño permite diferentes ángulos de abordaje.
Por ejemplo: ¿Cuál debe ser la actitud del Estado ante las empresas privadas que prestan servicios al poder público? ¿Cómo tratar préstamos públicos internacionales, vinculados a emprendimientos privados? ¿Qué actitud tomar ante la necesidad de auditar la deuda interna y externa en los países de la región? ¿Qué tipo de relaciones deben prevalecer entre los gobiernos progresistas y de izquierdas en Sudamérica?
La derecha brasileña y sus medios participan en la polémico con el objetivo de meter arena en las relaciones de los gobiernos de Lula y Rafael Correa. Sectores de la izquierda y de la ultraizquierda a su vez declaran apoyo total a Ecuador, criticando la postura supuestamente «subimperialista» del gobierno brasileño y su «sumisión» a los intereses de una contratista.
De la derecha nada se espera. De la otra orilla del río, se espera solidaridad en la lucha contra una contratista y contra la deuda externa. Pero se espera, también, una mirada un poco más ancha, que busque tratar y superar los inevitables conflictos que existen y continuarán existiendo, entre los movimientos, partidos y gobiernos progresistas y de izquierdas, en los marcos de un plan estratégico que impida el fortalecimiento de nuestros enemigos.
A lo largo del SXX, la izquierda latinoamericana y caribeña enfrentó dos grandes obstáculos: la fuerza de los adversarios en el plano nacional y la injerencia externa. Ésta siempre estuvo presente, especialmente en aquellos momentos en los que la izquierda llegaba al gobierno o al poder. Cuando las clases dominantes locales no eran capaces de contener la izquierda, apelaban a los marines.
La novedad de los últimos diez años (1998-2008) es la construcción de una correlación de fuerzas en América Latina que permite limitar la injerencia externa.
El ambiente progresista y de izquierda contribuyó en las elecciones y reelecciones, ayudo a evitar golpes (contra Chávez y Evo Morales, por ejemplo), siendo además fundamental en la condena de la invasión de Ecuador por tropas de Colombia. Más allá de minimizar o inviabilizar políticas de bloqueo económico, que jugaron un papel importante en la estrategia de la derecha contra el gobierno de Allende y que continúan afectando Cuba.
En otras palabras: la existencia de una correlación de fuerzas favorable en la región crea mejores condiciones para que cada proceso nacional siga su propio curso. Un símbolo de esta nueva correlación de fuerzas es la realización, en diciembre de 2008, de la cúpula latinoamericana y del Caribe. Ni ‘pan’, ni ‘ibero’.
Ocurre que, cuando fuerzas de izquierdas y progresistas consiguen llegar al gobierno nacional, lo hacen con un programa basada, de alguna forma, en el trípode de igualdad social, democratización política y soberanía nacional.
Y la defensa de la soberanía nacional no se hace apenas contra las «metrópoles imperialistas», también conlleva administrar los conflictos entre países de la región.
Esos conflictos no fueron «inventados» por los actuales gobiernos, sino que son generalmente una herencia de periodos anteriores, incluso del desarrollo dependiente y desigual que ocurrió en la región. En la mayoría de los casos, no podrán ser superados a corto plazo: por tener causas estructurales solo podrán solucionarse a largo plazo, en los marcos de un proceso adecuado de integración regional.
La exacerbación de estos conflictos regionales tendría como subproducto el disimular las contradicciones (mucho más relevantes) con la metrópoles imperialistas.
Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, debemos impedir que esos conflictos se conviertan en contradicción principal. Puesto que, si eso pasa, la correlación de fuerzas latinoamericana se alterará a favor de la injerencia externa.
Se sabe que los gobiernos progresistas y de izquierdas de la región trillan el sendero del desarrollo y de la integración, adoptando diferentes estrategias y con distintas velocidades.
Y ya se dijo que la mayor o menor posibilidad de éxito, en el ámbito nacional, está vinculada a la existencia de una correlación latinoamericana favorable a las posiciones de izquierdas y progresistas.
Luego, nuestro imbroglio estratégico se puede resumir así: ¿cómo compatibilizar las diferentes estrategias nacionales con la construcción de una estrategia continental común (que preserve la unidad con diversidad)? O, más precisamente, ¿cómo lidiar con los conflictos entre los países de la región?
Debido a su tamaño, fuerza económica, contexto histórico y largas fronteras, Brasil es parte efectiva o potencial en muchos conflictos regionales. Sectores de la derecha brasileña desean que Brasil se comporte, en eses conflictos, al estilo de los EE.UU. En otros países, partes de la derecha quieren ver a Brasil ocupando, en el imaginario popular, el lugar que es actualmente de EE.UU.
La verdad sea dicha, Brasil tiene la physique du rôle adecuada para cumplir papeles distintos y opuestos.
Por una parte, a lo largo de los últimos años nuestro país se ha convertido en la plataforma de operación de grandes empresas, que se benefician de los mercados, de la mano de obra y de las riquezas naturales de países vecinos. Y, a lo largo de nuestra historia, por diversas veces el gobierno brasileño abogó por los intereses metropolitanos y la integración subordinada.
Por otra parte, Brasil tiene condiciones de ser una de las locomotoras de otro tipo de desarrollo e integración regional, contra las directrices impulsadas históricamente por los EE.UU. Desde 2003, con mayor o menor éxito, con mayores o menores contradicciones, esta es la «línea de Brasil».
Algunos episodios, el más reciente el de Odebrecht, demuestran que sectores de la izquierda latinoamericana no están de acuerdo con esta línea o, por lo menos, consideran que el gobierno brasileño no está siendo coherente en su aplicación.
Es evidente que dificultades, incoherencias y contradicciones existen. Sería una tontería negarlas, aún porque Brasil no se limita al Estado brasileño, el Estado no se limita al gobierno actual y el gobierno actual no se limita a la izquierda. Además, la izquierda también erra.
Pero, lo que está en cuestión no son apenas estas dificultades, incoherencias, contradicciones y errores. Claro que existen, así como también pesan el estilo personal de los gobernantes e implicaciones coyunturales. Por encima de todo eso, sin embargo, trasparece una divergencia acerca de la línea seguida por el gobierno brasileño.
En rigor, a parte de la izquierda latinoamericana le gustaría que el gobierno Lula adoptara el espíritu del ALBA.
Podemos y debemos debatir (en términos de sostenibilidad interna, naturaleza de los acuerdos firmados, materialización efectiva, efectos en países receptores) lo que hace el gobierno de Venezuela, pero es imposible no reconocer que su actitud es extremadamente meritoria.
¿Pero podría y debería el gobierno brasileño optar por ése camino?
Podemos y debemos hacer más de lo que hacemos, incluso establecer parámetros y controles sobre la actuación internacional de las empresas privadas «brasileñas» (el cráter en el Metro de São Paulo no permite dudas acerca de lo que una contratista es capaz de hacer). Pero, por más que hagamos, no existe correlación de fuerzas, mecanismos institucionales y situación económica que nos permitan operar de manera similar al gobierno venezolano.
La alternativa realmente disponible para el gobierno brasileño conlleva solidaridad; pero su dimensión principal es la de los acuerdos comerciales, económicos e institucionales (por ejemplo, la UNASUR), abarcando gobiernos, empresas públicas y/o privadas.
Este camino tiene diversos riesgos. De salida, iniciativas como la UNASUR suponen compartir la mesa con adversarios políticos e ideológicos, que siguen gobernando importantes países de la región. En segundo lugar, la dinámica de la integración incluye momentos de mayor protagonismo políticos de los presidentes, entremediados de periodos donde predomina el espíritu de las respectivas cancillerías. En tercer lugar, los acuerdos económicos-comerciales siempre benefician, en mayor o menor escalara, los intereses del Capital, por lo menos mientras ese modo de producción sea hegemónico en los países en cuestión. En cuarto lugar, las empresas implicadas generalmente ponen en primer lugar su beneficio inmediato y en segundo lugar el sentido estratégico de la operación, o sea, el desarrollo y la integración.
El punto fuerte de la actual posición brasileña es la insistencia en la construcción de una institucionalidad regional solida, cuya expresión más promisora hoy es la UNASUR (ahí comprendidos el Banco del Sur, el Consejo de Defensa, etc.). El punto débil es la ausencia de control sobre el comportamiento de las empresas que actúan en el exterior.
En el caso de las empresas públicas, como se vio en Bolivia, el gobierno brasileño tiene medios para hacer valer los intereses estratégicos del país. En el caso de las empresas privadas, se hace necesario desarrollar mecanismo que garanticen lo mismo, incluso dentro de Brasil. Al fin y al cabo, como sabemos, empresas que reciben préstamos del BNDES apostaron contra el Real; y bancos que reciben estímulos del gobierno niegan crédito barato.
Con todos sus riesgos, lo que resumimos en los párrafos anteriores parece haber sido el camino adoptado por el gobierno brasileño y no está en el horizonte a corto plazo cualquier modificación. Eso ocurriría en dos circunstancias: en el caso que la derecha recuperase el gobierno en 2010; o si el proceso social en el país se radicalizase, alterando significativamente la correlación de fuerzas.
Podemos discutir, discordar y hasta condenar la «línea de Brasil». Debemos, es cierto, exigir mayor rapidez y mayor dedicación en la implementación de esa línea, especialmente en la coyuntura abierta con la crisis internacional. Pero es necesario comprender su naturaleza, sus límites, y las consecuencias generadas por un posible impago de préstamo concedido por el BNDES, sobre nuestras posibilidades de cooperar con otros países de la región, incluso Ecuador.
De la misma manera como nosotros debemos comprender, por ejemplo, que el gobierno ecuatoriano siga conviviendo con la dolarización de su economía. Gravísimo atentando a la soberanía nacional, que persistirá mientras no se cree una correlación de fuerzas interna y externa que permita su superación.
Queda tratar de una cuestión fundamental. Argumentamos que el gobierno brasileño, al menos ahora, no puede adoptar una política distinta de la actual. La pregunta es: ¿debemos trabajar por la adopción de otra política?
La respuesta es: sí y no. Sí, en el sentido de que debemos construir las condiciones internas para tener una política externa más osada. No, en el sentido de que consideramos imposible revocar, por decreto y voluntad, las relaciones de mercado entre los países de nuestro continente.
Seguramente, la solución de los conflictos regionales supone una reducción de la desigualdad, no solo dentro de cada país, sino también entre las economías de nuestro subcontinente. La institucionalidad de la integración, tanto multilateral como las relaciones bilaterales, tiene que estar en sintonía con este propósito.
La reducción de la desigualdad en cada país supone enfrentar la «herencia maldita» y realizar reformas sociales profundas. Pero eso no es suficiente para eliminar las disparidades existentes entre las economías, objetivo que exige combinar, a largo plazo, medidas de solidaridad, intercambio directo y también medidas de mercado.
Por mucho que Brasil consiga osar en su política externa, no tenemos como «exportar» solamente la «parte buena» de las condiciones materiales para la superación de las desigualdades existentes, tanto internamente en cada país, como entre los países de la región. Por lo tanto, el apoyo de Brasil a los países de la región incluirá, en gran medida, una fuerte dosis de «exportación del capitalismo», con sus pegas incluidas.
El telón de fondo del debate acerca de la «línea de Brasil» es la aceptación o no de esa limitación, que en nuestra opinión existiría aunque el gobierno brasileño fuese mucho más radical.
Por fin: todo apoyo a la auditoria de la deuda externa de Ecuador. Pero es preciso diferenciar los tipos de deuda y los acreedores. Todo apoyo al gobierno de Ecuador contra una contratista que construyó una obra con inmensos problemas. Pero es necesario actuar de forma a punir la contratista, no el BNDES. Y todo apoyo al dialogo entre los gobiernos de izquierdas y progresistas, para que ninguna de las partes sea sorprendida por medidas unilaterales divulgadas por la prensa. Por cierto, la falta de diálogo y aviso previo la única «línea» a la que no se le puede faltar el respeto.
Valter Pomar es secretario de Relaciones Internacionales del PT
Traducido por Rodrigo de Rezende