Juan Guaidó y su ‘gobierno interino’ fueron cesados por la propia oposición, pero esta mantiene el control de miles de millones de dólares en activos del Estado en el exterior.
Una delegación de partidos de la oposición venezolana ha visitado estos días España y otros países europeos en busca de apoyo político. Quieren presión internacional sobre Maduro para negociar en mejores condiciones.
Después de años de boicot a los procesos electorales en Venezuela han cambiado de estrategia y líderes, y han comenzado la carrera para las elecciones presidenciales de 2024.
Hace ahora cuatro años era Juan Guaidó, autoproclamado en una calle de Caracas ‘presidente encargado’ de un ‘gobierno interino’ el que hacía ese mismo recorrido.
La autoproclamación de Guaidó del 23 de enero de 2019 en un acto público callejero en Caracas consiguió solo minutos después el reconocimiento entusiasta del Gobierno de Donald Trump, y en cascada, el de casi otros 60 países, entre ellos España.
Luego se conocerían las fuertes presiones diplomáticas que hizo Washington sobre sus aliados para conseguir ese inédito apoyo.
Pedro Sánchez llegó a darle un ‘ultimátum’ a Maduro para que dejara el poder; José Luis Martínez Almeida y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, le dieron la Llave de Oro de Madrid; Díaz Ayuso, la primera Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
La derecha le organizó durante su visita un acto público en Puerta del Sol para que agitara a la comunidad venezolana, mientras Leopoldo López, el líder del expartido de Guaidó, Voluntad Popular, llevaba meses acogido en la embajada española en Caracas tras haber roto su arresto domiciliario. Hoy vive exiliado en España.
Bajo el Gobierno de Aznar se apoyó el
frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, y en 2019, bajo el
primer Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que el PSOE ensayó en
solitario, se apoyó el golpe de Guaidó contra Maduro.
Hoy Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, el ‘gobierno interino’ encabezado por Guaidó fue cesado por la propia oposición y esta ha vuelto a España, pero esta vez no pidiendo que le den otro ultimátum a Maduro para que abandone el poder, sino para que se les ayude a negociar con él, presionándolo.
Le transmitieron al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, su protesta por la decisión de nombrar nuevo embajador en Caracas tras años de mantener solo un encargado de negocios en esa plaza, porque consideran que así se da oxígeno a Maduro.
“Si siguen nombrando embajadores, dándoles fotos,
levantando sanciones a cambio de nada, se estará eternizando la
dictadura”, declaraba el pasado domingo 30 de enero en Madrid el
dirigente opositor Freddy Guevara, de Voluntad Popular, el mismo partido
al que perteneció Juan Guaidó hasta 2020 y que sigue liderando Leopoldo
López.
Trump, que había incrementado las sanciones económicas y confiscaciones de activos de Venezuela impuestas ya por Obama en defensa de la “seguridad nacional de Estados Unidos”, pretendía con la autoproclamación circense de Guaidó institucionalizar la operación de acoso y derribo contra Maduro.
La diplomacia estadounidense aseguraba a sus aliados que con ese paso el Gobierno de Maduro caería en pocos días y que todos saldrían ganando.
Venezuela, con las reservas de petróleo más grandes del planeta era —y es— una joya codiciada por EE UU y por multinacionales de muchos países.
Solo cinco días después de la farsa de Guaidó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el ultraderechista John Bolton, anunciaba que Washington había decidido congelar 7.000 millones de dólares de activos venezolanos en EE UU y bloquear otros 11.000 millones de dólares pertenecientes a Citgo, la filial en Estados Unidos de la poderosa petrolera estatal venezolana PDVSA. Citgo tenía en ese momento en EE UU tres refinerías, una amplia red de oleoductos y cerca de 5.000 estaciones de servicio.
Robert Palladino, entonces portavoz del Departamento de Estado, dejó claro que Guaidó como “representante legítimo del verdadero Gobierno de Venezuela” era el único con autoridad para supervisar todos los activos del Estado venezolano en Estados Unidos.
El Gobierno de Iván Duque decidió por su parte confiscar la filial de PDVSA en Colombia, Monómeros, dejando el control de la misma a Guaidó.
La UE se sumó también a la medida de Washington y congeló los activos venezolanos, y el Banco de Inglaterra se negó a
su vez a entregar al Gobierno de Maduro las 31 toneladas de oro que
este quería repatriar, valoradas en cerca de 930 millones de euros.
De esta manera, un hombre con corta trayectoria política al que por rotación anual entre los partidos opositores que habían constituido una Asamblea Nacional paralela a la oficial le correspondió ser presidente de la misma a partir del 5 de enero de 2019, 18 días después se convertía en ‘presidente encargado’ de Venezuela reconocido por 60 países, y controlando activos de miles de millones de dólares.
Con semejante apoyo político y económico Guaidó montó su infraestructura, nombró cargos de su fantasmagórico gobierno, nombró jueces, abrió oficinas, realizó actos públicos a lo largo y ancho de Venezuela, habló ante la Cámara de Representantes de EE UU, visitó países latinoamericanos con gobiernos conservadores… al tiempo que denunciaba machaconamente la ‘dictadura’ de Maduro y la terrible persecución que sufría.
Aún con el bloqueo económico y político, de la pandemia del covid-19, Maduro no caía, las fuerzas armadas no se resquebrajaban a pesar de los insistentes llamados a la rebelión de Guaidó.
La desesperación le llevó, meses después, a firmar un contrato formal, con exhaustivas cláusulas, con una compañía estadounidense de mercenarios, con Silvercorp USA, presidida por Jordan Goudreau, un canadiense ex boina verde del Ejército de Estados Unidos y ex escolta de Bush.
En
estas mismas páginas de El Salto reprodujimos el texto íntegro de ese
contrato firmado por Guaidó para “capturar/matar” a Nicolás Maduro,
ayudar al derrocamiento de su Gobierno y seguir prestando servicios para
el nuevo gobierno al menos hasta un año después.
Cuando todos los detalles del operativo previsto para derrocar a Maduro parecían ultimados, Guaidó y sus colaboradores comenzaron a dudar de la capacidad real de la empresa de mercenarios para llevar a cabo un plan de tanto calado y decidieron anularlo. Antes habían desechado también las propuestas de otras empresas militares privadas por dudas similares.
Sin embargo, en este caso, el director de Silvercorp USA decidió no quedarse con los brazos cruzados. Con los 50.000 dólares de adelanto que había recibido ya había desplazado a algunos de sus hombres a Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, a entrenar a decenas de efectivos que participarían en el plan.
Meses después, el 3 de mayo de 2020, y según sus propias palabras, autofinanciando la operación, Jordan Goudreau lanzaba una esperpéntica ‘invasión’ de Venezuela por mar con lanchas neumáticas y hombres fuertemente armados.
Era el inicio de la Operación Gedeón que contaba supuestamente con apoyos en el interior de Venezuela para poder secuestrar a Maduro y trasladarlo a EE UU, como se hizo con el general Noriega con la invasión de Panamá en 1989, al tiempo que se controlaban todos los puntos estratégicos claves.
El Gobierno del ultraderechista Iván Duque, como antes su mentor, Álvaro Uribe, siempre ofreció Colombia como territorio de asilo y plataforma de agresión a Venezuela a militares venezolanos rebeldes y paramilitares.
Los protagonistas de la Operación Gedeón encontraron resistencia al desembarcar, ocho de ellos murieron en el intento y varios más fueron capturados, entre ellos ex miembros de las Fuerzas Especiales de EE UU pertenecientes a Silvercorp y también algunos militares venezolanos opositores. Días después fueron capturados más de 30 de sus contactos en Venezuela.
La gran sorpresa fue que el propio Goudreau decidió hablar en canales de Youtube de la oposición venezolana en Miami, y allí dijo que esa operación, mal planificada y con escasos recursos fue la opción desesperada que tomó para “liberar Venezuela”, tras la ‘traición’ de Guaidó.
La intentona se producía, casualmente, un mes y medio después de que Trump ofreciera diez millones de dólares por la cabeza de Maduro y algunos de sus principales colaboradores.
Goudreau denunció a Guaidó por “incumplimiento de contrato”, un contrato de 212,9 millones de dólares que mostró públicamente y cuya existencia reconocieron posteriormente estrechos colaboradores del ‘presidente encargado’ que habían participado directamente en la negociación de sus detalles.
La Casa Blanca tildó de ‘chapuza’ la caricatura de invasión, pero el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, salió en defensa de los mercenarios capturados: “Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso”.
Y pocos días después, el 18 de mayo, el jefe del Comando Sur de EE UU, el almirante Craig Faller, anunciaba que varias naves de guerra estadounidenses estaban en máxima alerta en el Caribe por la llegada prevista para días después de cuatro buques cisterna iraníes que transportaban combustible a Venezuela, asfixiada por el bloqueo energético.
La revelación de los detalles de las reuniones de Guaidó y sus colaboradores con Silvercorp publicados por medios de comunicación estadounidenses no provocaron sin embargo que ningún país retirara el apoyo oficial que le habían dado al ‘presidente encargado’.
El polémico líder opositor siguió actuando como tal pero ya había había quedado tocado. Algunos de los socios de la coalición opositora no compartían sus intentonas golpistas violentas, la ya crónica división interna de la oposición aumentó aún más.
Algunos de los partidos
miembros de la coalición aceptaron por primera vez las propuestas de
diálogo del Gobierno de Maduro, lo que supuso para este una gran
victoria, un balón de oxígeno.
La estrategia de La Salida, la opción ultra que adoptó la oposición a partir de 2014 encabezada por Leopoldo López, Juan Guaidó y Corina Machado para derrocar por la fuerza a Maduro con movilizaciones callejeras violentas se había demostrado un rotundo fracaso.
A pesar de esa división en las filas opositoras estas no lograron consensuar un líder alternativo a Guaidó para seguir presidiendo el ‘gobierno interino’ pero poco a poco este fue perdiendo más apoyos en el exterior. Aunque ninguno de los 60 países que en su momento lo reconoció como ‘presidente encargado’ en enero de 2019 gradualmente fueron eludiendo compromisos con él y finalmente la gran mayoría dejaron de llamarlo ‘presidente encargado’ y pasaron a calificarlo ‘líder opositor’.
El propio Trump mostró públicamente su desilusión con Guaidó y dejaron de tenderse alfombras rojas a sus pies aunque aún se le siguió reconociendo como el único interlocutor válido.
Maduro logró sobrevivir a pesar de todos los augurios, jugó bien sus cartas, y a costa de abandonar importantes valores del chavismo original, de grandes concesiones al gran capital, de giros y giros en su política económica y de un creciente autoritarismo e intolerancia extrema con la oposición interna, consiguió resistir en su cargo.
De esta manera pudo convocar y ganar con amplio margen las elecciones parlamentarias, a gobernadores y alcaldías de diciembre de 2020, que una vez más Guaidó, su formación y los principales partidos de la oposición boicotearon.
El sector más radical seguía sosteniendo que no participaría en ningún proceso electoral organizado por ‘el usurpador de Miraflores’.
Maduro persistió en su política de dividir a la oposición y logró en agosto de 2021 y gracias a la mediación de Noruega sellar un memorando de entendimiento con varios partidos opositores más moderados y pragmáticos para convocar elecciones regionales el 21 de noviembre de ese año.
Esos grupos, aglutinados electoralmente en la llamada Plataforma Unitaria, dieron un giro radical a la virulenta oposición que había sido su característica desde la aparición de Hugo Chávez en la escena política a fines de los años 90.
Ante la crisis energética mundial la Administración Biden ha iniciado hace tiempo negociaciones de segundo nivel con Venezuela para ver la posibilidad de levantar algunas de las sanciones a cambio de que Venezuela aumente su producción de petróleo y ayude en la OPEP a bajar el precio del crudo.
En contra de los deseos del sector más radical de la oposición Washington ha aceptado ceder a Naciones Unidas parte de los activos del Estado venezolano que mantiene congelados, con la condición de que estos sean utilizados exclusivamente para pagar medicinas y ayuda humanitaria.
Los grandes cambios en política económica, la dolarización y liberalización del mercado han logrado reducir notablemente la hiperinflación y Venezuela vuelve a crecer, aunque a costa de haber agudizado la desigualdad social en el país. La nueva ola de gobiernos progresistas en la región le permite a Maduro romper el aislamiento internacional.
Guaidó intentó por todos los medios que los partidos de la oposición que controlan la Asamblea General paralela —y sin capacidad real alguna— mantuvieran su ‘gobierno interino’ y a él como presidente del mismo, pero su voz no fue escuchada.
Desde 2019 hubo muchas acusaciones de corrupción, de desviación de dinero público venezolano para bolsillos personales y Guaidó se vio obligado el pasado 26 de enero a explicar en rueda de prensa que el presupuesto de su ‘gobierno’ “no alcanzó los 150 millones de dólares”, retirado de una cuenta del Estado venezolano en EE UU.
En un comunicado conjunto de fines de diciembre pasado, los partidos Acción Democrática, Movimiento por Venezuela, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, aseguraron que a pesar de la eliminación del ‘gobierno interino’ por votación de 72 de los 112 diputados de la Asamblea Nacional paralela que en su día habían apoyado a Guaidó no afectaría al control de los activos del Estado venezolano en el exterior. “La protección de los activos del Estado venezolano en el extranjero está garantizada. Estos nunca llegarán a las manos del chavismo”, aseguraron.
De esta forma la oposición negocia desde noviembre pasado en México con los representantes del Gobierno de Maduro poniendo sobre la mesa como cartas fuertes las 31 toneladas de oro bloqueadas por el Banco de Inglaterra y los miles de millones de dólares congelados igualmente en cuentas en Estados Unidos y Europa.
Tras la eliminación del ‘gobierno interino’ en los primeros días de enero pasado la Asamblea Nacional paralela ha elegido como nuevas lideresas para el periodo 2023-2024 a tres legisladoras exiliadas: Dinorah Figueras, del partido Primero Justicia, como presidenta de la AN; Marianela Fernández, de Un Nuevo Tiempo, y Auristela Vásquez, de Acción Democrática.
Esos tres partidos, conocidos como G3, fueron quienes promovieron la votación del 30 de diciembre pasado que acabó con el ‘gobierno’ del autoproclamado ‘presidente encargado’ Juan Guaidó.
Voluntad Popular, el partido que sigue liderando desde España el opositor Leopoldo López y al que perteneció Guaidó, votó en contra de la eliminación del ‘gobierno interino’ y del nombramiento de la nueva junta directiva.
España y el resto de la UE tienen nuevamente una gran oportunidad frente a la nueva etapa abierta en Venezuela para rectificar sobre la postura interesada y a su vez sumisa con Washington que han mantenido y que tanto ha ayudado a agudizar la ya crítica situación económica y social venezolana.