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La OCDE constata que más de la mitad de la población activa mundial trabaja sin contrato

Fuentes: Gara

El 60% de la población activa mundial trabaja sin contrato de trabajo ni prestaciones sociales, según recoge el informe presentado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París. «Hay un claro vínculo entre empleo informal -sin contrato- y la pobreza», indicó uno de los autores del informe, que pronostica […]

El 60% de la población activa mundial trabaja sin contrato de trabajo ni prestaciones sociales, según recoge el informe presentado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París. «Hay un claro vínculo entre empleo informal -sin contrato- y la pobreza», indicó uno de los autores del informe, que pronostica que en 2020 el trabajo sumergido implicará al 66% de la población.

El empleo sumergido en el mundo no sólo es un fenómeno muy extendido, con un 60% de la fuerza de trabajo implicada, sino que su peso tiende a ser creciente, de forma que en el horizonte de 2020 representará el 66%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Más de 900 millones de trabajadores se pueden considerar informales -sin Seguridad Social- y si se incluyen los del sector agrícola la cifra se eleva a cerca de 2.000 millones, según el informe de la OCDE sobre este fenómeno en los países en desarrollo. «Hay un claro vínculo entre empleo informal y pobreza», destacó en conferencia de prensa Johannes Jütting, uno de los coautores del informe, que precisó que unos 700 millones de esos trabajadores viven en la pobreza extrema y 1.200 millones tienen ingresos inferiores a dos dólares diarios.

Escapar de este círculo vicioso exige que los gobiernos propongan empleos más productivos y una protección social adecuada para lo cual hay que reforzar los incentivos del empleo formal, pero también aumentar los mecanismos de control del fraude, indica en el informe.

Precariedad laboral

Los autores del informe advierten de que «el empleo informal tiene un coste» en primer lugar por la precariedad de los trabajadores, sometidos al riesgo de una caída de los salarios en tiempos de crisis (ante la competencia de los despedidos del sector formal) y por una ausencia de protección social que los expone a la pobreza.

Al mismo tiempo, reconocen que «el recurso a los circuitos informales puede tener efectos positivos en el desarrollo económico de ciertos países donde las formalidades administrativas son un obstáculo a la creación de empresas».

Además, los autores del informe señalan que para muchas personas el trabajo irregular es la forma de ganarse la vida y escapar de la pobreza, aunque a largo plazo la ausencia de estructuras formales explica el retraso en materia de desarrollo económico.

El organismo que reúne a las economías más desarrolladas del mundo aboga por buscar «el equilibrio justo entre el objetivo de garantizar una protección social a los excluidos de las estructuras formales y el de incitar a volver a los que han optado voluntariamente por abandonar el sector formal». Se trata de «proponer empleos más productivos y ofrecer una protección social adecuada, haciendo más atractivo el trabajo en el sector formal y reforzando los mecanismos de lucha contra la economía sumergida».

Los autores del estudio señalan que uno de los efectos del incremento de la competencia internacional por la globalización es que, «en un intento de abaratar costes, ciertos trabajadores de los propios países de la OCDE pasan a engrosar las filas del empleo informal, a veces bajo la forma de autónomos».

Desbloqueo monetario en la UE

La Comisión Europea, por su parte, prevé amortiguar la crisis en los países pobres adelantando 5.700 millones de dólares en 2009, una suma prevista en principio para ser distribuida a medio plazo, pero necesaria de forma inmediata a falta de fondos adicionales por parte de los Estados europeos y considerada decepcionante por las ONG porque no supone dinero nuevo.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció el desbloqueo de 4.300 millones de euros hasta fines de 2009, destinados a los países de la ACP (África-Caribe-Pacífico).

En una comparecencia en Bruselas declaró que los países pobres son «los menos responsables» de la crisis financiera y en cambio se encuentran entre «los más afectados». «Nuestro crecimiento y estabilidad está vinculado al suyo», afirmó Durao Barroso.

Explicó que Bruselas desbloqueará 3.000 millones de euros, es decir, la mayor parte, un 72%, de su presupuesto previsto para el desarrollo de la ACP hasta 2013. Otros 800 millones de euros procederán de un paquete de 1.000 millones prometidos para mejorar la seguridad alimentaria y otros 500 millones pretenden evitar que los países pobres frenen el gasto social en tiempos de crisis.

Pero este paquete pone de manifiesto la falta de fondos excepcionales para ayudar a los países pobres a atravesar la crisis y el poco margen de maniobra de la Comisión Europea.

El comisario para el Desarrollo, Louis Michel, reconoció que «los recursos son limitados» y aseguró que seguirá «presionando» a los Estados miembros de la Unión para que cumplan con sus promesas de ayuda al desarrollo.

La Unión Europea es el mayor donante del mundo, con 49.000 millones de euros en 2008, es decir, el 0,40% del PIB comunitario. Su objetivo es alcanzar los 69.000 millones de euros para 2010 (0,56%).

El comisario Michel admitió que la crisis económica «pone en peligro» los progresos logrados para erradicar la extrema pobreza y potenciar el desarrollo de estos países.

Los esfuerzos europeos no convencieron a las ONG, que advirtieron de los riesgos de desbloquear fondos ahora, sin pensar en el futuro. «Sin dinero nuevo, los países pobres sufrirán en los próximos años, cuando se agote la ayuda», subrayó Oxfam.

«La Comisión Europea mostró su buena voluntad, pero lo que ofrece es en realidad un paquete vacío», acusó por su parte la ONG Action Aid.

Oxfam pide a Londres un plan de rescate para la ciudadanía

Oxfam pidió ayer al Gobierno de Londres que ponga en marcha un «plan de rescate ciudadano» que ayude a pasar la crisis económica a los millones de personas que viven en la pobreza en Gran Bretaña.

La organización no gubernamental, con sede en la ciudad inglesa de Oxford, presentó un informe en el que propone varias medidas para asistir a los más desfavorecidos, entre ellas bajarles los impuestos y aumentarles los subsidios estatales.

Actualmente hay en Gran Bretaña 13,2 millones de personas -un 22% de la población- que viven en la pobreza según los parámetros utilizados por el Gobierno para medirla.

Un sondeo de YouGov encargado por Oxfam indica que un 70% de los 1.971 adultos encuestados opina que el Estado no ha hecho suficiente para ayudar a los ciudadanos, mientras que se ha esforzado por rescatar al sector financiero. Un 75% de los entrevistados el pasado marzo dice haberse visto afectado por la crisis, o conoce a alguien que lo ha sido.

«El Gobierno debe tomar acciones decisivas para impedir un enorme incremento de la pobreza en el Reino Unido», declaró la portavoz de Oxfam Antonia Bance, que recordó que el próximo presupuesto, que se presentará el 22 de abril, es una buena oportunidad para hacerlo.

Según un reciente estudio de Oxfam, los 8,4 billones de dólares comprometidos por las economías más ricas para salvar a sus bancos de la crisis serían suficientes «para acabar con la pobreza extrema durante cincuenta años» y supondrían «un paso de gigante para acabar con ella definitivamente».  

La CE cifra en tres billones las ayudas financieras aprobadas

La Comisión Europea (CE) anunció ayer que, desde setiembre de 2008, ha aprobado más de 50 medidas estatales para estabilizar el sistema financiero por un valor total de unos 3 billones de euros. Las medidas se dividen en mecanismos de garantías a entidades financieras (2,30 billones), planes de recapitalización (300.000 millones) y medidas específicas de reestructuración (400.000 millones), detalló la CE. También ha aprobado desde diciembre pasado 25 medidas de diez estados de la Unión para ayudar a las empresas con problemas de acceso al crédito a mantener su actividad y los puestos de trabajo.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, destacó que el control y autorización de estas medidas por parte de la CE «ha prevenido que los Estados miembros cayeran en la trampa del proteccionismo y exportaran sus problemas a los otros».