Las transnacionales no están pagando un duro. McDonald, a pesar de sus ingresos, gracias a camuflar sus gastos, paga menos impuestos que un restaurante próximo. Una de las cosas curiosas de la vida económica y social española es que, constituyendo las micro y pequeñas empresas el 97,82% del tejido productivo empresarial (quitando a los autónomos […]
Las transnacionales no están pagando un duro. McDonald, a pesar de sus ingresos, gracias a camuflar sus gastos, paga menos impuestos que un restaurante próximo.
Una de las cosas curiosas de la vida económica y social española es que, constituyendo las micro y pequeñas empresas el 97,82% del tejido productivo empresarial (quitando a los autónomos sin asalariados), no están presentes en el discurso e incidencia empresarial. Las micro y pequeñas empresas, según la definición de la UE, son aquellas entidades que cuentan con igual o menos de 50 empleados y una facturación o balance de hasta 10 millones de euros.
La mayor parte de estas empresas, por sus características, dependen del mercado interior, de lo que consumen los residentes en España. También, por supuesto, de la demanda que tengan sus productos o servicios por parte de las medianas y grandes empresas, y éstas sí tienen una mayor inserción en los flujos internacionales.
Las micro y pequeñas empresas poseen, generalmente, una mayor rotación en sus ventas y la liquidez o la falta de ella, la cadencia y el ritmo de cobros y pagos, es muy relevante, porque su capacidad de negociación financiera o contractual con otros agentes, incluyendo al sector público, es más limitada.
Por último, tienen una fiscalidad ‘normal’, últimamente con un tipo del Impuesto de Sociedades menor. En este punto, el de la fiscalidad hay que considerar también su escasa capacidad para poder utilizar deducciones que las otras tipologías de empresas pueden aplicar, con lo cual el tipo efectivamente soportado se aproxima más al nominal y suele ser mucho mayor que el efectivamente soportado por las medianas y grandes empresas.
Con estos mimbres, una necesidad de que la demanda interna crezca y una menor dependencia que las otras empresas del comercio exterior; una mejora de financiación no bancaria y, sobre todo, de una reducción de la morosidad y días de cobro después de la entrega del bien o prestación del servicio; así como la búsqueda de una fiscalidad equivalente para todas las empresas para que no haya una competencia desleal, entre otras cuestiones; se entendería que su plataforma de reivindicaciones y prioridades fuera distinta y hasta conflictiva con la patronal omnipresente en nuestro país, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La CEOE tiene una «subsidiaria», la CEPYME, la cual, formalmente, cubre a la pequeña y mediana empresa. Pero, quitando algunos flecos y actuaciones de puro márquetin, los que cortan el bacalao en la CEOE y en el discurso empresarial son las grandes empresas que tienen secuestradas a las pymes y establecen las prioridades del discurso reivindicativo empresarial.
España y otros países han visto reducir el peso de los salarios en la renta nacional. Las políticas dictadas por los organismos internacionales y la academia neoliberal, de la que son parte nuestros Gobiernos, han producido, entre otros factores, el incremento de la pobreza, mediante la deflación de los salarios, para, teóricamente, ganar competitividad exterior, reduciendo estos costes (rentas) que han mejorado las cuentas de las medianas y grandes empresas a costa, relativamente, de la capacidad de compra interna.
En lugar de establecer como prioridad (con sanciones) la morosidad en el pago y los días máximos de pagos, se ha buscado facilitar el crédito y el negocio financiero a las grandes y medianas empresas, que junto con la Administración Pública (pero esto es otro apartado) han ido alargando los plazos de pago. El abuso que se ha cometido en esta carrera de ser financiado por los proveedores por parte de las grandes empresas ha sido vergonzoso, ¿cuántos cortes ingleses, carrefours o alcampos han crecido a costa de agricultores y pequeños proveedores? O las comisiones de intermediación del uso de las tarjetas de débito o crédito,… poco han sido contestadas por el Banco de España u otro regulador de la competencia.
Pero es en la fiscalidad donde el discurso de las grandes empresas ha vuelto a ser ganador. Conocidas las prácticas de las grandes empresas nacionales de deducirse todo lo habido y por haber en función de los «lobbies» legislativos, las pymes reclaman lo mismo. Y hay trabajadores que siguen este discurso minimizador.
La prioridad sería que pagasen todas las empresas lo mismo, no una carrera a la baja. Si las medianas y grandes empresas pagasen en la misma proporción, habría más gasto público y mejor reparto de la carga impositiva y más capacidad de una demanda interior.
Hace unos días, la dirección de El Corte Inglés (ECI) se quejaba de que Amazon -su competidor- pagaba menos impuestos que ellos, y que ECI querría hacer lo propio.
Efectivamente, las transnacionales no están pagando un duro. McDonald, a pesar de sus ingresos, gracias a camuflar sus gastos, paga menos impuestos que un restaurante próximo. Pero la solución no es que nadie pague, sino que todo el mundo lo haga conforme a su capacidad económica.
La microhistoria de esa abducción, no completa, se remonta a la transición española. Frente a la COPYME de Enrique Miret Magdalena, las Corporaciones Bancarias, junto con empresas públicas ¡! (controladas por un franquismo sociológico), montan CEIM y la CEOE. Eso, junto con la aceptación de interlocución otorgada por el Estado y por los sindicatos, sin elecciones, ha derivado en el actual esquema de representación empresarial y quienes marcan el discurso y prioridades empresariales son los grandes empresarios.
Con el mundo de los autónomos, e incluso de la economía social, puede ocurrir otro tanto. Es hora pues de espabilarse y romper ese monopolio discursivo y apoyar otras voces y prioridades. Y de paso a la economía real.
