La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad. Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.
Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses, intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.
El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.
Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos. Las autoridades aún buscan más.
Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido de cientos de millas por aguas del Caribe.
Boinas, mentiras y video
En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que actuó como médico militar en Afganistán e Irak.
Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura, así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles y militares.
La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau para financiar la fallida Operación Gedeón.
Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami, junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde, sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas elecciones.
Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical, recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.
Mientras, sigue la crisis
La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza (el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28 millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha, 30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015, a casi cinco millones de venezolanos.
Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos 3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000 millones anuales.
En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo, unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.
Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y democrática. No es un buen presagio.