Los gobiernos neoliberales de América Latina han vendido, y venden todavía, las empresas públicas que han sido compradas, casi en su totalidad,por transnacionales de los países más ricos. Los programas de privatización han significado, sólo en el período 1990-1999, la transferencia de más de 300 mil millones de dólares del patrimonio público de las naciones […]
Los gobiernos neoliberales de América Latina han vendido, y venden todavía, las empresas públicas que han sido compradas, casi en su totalidad,por transnacionales de los países más ricos. Los programas de privatización han significado, sólo en el período 1990-1999, la transferencia de más de 300 mil millones de dólares del patrimonio público de las naciones latinoamericanas a diversos poderes económicos de los centros del capitalismo mundial.
El producto de esa entrega de recursos públicos nunca se invirtió en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, sino que constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestros países. Una verdadera mafia político-empresarial se apropió de una inmensa riqueza acumulada con el trabajo y el ahorro de varias generaciones. No es por casualidad que América Latina sea el continente más desigual del planeta.
Se produjo así con las privatizaciones una doble expropiación. Las transnacionales del Norte repatriaron beneficios fabulosos a costa del empobrecimiento de nuestras naciones. Y los ricos latinoamericanos se hicieron más ricos, despojando a las mayorías de la riqueza social que representaban las empresas públicas.
Si bien el Estado social no abolió la propiedad privada, sí creo un área de propiedad social, jurídicamente propiedad de todos al servicio del bien común. A pesar de que las cúpulas burocráticas estatales y privadas utilizaron casi siempre en beneficio propio esa propiedad social, no pudieron, sin embargo, impedir que los pobres pudieran acceder a alguna parte de la riqueza del patrimonio común de la nación.
En Costa Rica, gracias a las luchas históricas de nuestro pueblo importantes servicios públicos: educación, salud, agua, telecomunicaciones, energía, seguros, finanzas, vivienda social, etcétera, fueron sustraidos a la lógica mercantil del beneficio privado e integrados a un concepto de propiedad pública que, pese a sus limitaciones y abusos por parte de los plutócratas, garantizó una importante inclusión de la población en el goce de derechos humanos fundamentales.
Desde principios de los años ochenta los neoliberales emprendieron una ofensiva contra el sector público en todas sus formas. Lograron erosionar gravemente la educación y la enseñanza, succionando recursos públicos que hicieron florecer el sector privado, privatizaron una ancha faja de los servicios financieros, también las industrias del cemento, del aluminio, de los fertilizantes, así como otros servicios y patrimonios públicos por medio de la figura de las concesiones: aeropuerto, revisión técnica vehicular, playas, muelles, carreteras. El expolio ha sido gigantesco, y algún día habrá que cuantificar la suma.
La privatización es un robo, pues significa de hecho transferir a los ricos la propiedad de los pobres, cuya única propiedad era aquella de la que pueden gozar los no propietarios, la propiedad social. Ahora, con el TLC, se quiere practicar un asalto programado a la propiedad social que todavía forma parte del patrimonio de los costarricenses: telecomunicaciones, energía, salud, agua, educación, seguros, biodiversidad.
Se insulta la inteligencia de los costarricenses cuando se afirma que nadie quiere vender ni un lapicero que sea propiedad del Estado; la privatización es un proceso, recordemos por ejemplo el caso del cemento, se dijo entonces que se trataba de socializar un bien público, colocando las acciones en muchas manos, hoy el cemento es de capital extranjero y los ticos pagamos el cemento más caro del mundo. Los cantos de sirena de la apertura sólo pueden desembocar en las reglas del juego de la ley mercantil, precisamente lo que se trató de impedir con el Estado social, en tanto que expresión de intereses colectivos.
José Merino del Río. Presidente del Partido Frente Amplio