Dos millones de latinoamericanos y caribeños lograron salir de la pobreza este año, pero otros tres millones se convirtieron en indigentes, según las estimaciones de la Cepal contenidas en el informe anual presentado este martes en la capital chilena.
En el Panorama Social de América Latina se indica que 33,2 por ciento de los pobladores de esta región, es decir 182 millones de personas, viven hoy en la pobreza, 0,9 por ciento menos que en 2007.
En tanto, la pobreza extrema o indigencia subió de 12,6 por ciento en 2007 a 12,9 por ciento este año, que equivale de pasar de 68 millones a 71 millones de personas en esa condición, indica otro estimado de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). En esta alza incidió el aumento de la inflación, en especial la carestía de los alimentos.
Aunque la región se encuentra mejor preparada que en el pasado, tanto la pobreza como la indigencia pueden aumentar en 2009 por causa de la crisis financiera y económica mundial, nacida en Estados Unidos, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en la presentación del documento ante la prensa.
Bárcena agrupó a los países según sus niveles de pobreza: baja (menos de 22 por ciento), media-baja, (menos de 32 por ciento), media-alta (entre 38 y 48 por ciento) y alta (más de 50 por ciento).
En el primer grupo se ubican Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica, en el segundo Brasil, México, Panamá y Venezuela, en el tercero Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana y en el cuarto Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.
En la actual coyuntura económica, los países de América Latina y Caribe deben «proteger a los más pobres, sostener el gasto social, poner en marcha programas efectivos de empleo y reforzar la lucha contra la desnutrición infantil», dijo Bárcena a IPS.
Entre las acciones de corto plazo, la Cepal propone a los gobiernos lanzar planes especiales de inversión pública en infraestructura, ampliar los seguros de desempleo e incrementar la cobertura de los programas de transferencias condicionadas de ingresos.
Como medida de mediano plazo, se destaca el desarrollo de nuevos «contratos socio-políticos» para lograr pactos fiscales (tributarios) con un mayor componente solidario.
Según la representante de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre las consecuencias esperadas de la crisis figura la creación de una menor cantidad de empleos y el consecuente incremento de la desocupación, siendo las mujeres las más afectadas.
Algunas de las actividades que tienen alta participación laboral femenina, como el comercio, los servicios financieros, la industria manufacturera, el turismo y el empleo doméstico serían fuertemente impactadas por el actual escenario económico.
Asimismo, se prevé que haya escasez de crédito para las pequeñas y medianas empresas, que los salarios reales no crezcan y que se exacerbe la violencia juvenil y familiar.
Los países que dependen de las remesas de dinero enviadas por sus emigrantes y de la Ayuda Oficial al Desarrollo figuran entre los posibles más dañados. Las consecuencias entre las naciones variarán de acuerdo al grado de diversificación de exportaciones de bienes y servicios, explicó Bárcena.
La secretaria ejecutiva de la Cepal planteó que el gasto social de los países de la región no favorece a los más pobres en tiempos de crisis y criticó el hecho de que siga siendo altamente procíclico (se desembolsa más cuando hay mayores ingresos).
Por otra parte, advirtió que la carga tributaria en América Latina, que es de 18,2 por ciento, es baja en comparación con la de otras zonas del mundo como la Unión Europea, donde es de 39,8 por ciento, y los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promedia 36,2 por ciento.
Bárcena recordó que entre 2003 y 2007, América Latina vivió «un lustro de logros en desarrollo social», gracias al crecimiento económico sostenido que experimentó la mayoría de los países y las mejoras logradas en la distribución del ingreso.
La cantidad de pobres en la región disminuyó 9,9 por ciento de 2002 a 2007, lo cual equivale a 37 millones de personas, mientras que la indigencia cayó 6,8 por ciento en el mismo lapso, es decir 29 millones.
Por otra parte, el gastó público social creció de 12,92 por ciento del producto interno bruto a 16,34 por ciento entre 1990 y 2007 en 21 países de la región. El aumento se verificó especialmente en las áreas de seguridad y asistencia social.
De igual forma, 14 países de la región lograron reducir la brecha de desigualdad entre los grupos más ricos y los más pobres, tres la aumentaron (Guatemala, Honduras y República Dominicana) y uno la mantuvo (Uruguay), indicó Bárcena.
Pese a estos avances, esta región sigue siendo la más desigual del mundo, «ya que el ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo decil supera alrededor de 17 veces al del 40 por ciento los hogares más pobres», señala el informe.
«Esta relación es altamente variable de un país a otro y va de alrededor de nueve veces en la República Bolivariana de Venezuela y en Uruguay hasta 25 veces en Colombia», acota.
Hasta 2007, eran auspiciosos los avances a nivel regional en la consecución del primer Objetivo de Desarrollo para el Milenio (ODM), que mandata a reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas en la indigencia según los indicadores de 1990, sostuvo la secretaria ejecutiva de la Cepal.
Transcurrido 68 por ciento del tiempo disponible para cumplir esa meta, la región está a sólo 1,3 por ciento de alcanzarla, al constatarse que la indigencia alcanza a 12,6 por ciento de la población. Sin embargo, el promedio regional está «subsidiado» por países como Brasil, Chile y México, que ya han superado ese primer Objetivo de los ocho establecidos en 2000 por la ONU.
«La crisis financiera internacional y la consiguiente desaceleración de la economía mundial tendrían efectos sobre los niveles de pobreza, lo que siembra dudas sobre la factibilidad de alcanzar la meta fijada para 2015», advierte el texto.
El Panorama también analiza la nueva meta que se agregó este año al primer ODM, la cual plantea «lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes».
En otro capítulo, el informe llama a los países de América Latina y el Caribe a aprovechar el llamado «bono demográfico» por el que atraviesa actualmente la región y que significa que existe una proporción más favorable de personas en edad productiva que de población infantil y de tercera edad, ambas dependientes.
En las próximas décadas continuará bajando la demanda de educación primaria y empezará a reducirse la de secundaria, explica el documento, por lo que se abre una oportunidad para que los gobiernos se planteen metas ambiciosas a fin de aumentar los niveles de cobertura y calidad del ciclo educativo secundario.
El último apartado del documento está dedicado a la violencia juvenil en América Latina, que ha ido en aumento por el desempleo, el abandono escolar, la segregación urbana, las falsas expectativas, la discriminación y la ausencia de espacios de expresión y participación, puntualizó Bárcena.
Este fenómeno se debe abordar con enfoques inclusivos, concluye el organismo.