En las últimas semanas asistimos a un proceso de adaptación del Estado brasileño a las condiciones que dan forma a la coyuntura política brasileña, las cuales son marcadas por los siguientes elementos: 1) la espiral de la crisis económica; 2) la polarización política que la lucha de clases agudiza; 3) las contradicciones existentes en el […]
En las últimas semanas asistimos a un proceso de adaptación del Estado brasileño a las condiciones que dan forma a la coyuntura política brasileña, las cuales son marcadas por los siguientes elementos: 1) la espiral de la crisis económica; 2) la polarización política que la lucha de clases agudiza; 3) las contradicciones existentes en el seno de las clases dominantes y al interior de los aparatos e instituciones del Estado; 4) los obstáculos que encuentra el poder Ejecutivo para la imposición del proyecto económico-político; 5) el fuerte golpe a la popularidad del Gobierno, y de modo particular, del ministro Sergio Moro, a raíz de las revelaciones hechas por The Intercept Brasil.
Es en el marco de estas condiciones de aguda inestabilidad política, que el Gobierno Bolsonaro ha venido adaptándose. Viene agudizando la deriva autoritaria del Estado de excepción con el establecimiento de un Estado de contrainseguridad nacional cuyos principales ejes comienzan a integrarse en una matriz anti-terrorista, de control político-ideológico y sometimiento de la oposición política.
En nuestro artículo Desdoblamientos del Estado de excepción en Brasil nos preguntamos: «¿bajo qué condiciones de la lucha política y sobre qué forma de régimen político podría establecerse el programa económico y antisocial del gran capital y el bloque bolsonariano?» [1] A más de siete meses de iniciado el Gobierno, asistimos a una profundización de la forma política con la que se pretende el desmantelamiento y construcción de un nuevo proceso reproductivo del capital centrado en la ampliación de las relaciones de dependencia, acentuación de la superexplotación del trabajo y la sumisión al imperialismo y sus intereses geoestratégicos.
El contexto
El 15 de mayo (15M), Día Nacional de Lucha en Defensa de la Educación, se manifestó con gran fuerza el movimiento popular opuesto al proyecto ultraliberal y dependiente que representa el Gobierno de Jair Bolsonaro. Con ello, la oposición popular expresaba su fuerte presencia en la escena política. Lo que un mes después, con la Huelga General (14J) que llevó a la calle a más de 40 millones de personas, volvería a presentarse.
A partir de la segunda mitad del mes de mayo, el Gobierno Bolsonaro, inmerso en una crisis política derivada de fuertes contradicciones y divisiones en el seno de los aparatos estatales que involucran al Congreso, Ejecutivo, STF, militares, etc., e incluso, ante la muy temprana y seria amenaza de distintas vías de impeachment, en la que sobresalía la investigación de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro (que compromete a toda la familia), decidió lanzar su ofensiva neofascista.
Bolsonaro volvió a difundir la idea de que «el sistema lo quiere matar», acompañado de la propagación de textos por WhatsApp («Brasil ingobernable»), y convocó a manifestaciones sociales de cariz neofascista (Bolsonaro se apoya en un amplio movimiento de masas neofascista, al que busca fortalecer). En el texto de WhatsApp se subrayaba una idea central: la «hipótesis nuclear», consistente en una «ruptura institucional irreversible», una especie de golpe neofascista contra el orden liberal de la democracia institucional (hoy en crisis). Días después, se llevó a cabo la manifestación de extrema derecha del 26 de Mayo (26M), la cual se dirigió en contra del Congreso, del STF, del PSOL, y de sus principales representantes.
En esos días de mediados de mayo, también se difundieron «narrativas de conspiración». Por ejemplo, con la supuesta existencia del grupo «ecoterrorista» presuntamente llamado «sociedad secreta silvestre» (SSS), que «amenaza» con asesinar al presidente. Como indicamos en un artículo anterior, con aquellas narrativas conspiratorias como la de un «Brasil ingobernable» o la amenaza del «ecoterrorismo», se abría la vía para legitimar «un régimen de excepción que instaure una forma de Estado neofascista que defina una nueva relación de hegemonía al interior de las clases dominantes»[2].
A partir del 26M quedaba completamente clara la ofensiva bolsonariana: la opción por la polarización, el ataque al orden social e institucional (en crisis), la exacerbación autoritaria. En ese momento, nos preguntábamos: ¿Qué papel ocuparía el mando militar, en conflicto con el «ala ideológica» neofascista bolsonariana? ¿Existirían las condiciones en el STF, en el Congreso, y otras instituciones «democrático-formales» para detener la ofensiva?
En resumen, la ofensiva neofascista acelerada a finales de mayo se encuadra en este marco de contradicciones interestatales, lucha de clases e inestabilidad política. Es en este contexto que, a partir del 9 de junio de este año, se inscribe la Vaza Jato, un trabajo de filtración, divulgación y elaboración de reportajes sobre las conversaciones entre diferentes agentes y órganos de Justicia coordinadores de la operación Lava Jato, que ha venido evidenciando la parcialidad y el carácter político y conspiratorio de esta operación. La Vaza Jato ha revelado el laboratorio real de la Operación Lava Jato, ha capturado olímpicamente el proceso de transfiguración del «Estado-juez» en «Estado-acusatorio», el cual condenó a Lula, denegó sus derechos políticos y llevó al bloque neofascista-militarista al frente del poder Ejecutivo.
El derrumbe de la Lava Jato y el «archivo colosal» de la Vaza Jato
Centenas de mensajes, audios y videos conforman un «archivo colosal» que desmorona la inmensa operación «anticorrupción» coordinada por el ex juez Sergio Moro -hoy Ministro de Justicia y Seguridad Pública-, el fiscal Deltan Dallagnol, e involucran a ministros de la Suprema Corte brasileña (STF), Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Tribunal Regional Federal 4ª Región (TRF4), Policía Federal, Ministerio Público Federal (MPF), medios de comunicación, etc., en una conspiración vinculada y dirigida por intereses económicos y políticos de EEUU.[3]
A casi dos meses de iniciada la Vaza Jato, el periodista responsable de los reportajes y editor del sitio The Intercept, el estadounidense Glenn Greenwald, señala que aún están «más cerca del principio» que del final de las series de filtraciones y divulgaciones de los diálogos de jueces y fiscales. El desgaste del ex juez y del poder Ejecutivo es notable. Inciertos son los resultados. No obstante, lo que es muy claro es la ofensiva de Jair Bolsonaro y de su ministro de Justicia.
La contraofensiva autoritaria post-The Intercept
La primera respuesta de Bolsonaro ante la Vaza Jato fue minimizar los mensajes difundidos y apoyar el «legado» del exjuez, esto es, el respaldo a su ministro. De igual modo, los altos mandos militares cerraron filas con el ministro Sergio Moro. A pesar de las tensiones y conflictos entre militares y olavistas-bolsonarianos, una de las primeras repercusiones de la Vaza Jato ha sido el paso hacia una mayor cohesión entre estas facciones al interior del Gobierno (aunque sin exentar del todo sus fricciones).
El General Villas Bôas, actual asesor del estratégico Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), a quien Bolsonaro ha declarado deberle la presidencia de la república -por sus amenazas hechas en abril y septiembre de 2018 a la Corte si ésta otorgaba la libertad a Lula- manifestó dos días después de la primera difusión de los mensajes Moro-Dallagnol: «Momento preocupante el que estamos viviendo, porque permite que la insensatez y el oportunismo intenten vaciar la operación Lava Jato, que es la esperanza de que la dinámica de las relaciones institucionales en nuestro país transcurra en un entorno marcado por la ética y respeto por el interés público». Un mes después, en un agudo signo político del ministro Sergio Moro, éste publicó una fotografía en su cuenta de twitter, en la que posa con el mismo Villas Bôas, a raíz de la visita que el general le hizo a sus oficinas.
Para el propio Hamilton Mourão, general retirado y hoy vicepresidente, Moro fue «víctima» de un grave delito, y declaró: «En el ejército, tenemos un lenguaje muy claro: si tengo que ir a la guerra, me llevo a Sergio Moro y Deltan Dallagnol».
Con las revelaciones hechas por The Intercept, se hacía más fuerte la posibilidad de que en el mismo mes de junio el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) otorgara un Habeas Corpus al expresidente Lula, más aun, cuando dos ministros manifestaron fuertes críticas al ex juez y a la Lava Jato en los primeros dos días de iniciados los reportajes. En ese contexto, el General Augusto Heleno, Jefe del GSI, en el Café de la Mañana (14/06/2019) que lleva a cabo Bolsonaro con los medios de comunicación, defendió con gritos y golpes en la mesa, una «prisión perpetua» para Lula.[4]
Las repercusiones al cierre de filas del «ala militar» con el Gobierno Bolsonaro, la Lava Jato y el ministro Moro, no se hicieron esperar. Fundamentalmente impactaron en varios ministros del STF, con lo que puede apreciarse la influencia y/o tutela militar en la Corte Suprema de Brasil.
Al día siguiente de la «prisión perpetua» defendida por el general Heleno, el presidente del STF, el ministro Dias Toffoli, aplazó para el mes de noviembre la discusión de la Corte sobre las normas de ejecución sobre una pena después de una condena en «segunda instancia», y el derecho de presunción de inocencia que permite agotar en libertad los recursos legales disponibles (tercera instancia y STF), lo que podría otorgar la libertad al expresidente Lula.
Así también, el día 24 de junio, la segunda sala del STF, conformada por cinco ministros, analizó dos Habeas corpus solicitados por la defensa de Lula, en los que argumentaron la «parcialidad» del ex juez Sergio Moro en el juicio contra Lula. El primero, el cual discutió el rechazo del exministro Felix Fisher al pedido de un recurso del expresidente Lula presentado a la Corte, obtuvo un resultado negativo para el ex mandatario, de 4 ministros contra 1.
El segundo, fue sustentado con las filtraciones de las conversaciones entre Moro y fiscales de la Lava Jato divulgadas por The Intercept. En aquella sesión del 24 de junio, el ministro Gilmar Mendes, crítico de la Lava Jato, afirmó que pruebas obtenidas por medios «supuestamente ilícitos» sí pueden ser utilizadas como recurso de la defensa. Asimismo, el mismo ministro hizo la propuesta de que el expresidente fuese liberado provisionalmente, hasta el final del esclarecimiento sobre las acusaciones de «parcialidad» en el comportamiento del ex juez Sergio Moro. El resultado fue negativo para el expresidente, 3 ministros contra dos. No obstante, el análisis definitivo sobre la conducta del ex juez, fue programado para el mes de agosto. Según se ha dado a conocer recientemente, el debate será presentado el día 14, fecha aún sin confirmarse, y sus resultados serán muy relevantes.
De acuerdo con Jeferson Miola, los resultados del 24 de junio en el STF, significan que «el STF continúa, por tanto, donde está desde el golpe: fiel al golpe y al régimen de excepción y agachado ante los militares».[5]
A estas acciones del STF, debemos añadir la relevante acción del presidente del STF, Dias Toffoli. El día 16 de julio, a petición de Flávio Bolsonaro, determinó la suspensión de investigaciones en todo el país que utilicen datos detallados de órganos de control (Consejo de Control de Actividades Financieras Coaf, Receita Federal, Banco Central) que no cuenten con autorización judicial.[6] La acción es muy significativa, dadas las investigaciones sobre el senador Flávio Bolsonaro y su asesor Fabricio Queiroz, que contaban con una autorización (otorgada en mayo del presente año) por la Justicia de Rio de Janeiro respecto al quiebre de su secreto bancario y fiscal, investigaciones que podían revelar además de sus actividades ilícitas (lavado de dinero, peculado, etc.), sus posibles vínculos con las milicias de Río y los asesinatos de Marielle Franco, lo cual podría involucrar al propio Jair Bolsonaro.
Los llamados neofascistas de Bolsonaro
El día de la Fiesta Nacional de la Artillería (15/06/2019), en un discurso rodeado de militares, el depositario del poder Ejecutivo, nuevamente llamó al armamento de la población, esta vez, para defenderse de un golpe de Estado. Así, Bolsonaro exclamó: «Nuestra vida tiene valor, pero hay algo mucho más valioso que nuestra vida, que es nuestra libertad. Además de las Fuerzas Armadas, defiendo el armamento individual para nuestro pueblo, para que las tentaciones no crucen las mentes de los gobernantes para asumir el poder de forma absoluta. Tenemos un ejemplo en América Latina. No queremos repetirlo. Confiando en el pueblo, confiando en las Fuerzas Armadas, este mal se aparta cada vez más de nosotros».[7] Y más adelante, añadió: «Necesitamos, más que un Parlamento, del pueblo de nuestro lado para que podamos imponer una política que refleje la paz y la alegría para todos nosotros»(Ibid). Esto último no puede causar sorpresa, ya que Bolsonaro ha venido insistiendo en que solo debe lealtad «al pueblo» más no así a las instituciones.
El discurso neofascista se propaga en un momento en el que Bolsonaro promueve los decretos de flexibilización sobre portación, posesión y comercialización de armas en la sociedad, una de sus principales promesas de campaña. Sabido es el objetivo del Ejecutivo sobre el armamento de la población como parte de su interés en crear milicias a su servicio, y ampliar la fuerza de ruralistas, propietarios de tierra, agentes del agronegocio en general, en suma, fortalecer a una reaccionaria base aliada enemiga de indios, quilombolas, ambientalistas, del MST, y otras fuerzas populares.
Ante una muy probable derrota en el Congreso, a finales de junio Bolsonaro revocó sus dos decretos enviados, anunciando que los reemplazaría con la elaboración de dos nuevos decretos.
Además de estos llamados de carácter neofascista, no puede pasar desapercibido, el hecho de que, días después de la manifestación del 30 de junio (30J), a favor de Sergio Moro y del cierre de las instituciones (STF, Congreso), el «ideólogo» del bloque bolsonariano, el neofascista Olavo de Carvalho, pidió a Sergio Moro que cese el registro del PT y de los partidos de izquierda, bajo la excusa de que ningún partido político de Brasil puede afiliarse a organizaciones extranjeras, y ello, en relación a la adscripción de estas organizaciones al Foro de Sao Paulo.
El Estado de contrainseguridad nacional
El principal impacto del desenmascaramiento de la Lava Jato y las revelaciones del Estado de excepción divulgadas por The Intercept ha recaído en la exacerbación de la forma autoritaria estatal encaminada a la profundización de un Estado de contrainseguridad nacional o Estado de excepción «legal» de carácter policial.
Ha sido posterior al viaje «secreto» de Sergio Moro a Estados Unidos realizado trece días después de las primeras divulgaciones, que se ha optado por exacerbar las acciones de contrainseguridad nacional, del cual la operación Lava Jato, en manos del hoy ministro de Justicia Sergio Moro, y su Reforma de Seguridad («paquete anticrimen»), son dos piezas fundamentales.
Sobre esta base estatal, el Gobierno Bolsonaro ha readecuado su estrategia para responder al desgaste que ha venido presentando a raíz de la Vaza Jato. La estrategia se ha basado en: a) «normalizar» los diálogos vertidos entre el ex juez y fiscales de la operación «anti-corrupción»; b) criminalizar el modo en que presuntamente se obtuvo la información, y de esta manera, descarriar la atención del contenido de la información publicada; c) burlar los efectos políticos y jurídicos que encierran dichos diálogos; d) anular la esencia de los diálogos que evidencian el carácter político, conspirativo y delictivo de los agentes de la operación Lava Jato.
En este marco de la estrategia autoritaria se inscribe la Operación Spoofing, la aprehensión el día 23 de julio de cuatro presuntos «hackers» que supuestamente sustrajeron información de «mil números telefónicos» de funcionarios públicos,[8] entre ellos información del teléfono del ex juez, la cual habría sido vertida por los periodistas que integran The Intercept, que para evitar ser criminalizados y encarcelados, han venido difundiendo los diálogos en alianza con otros medios de comunicación y periodistas independientes (Folha, Revista Veja, El País-Brasil, UOL, entre otros).
Con el arresto de los presuntos «hackers», y la supuesta invasión de «mil números telefónicos», entre ellos, el del propio presidente, Bolsonaro se apresuró a señalar que ha sido «un atentado grave contra Brasil y sus instituciones».[9]
La criminalización y desvío de la atención sobre los delitos y crímenes de la operación Lava Jato y de sus agentes, no es el único componente de la estrategia apoyada en el Estado policial, y sus aparatos institucionales, paradójicamente, en las propias manos del ministro de Justicia.
El Gobierno Bolsonaro, en un primer momento, ha difundido la posibilidad de la existencia de una investigación judicial en contra del periodista estadounidense radicado en Brasil, Glenn Greenwald, responsable del sitio The Intercept. La investigación no ha sido confirmada de modo oficial, muy probablemente con el objeto de crear un clima de «miedo» en todo aquél que ose apoyar la difusión de los diálogos revelados, atacando así los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa.
Ahora bien, dos días después de la Operación Spoofing, el ministro de Justicia Sergio Moro, emitió el 25 de julio, la Ordenanza Num. 666, con la que se regula «el impedimento de entrada, repatriación, deportación sumaria, reducción o cancelación del período de estadía de aquella persona peligrosa para la seguridad de Brasil o de una persona que ha cometido un acto contrario a los principios y objetivos establecidos en la Constitución Federal». Días después, en un acto público, Sergio Moro defendió dicha Ordenanza, señalando que busca prohibir el ingreso a Brasil de extranjeros sospechosos de la práctica de crímenes extremadamente graves, entre ellos «el terrorismo y el tráfico de personas».
Como vemos, en la última semana de julio se han acentuado las amenazas de «deportación sumaria» a extranjeros «peligrosos» para la Seguridad Nacional, o contra quienes practiquen actos contrarios «a los principios y objetivos» de la Constitución. A todas luces, la amenaza está centrada en el periodista estadounidense, responsable de quebrar los fetiches de la Lava Jato, que envuelven nada menos que el proceso anticonstitucional que llevó a la instalación de la llave Bolsonaro/Mourão a la presidencia y vicepresidencia de la república.
En este orden, pueden comprenderse las amenazas de cárcel hechas por Jair Bolsonaro en contra del periodista estadounidense. Según ha declarado Bolsonaro, la Ordenanza «no tiene que ver con Glenn», ya que «no se ajusta al crimen que está cometiendo… Quizás vaya a la cárcel aquí en Brasil, pero no en el exterior».
Por si acaso faltara algo para la justificación de las nuevas medidas de excepción, la Revista de derecha Veja, días antes a la emisión de la Ordenanza, revivió la narrativa «ecoterrorista» con una «entrevista»[10] al supuesto líder de una organización llamada «Sociedad Secreta Silvestre», que amenaza con matar a Jair Bolsonaro y a dos de sus ministros.
En resumen, asistimos a la elaboración de un nuevo recurso «jurídico» de excepción acompañada de una narrativa de carácter policial, con el objeto de legitimar la profundización de un Estado de contrainseguridad nacional establecido, según señala la Ordenanza, contra toda «persona peligrosa para la seguridad de Brasil».
Estado de contrainseguridad nacional: una caracterización
En el estudio de los procesos económicos y políticos contemporáneos de América Latina, desde la teoría marxista de la dependencia, Jaime Osorio ha planteado el concepto de «Estado de contrainseguridad con coro electoral».[11] De acuerdo con nuestra lectura, el Estado de contrainseguridad se caracteriza sobre los siguientes elementos:
1) se configura a partir de los intereses de oligarquías locales y fracciones del capital internacional que al rechazar las «políticas sociales» de los gobiernos progresistas, «redoblan esfuerzos para recuperar la gestión del aparato de Estado»;
2) busca impedir el mantenimiento o repetición de estos gobiernos, para lo cual, se apoya en el fortalecimiento de «las políticas de seguridad», las cuales son activadas para enfrentar «en lugar destacado a las fuerzas sociales, organizaciones y líderes que cuestionan las políticas del capital»;
3) Es una forma de gobierno que «mantiene las consultas electorales», no obstante, «bajo procedimientos de mayor control, sea de las fuerzas que participan, de los candidatos, y de los resultados»;
4) Parte de las acciones que ejerce dicha forma política son para minar la popularidad y socavar los alcances políticos de «organizaciones que amenacen la paz social y electoral que los grandes capitales reclaman», lo que implica a su vez «destruir» o incluso «eliminar» a líderes políticos con gran capacidad de «respuesta de masas»;
5) Construye acciones de control social vinculadas a «mecanismos en donde se incrementa la percepción de inseguridad pública», atemorizando así a la sociedad con la presencia de «enemigos de la paz social y de los valores de la ´comunidad´», esto es, prácticas que se producen con el objeto de desorganizar y apagar las luchas sociales y legitimar «la vigilancia y la intervención policial y militar»;
6) Es una forma política que mantiene una serie de caracteres semejantes al «Estado de contrainsurgencia»: establece acciones para «perseguir» o «eliminar» a quienes cuestionan y denuncian las políticas del Gobierno o sus atropellos autoritarios; reformula y endurece las normas de seguridad pública; reorganiza los aparatos de seguridad, inteligencia y de las fuerzas armadas y policiales así como amplifica el alcance de sus funciones; crea nuevos vínculos con organismos de inteligencia y fuerzas armadas de EEUU;
7) Busca la consecución de objetivos vinculados a «los proyectos del gran capital local y trasnacional», tales como «redoblar la marcha en las políticas de ajuste en nuevas reformas laborales y en la reformulación de las pensiones»; la privatización del patrimonio público; la construcción de «nuevos acuerdos regionales con otros mercados para ensanchar los campos de acción del gran capital exportador de la región».
Como vemos, se trata una forma política constituida fundamentalmente sobre la base de las experiencias económicas y políticas de América Latina al menos en la última década. En unos casos con estos elementos y rasgos más acentuados, y en otros casos muy posiblemente con menores niveles de constitución, aunque lo invariable es que tenemos en la región una forma político-estatal marcada por estos elementos señalados. En nuestra reflexión sobre la experiencia política en Brasil vemos no solo la materialización si no la profundización del Estado de contrainseguridad nacional.
¿Podrá agudizarse la forma político-estatal de contrainseguridad nacional? ¿Cómo responden el Congreso, el STF, los medios de comunicación? ¿Podrá el movimiento popular frenar esta ofensiva política de Bolsonaro?
Tensiones y contradicciones interestatales
Como sabemos, existe una fuerte influencia y/o tutelaje de los mandos militares sobre el Judiciario. El propio Supremo Tribunal Federal, y su ministro presidente, mantienen «asesorías» permanentes por parte de militares. Los ministros fueron parte sustantiva en el golpe en contra de la expresidente Dilma, y apoyan el proyecto económico ultraliberal de Bolsonaro, en el que destaca la Reforma Previsional, demanda principal del capital financiero. En la primera semana de junio, el STF aprobó la privatización de compañías subsidiarias de empresas estatales mediante adjudicación directa, apoyando con ello un paso más de la desindustrialización de la economía.
No obstante dicho alineamiento, el Judiciario no conforma un bloque monolítico. Existen tensos enfrentamientos con la Lava Jato y el delirante proyecto de poder de Bolsonaro y Moro. Esto vuelve a reflejarse en los últimos días, cuando vemos cómo en el STF han frustrado iniciativas del Ejecutivo, tales como: 1) el impedimento de transferir la Fundación Nacional del Indio (Funai) y su papel en la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura; 2) la decisión provisional que impide investigar al periodista estadounidense Glenn; 3) el requerimiento hacia Bolsonaro para que éste ofrezca explicaciones respecto a la agresión de sus declaraciones sobre la desaparición y asesinato -bajo la dictadura militar- de Fernando Santa Cruz, padre de Felipe Santa Cruz, actual presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB); 4) ante las amenazas de Moro sobre una posible «destrucción» de las pruebas (el contenido de la información almacenada en los propios teléfonos) sustraídos a raíz de las detenciones de los «hackers», el STF ordenó la «preservación de las pruebas», la entrega de los archivos, y copia de la investigación; 5) el ministro Alexander de Moraes ordenó la suspensión de investigaciones de la Receita Federal en contra del ministro Dias Toffoli y otras autoridades, las cuales, según reveló The Intercept/Folha, fueron ordenadas de modo inconstitucional por el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador del Grupo de Trabajo de la Lava Jato.
El Congreso también encierra sus propias divisiones, empezando por los partidos de la izquierda. Si bien a mediados de julio la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Previsional de Bolsonaro con holgada ventaja para el Ejecutivo, solo fue mediante la «compra de votos» de los diputados que se logró aprobar la reforma[12], esto es, sin ningún mérito en la capacidad política del propio Bolsonaro. Y fue la reaccionaria y hábil labor del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, a favor de la Reforma, que ésta logró ser discutida y aprobada en pocos días.
Sin embargo, el propio Rodrigo Maia, sin mencionar sus repetidos choques con Bolsonaro, se ha manifestado críticamente con la conducta de Sergio Moro y las amenazas del Ejecutivo en contra del periodista Glenn. Más recientemente, Maia cuestionó junto a partidos del «centro» y del propio PSDB, la «persecución» y el «absurdo» de trasladar a un penal ordinario (y sin sala especial) de Sao Paulo al expresidente Lula, con el objeto de empeorar las condiciones de reclusión poniendo en riesgo la propia vida del expresidente. Ochenta diputados en una comisión de doce partidos políticos, fueron a discutir el asunto con el presidente del STF. Cabe señalar, que esta nueva iniciativa arbitraria de la Policía Federal y jueces de la Lava Jato en contra de Lula, también logró ser frustrada por el STF (7/08/2019), esta vez, con una sintomática ventaja de 10 ministros a 1.
Los desafíos recaen en el poder popular
Hasta aquí, señalamos que no es que la sociedad brasileña esté en manos del Congreso y del STF para frenar la ofensiva del Ejecutivo. Como señala Marcelo Zero, «Hasta dónde irá la reacción institucional contra las hordas neofascistas, no se sabe. Es poco probable, con todo, que vaya lo suficientemente lejos para que se restablezca la democracia plena y se ponga en jaque la agenda regresiva y autoritaria…»[13]
En este sentido, el gran desafío solo puede recaer en las fuerzas populares organizadas y en sus vitales acciones de lucha, en su cuestionamiento al Estado de excepción, en la defensa de la democracia (en crisis), y en la presión que debe ejercer sobre los propios poderes estatales, para que éstos enfrenten con más fuerza y legitimidad la espiral autoritaria.
El próximo juicio de habeas corpus de Lula
Como hemos señalado, un día clave será el próximo 14 de agosto (si la fecha se confirma). En esa fecha, los cinco ministros de la segunda sala del STF, discutirán el juicio de Habeas corpus de Lula, en el que la defensa del expresidente, sustentada en las revelaciones del sitio The Intercept, argumenta la «parcialidad de la conducta» del ex juez Moro, el cual podría ser suspendido del cargo, y al expresidente se le podría restablecer su libertad. ¿Aceptaría el mando militar la libertad del dirigente político más popular de Brasil? ¿Podrá impedirlo el poder Ejecutivo? El resultado del Supremo, favorable o no al expresidente, abrirá un nuevo episodio de la vida política nacional.
Es menester recordar que la Lava jato ha operado como brazo del Estado de excepción, una especie de «Estado paralelo» y de contrainseguridad que utiliza su poder para derribar empresas, gobiernos [14], para comprar y/o extorsionar funcionarios, empresarios, etc., con la finalidad de subordinarlos para alcanzar sus objetivos, como ha sido el caso de los ministros del STF. Según diálogos filtrados por la Vaza Jato, el fiscal Deltan Dallagnol, ha hecho investigar al presidente del STF (Dias Toffoli) y al propio ministro Gilmar Mendes, sin otro fin que el de la extorsión. Por otro lado, han sido reveladas las obscuras relaciones -hasta ahora- de tres ministros del STF (Luiz Fux, Edson Fachin, Luis Roberto Barroso,) con el propio Moro y el fiscal Dallagnol.
En este sentido, ¿podrá el Estado de excepción doblegar a los ministros que integran la Segunda Sala de la Corte Suprema? ¿Será derrotado el Estado policial y el brazo de la Lava Jato?
La Segunda Sala del STF es integrada por cinco ministros. Dos ministros «lavajatistas» (Edson Fachin e Carmen Lucia) y dos ministros «garantistas» (Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski). Entre estos cuatro, es clara la valoración de su voto, los primeros, admiradores de Moro, los segundos, críticos de la Lava Jato. El voto decisivo le corresponderá al ministro Celso de Mello, que si bien el pasado 24 de junio terminó por inclinar la balanza hacia el mantenimiento de la prisión de Lula, hoy es incierta la valoración que dará con su voto.
El proyecto Bolsonaro y el vertiginoso declive de los espacios democráticos
El extremismo autoritario del proyecto Bolsonaro y al mismo tiempo de postración dependiente respecto a Estados Unidos, hacen del poder Ejecutivo en sí mismo un factor de crisis. Una proliferación de conflictos se abre en todos los frentes, profundizándose el cuadro de inestabilidad política e incapacidad hegemónica.
Con el Gobierno Bolsonaro, las clases dominantes no logran su articulación. Es cada vez más patente que Bolsonaro solo puede imponer sus intereses mediante una forma de régimen de excepción, policial, de contrainseguridad, o incluso, bajo la forma militar. Esto es, una forma política de excepción necesaria a las mudanzas estructurales en el proceso de circulación, producción y reproducción del capital dirigidas por las principales fracciones que sustentan al bloque bolsonariano (fracción bancaria y financiera, agronegocio exportador y trasnacionales estadounidenses).
Además de criminalizar a los movimientos de lucha social y popular bajo una narrativa de contra-inseguridad y anti-terrorismo[15], Bolsonaro viene pronunciando los ataques en contra de los espacios democráticos que sobreviven al orden político institucional. Émulo menor de Trump, Bolsonaro cuando no dimite a funcionarios del Gobierno («malos brasileños»), persigue, agrede y amenaza a distintas personalidades, medios de comunicación e instituciones.
Bolsonaro está resuelto al control político-ideológico de todo el complejo aparato institucional estatal y de organismos autónomos y privados (de ahí los ataques a la prensa). El representante del poder Ejecutivo humilló al propio «hombre de los mercados», Joaquim Levy, dimitiéndolo de la dirección del BNDES. Ha dimitido incluso a mandos militares, Santos Cruz y al general Juarez Aparecido de Paula. El primero por no permitir transferencias de recursos hacia las actividades ideológicas en redes sociales a cargo de su hijo Carlos Bolsonaro, y el segundo por estar en contra de la privatización de la empresa estatal Correos y Telégrafos.
En días recientes, sus objetivos de control político y cancelación de espacios democráticos, se comprueba en su ataque al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), y la dimisión de su director Ricardo Galvão, por hacer públicos los datos sobre los elevados niveles de deforestación en la Amazonía en los primeros siete meses del gobierno.[16]
Del mismo modo, con la conclusión del periodo del cargo de Raquel Dodge al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) -vinculada a la Lava Jato-, y el nuevo nombramiento del jefe de la Procuraduría, Bolsonaro ha señalado el «giro ideológico» que deberán tener los funcionarios y procuradores del Ministerio Público Federal, los cuales ha llamado a no continuar con la línea de la «defensa de minorías» y del medio ambiente.
Avances en el proyecto del gran capital
Los embates y atropellos del Gobierno, con todo, han rendido frutos para las fracciones del gran capital. No podemos dejar de señalar los avances que el Gobierno ha conseguido y los medios por los cuales las fuerzas populares no han logrado frenar el depredador proyecto económico que representa el Gobierno Bolsonaro.
Hasta ahora continúa la marcha de la privatización del patrimonio público. Se logró la firma del nuevo acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur con la Unión Europea. Se ha llevado a cabo la aprobación de la Reforma Previsional en la Cámara de Diputados, cuyo significado reside en la mayor explotación del trabajo y transferencias de riqueza al capital financiero. Continúan los ataques a la Educación y a las Universidades públicas, así como crece la devastación y explotación de la Amazonía.
Bolsonaro ha declarado abiertamente los planes que alberga para entregar la Amazonía a la explotación de Estados Unidos, además de que ha dado inicio a las reuniones para establecer un tratado de libre comercio con aquél país. Para esto y otros planes, ha propuesto a su hijo Eduardo Bolsonaro como embajador en Washington. El Ejecutivo ha enviado al Congreso lo que ya se discute como una nueva propuesta de Reforma Laboral (MP881), esto es, un nuevo ataque en contra de los trabajadores que pretende alterar 36 artículos de las leyes laborales, vulnerando aún más los derechos laborales.
De no contener los planes económicos y políticos del gran capital y del bloque bolsonariano, podrían llegar hasta el final. El dique de contención decisivo reside en el movimiento de masas, en la capacidad de organización y en sus prácticas de lucha. Este es el desafío del movimiento popular.
Notas:
[1] Ver, https://herramienta.com.ar/
[2] «Crisis política en Brasil: entre el ‘impeachment’ y la ofensiva neofascista», 23/05/2019, http://www.rebelion.org/
[3] Véase la línea del tiempo sobre los diálogos publicados de la Vaza Jato, https://www.brasildefato.com.
[4] https://www.valor.com.br/
[10] https://veja.abril.com.br/
[11] Ver, Jaime Osorio, «El Estado de contrainseguridad con coro electoral en América Latina», 11/08/2018, https://www.rebelion.org/
[12] Ver, «Previdência: como congresso reduziu-se a cassino», https://www.sul-sur.com/2019/
[14] La Lava Jato, dirigida desde EEUU, no solo ha tenido como blanco el gobierno de Dilma y la prisión de Lula. Diálogos publicados en julio por la Vaza Jato han mostrado sus alcances para acusar de corrupción al gobierno de Venezuela y supuestos vínculos con la empresa Odebrecht.
[15] Vuelve a escena la política «anti-terrorista» dirigida por EEUU. El 19 de Julio de 2019 se celebró en Argentina la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica en Lucha contra el Terrorismo. En dicha celebración, los países participantes (12 de ellos latinoamericanos) liderados por EEUU, condenaron el «terrorismo» como amenaza para la «paz» y «seguridad» de los Estados, y conminaron a practicar nuevos esfuerzos para combatirlo. Ver, http://www.itamaraty.gov.br/
[16] De acuerdo a datos del INPE, la deforestación en la Amazonia en mayo registró un volumen de 739 km², que es equivalente a dos campos de fut bol deforestados a cada minuto. En junio, la deforestación alcanzó un volumen de 920km², un aumento de 88% en relación al mismo mes en el año de 2018. En Julio de este año la deforestación abarcó un volumen de 2.254 km², un volumen 278% mayor que el verificado en el mismo mes de 2018. https://theworldnews.net/br-
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.