La indignación de los patriotas se ha desatado una vez más. En esta ocasión, con el anuncio de que Chávez está dispuesto a nacionalizar el Banco de Venezuela, filial del Santander. «En el extranjero se está maltratando a las empresas españolas». ¿Españolas? ¿No habíamos quedado en que con eso de la globalización las empresas no […]
La indignación de los patriotas se ha desatado una vez más. En esta ocasión, con el anuncio de que Chávez está dispuesto a nacionalizar el Banco de Venezuela, filial del Santander. «En el extranjero se está maltratando a las empresas españolas». ¿Españolas? ¿No habíamos quedado en que con eso de la globalización las empresas no tienen nacionalidad?
En un orden económico presidido por la libre circulación de capitales, ¿cabe hablar de empresas nacionales y extranjeras? ¿Qué criterios emplear para clasificarlas en uno u otro grupo? Cuando todo español -si tiene dinero, claro- puede invertir por Internet en las empresas de Europa y todo europeo invertir en las que llamamos españolas, ¿podemos saber en qué manos está y de qué nacionalidad es el capital de, por ejemplo, las sociedades del Ibex? El mismo hecho de que el Banco de Venezuela pertenezca al Banco de Santander ¿no es señal clara de lo relativo que resulta asignar nacionalidad a las sociedades cuando son privadas? Las únicas empresas nacionales son las públicas. Quizás por eso Chávez y algún que otro mandatario latinoamericano se plantean nacionalizar las compañías estratégicas.
Cada vez son más los países latinoamericanos que están de vuelta de la aventura neoliberal, y sus poblaciones son conscientes del desastre al que les han conducido sus postulados. Por eso, aunque no les guste a los países desarrollados y a pesar de las presiones desatadas en contra por las fuerzas económicas, están eligiendo a mandatarios que, con todos sus defectos e incluso equivocaciones, quieren desandar el camino emprendido, en el convencimiento de que nada podrá ser peor que la situación a la que la globalización y el neoliberalismo les han abocado. Es en este escenario donde se encuadra el ansia de muchos países por recobrar las empresas vitales que fueron malvendidas al capital extranjero y que este explota con pingües beneficios y condiciones muchas veces leoninas para los consumidores y naturales del país.
Los voceros de la derecha española, que son muchos más de los que se confiesan tales, arremeten contra el Gobierno porque, según ellos, no defiende a las empresas nacionales. Quieren identificar los intereses del Banco de Santander, del BBVA, de Repsol, de Endesa, de Telefónica, etc., con los intereses de los españoles, cuando la gran mayoría carece de cualquier capacidad de ahorro y por lo tanto de jugar a la bolsa, e incluso aquella minoría que invierte en acciones lo hace, casi en su totalidad, en una cantidad tan nimia que sin duda resulta una exageración afirmar que sus intereses están unidos a los de estas grandes sociedades.
El llamado capitalismo popular es uno de los mayores embustes del neoliberalismo económico. Creado con el único objetivo de buscar la complicidad de un número mayor de ciudadanos, insuflándoles el espejismo de que, por el hecho de poseer unas pocas acciones de las empresas, sus intereses son los de éstas y los de sus grandes accionistas o gestores.
De tener algún interés en ellas, es mucho más como consumidores y usuarios que como propietarios. De nada les vale ganar unos cuantos euros en bolsa si la contrapartida va a consistir en mayores gastos al consumir los servicios que esas sociedades proporcionan. Nadie puede llamarse a engaño. Alguien, por ejemplo, va a pagar las revalorizaciones que se han producido en el sector eléctrico, y ese alguien no puede ser más que el consumidor, tal como lo estamos viendo, a través de notables incrementos en las tarifas y una mayor concentración en el mercado.
Con la paparrucha del capitalismo popular se pretende que todos cerremos filas y defendamos el patrimonio de un número reducido de familias, identificándolo con el interés nacional. El interés de la mayoría de los españoles, que es el que tiene que defender el Gobierno, está más cerca del bienestar de los venezolanos que de los beneficios de los grandes accionistas, sean nacionales o extranjeros, de estas compañías. Incluso, una vez que estas empresas gigantes han sido privatizadas, al español medio poco le importa que el capital de la empresa que le suministra el gas o la electricidad, le vende la gasolina o le concede la hipoteca sea español o foráneo. Se van a portar de igual manera.
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