Este miércoles 24 de febrero el canciller venezolano Jorge Arreaza entregó a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, Isabel Brilhante Pedrosa, una carta donde se le declara «persona no grata». El referido documento también le exige seguidamente salir del país dentro de las siguientes 72 horas.
La medida de la cancillería venezolana tiene lugar por orden expresa del presidente Nicolás Maduro, sin embargo, esta también obedece a un exhorto que previamente había realizado la Asamblea Nacional (AN), solicitando al Ejecutivo la expulsión de la diplomática.
De acuerdo a los protocolos diplomáticos y una vez efectuada la notificación a la funcionaria, se espera que la UE tome una medida recíproca a la representación venezolana en Bruselas.
UNA MEDIDA DE ESTADO
Este mismo miércoles 24, el canciller Arreaza entregó notas de protesta a los embajadores de Francia, España, Alemania y Países Bajos bajo el argumento de que la Constitución de Venezuela y la Carta de la ONU han sido irrespetadas por los países europeos. Cada embajador recibió una copia de estos documentos durante una reunión en la sede de la cancillería, minutos después del ultimátum a Brilhante.
La medida del Ejecutivo venezolano va alineada al reciente «acuerdo de repudio» emitido por la AN que fue debatido en el Parlamento y aprobado de manera unánime. La expulsión de la Embajadora de la UE reviste en el acto una decisión de Estado, por proceder en simultáneo por los dos principales factores del poder político venezolano.
La medida estaría justificada por la previa publicación y extensión de medidas coercitivas unilaterales contra 19 funcionarios venezolanos, a cargo de la UE, bajo el señalamiento de sancionar a «funcionarios del régimen de Maduro». Sin embargo, en esta lista aparecían dirigentes antichavistas como los diputados José Brito y Bernabé Gutiérrez y también las autoridades rectorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo a la AN, la UE habría actuado a modo de injerencia y perturbando los asuntos de la política venezolana, creando nuevos obstáculos para la reinstitucionalización del país e imponiendo nuevas presiones sobre dirigentes antichavistas que habrían participado en las pasadas elecciones del 6 de noviembre.
La UE, que declaró «fraudulentas» las elecciones parlamentarias, había sido previa y notoriamente invitada a enviar una misión electoral a Venezuela en el marco de esta justa, pero sus representantes se rehusaron alegando «falta de tiempo» para conformarla.
Para los parlamentarios venezolanos, la UE se ha inmiscuido en los asuntos venezolanos de manera perniciosa, tildando de «funcionarios chavistas» a dirigentes opositores y, más grave aún, declarando tácitamente a solo un segmento del antichavismo como oposición legítima, acciones estas que van en franco desconocimiento de las dimensiones reales de la política venezolana y de las divisiones que caracterizan al antichavismo.
Este evento propiciado simultáneamente por el Ejecutivo venezolano y el Parlamento remarca el nuevo momento de la institucionalidad venezolana por tratarse de un acto administrativo en repudio a las medidas de choque contra el país por vía de acciones coercitivas extraterritoriales. Con ello, las instituciones venezolanas toman distancia del anterior Parlamento, el cual fue clave para solicitar y promover la supuesta legitimidad de las mal llamadas «sanciones».
Este evento tiene también otro significado relevante, pues concurre en él un proceso de blindaje, por unanimidad, de las instancias del poder nacional.
A solo horas de la medida de expulsión a la diplomática europea, la UE exhortó a Venezuela a que revirtiera la decisión. «La UE lamenta profundamente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al Jefe de Delegación de la UE en el país como persona non grata. Esto solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela», señaló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dirigido por Nabila Massrali, mediante un comunicado.
El texto asegura que la UE está «plenamente comprometida» con los procesos de diálogo y negociación en Venezuela, pero considera que la medida de expulsión «socava directamente» su posición, por lo que pide al gobierno venezolano revertir la decisión.
RUPTURA DE CONSENSOS SOBRE LAS MEDIDAS CONTRA VENEZUELA
La solicitud europea de revertir la medida, que consiste en un acto de control de daños, viene precedida por los cada vez más abundantes rechazos entre los políticos europeos a la posición del bloqueo contra Venezuela.
Recientemente, parlamentarios de Alemania (el país más influyente en el bloque europeo) criticaron al Ejecutivo de su país por el apoyo a Juan Guaidó y por el aval a las medidas coercitivas unilaterales en el país por sus efectos nefastos sobre la población.
Puertas adentro de Venezuela, los pronunciamientos no se han hecho esperar. La avanzada institucional del Ejecutivo y el Legislativo pusieron en relieve la ruptura de consensos cada vez más palpable en el país sobre el bloqueo y el rol de las instancias internacionales en la diatriba nacional.
Recientemente el economista antichavista Francisco Rodríguez declaró que «el objetivo de las sanciones debería ser fracturar a la coalición gobernante, no a la opositora».
En efecto, la decisión unánime en el Parlamento sobre el rol perturbador de la UE en Venezuela implica la posición claramente adversa de una parte del antichavismo sobre temas como el bloqueo, el tutelaje externo a factores de la oposición y los mecanismos de presión a los factores internos de la política nacional.
En declaraciones a los medios, el canciller Arreaza aclaró que Venezuela espera en lo sucesivo el análisis ponderado y comprensión del bloque europeo sobre los asuntos de la política venezolana, para seguidamente restaurar las relaciones «en un marco de diálogo y respeto».
Pero para los factores dentro de los rediles de la política en el país, los eventos actuales consisten en serias turbulencias a afrontar en el corto y mediano plazo.
Sectores opositores deben alcanzar reconocimiento internacional y validar su postura legítima de adversar al chavismo pero dentro de los canales constitucionales, seguidamente, tanto el chavismo como la oposición en el Parlamento, continuarán la agenda de diálogo y acuerdos políticos para reformar los poderes electorales y organizar elecciones regionales y municipales este año. Todo ello a contracorriente de las evidentes presiones que emanan desde Washington y la UE.
La UE parece claramente comprometida a socavar las posibilidades de que en Venezuela tenga lugar un acuerdo político, a juzgar por sus actos y por el momento político en que los ejecutan. Tal parece que la última batería de «sanciones» a funcionarios, que son medidas a referir en el terreno de lo político, tienen características desmesuradas y tienen la intención de restaurar los apoyos al cada vez más cuestionado bloqueo y su abierta injerencia.
Todas las direcciones de este conflicto político que surge ahora por iniciativa de Bruselas, tiene como punto medular el sostenimiento o no de las medidas coercitivas contra Venezuela y la hoy debilitada legitimidad con que se fabricaron.
Sin embargo, el cuadro de hostilidad en las relaciones entre Caracas con la UE no excluye que en paralelo el chavismo pueda tener nuevos diálogos con otros sectores opositores, que estarían en gestiones justo ahora mediante el auspicio del Reino de Noruega. Esta es una pieza a considerar en el actual contexto.
El presidente Maduro en la tarde de este miércoles 24 de febrero lamentó haber tenido que tomar la decisión de la expulsión de la embajadora europea, precisamente para responder a las agresiones previas de Bruselas. Evidentemente, el chavismo mantiene esfuerzos para destrabar el cuadro de hostigamiento y negación de la legitimidad de la institucionalidad venezolana luego de las pasadas elecciones parlamentarias, acciones que pretenden ahogar sostenidamente las posibilidades de una solución política a la diatriba en el país.
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