El llamado «segundo proceso de Bretton Woods» para reformar el régimen financiero mundial puede fracasar si no se hacen esfuerzos paralelos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su Ronda de Doha, en especial sobre el comercio de servicios financieros, ya que las negociaciones en esos ámbitos se basan en teorías fracasadas debido a […]
El llamado «segundo proceso de Bretton Woods» para reformar el régimen financiero mundial puede fracasar si no se hacen esfuerzos paralelos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su Ronda de Doha, en especial sobre el comercio de servicios financieros, ya que las negociaciones en esos ámbitos se basan en teorías fracasadas debido a la flagrante falta de datos estadísticos.
Éste es el mensaje central de un documento del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G-24) titulado «Financial Services, the WTO and Initiatives for Global Financial Reform» (Los servicios financieros, la OMC y las iniciativas de reforma financiera mundial), cuyo autor es Chakravarthi Raghavan, editor emérito del South-North Development Monitor (SUNS). (En el sitio www.g24.org/TGM0909.htm se puede obtener este documento de antecedentes redactado para las reuniones del Grupo Técnico del G-24, que tuvieron lugar en Ginebra el 7 y 8 de setiembre.)
Raghavan sostiene que una reforma del régimen financiero mundial para hacer más estrictas las normas y su aplicación será incompatible con la liberalización de los servicios financieros y el movimiento de capitales, y destaca la necesidad de que los gobiernos de los países en desarrollo presten atención a este asunto en las más altas esferas.
Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Suiza y Canadá han presionado a los países en desarrollo en la Ronda de Doha para agendar compromisos sobre la base del Entendimiento sobre Compromisos en materia de Servicios Financieros -que tiene un enfoque vertical, de lista negativa- y para obtener trato nacional y eliminación de las restricciones a la introducción de nuevos servicios financieros, entre ellos diversos tipos de productos crediticios derivados que se consideran los principales responsables de la crisis financiera y del colapso del sistema.
Sin embargo, en vista de la actual crisis económico- financiera de Estados Unidos y otras potencias del Norte industrial, resulta difícil sostener que el desarrollo de los países del Sur se vería favorecido por la liberalización del comercio internacional de servicios financieros y el encierro en ese modelo a través de las normas de la OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y de los procesos legalistas de solución de diferencias y ejecución de las normas, señala el documento.
«Sencillamente, no hay pruebas empíricas, y los datos citados son dudosos», dice Raghavan, y agrega que la actual crisis financiera y la necesidad de estructuras normativas más fuertes hacen más acuciantes algunas de estas dudas.
Puede ser necesario que los países en desarrollo hagan una pausa para sopesar sus propias opciones en la Ronda de Doha, particularmente en las negociaciones sobre servicios financieros del GATS, considerando la escala de las intervenciones gubernamentales y el grado de propiedad y financiación públicas de instituciones financieras de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros grandes centros, como también las propuestas e iniciativas para revertir la tendencia e imponer regímenes normativos más estrictos al sector bancario y financiero.
El documento recomienda que los países en desarrollo no firmen el entendimiento para agendar compromisos y que estén alertas en el momento de aprobar amplias clasificaciones de rubros. También deberían resistirse a toda negociación de acuerdos de libre comercio para liberalizar servicios financieros, ya sea en el sector del comercio o en el de inversiones.
Como mínimo, los países en desarrollo deberían esperar el resultado de las reformas planificadas del régimen financiero internacional, que aún están en su etapa preliminar y podrían necesitar cambios complementarios en el régimen de acuerdos sobre servicios financieros del GATS, para después juzgar si tiene sentido la liberalización.
Asimismo, el documento recomienda reconsiderar la metodología de recopilación nacional e internacional de estadísticas sobre el comercio de servicios en las cuatro modalidades de prestación, como lo dispone el GATS. No deberían adoptarse más compromisos hasta que se cree una base de datos estadísticos satisfactoria, agrega.
Los datos estadísticos son un ingrediente importante tanto en las negociaciones comerciales como en las cuestiones abarcadas por esos acuerdos, incluido el GATS. Dado que el Tratado de Marrakesh y los derechos, obligaciones y compromisos de acceso a los mercados en los ámbitos de la agricultura, los bienes no agrícolas y los servicios conforman un «todo único», como la actual Ronda de Doha, no se puede dejar de recalcar la importancia de los datos estadísticos internacionales, destaca el documento.
Incluso el nuevo manual aprobado por la Comisión de Estadística y la Asamblea General de las Naciones Unidas ignora, según Raghavan, los criterios y definiciones contemplados en el GATS acerca del comercio de servicios en las cuatro modalidades de prestación, por lo tanto ningún dato recogido y comparado, tanto a nivel nacional como internacional, satisfará las necesidades ni servirá a los propósitos de los negociadores comerciales. Los países en desarrollo que usen esos datos para evaluar los costos y beneficios de sus importaciones y exportaciones de servicios estarán entonces «a la caza de un gato negro, en un cuarto oscuro y con los ojos vendados».
Otra sección clave del documento se refiere a las actuales negociaciones de la Ronda de Doha. El 1 de enero de 2000 comenzó técnicamente una nueva ronda de negociaciones sobre el comercio de servicios (conforme al numeral 1 del Artículo XIX del GATS), que fue inaugurada formalmente por decisión del Consejo General de la OMC en su reunión del 7 de febrero de 2000. Las negociaciones se realizaron en sesiones extraordinarias del Consejo del Comercio de Servicios, que en marzo de 2001 aprobó las Directrices y procedimientos para las negociaciones sobre el comercio de servicios.
Según el documento del G-24, antes de la aprobación de las Directrices, la Secretaría de la OMC envió un informe al Consejo del Comercio de Servicios en el que reconocía que los datos sobre el comercio de servicios adolecían aún de varias deficiencias. Además, agregó el informe, aunque se consideren mejoras en la recolección y el procesamiento de datos como proceso de largo plazo, nunca será posible alcanzar un nivel de información sobre servicios comparable (en alcance, profundidad y precisión) a las actuales estadísticas sobre el comercio de servicios.
El informe «Review of Statistics on Trade Flows in Services» (Revisión de estadísticas sobre el flujo comercial de servicios) admitió que las brechas en los datos dificultaban las evaluaciones, pero de todos modos recomendó negociaciones y compromisos sobre la base de la eficiencia de la asignación de recursos. Esta hipótesis de la Secretaría de la OMC, según la cual en las negociaciones no es necesario analizar ni equilibrar los flujos comerciales en sectores individuales, contradice claramente las prácticas en los compromisos de negociación de los cincuenta años de historia del sistema multilateral de comercio del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), sostiene el documento. Agrega que, en ese período, ningún país ha negociado concesiones ni hecho compromisos sin un análisis cuidadoso de los costos y beneficios para el país y para sus exportadores e importadores.
Las negociaciones sobre servicios fueron postergadas e integradas al todo único del Programa de Trabajo lanzado en Doha en noviembre de 2001. La Declaración Ministerial de Doha confirmó las Directrices que el Consejo del Comercio de Servicios había fijado en marzo de ese año. Las actuales negociaciones para una mayor liberalización del comercio de servicios financieros forman parte de este ejercicio; algunos de los asuntos abarcados en las negociaciones generales sobre servicios también inciden en el comercio de servicios financieros.
Además de las propuestas y exigencias de ampliación y liberalización de los servicios financieros, mediante la presión a los países en desarrollo para que se comprometan a un aumento de la presencia comercial sin limitaciones y de cualquier forma que el proveedor estime conveniente, también se les exige una liberalización de la contabilidad, las auditorías y otros servicios profesionales. Todos y cada uno de éstos tendrán un efecto en el comercio de servicios financieros.
«De hecho, las coaliciones de servicios de Estados Unidos y Europa presionan a sus gobiernos para que obtengan mayor acceso a los mercados en los sectores de servicios del mundo en desarrollo y, en vista de los crecientes obstáculos en el acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas, que separen las negociaciones sobre servicios del todo único de Doha», advierte el documento.
En las actuales negociaciones del GATS, y en particular sobre servicios financieros, ha surgido toda una gama de nuevas cuestiones nacionales e internacionales -como el funcionamiento del oligopolio estadounidense de agencias calificadoras de riesgo- que requieren normalización, advierte.
Estas agencias habitualmente emiten calificaciones, solicitadas o no, que se trasladan a los mercados. Tribunales estadounidenses han sostenido que las calificaciones no solicitadas que emiten estas agencias, pese al grave daño económico y financiero que causan, son inmunes a las acciones judiciales porque están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El documento del G-24 dice que, al menos a posteriori, la causa de la actual crisis financiera -cuyas dimensiones todavía no están claras, pero que en principio afecta varios cuatrillones de dólares en «activos»- parece ser en muchos casos la combinación de los productos derivados de crédito, obligaciones de deuda con garantía prendaria, «contratos de seguros» que garantizan sus valores y pagos, y distintos tipos de comercio de productos derivados cuyos mercados no están regulados ni son transparentes.
Los negociadores de los países en desarrollo y sus gobiernos actuaron de buena fe cuando suscribieron el marco del GATS en 1993 y asumieron acuerdos relacionados de acceso a los mercados, incluido el Acuerdo sobre Servicios Financieros de 1997.
En la actual Ronda de Doha, pero antes del estallido de la actual crisis que puso en cuestión la liberalización y globalización de los servicios financieros, muchos países en desarrollo que participaron en la Conferencia de manifestación de intenciones sobre el comercio de servicios dieron señales de qué ofrecerían como compromiso de acceso a los mercados de servicios financieros, sujeto a un resultado satisfactorio para ellos en otros ámbitos de la Ronda, como el acceso a mercados agrícolas y no agrícolas y los servicios, incluso en la modalidad 4 de prestación.
Según el documento, algo que debe sopesarse seriamente en las capitales del mundo, y más en las del mundo en desarrollo, son las consecuencias reales del GATS como «acuerdo» dentro del sistema de la OMC. Dentro de este acuerdo, también está en cuestión si es sensato promover más aperturas de mercado y concesiones – especialmente en la modalidad 3, y en cierta medida en las modalidades 1 y 2- en una amplia gama de servicios financieros, sin alcanzar un entendimiento más claro ni llegar a acuerdos previos para fortalecer y aplicar las normas en lugar de debilitarlas. Los gobiernos deberían incluso analizar si tiene sentido la globalización financiera y qué beneficios produce.
La Ronda de negociaciones de Doha está estancada (Chakravarthi Raghavan, «Trade: The Round no one wanted, now proving difficult to end», SUNS N° 6622, 21 de enero de 2009), y la atención pública está concentrada en cuestiones de acceso a los mercados agrícola y no agrícola. A pesar de los esfuerzos por desviar el foco de las reformas del sector financiero hacia el frente comercial, es probable que las negociaciones comerciales no lleguen a una conclusión hasta dentro de uno o dos años.
Esto otorga a los países en desarrollo tiempo y oportunidad suficientes para analizar sus propias situaciones, pensar en sus propias necesidades y, si es preciso, reconsiderar propuestas y acuerdos tentativos parciales en las negociaciones comerciales, incluso sobre servicios financieros y normas del GATS.
En teoría, las estructuras de gobierno y la toma consensual de decisiones de la OMC permiten que todos los miembros tengan derecho a objetar.
Sin embargo, en la práctica, aunque los países en desarrollo y sus agrupaciones han podido impedir ciertas acciones, no han logrado prevalecer. La preservación del statu quo no sería beneficiosa para el mundo en desarrollo, concluye el documento.