El 2 de abril se cumple un año de la cumbre de Londres del G-20, en la que salió el mandato a la OCDE para que coordinara la lucha contra la evasión internacional de capitales y los paraísos fiscales, con amenazas de sanciones. Al cabo de 12 meses, el balance es más bien mediocre: los […]
El 2 de abril se cumple un año de la cumbre de Londres del G-20, en la que salió el mandato a la OCDE para que coordinara la lucha contra la evasión internacional de capitales y los paraísos fiscales, con amenazas de sanciones. Al cabo de 12 meses, el balance es más bien mediocre: los paraísos fiscales han conseguido blindar el proceso para que escape a la luz pública; todavía quedan 17 territorios sin controlar (de esos, 12 son paraísos propiamente dichos, y el resto, centros financieros opacos); otros 26 han sido liberados de toda sospecha; y ya nadie habla de sanciones.
La iniciativa antiparaísos lanzada por el G-20 con el estallido de la crisis financiera generó una auténtica superproducción de declaraciones altisonantes. Nicolas Sarkozy: «Los paraísos, en seis meses, se acabó». Barack Obama: «Si esta gente quiere pelea, estoy listo para ello». Angela Merkel: «Nunca más habrá zonas de sombra».
La realidad es mucho menos brillante. El grito de guerra antiparaísos de los líderes mundiales se plasmó en una amenaza de sanciones para los 43 países y territorios que, el 2 de abril de 2009, figuraban en las listas negra y gris elaborada por la OCDE de malos alumnos de la nueva «moralización del capitalismo», en palabras de Sarkozy. En la última edición de la lista, ya ningún territorio figura en la categoría negra, y sólo 17 figuran en la gris de países que se comprometen a cooperar, sin haber cumplido aún los requisitos para ello.
¿Qué han hecho los 26 territorios agraciados, entre los que están peces gordos como Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Islas Caimán o Luxemburgo, que han pasado a la lista de países blanqueados? Para salir del rebaño de ovejas negras, simplemente han firmado, al menos, 12 convenios bilaterales de cooperación fiscal. Convenios que lo único que hacen es garantizar que, en teoría, el país se compromete a responder a una demanda precisa de información fiscal sobre los fondos y títulos que una persona física o jurídicaposea en su jurisdicción.
No hay intercambio automático de información fiscal, ni prohibición de las cuentas numeradas, ni prohibición de fiscalidad cero. Ni, tampoco, hay ninguna prohibición de una de las prácticas que mayores destrozos fiscales causan tanto en los países ricos como en los países pobres: el llamado mispricing,una técnica de facturación entre filiales de multinacionales situadas en territorios diferentes, que permite localizar el beneficio de una actividad allí donde la fiscalidad es casi nula. Es decir, los paraísosfiscales.
En enero pasado, los responsables de la OCDE comunicaron algunas cifras sobre repatriación de capitales, que el organismo internacional atribuye al impulso de la lucha antiparaísos: Australia habría repatriado 230 millones de dólares; Suráfrica, 6.000 millones; EEUU, 7.000 millones; y Francia, 6.000 millones de euros. En total, apenas un 7% de las estimaciones generalmente aceptadas sobre ingresos fiscales perdidos vía paraísos, que se cifran en unos 100.000 millones de dólares en EEUU, y unos 200.000 millones perdidos por la UE.
Mecanismo de revisión
Ahora, el proceso ha entrado en una nueva etapa, con el lanzamiento del llamado «mecanismo de revisión por los pares». En el marco del Foro Mundial para la Transparencia Fiscal,coordinado por la OCDE, 96 países y jurisdicciones, entre los que figuran paraísos y grandes potencias, van a inspeccionarse entre ellos a lo largo de tres años. En la llamada fase uno, van a analizar si realmente disponen de las leyes y reglamentos que hagan imposible el fraude fiscal transnacional. Luego, en la fase dos, se tratará de estudiar que los funcionarios y jueces realmente aplican el dispositivo legal.
Este proceso se inicia este mismo año; a España, por ejemplo, le llegará el turno de ser objeto de una inspección fase 1 en el primer semestre de 2011. El Foro Mundial de Transparencia Fiscal, presidido por Francia y escoltado por un comité especial pilotado por Australia, ha tomado una precaución: si bien no todas las inspecciones de fase 2 están programadas , sí lo están para los países más conflictivos, como Andorra, Gibraltar, Islas Caimán, Mónaco, Panamá, Luxemburgo o Suiza.
El problema de este proceso reside en sus carencias. Se obvia a los territorios que aún han entrado en el proceso, como Nigeria o Líbano, por el lado de los bajos fondos de las finanzas, o como Delaware (EEUU) o la City de Londres, por el lado de los que tienen bula.
Grandes vías de la evasión
Igualmente, se ha descartado estudiar las fórmulas de mispricing y de optimización fiscal entre filiales de multinacionales situadas en los paraísos, o la utilización de fórmulas jurídicas como los trusts y las fiduciarias, pese a que éstas técnicas son una de las grandes vías de la evasión y del anonimato.
Además, la OCDE ha blindado por completo el proceso de revisión antiparaísos. Se ha excluido totalmente a la ONU, por ejemplo, o a la totalidad de las ONGs que solicitaban que sus expertos pudieran participar en este análisis. Los informes de inspección que se van a ir haciendo serán confidenciales. Sólo su resumen final será público, a condición de que haya recibido la aprobación de todas las partes y del Foro.Pascal Saint-Amans, directivo de la OCDE responsable del Foro Mundial sobre Transparencia Fiscal, se defiende y asegura que el examen tendrá «total transparencia», ya que, como el informe será publicados,»las ONG podrán comentarlo ampliamente».
Se dejará, pues, «comentar» lo que hayan pactado previamente los gobiernos. Si los paraísos fiscales van a lavar sus trapos sucios, lo harán en familia y en el cuarto oscuro.
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