Muchos periodistas en el mundo creen que las informaciones positivas no son noticiosas. Incluso un estudio publicado por la BBC (disponible en http://goo.gl/uAEFy1) analiza el sesgo de negatividad, como le llaman al » hambre colectiva de escuchar y recordar las malas noticias». Pero esto, que pudiera ser considerada una deformación profesional, en el caso de […]
Muchos periodistas en el mundo creen que las informaciones positivas no son noticiosas. Incluso un estudio publicado por la BBC (disponible en http://goo.gl/uAEFy1) analiza el sesgo de negatividad, como le llaman al » hambre colectiva de escuchar y recordar las malas noticias». Pero esto, que pudiera ser considerada una deformación profesional, en el caso de la realidad venezolana se llama directamente distorsión o falseamiento.
Todos los medios del mundo titularon con las sanciones que el gobierno estadounidense, el canadiense, así como en Consejo de la Unión Europea aplicaron a Venezuela y su pueblo en el entorno inmediato de las elecciones.
Las sanciones del gobierno supremacista norteamericano de Donald Trump no generan sorpresa ni angustia en Venezuela; lo que sí le generan a su pueblo es dolor y sufrimiento.
Los medios suelen reseñar los nombres de las personas sancionadas; en cambio, no reseñan las decisiones unilaterales de bloqueo de transacciones financieras, o de sanciones a los países que permitan que las operaciones bancarias venezolanas sean realizadas en su territorio.
Los titulares de los medios internacionales no suelen reseñar en cambio que estas sanciones se ven acompañadas incluso del secuestro de depósitos o que, para poder realizar sus operaciones comerciales, el Gobierno Bolivariano se ve obligado a realizar complejas operaciones que demoran y encarecen el resultado de las compra-ventas.
Todo esto redunda en el incremento de las dificultades para adquirir los alimentos, medicinas, repuestos y otros insumos que tanto necesita el pueblo venezolano.
Un caso llamativo en este fiebre sancionadora es el del supuesto progresista Justine Trudeau, hoy abiertamente expuesto como un traidor dispuesto a las más tremendas genuflexiones para intentar proteger los negocios de su país con el socio mayor norteamericano.
Quizás para demostrar su adhesión al «trumpismo», o para proteger los negocios del ya casi fenecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Trudeau aplicó más sanciones a Venezuela que los propios Estados Unidos, sin siquiera explicar o justificar las mismas sino simplemente a través de una lista de nombres que pareciera tomada de la guía o directorio protocolar de alguna institución oficial.
Canadá decidió además impedir que las ciudadanas y ciudadanos venezolanos residentes en ese país pudieran participar de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, aún cuando se realizaran dichos comicios en el interior de las sedes diplomáticas bolivarianas «para defender la democracia en Venezuela».
Si eso no fuera suficientemente absurdo, el país de los grandes lagos decidió impedir la participación de Venezuela en el Campeonato Mundial Militar de Voleibol a realizarse en la ciudad de Edmonton. Los cadetes venezolanos se vieron impedidos de participar, no porque su gobierno decidiera boicotear el campeonato (cosa que lamentablemente se ha visto a lo largo de la historia en diversas circunstancias y entre diferentes países), sino porque el anfitrión les prohíbe el ingreso. Yo no registro referencias previas en ese sentido.
Mientras tanto, la Unión Europea -ya definitivamente a la cola de Estados Unidos y ya perdida el aura del «modélico» Estado de bienestar de las socialdemocracias de los años setenta y ochenta- emitió un casi delirante comunicado (disponible en https://goo.gl/vMjZq6 ) en el que «adopta conclusiones» según las cuales no hubo nada más antidemocrático que estas elecciones cuyo resultado ha sido reconocido por todos los actores involucrados, ni menos conversado que un diálogo gobierno-oposición impulsado a lo largo de varios años nada menos que por un expresidente europeo, el español José Luis Rodríguez Zapatero.
Para culminar con el delirio, el repudiado secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -el excanciller uruguayo Luis Almagro- presenta un informe (disponible en https://goo.gl/rwejea ) de un supuesto «comité de expertos independientes» conformado por enemigos declarados contra el chavismo desde hace ya muchos años (convengamos en que han sido honestos, jamás han ocultado sus convicciones contrarrevolucionarias) según el cual existen méritos para llevar al presidente venezolano Nicolás Maduro nada menos que ante la Corte Penal Internacional.
El informe no es más que una pieza propagandística, sin fuentes confiables ni testimonios verificables. Pero no importa… lo que se busca es simplemente la labor de zapa, la gota constante, el daño permanente contra el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro.
No se propone algo similar respecto al gobernante colombiano responsable por acción u omisión de la muerte de casi cuatrocientas personas después de suscritos en La Habana los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El mismo gobernante que decidió hacer que su país ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Tampoco se sugiere esta alternativa respecto al mandatario de México donde cerca de noventa candidatos a las elecciones del próximo 1° de julio han sido asesinados, obligando a la renuncia de otros varios centenares de aspirantes a diversos cargos de elección pública por temor a correr la misma suerte; el país donde seis periodistas han sido asesinados solamente en lo que va del 2018.
Podríamos seguir con diversos ejemplos de gobiernos que seguramente merecerían más atención de los organismos internacionales que el venezolano, pero qué va, el señor secretario general no ve, no escucha y no habla, salvo lo que a su amo le interesa que vea, escuche o diga.
Horas de televisión y radio, kilómetros de bobinas de papel, millones de kilobytes de información se destinaron a lo largo y ancho del planeta para tratar de transformar una elección de la que participó todo aquel que quiso, diciendo y haciendo todo lo que quiso, en un acto antidemocrático.
Es cierto, no fue la elección venezolana con mayor participación. Pero también es cierto que nunca antes fueron tan difíciles las condiciones del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
Y no es menos cierto que estas duras condiciones son en gran medida responsabilidad de quienes pretenden sancionar al Gobierno de Venezuela por sus consecuencias.
¿Dónde están las buenas noticias?
A pesar de que la mediática internacional solamente ha reseñado sanciones en contra de Venezuela, la inmensa mayoría de los casi 200 países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reconocido el resultado electoral y respaldan las iniciativas de diálogo como única alternativa para consolidar la paz y la democracia en este país.
Tanto Rusia y China, así como muchos otros Estados y bloques, como el poderoso Movimiento de Países No Alineados (MNOAL, que integran 120 países más 15 observadores), están contestes en reconocer el resultado de las elecciones del pasado 20 de mayo, así como en exigir la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela y en respaldar el llamado a la búsqueda de soluciones consensuadas llevado a cabo por el Gobierno de Maduro.
A partir del propio domingo 20 de mayo, el Presidente venezolano Nicolás Maduro, relegitimado por el resultado de las elecciones que se realizaron, convocó a todos los sectores políticos, sociales, económicos, religiosos, a entablar un gran diálogo nacional que permita reencausar al país para salir de la situación de crisis económica en la que se encuentra actualmente, así como la adopción de una serie de medidas que permitan tender puentes con sectores de la oposición que han buscado un camino distinto al golpismo aupado desde los Estados Unidos.
Intensas reuniones se han llevado a cabo desde el pasado lunes 21 de mayo: con los excandidatos que se presentaron a las elecciones, con gobernadores y alcaldes (incluidos los de la oposición), con el Nuncio Apostólico, con la banca privada, en fin, con todo aquel que esté dispuesto a comprometerse en la búsqueda de la paz y de las soluciones que el pueblo venezolano necesita y reclama.
Las encuestas previas a las elecciones indicaban que la gente aspiraba a que el Gobierno Bolivariano tuviera la oportunidad de asumir un nuevo período de gobierno con el objetivo fundamental de resolver las graves dificultades económicas que aquejan hoy a las familias venezolanas. Nada hay más democrático que permitir y coadyuvar a que esto sea posible.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.