El panorama en Venezuela sigue siendo fluido, marcado por la puja constante entre un proceso que intenta cambios profundos en la sociedad y la acción permanente de las fuerzas (internas y externas) que presionan por dar marcha atrás. También está signado por algo que ha sido una constante en estos diez años de cambios, la […]
El panorama en Venezuela sigue siendo fluido, marcado por la puja constante entre un proceso que intenta cambios profundos en la sociedad y la acción permanente de las fuerzas (internas y externas) que presionan por dar marcha atrás. También está signado por algo que ha sido una constante en estos diez años de cambios, la confrontación electoral, producto de las múltiples elecciones que han caracterizado este período.
Las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para noviembre, marcan profundamente todo el espectro político y social venezolano. Algo que pareciera haber quedado claro en la nación es que el camino de los votos es por ahora el único indicado para ejercer el poder y la conducción de la sociedad.
En este aspecto el escenario se define con un gobierno bolivariano que está intentando remontar la cuesta de la pérdida de votos que significó el referéndum por la reforma constitucional de diciembre de 2007, para lo cual ha tomado decisiones y medidas que apuntan hacia recuperar ese caudal electoral que había sustentado en todas las elecciones anteriores.
El paso más importante ha sido el sistema de elección de candidatos decidido por el novel partido de gobierno, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). El intento de quebrar con el hábito político venezolano (y en general de todas las democracias representativas) de nombrar «a dedo» a los candidatos por parte de un grupo selecto de dirigentes, si bien no ha dejado conformes a muchos de sus seguidores (estamos ante un proceso nuevo, que evidentemente necesitará en el mejor de los casos de un tiempo para consolidarse y perfeccionarse) por lo menos representa un paso importante en el objetivo de permitir a la gente común tener incidencia en la escogencia de sus candidatos. En Venezuela es la primera vez que esto sucede, ningún partido político había siquiera intentado consultar a sus electores con este fin. Este sistema ha permitido dejar fuera de la escena electoral algunos personajes del gobierno que no cuentan con el aval de la gente, desconforme con su gestión, lo si bien no ha sido cumplido en su totalidad, por lo menos ha permitido una nueva manera de ejercicio de la soberanía popular, más allá del voto electoral tradicional.
Por otra parte, el presidente Chávez (eje central del panorama político venezolano) ha definido en las últimas semanas su discurso y lo ha centrado en problemas y medidas concretas, atacando las áreas de atención más importantes que tiene la nación.
En el otro lado, la oposición política continúa mostrando su incapacidad para presentar un frente unido y una propuesta coherente para el país. Como ya le es tradicional, todas sus intervenciones están centradas en una crítica absolutamente destructiva de toda acción del gobierno y en el desconocimiento de cualquier índice positivo de esa gestión. En lo interno, continúan canibalizándose, en una feroz pugna por conquistar candidaturas, dónde las ambiciones personales priman sobre cualquier consideración política. Aún con declaraciones públicas esporádicas de unidad y coherencia, la sorda puja por lograr «un curul» marca su accionar.
La desestabilización
Este análisis contempla el panorama de las fuerzas «legales» que se mueven a nivel político. Pero existen otras fuerzas, que no tienen en cuenta el sistema electoral (porque nunca lo han tenido o porque lo saben adverso a sus fines) que siguen operando en la sociedad venezolana con el objetivo de cambiar el esquema de poder político. Estas fuerzas (internas y externas) utilizan la vieja receta que ha sido empleada en América Latina (y en todo el mundo) para hacer caer aquellos gobiernos que no se pliegan a los intereses de los poderes hegemónicos y de las oligarquías locales. Con el apoyo logístico y económico de Washington (y de las fuerzas hegemónicas de otros países desarrollados y de las grandes corporaciones), la receta de la desestabilización sigue vigente.
A pesar de que los acontecimientos del frustrado golpe de estado y de la huelga petrolera fracasaran rotundamente, el trabajo de la desestabilización no ha cesado nunca. Parece haber sido elegida, frente a ese fracaso inicial, una política de desgaste paulatino que se mantiene constante en el tiempo.
Ella se ha visto reflejada por ejemplo en el desabastecimiento alimentario que sigue sufriendo el país. A pesar de las medidas tomadas por el gobierno (importación directa de alimentos, control del acaparamiento, creación de cadenas de distribución estatal, Mercal y Pdval), la distribución sigue estando en manos de unas pocas compañías jugadas con la oposición, quienes controlan el flujo de los abastecimientos. Si bien es cierto que el aumento de la calidad de vida en ciertos sectores de la población ha aumentado el consumo, y eso colabora con el déficit alimentario, también es cierto que las grandes distribuidoras manipulan el flujo para generar las condiciones de desabastecimiento.
Sin necesidad de caer en la paranoia, a esto se agregan acontecimientos «casuales» y sistemáticos que provocan malestar en la población. Que las comunicaciones a través de los teléfonos móviles celulares empiecen a tener fallas generales constantes, o que un viernes de quincena (cuando normalmente Caracas se vuelve un nudo) súbitamente el Metro tenga una falla general que obligue al grueso de sus usuarios a horas de búsqueda de transporte alternativo, hacen sospechar dentro de este panorama, que estamos ante algo más que casualidades.
El rol de los medios
Mientras tanto, dentro de ese objetivo, los medios privados continúan el ataque cotidiano y sistemático al gobierno bolivariano. El esquema de ocultamientos, generación de visiones segmentadas y mentirosas de los hechos, la constante descalificación y hasta el sarcasmo y la burla, que generan unos medios de comunicación que intentan tomar el rol de los desaparecidos partidos políticos, machaca monótonamente, generando matrices de opinión programadas, estimulando el miedo y la incomodidad, complementándose y apoyando el resto de las acciones desestabilizadoras.
Si bien es cierto que estas actitudes llevadas al paroxismo, tienen un efecto de boomerang sobre su credibilidad, por saturación y golpeado en el vacío, de todas formas ellas siguen siendo un motor para un sector de la población, alimentando su rechazo visceral a los cambios.
Basta un breve escaneo a televisión, prensa y radio opositoras para percibir hasta que punto se habla con naturalidad de un país que sólo existe en la imagen mediática. Un país, que según los medios está en plena crisis económica, pero en el cual la clase media a la cual van dirigidos sus mensajes, está consumiendo automóviles nuevos a un ritmo tal, que si alguien quiere adquirir un carro de agencia debe esperar hasta un año para recibirlo, ya que las capacidades de las ensambladoras están totalmente desbordadas por la demanda.
El paroxismo del ataque mediático llega a extremos que se acercan al ridículo. Que en un programa de radio con periodistas de oposición, provoque a todos un ataque de risa el chisme de que en un cuartel alguien colgó en la cartelera un artículo de Rafael Poleo (connotado periodista de derecha, vinculado desde hace muchos años a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana), o que un reconocido economista de oposición explique que si bien la reunión del presidente Chávez con los empresarios, para trabajar por el estimulo de la capacidad productiva del país, parece una medida positiva, no tendrá ninguna consecuencia porque el gobierno no va a darles a los empresarios lo que necesitan, y que la eliminación del impuesto a las transacciones bancarias de las empresas anunciado en esa reunión, si bien aparenta ser una medida positiva, de todas maneras no tendrá ningún efecto en la economía en crisis que él define, son ejemplos de hasta que punto los medios se han convertido en generadores de realidad.
Igualmente, y esta observación es tanto para los «pensadores» de los medios, como para los de la oposición política, la ceguera y mediocridad se reflejó en su pobreza de pensamiento para generar una matriz contraria a la ley de Inteligencia y Contrainteligencia, decretada en principio por el Poder Ejecutivo.
Una ley de este tipo sólo puede ser ampliamente represora, dentro de los esquemas de la guerra tradicional. Toda ley de este género viola derechos humanos fundamentales, la manera usual para que sea «efectiva».
El presidente Chávez reconoció inmediatamente de que había sido mal planteada, que fue elaborada con un cierto apresuramiento producto de la conciencia del gobierno de la persistencia en el ataque desestabilizador, y la echó para atrás, dejando en manos de la Asamblea Nacional su elaboración, en la búsqueda de un consenso y lograr una ley que pueda ser operativa sin violar principios establecidos en la Constitución.
Lo curioso es que la oposición, para atacar la ley, intentó generar una matriz de opinión contraria, que no estuvo basada en el posible atropello a los derechos humanos, lo cual le hubiera dado una carta sólida de ataque, sino que la bautizó la «ley sapo» (delator), haciendo hincapié en la propuesta contenida en su texto de que las comunidades colaboraran con los organismos de seguridad del estado. De esta manera, los «cerebros» de la oposición dejaron de lado el verdadero problema ético y jurídico que podría haber constituido esta ley, para identificarla con una imagen, que según su «creatividad» fuera capaz de despertar el rechazo puramente emocional de la población.
Los dos frentes
El gobierno bolivariano tiene entonces que enfrentarse a una estrategia de desestabilización continua que no presenta un ataque frontal (una confrontación abierta en la cual el Presidente Chávez es experto) sino una táctica de desgaste que ataca por distintos frentes.
Si a esto se le agregan los problemas internos, dónde la corrupción, la burocracia y la gestión mediocre son enemigos enquistados en la estructura del estado que han logrado penetrar el movimiento bolivariano y que hoy constituyen factores que entorpecen el proceso de cambios, vemos que no estamos frente a una situación cómoda.
Son más fáciles de combatir los enemigos que presentan batalla abierta, que aquellos que provocan el progresivo y cotidiano deterioro. El desafío planteado hoy al gobierno es el de lograr una estrategia y unas acciones que puedan enfrentar exitosamente esta situación.