Los pueblos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, cansados de que sus riquezas petroleras sean saqueadas por las compañías transnacionales sin obtener a cambio beneficios económicos y sociales, se han lanzado en una lucha frontal en aras de obtener mayores dividendos. Bolivia se ha visto envuelta desde hace varios meses en voluminosas querellas entre los partidos […]
Los pueblos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, cansados de que sus riquezas petroleras sean saqueadas por las compañías transnacionales sin obtener a cambio beneficios económicos y sociales, se han lanzado en una lucha frontal en aras de obtener mayores dividendos.
Bolivia se ha visto envuelta desde hace varios meses en voluminosas querellas entre los partidos políticos de la oposición apoyados por la mayoritaria población indígena que reclaman al gobierno alcanzar convenios más justos con las empresas extranjeras que extraen los hidrocarburos.
En julio del 2004, después de numerosas protestas populares, los bolivianos aprobaron un referendo nacional que exigía poner fin a la ley de privatización de los recursos petroleros.
La primera versión de la nueva ley elevada al Congreso instaba a las compañías transnacionales a firmar nuevos contratos de operaciones en sustitución de los anteriores que son considerados perjudiciales para Bolivia.
El proyecto planteaba la recuperación estatal de los yacimientos de gas y petróleo; otorgaba al ejecutivo el control de los precios, la comercialización interna y la exportación de esos recursos, e incrementaba en 50 % los ingresos para el Estado boliviano mediante la creación del Impuesto Complementario de los Hidrocarburos.
Al anunciarse la medida, las empresas extranjeras la rechazaron e iniciaron una serie de amenazas que iban desde amedrentar y tratar de comprar a miembros del Congreso para que no la aprobaran, hasta amenazas de abandonar el país y llevar el diferendo a organismos jurídicos internacionales.
Al final, el Congreso y el presidente Carlos Mesa cedieron y se aprobó una ley que estableció solo un impuesto del 32 % al gas extraído y mantiene en 18 % la regalías, pero el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales junto a las agrupaciones sociales exigen mayores impuestos o la nacionalización de los recursos.
Las tensiones son muy fuertes dentro del país y hasta Carlos Mesa debió renunciar, como lo hizo su antecesor, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada que debió abandonar el poder ante las manifestaciones y protestas sociales.
Bolivia cuenta con la segunda mayor reserva de gas en Sudamérica, después de Venezuela, y de ahí la enorme importancia que tiene esa fuente energética para el desarrollo de la nación.
Mientras en Ecuador, tras la urgente salida del país del ex presidente Lucio Gutiérrez, impulsada por las constantes demostraciones populares contra las medidas neoliberales adoptadas durante su mandato, se han empezado a revisar los contratos petroleros firmados con anterioridad.
El flamante ministro de Energía ecuatoriano Fausto Cordovés manifestó que sin crear pánico, va a invitar a las compañías que tienen contratos para analizar y establecer costos y utilidades acorde con los precios actuales del crudo.
Agregó que se revisarán todos los convenios sin temor a que algunas de las empresas se vayan del país pues «a mi no me asustan las amenazas de que alguien se va, ya que los ecuatorianos seguiremos exportando petróleo».
El principal producto de exportación ecuatoriano es el crudo con ventas de 2 130 millones de dólares en el 2004. Cordovés también anunció que se retomará con Venezuela un proyecto para procesar en el vecino país crudo de baja calidad ecuatoriano y convertirlo en gas para uso doméstico lo que representaría para el gobierno de Quito un ahorro de 350 millones de dólares al año.
El otro país andino, Venezuela, anunció que presentó reclamos por más de 4 000 millones de dólares contra las transnacionales que operan en el país por deudas de impuestos y violaciones de contratos.
El ministro de Energía y presidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez señaló que esas compañías provocaron daños patrimoniales al país al incurrir en «desviaciones muy graves» de sus contratos y le estaban robando al Estado desde el 2000.
Actualmente el gobierno negocia con las empresas para determinar cómo se ajustarán a la ley aunque se descarta negociar las regalías y los impuestos de la renta atrasados, «que deberán pagar»
Sin dobleces, Ramírez puntualizó que las compañías que no quieran ajustarse a la ley venezolana, mejor que se vayan a hacer negocios a otra parte.
El ministro reconoció que en esas anomalías han participado directivos industriales que ya han sido removidos de sus cargos y están pendientes de juicio por los daños económicos causados.
Entre los ejemplos de violaciones citados aparecen el de una empresa que participa en una asociación estratégica con PDVSA para explotar 100 000 barriles diarios de petróleos pesados en la faja del río Orinoco con una regalía del 1 % y esta extrayendo 220 000 barriles por el mismo pago. Otra tiene aprobado un proyecto de explotación en 250 kilómetros y opera en 500 kilómetros.
En resumen, la impunidad con que laboraban las transnacionales en estos países andinos se les esta disminuyendo con el empuje y reclamos de sus habitantes.