Fuerzas policiales vinculadas al gobierno del estado de Rio de Janeiro hicieron una ocupación militar más en la capital de la provincia, de esa vez, en las favelas Rocinha, Vidigal y Chácara do Chapéu. La justificación para la acción es la implementación de una Unidad Policial de Pacificación (UPP) más. La Rocinha tiene 70 mil […]
Fuerzas policiales vinculadas al gobierno del estado de Rio de Janeiro hicieron una ocupación militar más en la capital de la provincia, de esa vez, en las favelas Rocinha, Vidigal y Chácara do Chapéu. La justificación para la acción es la implementación de una Unidad Policial de Pacificación (UPP) más.
La Rocinha tiene 70 mil habitantes y es considerada la favela más grande de América Latina. La ocupación tuvo inicio el 13 de noviembre y seguirá hasta la consolidación de la UPP. Va a ser la de número 19 en la ciudad. La primera experiencia ocurrió en la favela Santa Marta, el 20 de noviembre de 2008. Las UPPs son un proyecto de la Secretaria de Seguridad Pública de la provincia de Rio de Janeiro, impulsadas en el gobierno de Sergio Cabral y tiene como objetivo, en teoría, expulsar las bandas de narcotraficantes de las favelas e instituir sistemas de seguridad comunitarios.
Según datos de la Intendencia de Rio de Janeiro, hay en la ciudad 605 favelas, 29 de ellas ya controladas por las UPPs. La mayoría de las unidades están en villas de la zona sur de la ciudad, dónde también están algunos de los barrios más ricos. La Rocinha es un buen ejemplo, ubicada en el medio de barrios suntuosos, como São Conrado y Leblon.
Al contrario de otras grandes ciudades, en que la población pobre es alejada y forzada a vivir en las zonas periféricas, en Rio, la población pobre ocupa los cerros que están distribuidos por toda la ciudad, aunque también ocupe áreas aledañas. Así, ricos y pobres viven cerca geográficamente. Las favelas hacen parte del paisaje urbano carioca y el contraste con los barrios de lujo es considerado uno de los símbolos de la desigualdad social que afecta el país.
¿Combate al narcotráfico?
Los medios de comunicación hegemónicos en Brasil, como en otras operaciones anteriores, consideraron la operación militar en la Rocinha un «suceso», exaltando la policía y la aceptación por parte de los propios habitantes de la favela. Tomás Ramos, asesor parlamentar del diputado estadual Marcelo Freixo, (actual presidente de la comisión de derechos humanos en la cámara de diputados) afirma que de hecho muchos habitantes evalúan positivamente las UPPs, pero a la vez siguen criticando a los abusos de la policía. «Lo que aprueban es el fin de los frecuentes tiroteos entre las bandas narcos y las policías, pero no necesariamente aprueban el modelo de gestión policial del territorio en que viven».
Según el asesor, la población siente una mejora, que es real. «El narcotráfico con fuerte poder bélico debe ser combatido y la retomada de la soberanía del Estado sobre estos territorios es importante». Sin embargo, ellas traen otros problemas. Uno es el la vigilancia policial de la vida comunitaria. «En los modelos de seguridad comunitaria reales, la vigilancia se da con la participación popular. En las UPPs lo que se objetiva es la neutralización de un territorio considerado de riesgo, en el cual la policía funciona como la autoridad y tutela la vida de la gente en las favelas. Eso es muy problemático», opina.
Para Ramos, ellas no son una política de combate al tráfico o de disminución de la criminalidad, sino de control de favelas que estén en áreas consideradas estratégicas económicamente. «Quien decidió donde serian implementadas las UPPs fue un equipo de economistas», afirma. El propio gobernador, Sergio Cabral asume públicamente que las UPPs no resuelven el problema del tráfico. «[El objetivo] no es terminar con el tráfico, eso nadie pudo hacer hasta hoy. El tráfico no acabó en Paris, ni en Nueva York, tampoco en Estocolmo, que tienen mucho más recursos que nosotros. El objetivo es llegar a niveles civilizatorios de criminalidad», declaró Cabral a una revista de gran circulación en Brasil, poco antes de la instalación de la primera UPP.
Proyecto de ciudad
Sin embargo, como las unidades de pacificación se concentran en zonas ricas y turísticas de la ciudad, la criminalidad tiende a disminuir solamente en esas regiones, creando burbujas de seguridad. A eso se vincula la realización del Mundial en 2014 y de las Juegos Olímpicos en 2016. Las favelas ubicadas en el entorno del Maracanã, por ejemplo, estadio que será el futuro escenario de la final del Mundial de 2014 fueron también «pacificadas». Para muchos la realización de estos eventos fueron catalizadores para implementar el proyecto de las UPPs. «Los grandes eventos fueron decisivos para la creación de las UPPs – resolver o minimizar el problema de la criminalidad violenta es un compromiso que consta en el programa brasileño para poder ser sede de estos eventos», afirma Luiz Antônio Machado, sociólogo y profesor de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (Uerj).
«Las UPPs no son un proyecto de seguridad pública, pero un proyecto de ciudad. El objetivo es hacer una gestión militar de la pobreza urbana», resume Tomás Ramos, que se basan en la «criminalización de la pobreza» y en la «militarización del orden público». Según esa lógica, sigue Ramos, «el pobre o es visto como criminoso o como víctima».
Mientras tanto, poco se discute y se avanza acerca de la elaboración de programas sociales en esas comunidades, una de las propuestas y reivindicaciones de los que analizan las UPPs críticamente. «La policía, con el pretexto de acercarse de los habitantes ha hecho actividades de promoción social como escuelas de deportes y fiestas de 15 años; hay pocos proyectos sociales, con objetivos imprecisos y resultados débiles. Lo peor es que ahí la expansión de la ciudadanía es siempre justificada no como un derecho, sino como una forma de evitar que los jóvenes entren en el crimen», analiza Machado.
La necesidad de reformas dentro del aparato policial también es un tema poco debatido. Tomás Ramos cuenta que los policiales que forman parte de las UPPs siquiera reciben alguna formación específica para ejercer su tarea de «policía comunitario». Para él, es necesario, democratizar el aparato policial e invertir en su formación, además de exigir una política de valorización de los salarios y garantizar el control social de las fuerzas.
La policía de la provincia de Rio de Janeiro es considerada la más violenta de Brasil. Según datos oficiales emitidos por las secretarias de Seguridad de cada provincia, referente a los primeros seis meses de 2011, la policía de Rio mató tres veces más que la de San Pablo, también considerada bastante violenta. Datos oficiales del gobierno de la provincia, del año de 2010, afirman que la policía asesinó- oficialmente – 885 personas en la provincia, la mitad de ellas en la capital.