Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
¿Es necesario que alguien pregunte qué sucede con el mantenimiento del orden y el sistema judicial una vez que el Estado acepta mantener las prisiones privadas con una capacidad del 90%?
Ninguna sociedad puede aspirar a la democracia a menos que mantenga una conexión inquebrantable entre su política y sus poderes policiales.
Una vez que la población no tiene acceso político a las leyes y a su ejecución, los que poseen el poder coercitivo sobre otros no tienen que rendir cuentas directamente a los representantes del pueblo y este pierde todos sus derechos.
En Estados Unidos, en 2012, estamos a dos pasos de ese punto.
Como señaló David Foster Wallace, la verdad te liberará, pero no hasta que haya acabado contigo.
En todo el mundo occidental hay una enorme presión para «privatizar» todo. ¿De dónde proviene esa presión? ¿Por cuenta de quién? ¿Qué significa? ¿Cuál es la conexión de las exigencias de «privatización» en Grecia, como parte de un «paquete de austeridad» iniciado por el Fondo Monetario Internacional con la «privatización» de las prisiones en Florida y otros Estados de EE.UU.? ¿Existe alguna?
Comencemos por este pensamiento: a medida que se han desarrollado las culturas humanas, ha habido un acuerdo general de que algunos recursos del planeta, como el agua y el aire, son de todos. La democratización ha ampliado esos derechos para que incluyan el acceso a la belleza natural y a los océanos.
En las diversas formas de democracia, incluyendo hasta el comunismo y el socialismo, ha llegado la aceptación de que los asuntos de interés común, no importa cómo se enfoquen o se regulen, están integrados en el sistema político. Es un bien fundamental, ya que sin él no hay modo de que el pueblo ejerza algún poder real sobre su entorno político.
Si alguien aprueba, por ello, la democracia, también tiene que aceptarla con una conexión inviolable entre, por ejemplo, la construcción de carreteras y la política. De otra manera, si las carreteras se construyeran de modo privado, nadie podría transitar por ellas sin pagar aranceles exorbitantes. Los agricultores no podrían llevar sus cosechas al mercado. La gente no podría viajar o visitarse. Etcétera.
Es peligroso romper la conexión entre el público y la administración y el control de los recursos públicos y de las operaciones consideradas de bien común. Es difícil decir hasta qué punto es peligroso.
El tema de la privatización es posiblemente el tema público más importante que enfrentamos en EE.UU. y también está causando una terrible desarticulación y un caos político en Europa. No lo veréis en las noticias. Como en muchas cosas en la actualidad en EE.UU., es una historia que tendréis que reconstruir por vuestra propia cuenta.
Corrections Corporation of America, la mayor compañía que gestiona las prisiones privadas, ha escrito a 48 Estados ofreciendo hacerse cargo de la dirección de prisiones, siempre que los Estados garanticen una ocupación del 90%.
La corrupción sistémica que sugiere es sobrecogedora.
El cuidado de los reclusos ciertamente es una responsabilidad de las instituciones federales en los sistemas carcelarios de los Estados y en el conjunto del país. La forma de tratar a los reclusos, garantizar su alimentación y vestido, su ocio, sus actividades y su salud, es un asunto de la administración pública. El Estado arresta, procesa y dicta las penas; se condena a los reclusos a penas de prisión. La duración de las condenas con frecuencia está muy influenciada por la conducta del preso.
Debiera ser obvio que las condiciones de la prisión dependen de la política; la política aprueba las leyes y gestiona el sistema judicial. Cómo se administran las prisiones es una responsabilidad pública y depende de las leyes.
Las prisiones no se hicieron como empresas con fines de lucro, ni deben serlo. Tienen funciones que cumplir. No quiere decir que el tema de los presupuestos carezca de importancia, solo que no puede ser el único criterio de una gestión adecuada.
De otra manera los reclusos no recibirían ninguna atención. El arroz es barato; la carne rancia es realmente barata. No tendría sentido pensar en la rehabilitación, que puede ser costosa. A nadie le interesa lo que pasa cuando salen en libertad. Los gulag producen beneficios que incluso impresionarían a Wall Street.
Se supone que el gobierno no es una empresa con fines de lucro. Pero cualquier función gubernamental, una vez que se privatiza, se convierte exactamente en eso. ¿Hay quien se pregunta qué pasaría con el mantenimiento del orden y el sistema judicial una vez que el Estado acepte mantener las prisiones a un 90% de su capacidad?
¿Cómo funcionarán los parques nacionales cuando los privaticemos, como propugnan algunos políticos idiotas? ¿Cómo serán las costas de la nación? Hace años los votantes de California aprobaron
Algo menos serio: ¿y si privatizáramos las fuerzas armadas? Lo están haciendo, ya sabéis. Cuando Obama anunció la «retirada» de tropas estadounidenses de Irak que había prometido hace solo tres años, no se tomó la molestia de mencionar que dejaba tras ellas unos 50.000 soldados privados, un ejército privado que sirve las necesidades de los mafiosos corporativos que piensan en cómo saquear lo que queda.
Xe, ex Blackwater, es un ejército privado que el gobierno contrata para ciertas tareas, frecuentemente no especificadas, porque considera que el ejército regular no puede realizarlas. Sus soldados cobran mucho más que los soldados normales y su tasa de bajas es muy superior. Xe trabaja para EE.UU., Halliburton, Bechtel o cualquiera que le contrate. Sus mercenarios están, como descubrimos cuando asesinaron a civiles iraquíes por puro deporte, eximidos de la ley estadounidense y del control del gobierno de EE.UU. que los contrata.
Cuando los ejércitos privados pueden operar fuera del control político de un país no existe democracia, ni siquiera en la forma. Todos sabemos lo que es, ¿verdad?
La privatización del agua ha dado la posibilidad a grandes corporaciones de que destruyan amplias áreas agrícolas en India y otros sitios, causando suicidios de decenas de miles de agricultores que han perdido sus tierras. La privatización de los servicios públicos, de las propiedades públicas, de las responsabilidades públicas, es un pasaje directo al infierno.
Las protestas en Grecia tienen que ver con la privatización. Es la agenda del Fondo Monetario Internacional, el consorcio de banqueros que dirige gran parte del mundo y quiere más. Mediante el mecanismo de la deuda los banqueros pueden extorsionar con todas las medidas de «austeridad» que quieran. Estas implican reducción de los salarios de empleados públicos, reducción de los servicios sociales a los pobres y privatización de los bienes públicos.
Si pensáis que no vamos orientados en esa dirección en EE.UU. estáis soñando. De eso tratan las discusiones presupuestarias actuales y las charlas sobre la «deuda» de EE.UU. ¿A quién debemos esa deuda? Evidentemente a los banqueros, a los mismos cuyo saqueo del Tesoro causó esta crisis para comenzar. ¿Lindo, verdad?
Después de haberse apoderado de todo lo demás, ahora quieren lo que queda, y lo que queda son los tesoros de una nación, la riqueza de propiedad común de su pueblo.
Simplemente no podemos permitir que la consigan.
Richard Raznikov es abogado y ejerce en San Rafael, California. Escribe en el blog News from a Parallel World.
Fuente: http://www.truth-out.org/privatization-everything/1331148332
rCR