La presión social internacional ha conseguido que la empresa transnacional de capital español Aguas del Tunari abandonara ayer la demanda de 25 millones de dólares que reclamaba al gobierno de Bolivia en concepto de daños por la ruptura del contrato del servicio público de agua de Cochabamba (Bolivia).
El gobierno de Bolivia firmó ayer un compromiso de compraventa de acciones con la empresa transnacional Aguas del Tunari SA (AdT) que pone fin al proceso de arbitraje iniciado por el consorcio AdT en contra del Estado boliviano delante del Centro de Solución de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Este acuerdo amistoso permitirá al Estado boliviano comprar por 2 bolivianos (unos 20 céntimos de euro) el 80% de las acciones del consorcio Aguas del Tunari y resolver un proceso legal que ha durado casi 4 años.
210 organizaciones y personalidades de todo el mundo exigieron el año pasado al consorcio Aguas del Tunari que desistiera de continuar con la demanda de indemnización de 25 millones de dólares presentada delante del órgano de arbitraje del Banco Mundial y respetara el derecho al agua de la población boliviana.
Dentro de la campaña internacional de denuncia, en España las organizaciones Enginyeria Sense Fronteras, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de América emprendieron acciones de presión contra la empresa española Abengoa S.A. que tiene el 25% del capital social del consorcio Aguas del Tunari.
Una fuerte revuelta popular del pueblo de Cochabamba por recuperar la gestión pública del agua obligó al Gobierno a rescindir los contratos de la concesionaria en el año 2000. Un año antes y bajo la presión del Banco Mundial, el gobierno boliviano privatizó la gestión del agua potable y adjudicó la concesión a las multinacionales Bechtel y Abengoa, principales accionistas de Aguas del Tunari. En el 2000 el pueblo se levantó en una contundente protesta popular conocida como «la guerra del agua» que fue severamente reprimida por las autoridades, con un saldo de un muerto y de decenas de heridos y encarcelado. El pueblo denunciaba la implantación de tarifas intolerables del servicio público del agua a una población muy empobrecida. El precio del agua aumentó en más de 100%, se facturaba a los usuarios el coste de las instalaciones y, además, se prohibió la utilización de fuentes naturales de agua, o de pozos que ellos mismos habían construido en sus propiedades.
El año 2002, el consorcio formalizó la solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Finalmente ayer Aguas del Tunari retiró la demanda y firmó un acuerdo que permitirá al Estado boliviano comprar por 2 bolivianos (unos 20 céntimos de euro) el 80% de les acciones del consorcio Aguas del Tunari, correspondientes al 55% propiedad de International Water BV (participada al 50% por Bechtel y Edison) y al 25% por una filial del grupo español Abengoa. El 20% restante de las acciones quedarán en manos de cuatro empresas privadas bolivianas, como hasta ahora.
Les organizaciones el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Enginyeria Sense Fronteras y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de América, junto con la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba, denuncian que hasta el momento las partes no han hecho pública información suficiente sobre los detalles económicos del acuerdo ni la situación financiera del consorcio, que creen que podría tener deudas superiores a los 7 millones de euros.
El caso boliviano demuestra una vez más la presión que está haciendo el Banco Mundial para que los gobiernos privaticen los servicios públicos, el fracaso de las empresas privadas en el respeto de los derechos humanos y la protección de las poblaciones más desfavorecidas y el debilitamiento de los gobiernos del Sur ante las empresas transnacionales. Sin embargo, demuestra también que con la presión popular y las campañas internacionales de solidaridad, existe la capacidad de enfrentar eficazmente a grandes corporaciones transnacionales.
Contactos:
Mónica Vargas Observatorio de la Deuda en la Globalización [email protected] , 662.02.64.97
Jaume Delclos Enginyeria Sense Fronteres-Catalunya [email protected], 696.643.489
Comité de Solidaritat amb els Pobles Indigenes d’America
Más información sobre las organizaciones civiles adheridas y las reacciones de la empresa en: http://www.debtwatch.org (desde el 1ero de febrero)