La Reforma Constitucional que ha propuesto el Presidente Chávez y que está siendo sometida a consulta popular en Venezuela, tiene como propósito que la nación se transforme en una comunidad política incluyente y equitativa, dentro del proyecto humanista del socialismo. Se intenta fundar una república basada en la comunidad, como espacio para la realización personal […]
La Reforma Constitucional que ha propuesto el Presidente Chávez y que está siendo sometida a consulta popular en Venezuela, tiene como propósito que la nación se transforme en una comunidad política incluyente y equitativa, dentro del proyecto humanista del socialismo. Se intenta fundar una república basada en la comunidad, como espacio para la realización personal y colectiva, para lo cual esa comunidad debe garantizar y producir la participación protagónica igualitaria de manera efectiva. Se trata de ampliar los espacios de la democracia, porque democracia es garantía de la ampliación humana de derechos que conduce a sociedades socialistas, así como el socialismo es a su vez garantía de democracia. El Socialismo del Siglo XXI, se propone -sin excusas ni medidas temporales- la intensificación de la organización democrática de la sociedad, una democracia real y para tod@s.
El fin es la transformación profunda de los valores y estructuras de la convivencia en Venezuela, para lo cual se plantea una reestructuración del poder; la gran novedad es la constitucionalización del Poder Popular. El Poder Popular se expresa en las comunidades, las comunas, el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, consejos de obreros y obreras, de campesinos y campesinas, etc . Se busca crear nuevas formas y mecanismos de poder que permitan que «de verdad» no aparezcan, se reproduzcan y mantengan formas de dominación que den lugar y generen privilegios de unos sobre otros.
Sin embargo, este ideal no es posible, si no se reconocen y combaten las brechas históricas, que se originan y fundamentan en discriminaciones culturales hondamente establecidas, que determinan posiciones sociales en las que la participación protagónica igualitaria se hace imposible. Las brechas de desigualdad y discriminación entre venezolan@s actúan no sólo en términos económicos, sino también derivan de condiciones de etnia y de género, que se entrecruzan y potencian mutuamente. Casi nadie -creemos- discute que es mucho más difícil ejercer la participación protagónica si se es pobre, indígena, afrodescendiente y mujer (y mucho peor aún si se tienen varias de estas características).
No hay socialismo posible ni democracia posible si las transformaciones no incluyen la eliminación de las estructuras patriarcales. El patriarcado constituye la forma de institucionalización del poder masculino, que hace parecer como natural su predominio en las estructuras sociales. Se considera justificable, por ejemplo, que los puestos clave del poder (político, económico, religioso y militar) se encuentren, exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones. Se considera normal que las mujeres cumplan un rol social y familiar que las somete a muchas más horas de trabajo, que incluyen trabajo remunerado, trabajo doméstico y ahora además, trabajo comunitario. Aunque la Revolución Bolivariana muestra entre sus logros la más amplia participación comunitaria de las mujeres (mesas de agua, consejos comunales, misiones, etc.), lo cual es de por sí positivo y ha producido -especialmente en las mujeres de los sectores populares- crecimiento personal, autoestima y sentimiento de valía, esta realidad no ha sido apoyada por esquemas de servicios, mecanismos sociales, ni por transformaciones educativas e ideológicas, que vayan modificando las responsabilidades domésticas y familiares, y las cargas consecuentes. En general, las protagonistas de la participación se ven obligadas a convertirse en heroínas del trabajo que cumplen sus múltiples roles sin fallar en ninguno.
En estas condiciones, resulta injusto un trato meramente igualitario que mantiene invisible el rol de las mujeres, porque la neutralidad frente a la desigualdad aumenta la brecha existente. Si no hay igualdad ante la vida, la igualdad ante la Ley se convierte en una burla. Se promete la igualdad y lo que la sociedad brinda es una desigualdad solapada. La igualdad es el objetivo, es el programa, pero para lograrla es indispensable contemplar y combatir las desigualdades históricas, la más extendida de las cuales -porque abarca a la mitad de las personas- es la basada en el sistema de género.
El patriarcado como sistema de organización social que se institucionaliza a través de los roles de género , modela la conciencia subjetiva, y da fundamento psico-sociológico al predominio de unos sobre otr@s. La socialización diferenciada y jerárquica de varones y niñas convence de una manera vivencial y cotidiana que algunos seres humanos son más valiosos que otros y por lo tanto tienen más derechos, es decir que hay privilegios naturales, que hay roles y funciones sociales prefijados, que ciertas personas tienen más libertades que otras, que las características masculinas son más relevantes para la sociedad, etc.
Para que la Reforma Constitucional sea realmente la guía para la construcción de una sociedad democrática socialista humanista de justicia, la perspectiva de género es un imperativo ético indispensable. Sin justicia de género no hay emancipación social posible, y no habrá participación social con igualdad efectiva. El socialismo bolivariano del siglo XXI deberá ser feminista para ser sinceramente justo y humano. La perspectiva de género es una obligación moral para fraguar un modo de poder sin dominación y una convivencia basada en la solidaridad y en el valor igual de tod@s, concretado en el acceso positivo a la participación protagónica.
Por todo esto estamos convencidas de la necesidad de que la Reforma Constitucional desarrolle y profundice la visibilización del género y sus consecuencias como componente de la convivencia social, e instituya la paridad en la participación femenina y masculina en todos los poderes y en sus expresiones y organizaciones. La paridad no solamente es una estrategia reparadora de los daños causados por la distribución desigual del poder entre los géneros, sino que constituye la vía moral indispensable para la creación de formas más democráticas de poder sustantivamente participativo.