El 19 de octubre de 2020 comenzaba el juicio contra 12 independentistas galegos en la Audiencia Nacional española, acusados de «colaboración con el terrorismo». Aunque fue en 2015 cuando el Estado lanzó la primera fase de la llamada Operación Jaro contra el sector mayoritario del independentismo galego, y en 2017 pasó a la segunda fase, su historia nos remite a la larga tradición de resistencia galega a la opresión. La petición fiscal1 les amenaza con una posible condena por un total de un siglo, a multas por valor de casi 350.000 euros, a la pérdida de los pocos derechos tolerados por la constitución monárquica, además de a la posible ilegalización de dos organizaciones –Causa Galiza y Ceivar–, lo que significaría un debilitamiento aún mayor de las ya precarias posibilidades de ejercer la libertad.
En respuesta, se está tejiendo un amplio movimiento de apoyo y solidaridad con las personas encausadas, y a la vez de total rechazo tanto a la forma como al fondo del procesamiento, a su contenido antidemocrático y a su oculto objetivo que no es otro que el de destruir paulatinamente el ideario independentista y de izquierda, y en base a ello, debilitar lo más posible la identidad nacional y su contenido de clase obrera. Ahora bien ¿se trata sólo de un golpe represivo más contra la nación galega, contra los sectores más conscientes y organizados de su pueblo trabajador, como tantos otros que ha sufrido a lo largo de su historia, o es también parte de una estrategia más amplia destinada a apuntalar las cuarteadas estructuras del Estado?
No existe oposición alguna entre los dos objetivos, en todo caso diferencias lógicas por la singularidad nacional galega y por el particular beneficio que obtiene el capitalismo español con su opresión. Como tampoco existe oposición, y menos aún contradicción, entre, por un lado, la singularidad nacional galega y la particularidad de los beneficios materiales y simbólicos que obtiene el capital, y por el otro, la universalidad de las violencias represivas: Iñaki Bilbao, “Txikito”, en huelga de hambre y sed, las y los prisioneros políticos de diversas naciones, la inacabable lista represiva con multas y sanciones con la ley Mordaza, la imparable presión psicofísica y sociopolítica contra el proletariado en su conjunto a causa de la estrategia de la inmunidad de rebaño especialmente contra las mujeres, la fascistización….
Por su singularidad nacional. Galiza tiene una larga historia de resistencias múltiples que no podemos detallar aquí. En las elecciones autonómicas de 2012, la suma de votos de las dos grandes expresiones del nacionalismo galego, dejando ahora sus diferencias internas, llegaba al 24,02% frente al 69,82% del PP y PSOE. El independentismo situado a la izquierda de ese 24,02% apenas tenía visibilidad electoral pero sí había desarrollado una red de colectivos populares autoorganizados que contactaba socialmente con el nacionalismo, interrelación que se había acentuado desde la gigantesca movilización de masas del Nunca Máis en 2002 y en otras no tan espectaculares pero reales.
Todo Estado tiene una doctrina político-militar y cultural de contrainsurgencia que adapta o cambia dependiendo de su eficacia. La doctrina se dota de un sistema represivo, con su estrategia y sus tácticas correspondientes, atentamente evaluadas por la centralización estratégica que realizan sus burocracias incontrolables por el sistema parlamentario. Sin duda este poder en la sombra, conectado con la contrainsurgencia imperialista, analizaba la evolución galega en su singularidad: la fuerza del nacionalismo que en la vida diaria superaba ese 24,02%, la memoria militar de sectores populares que habían resistido al poder español pese a ser reprimidos hasta hacía muy poco tiempo, la inquietud creciente por el empobrecimiento y la explotación nacional de clase, por la muy próxima extinción de la lengua y cultura galega… Había que impedir la posibilidad de que sectores del mundo nacionalista girasen hacia Resistencia Galega surgida en 2001, y en octubre de 2015 la represión dio un salto al extenderse a espacios sociales, culturales, políticos, etc., que podían ser acusados de «colaboración con el terrorismo» aunque fuera mentira.
Esta es la razón decisiva, pero para entenderla en su pleno alcance debemos analizar por qué la represión de la singularidad nacional galega iba a ser utilizada como arma política a favor de los intereses particulares de la burguesía española en aquel contexto. Recordemos que la primera fase de la Operación Jaro se inició en octubre de 2015, cuando en el Estado la poderosa ola de malestar obrero y popular simbolizada en el 15-M de 2011 parecía que podía amenazar al poder, viendo los resultados obtenidos en las elecciones europeas de 2014 en las que la suma de La Alianza de Izquierdas y Podemos llegó a los 11 escaños superando los 1.800.000 votos. Era una vana ilusión de quienes creían que el reformismo se aprestaba a tomar el cielo por asalto, como creían también que SYRIZA y Tsipras iban a cumplir las promesas dadas al pueblo griego para que les votasen.
A pesar de que ya para entonces ese reformismo había amansado bastante la ira popular, la preocupación aún dominaba a la burguesía tanto como para que el PP en el Gobierno jugase al trilero: mover fechas posibles para las elecciones estatales: finales de 2015. Las detenciones del supuesto «entramado civil» fueron dos meses antes, tiempo suficiente para la manipulación electoral en el Estado y para las elecciones autonómicas galegas de septiembre de 2016. Para entonces la estructura dirigente de la izquierda abertzale había girado ciento ochenta grados con respecto a su trayectoria histórica. Catalunya tardaría casi dos años para su impresionante eclosión de agosto-octubre de 2017, lo que le acarrearía una represión implacable que ahora es dirigida por un «gobierno progresista».
Pero esta relativa calma se enfrentaba a varios peligros: estaba claro que el bipartidismo iba a desaparecer debido a la profunda crisis del mal llamado «régimen de la transición»; aunque Juan Carlos I había abdicado en junio de 2014, se ahondaba el desprestigio de la monarquía; los tenues signos de una incipiente recuperación económica eran muy débiles y repetían las mismas carencias estructurales de siempre; la crisis mundial no terminaba sino que se agravaba en lo geoestratégico con la entrada en escena de Rusia, China, etc. Por tanto, le vendría muy bien a la burguesía, al PP y al PSOE, demostrar fuerza. Adaptó a Galiza la exitosa contrainsurgencia aplicada contra Euskal Herria: en términos clásicos, secar el mar para asfixiar a los peces, o sea, desnacionalizar a la nación ocupada. ¿Surtió efecto esta estrategia?
En las elecciones autonómicas de septiembre de 2016 el bloque estatalista obtuvo el 65,41% de los votos, un retroceso de 4,41% con respecto a 2012 a pesar de la propaganda triunfalista sobre la represión desencadenada en 2015. ¿Qué había ocurrido? Un sector del PSOE se pasó al autonomismo oportunista y aparente, pragmático, de Podemos y grupitos afines, integrando junto con sectores nacionalistas y de izquierda blanda la coalición En Marea. Si olvidamos las diferencias y a los resultados de En Marea le sumamos los del BNG que fue en solitario, tenemos el 27,43% de los votos, un avance de 3,41% a pesar de la propaganda españolista enardecida por la represión.
La preocupación aumentaba en la burguesía porque pese a todas las mentiras el bloque estatalista no crecía, sino que tendía a la baja, y el autonomista-nacionalista tendía al alza. Algo fallaba, tanto más cuanto que el proletariado había estado muy pasivo en 2015, pero para mediados de 2016 empezaban a soplar pequeñas brisas de malestar social que se intensificarían hasta estallar en 2017 con movilizaciones y huelgas, especialmente en la negociación colectiva con 55 paros más que en 2016, con el triple de participantes y casi el triple de jornadas no retribuidas. Otro tanto sucedía en la lucha estudiantil que se plasmó en la huelga de marzo de 2017 entre otras muchas expresiones de esta forma de lucha de liberación nacional de clase. Internamente a estos conflictos, la mujer trabajadora incrementaba su fuerza en esos años, demostrándolo el 8 de Marzo de 2018.
Hemos ofrecido un repaso rápido del contexto sociopolítico de la lucha de clases para comprender mejor por qué y para qué en junio de 2017 el Estado lanzó la segunda fase de la Operación Jaro, con más detenciones y multiplicando la guerra psicológica y cultural. Es cierto que la represión tiene su propia lógica, su autonomía relativa una vez desencadenada pero también es verdad que la represión política está guiada por una doctrina contrainsurgente que busca victorias de más largo alcance, no solo tácticas sino estratégicas. Es debido a esta visión larga, que todo valía para detener y revertir esa tendencia al alza del nacionalismo galego y sobre todo acabar con la posibilidad de crecimiento de la izquierda independentista.
Pero a las pocas semanas de las detenciones, el panorama empezó a complicarse extraordinariamente para la burguesía: se produjo la erupción del nacionalismo catalán, dirigido por una alianza entre la pequeña burguesía y sectores de la mediana, con un gran apoyo popular y un independentismo radical. El Estado respondió con la ocupación militar pública y el Artículo 155. Se esfumaba la muy débil y corta recuperación económica. El desprestigio del rey se disparaba por su descarado derechismo e imperialismo. La corrupción destrozó al PP –Partido Podrido– y Rajoy tuvo que dejar la presidencia del Gobierno en junio de 2018, entrando el PSOE al Gobierno ese mes.
Mientras tanto, en Galiza se derretía como sebo al fuego el montaje de la Operación Jaro, más sectores sociales tomaban conciencia de lo que estaba en juego al ver lo que ocurría en Catalunya y en el Estado, y lo que realmente era Unidas-Podemos. En las elecciones galegas de julio de 2020 el bloque estatalista obtuvo el 67,35% de los votos, un 1,94% más que en 2016 pero en realidad había perdido casi 50.000, casi todos del PP menos 1000 del PSOE. El bloque nacionalista-autonomista logró el 27,73%, con un aumento del 0,30%. ¿Qué había sucedido? En Marea desapareció sin combate. El reformismo españolista y la burocracia vertical de UP, además de su obsesión por los sillones, habían hundido en la desilusión a miles de sus votantes facilitando que la abstención subiera al 51,03%, mientras que otros avanzaron del autonomismo de boquilla al nacionalismo del BNG que creció en casi 123.000 votos pasando a ser la segunda fuerza. En Vascongadas sucedió otro tanto: la abstención se disparó al 49,22%, EH Bildu devoró miles de votos de Podemos reafirmándose como segunda fuerza, y el resto de partidos perdieron un total de casi 89.000 votos.
Volviendo a Galiza, se estaba produciendo un desplazamiento electoral del reformismo autonomista al nacionalismo blando de BNG, mientras que el estatalismo se estancaba. Se ampliaban así los espacios de incidencia del independentismo en un contexto de crisis nunca sufrida. Sin duda, el Estado es consciente de ello. La forma en que se ha realizado el juicio muestra un endurecimiento no casual, mientras en la calle el «gobierno progresista» se esfuerza por construir una alianza que garantice la «democracia», pero la realidad política y las medidas socioeconómicas estructurales demuestran lo contrario. Esta disonancia entre la realidad represiva y la ficción democrática es fácilmente comprensible sabiendo que, de la misma forma en que «los gobiernos pasan, la policía permanece», sobre todo ocurre que «los gobiernos pasan, el capital permanece».
El Estado es la forma política, jurídica e ideológica de la explotación asalariada para la acumulación capitalista en el marco geográfico llamado España. Las diversas expresiones del nacionalismo español, incluidas muchas republicanas, son funcionales a las necesidades de la acumulación de capital y de la unidad del Estado, o sea, de la unidad del mercado y del proceso de explotación, más todavía en la definitiva mundialización de la ley del valor. Esto determina que el Estado sea incompatible con el independentismo de las naciones que oprime. Admite descentralizaciones autonómicas y regionalistas porque desvían tensiones y crean burocracias integradas económicamente, e incluso tolera con mal gusto nacionalismo soberanistas descafeidanos, pero arremete contra el independentismo. Por esto, el final de la Operación Jaro no lo decide la «justicia independiente» porque no existe, sino la disputa entre el bloque más reaccionario nucleado por el PP, que controla directa o indirectamente la “ley”, y el autodenominado «democrático» dirigido por PSOE y su peón de cuadras, UP.
Ambos necesitan acabar de un modo u otro, brutal o sutilmente con el independentismo de izquierdas, y debilitar lo más posible el sentimiento nacional galego. Sus modelos de España no son opuestos y menos aún antagónicos, solo se diferencian en cuestiones que no amenazan el poder del capital. La «justicia independiente» decidirá con la neutralidad que tiene todo aparato de Estado, es decir, a favor del capitalismo español. Si su fallo es absolutorio no será por justa imparcialidad democrática, sino por estrategia de poder. Si es condenatorio, el «gobierno progresista» la acatará y usará a los prisioneros como rehenes, para chantajear a Galiza. Eso está haciendo con otras personas encarceladas, procesadas o multadas por razones sociopolíticas.
La izquierda independentista y su núcleo fundamental amenazado con ilegalizaciones, multas y un siglo de cárcel, se enfrenta al mismo panorama que la izquierda militante abertzale y catalana: el nacionalismo interclasista no ha resistido los embates del período abierto con la implosión de la URSS, el neoliberalismo, la crisis de 2007 y la Covid-19, embates agravados por el crujir de la quilla del Estado español. Con diferencias, pero en la misma línea, en las tres naciones se ha dado un proceso de aceptación del redil parlamentario como el marco fundamental de «juego político», abandonando en gran medida la movilización popular y en muchos casos criticando formas de lucha que rompen con las leyes españolas. La ilusión pragmática de que las pequeñas mejoras que pudieran lograrse con la aceptación del redil parlamentario –la zanahoria que da el pastor a las ovejas para que obedezcan los gruñidos del perro guardián– podrían ser acumulativas como gotitas de agua que en milenios moldean la roca, cierra los ojos ante el hecho innegable de que, al final de los tiempos, la roca sigue en su sitio.
Los crujidos de la quilla surgen de grietas estructurales que se arrastras desde el siglo XVI si no antes como la Guerra Irmandiña en Galiza, cuando comenzaron a ser derrotados uno tras otro los intentos de «modernización», o reducidos a mínimos tolerables por el poder. El último realizado por una parte de la burguesía media, la II República, fue atrozmente exterminado; la «transición» fue el suicidio de las «fuerzas del progreso y la cultura». No es que la burguesía no se adaptase a los tiempos, sino es que cuando lograba algún impulso siempre éste terminaba siendo más débil que el de otros Estados, aumentando el atraso según se mundializa la ley del valor, como vuelve a suceder en la crisis que va de 2007 a 2020, y tiende a agravarse. Las recuperación parcial y transitoria se ha logrado multiplicando la explotación unas veces manu militari, otras con el «dulce látigo» manejado por el reformismo.
Dicen que desde verano de 2018 se inició la definitiva «modernización» que si bien ha sido retrasada por la Covid-19, ahora, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, existe el suficiente consenso como para lograrlo. Son promesas para incautos que necesitan creérsela para convencer a sus bases y electores. Pero no volverá nunca la fase colonialista que alimentó con sangre y terror al imperio español. Las profundas contradicciones que está sufriendo el capitalismo determinan que el Estado quede condenado a la cola de la Unión Europea, dependiente de los flujos exteriores y por ello necesitado de un duro control autoritario interno.
Las izquierdas independentistas han sufrido un profundo bache por las razones expuestas y se encuentran ante un duro horizonte que, sin embargo, es previsible a grandes rasgos, lo que les facilita orientarse mejor hacia los objetivos. Se han disipado las densas nieblas y brumas que desorientaron a muchas personas. Al margen ahora de su desenlace final, la Operación Jaro está desmontando los cantos de sirena sobre una «segunda transición», esperemos que no sea a costa del sufrimiento de los camaradas galegos con los que nos solidarizamos incondicionalmente.
EUSKAL HERRIA, 13 de noviembre de 2020
1 Véanse: A. Baserrigorri: Entrevista a Joan Peres: “La solidaridad es el principal instrumento que disponemos para que la sentencia sea absolutoria”. 1 de noviembre de 2020 https://galiza.lahaine.org/la-solidaridad-es-el-principal
Boltxe: O proceso ás 12 de Jaro. 5 de noviembre de 2020 https://www.boltxe.eus/2020/11/05/o-proceso-as-12-da-jaro/
Fran Pérez: Radiografía de un despropósito judicial. Las inconsistencias de la Operación Jaro. 6 de noviembre de 2020 https://www.elsaltodiario.com/operacion-jaro/radiografia-desproposito-judicial-inconsistencias
Revista la Comuna: Frente a la farsa judicial en los casos contra Ceivar y Causa Galiza, solidaridad con los 12 independentistas gallegos 3 de noviembre de 2020 https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estado-espanol-frente-a-la-farsa-judicial-en-los-casos-contra-ceivar-y-causa-galiza-solidaridad-con-los-12-independentistas-gallegos/
Alba Tomé: El independentismo gallego se enfrenta a 102 años de cárcel por “enaltecimiento del terrorismo”. 18 de octubre de 2020 https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estado-espanol-frente-a-la-farsa-judicial-en-los-casos-contra-ceivar-y-causa-galiza-solidaridad-con-los-12-independentistas-gallegos/
Mikel Azurmendi: Operación Jaro, el montaje contra el independentismo gallego se desinfla. 25 de julio de 2019 https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2019-07-25/hemeroteca_articles/operacion-jaro-el-montaje-contra-el-independentismo-gallego-se-desinfla/