Traducido para Rebelión por Susana Merino
Brasil está siendo blanco de una ofensiva del gran capital articulada por las empresas transnacionales y los bancos en una alianza con capitales latifundistas que han generado un modelo de organización agrícola llamado agronegocio.
A partir de la segunda mitad de la década de los 90 -y más aún luego de la crisis del capitalismo internacional- grandes corporaciones internacionales financiadas por capitales financieros comenzaron a avanzar sobre la agricultura brasileña: tierras, aguas, semillas, producción e industrialización de alimentos y comercialización de agrotóxicos.
En dicho proceso, el agronegocio intenta impedir el desarrollo de la pequeña agricultura y la Reforma Agraria y consolidar su modelo de producción basado en las grandes propiedades, el monocultivo, la expulsión de mano de obra campesina, el uso intensivo de maquinaria, la devastación ambiental y la utilización de agrotóxicos a gran escala.
Compra de tierras por empresas extranjeras
Los datos del INCRA* indican que en los últimos años se vendieron por lo menos 4 millones de hectáreas a personas y empresas extranjeras, perjudicando los intereses del pueblo brasileño y debilitando la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. El gobierno federal mostró preocupación por esa ofensiva, porque además las empresas usan subterfugios para no respetar la legislación vigente. Un director de la empresa de papel y celulosa Stora Enso admitió que creó una empresa en Brasil para burlar la ley y comprar ilegalmente 46.000 hectáreas en la frontera sur del país y encarar el monocultivo de eucaliptus.
Sólo en el sector del alcohol de caña, por ejemplo, las empresas trasnacionales compraron el 30% de todas las fábricas con sus tierras. Sin embargo eso no aparece en los catastros del Instituto, que sólo incluye cantidades subestimadas. Esperamos que el Gobierno cumpla su promesa y apruebe cuanto antes el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que impida la compra de tierras a los extranjeros, incluyendo la anulación de los títulos de las tierras ya vendidas.
Arroz transgénico de Bayer
En las últimas semanas, el agronegocio intenta avanzar en su proyecto para la agricultura brasileña en dos frentes: cambios en el Código Forestal Brasileño y la liberalización del arroz transgénico. Por otra parte la flexibilización de la ley ambiental facilita la deforestación y la expansión del agronegocio, los transgénicos pasan el control de las semillas de las manos de los agricultores a la propiedad privada de cinco empresas transnacionales: Bayer, Basf, Monsanto, Cargill y Syngenta que de ese modo las patentan e imponen royalties a los productores.
Los movimientos campesinos, los ambientalistas y las organizaciones de derechos humanos lograron una victoria importante a través de la presión social y política contra la liberación del arroz de Bayer que retiró su propuesta para su aprobación por la Comisión Técnica de Bioseguridad. Esa variedad de arroz, de consumo popular, no está liberada en ningún país del mundo, ni en los EEUU ni en Alemania (país de origen de Bayer). Fue en consecuencia un retroceso momentáneo de la transnacional pero debemos permanecer atentos a sus movimientos futuros.
La aprobación del arroz transformaría a Brasil en un cobayo. Los impactos de la liberalización del arroz transgénico que está presente en la mesa de los brasileños en el almuerzo y en la comida serían tremendamente negativos. En primer lugar no hay estudios que atestigüen que el consumo de transgénicos no afecta a la salud humana.
En segundo lugar, los productores de arroz tradicional podrán ver contaminadas sus cosechas con el arroz Liberty Link. En los EEUU se comprobó que 7.000 productores de arroz se vieron contaminados y demandaron a la Bayer por los perjuicios que les ocasionara. De modo que podríamos llegar a la conversión de todos los cultivos tradicionales de arroz en transgénicos. Además, aún sin comprar esas semillas los campesinos tendrían que pagar royalties a la empresa alemana.
En tercer lugar, aumentaría el uso de venenos en los cultivos de nuestro país que utilizó 9.000 millones de litros el año pasado, ocupando el primer lugar en el ranking mundial. Las investigaciones han demostrado que el glifosato, usado para pulverizar las variedades desarrolladas por la Bayer, es tóxico para los mamíferos y podría entorpecer las actividades del cerebro humano.
El médico Wanderlei Antonio Pignati, doctor en salud y ambiente, investigador de Fiocruz y profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso explica que las grandes industrias fabrican semillas dependientes de los agrotóxicos y los fertilizantes químicos porque también producen esos venenos.
El retroceso de Bayer constituye una pequeña victoria de la sociedad brasileña, porque demuestra principalmente que es posible enfrentar y derrotar a las empresas transnacionales.
Cambios en el Codigo Forestal
En relación con el Código Forestal la votación del proyecto presentado por el diputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) está prevista para comienzos de julio. El texto del proyecto de ley beneficia a los latifundistas de los agronegocios, por abolir la Reserva Legal para la agricultura familiar, la posibilidad de compensación fuera de la región o de la cuenca hidrográfica y la transferencia de las responsabilidades sobre la legislación ambiental a los Estados y municipios.
Más preocupante aún que la reforma agraria es la amnistía a los productores rurales que hayan cometido crímenes ambientales hasta julio de 2008. Las áreas que no cumplen una función social y que deberían ser expropiadas y destinadas a los trabajadores rurales sin tierra continuarán en manos de los latifundistas. Es decir, que con la aprobación del nuevo código el Congreso Nacional modificará la Constitución para responder a los intereses de quienes monopolizan las tierras en nuestro país.
En cuanto a las empresas de los agronegocios comentan discretamente que los ruralistas están eufóricos ante la posibilidad de legitimar el desmonte ya realizado y abrir la frontera en nuestras selvas y áreas de preservación. Lo que realmente no se esperaba era que los sectores más conservadores encontraran apoyo que mereció hasta elogios de la senadora Katia Abreu (DEM) que no hace mucho intentaba su nominación como vicepresidenta de José Serra (PSDB). Dado que Katia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) es portavoz del sector de latifundistas y la principal defensora de los cambios, es evidente que se beneficiará con las propuestas del diputado Aldo Rebelo.
Hasta ahora se han levantado muchas voces contra esa propuesta, las iglesias, las organizaciones ambientalistas, una parte importante del movimiento sindical y los movimientos populares, especialmente la Vía Campesina Brasil, manifestando su repudio a dicho proyecto. Una recolección de firmas juntó miles de firmas con el objeto de sensibilizar al Congreso, los parlamentarios progresistas pidieron informes y el Ministerio del Ambiente se opuso a las propuestas. El propio Gobierno, cuyo partido político es el del diputado Aldo Rebelo y su base parlamentaria, también criticó el proyecto.
Esperamos que la presión de la sociedad consiga evitar la destrucción de la legislación ambiental y la anulación del concepto de la función social de la propiedad que fundamenta la concreción de la reforma agraria. En lugar de terminar con el Código Forestal necesitamos mantener sus principios, preservando la naturaleza en beneficio de toda la población y de las generaciones futuras.
*INCRA :Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.
rCR