También John Stuart Mill, en su ensayo El sometimiento de las mujeres, mostró la incoherencia de que la universalidad de los principios liberales quedase ceñida a los varones. A pesar de la proclama universalista, nada más y nada menos que la mitad de la población quedaba excluida de ser considerada sujeto válido para firmar aquel […]
También John Stuart Mill, en su ensayo El sometimiento de las mujeres, mostró la incoherencia de que la universalidad de los principios liberales quedase ceñida a los varones. A pesar de la proclama universalista, nada más y nada menos que la mitad de la población quedaba excluida de ser considerada sujeto válido para firmar aquel nuevo pacto político que alumbraba la Ilustración, y que daba origen a las democracias modernas. Esta alianza social contra el Antiguo Régimen nacía de la Razón por encima de las supersticiones, del mérito por encima de los privilegios de cuna, y sin embargo iba a justificar -sosteniendo argumentos que sus nuevos presupuestos ideológicos defenestraban- que la mitad de esa sociedad, las mujeres, aun contribuyendo al logro democrático, quedaran fuera del estatus de ciudadanas. Así sucedería en plena Revolución Francesa. La causa sería justamente algo tan aleatorio como el sexo con el que se nace y las atribuciones «naturales» que de esto se deriva.
Porque si naces mujer, tu destino será el de la maternidad, sea ejercida o no. La maternidad no sólo ligará ineludiblemente las mujeres a la naturaleza, sino que en sentido ontológico, las hará permanecer sin excepción (por esencia) más cerca de ella. Este punto de partida acerca de cómo los derechos liberales nacen ciegos a la mitad de la población, nos ayudará a comprender la denominada «discriminación estadística».
Hoy día, por tanto, podemos discernir nuevas fórmulas de participación democrática, la creación de nuevos canales de interacción, la manera de que el poder emane desde la ciudadanía y no hacia la misma. Pero de nada servirá si seguimos obviando la desigualdad estructural intrínseca a su génesis. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres a partir de la instauración de las democracias modernas, la igual ciudadanía de las mujeres, ha supuesto (y está suponiendo) una conquista; no ha venido dada.
Así, si la consecución de la igualdad de género todavía mantiene carencias importantes y requiere de un incesante impulso, la crisis económica, unida a un gobierno conservador, ha servido para profundizar en ellas.
La crisis comenzó afectando más a los varones, ya que los sectores más castigados fueron la construcción y otros fuertemente masculinizados. Los recortes, sin embargo, tienen mayor impacto entre la población femenina. Se cierran escuelas de 0 a 3 años, comedores escolares, se desmantela la ley de dependencia… Reducir o eliminar los ya escasos recursos para la conciliación impacta principalmente en las mujeres (nuestro mercado de trabajo mantiene ese atraso). Son las mujeres quienes tienen más empleo parcial, y las que más interrumpen su vida laboral por cuidar a un familiar enfermo, por lo que ampliar los años de cotización para percibir una pensión las penaliza más. Los recortes en políticas sociales afectan al empleo femenino. Y esto impide a las mujeres el acceso a los recursos en iguales condiciones que los varones. Porque el acceso a los recursos está íntimamente ligado a formar parte del mercado de trabajo, y a lo que supone en forma de pensiones o subsidios, por ejemplo. La discriminación estadística actúa, por lo que las mujeres se presentan como «menos disponibles», algo que repercute en percibir menor salario por el mismo trabajo, en gozar de menos posibilidades de promoción, y en tener finalmente más posibilidades de abandonar el mercado de trabajo, o incluso de no llegar a introducirse en él. Y para qué mencionar la situación a la que se aboca a las mujeres solas, familias monoparentales y mujeres inmigrantes, quienes cuentan con todavía más dificultades en este sistema diseñado bajo el prisma del varón proveedor/mujer dependiente. Modelo que parece sobrevolar el imaginario del gobierno.
Aunque ahora se muestre de manera más cruda, el análisis de la economía desde la perspectiva de género viene aportando datos reveladores sobre la configuración del Estado de Bienestar basado en la gratuidad de los cuidados y en todo un sistema fiscal y tributario, de mercado de trabajo, que mantiene esta estructura. Sin dejar de lado, tal y como explica Anna G. Jónnasdóttir, que esta dimensión sexo/género es altamente significativa para el desarrollo del capitalismo moderno. Hemos destacado en capítulos anteriores algunos de estos aspectos.
Si sumamos este hecho estructural a una voluntad política poco proclive a considerar a las mujeres como personas autónomas, y que reduce el ser mujer a ser madre (no olvidemos las palabras del ministro Alberto Ruiz Gallardón de que lo que hace auténtica a una mujer es la maternidad), nos encontramos ante una «crisis de la crisis» en materia de igualdad de género. Un gobierno fuertemente influido por los principios doctrinales vaticanos, al menos en lo relativo a la libertad de las mujeres y la consideración de su ciudadanía, que apuesta por medidas que afectan directamente esa libertad, como la pretendida reforma de la ley del aborto. Un gobierno que, por supuesto, recortará las partidas relacionadas con igualdad de género sistemáticamente, aunque no suponga un ahorro significativo.
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 las políticas de igualdad se recortan en un 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios que se sitúa en el 8,9%, y algo más del 39% si se compara con 2011. La lucha contra la violencia de género se reduce presupuestariamente en un 7%, lo que supondría desde 2011 casi un 27% menos. Dicen que han recortado en «propaganda», que es como consideran las campañas de prevención, información y sensibilización, que contribuyen a construir una sociedad comprometida, a crear un entorno donde se logre quitar el estigma a las víctimas. Ambas partidas suponen el 0,017% de los PGE.
La igualdad parece concebida como un lujo, un capricho políticamente correcto que no tiene nada que ver con los problemas «de verdad», los que se tratan en las cumbres y los G-20. Un lujo prescindible, y no del todo deseable, que en todo caso una sociedad sólo puede permitirse en tiempos de bonanza. Lejos quedan los discursos (y esto no es exclusivo de la derecha) de los 8 de marzo.
Pero ni siquiera se trata de prioridades a la hora de recortar. El cierre de la oficina de ONU Mujeres en España, que no suponía ningún coste, retrata los planteamientos sobre igualdad entre mujeres y hombres que posee el gobierno. Más próximos a la doctrina vaticana, como decía, que a la Declaración de los Derechos Humanos y toda la legislación desarrollada por la Naciones Unidas en este ámbito. Y es que quizás esta sea la clave. Qué es lo que entienden por igualdad, por derechos humanos, por individuo, por ciudadanía.
Nos encontramos ante un intento, no sólo de retroceder en derechos adquiridos, sino ante una pretendida confusión terminológica. Esta se plasma en lo que se ha venido a denominar «ideología de género», con la intención de desacreditar académicamente el pensamiento feminista. Y no sólo eso, trata de desconcertar a la sociedad, e impide el desarrollo de una legislación, unas políticas públicas, que se ajusten a la realidad social. Así podemos llegar a escuchar que existe «una violencia estructural que hace a las mujeres abortar», como señaló el propio Gallardón, o se pretenderá tratar la violencia de género como violencia doméstica, como si diferenciarlas respondiera simplemente a un caprichoso cambio de denominación lingüística, al igual que hace UPyD, llegando a afirmar que la igualdad que se construye es «contra los hombres». Se defenderá un concepto único y excluyente de Familia y de Matrimonio, por ejemplo, entorpeciendo por todos los medios el matrimonio homosexual. Porque bajo este prisma, la «mujer, mujer» debe casarse con un «hombre, hombre» para formar una «familia, familia».
El escenario de la crisis se presenta como la coartada perfecta: también hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en lo que respecta a los avances en igualdad de género. En pleno siglo veintiuno, en esto que llamamos democracias, hay que seguir reivindicando los derechos de las personas como ciudadanas, más allá del sexo con el que nazcan. Derechos, algunos, todavía por conquistar; otros muchos que creíamos inamovibles, por defender; y ejerciendo para todo ello una legítima resistencia ciudadana.
Capítulo 9 del libro Lo llamaban democracia. De la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político (Colectivo Novecento).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.