En la historia de las nacionalizaciones latinoamericanas de hidrocarburos, el proceso de Venezuela tres décadas atrás siguió a una larga negociación con las compañías operadoras, por lo que no hubo ocupación sorpresiva de las instalaciones, a diferencia de la última medida boliviana.
Mucho antes aun se nacionalizó la industria petrolera de México, históricamente célebre por su carácter pionero y por las reacciones de los afectados. Los bolivianos registran dos intentos fallidos anteriores, en 1937 y en 1969.
El 1 de mayo, el presidente boliviano Evo Morales condujo la ocupación de los campos de gas y petróleo que en su país operaban principalmente la estatal brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total, cuyos ejecutivos aún no habían digerido el decreto de nacionalización.
También el presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940) sorprendió a las compañías, estadounidenses y europeas –que rehusaban atender demandas sindicales–, con su anuncio de nacionalización, a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938.
En cambio, la mañana del 1 de enero de 1976 el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) izó la bandera de su país sobre el pozo Zumaque 1, donde en 1914 se había iniciado la explotación a gran escala, en un acto signado por la tranquilidad entre las partes.
El 29 de agosto de 1975, Pérez había promulgado la ley de nacionalización, y al día siguiente se creó Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corporación estatal que devino en aglomerado de las empresas operadoras cuyas concesiones se extinguieron ese año.
Junto a las filiales de las gigantes estadounidenses Standard Oil (luego Exxon), Gulf, Amoco, Texas o Mobil, y la angloholandesa Shell, fueron «nacionalizadas», en realidad estatizadas, dos pequeñas compañías privadas venezolanas, Mito Juan y Las Mercedes.
La nacionalización petrolera fue una reivindicación de las fuerzas sindicales y de la izquierda política en Venezuela, y en general de los defensores de la primacía del Estado, desde que en 1935 terminó la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez.
Rómulo Betancourt (1945 y 1959-1964), el gran líder socialdemócrata del siglo pasado, escribió en su libro «Venezuela, política y petróleo» que cuando Gómez, un caudillo telúrico, debió legislar sobre la materia, llamó a representantes de las trasnacionales y les dijo: «Ustedes saben de petróleo. Hagan ustedes las leyes. Nosotros somos novatos en eso».
El dictador Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) dio nuevas concesiones a las petroleras pero tras su caída, el partido de Betancourt, Acción Democrática, hizo un giro hacia el nacionalismo, creó una pequeña empresa petrolera estatal y auspició la fundación, en 1960, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP.
El presidente socialcristiano Rafael Caldera (1969-1973 y 1994-1999) nacionalizó en 1971 la entonces modesta industria del gas, y en 1973 se aprobó una ley que ordenaba la reversión anticipada, al Estado, de concesiones petroleras abandonadas, subutilizadas o que provocasen daños severos al entorno.
Las trasnacionales disminuyeron sus inversiones durante esos años, convencidas de que Venezuela seguiría los pasos nacionalizadores de Indonesia (1965), Argelia (1971), Libia e Iraq (1973).
Cuando a raíz del embargo árabe a Occidente, en 1973, se triplicaron los precios del petróleo, el Estado dispuso de recursos para abordar la nacionalización de sus industrias de hierro y petróleo, y tras asumir la Presidencia en 1974 el socialdemócrata Pérez creó una comisión multipartidaria para estudiar la materia.
Mientras se discutían las modalidades de la nacionalización y se redactaba la ley, se entablaron negociaciones con las compañías operadoras, con lo que resultó una transición relativamente tranquila, apenas alterada por dos cuestiones intensamente debatidas.
Primero, si debía indemnizarse o no a las compañías, en términos parecidos a los que ahora afloran con la nacionalización boliviana: las trasnacionales exigían una indemnización, con apoyo de sus gobiernos, y grupos radicales venezolanos mostraban cómo las corporaciones habían recuperado varias veces el valor de sus inversiones.
Un maestro de varias generaciones de economistas, Domingo Maza, dijo que sólo con el gas que las compañías habían quemado y arrojado a la atmósfera en la cuenca del lago de Maracaibo (oeste) durante décadas se había causado un daño al país que equivalía a los más de 5.000 millones de dólares reclamados como indemnización.
Al final hubo acuerdo y se pagó a las compañías 4.300 millones de dólares por todos sus activos, 20 por ciento en efectivo y el resto en bonos.
En México, para reunir el dinero de la indemnización a compañías, los ciudadanos hicieron manifestaciones populares. Hasta gallinas fueron donadas durante las colectas.
El boliviano Morales ocupó primero los campos y ahora negociará durante 180 días las condiciones de nuevos contratos, dijo que las compañías podrán recuperar su inversión, pero descartó que La Paz pague un centavo como indemnización.
Otra polémica se sostuvo en Venezuela por el artículo quinto de la ley, que abrió una rendija para el regreso de las trasnacionales en casos determinados y bajo formas de asociaciones o contratos. Las corporaciones regresaron en la década pasada.
Con nuevas leyes, el actual presidente Hugo Chávez mantuvo sin embargo las asociaciones y, más aún, eliminó el año pasado la figura de los convenios operativos o contratos de servicios y obligó a unas 30 firmas a migrar hacia la figura de empresas mixtas, en las que Pdvsa tiene al menos 60 por ciento de acciones.
También Morales ha dicho que quiere «socios, no dueños» sobre los recursos hidrocarburíferos cuya posesión devolvió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).
En México todavía la industria petrolera es un monopolio estatal.