El ministro de Economía, Pedro Solbes, acaba de fraguar un acuerdo con Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria para sacar adelante una regresiva reforma fiscal, que sigue los pasos de las del Partido Popular, mediante la cual se le vuelven a bajar los impuestos a los que más tienen. Parece ser que […]
El ministro de Economía, Pedro Solbes, acaba de fraguar un acuerdo con Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria para sacar adelante una regresiva reforma fiscal, que sigue los pasos de las del Partido Popular, mediante la cual se le vuelven a bajar los impuestos a los que más tienen. Parece ser que a España, a juicio del ministro socialista, le sobra el dinero -¡viva el superávit!, y por eso se permite el lujo de dejar de recaudar 4.500 millones de euros anuales, que es la cantidad que ya no percibiría el Estado al disminuir del 45 al 43 por ciento el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta (IRPF), junto con la rebaja del 35 al 30 por ciento del impuesto de sociedades para las grandes empresas.
El ministro del Gobierno socialista se ha comprometido además a adelantar en dos o tres años la entrada en vigor del nuevo impuesto de sociedades, en lugar de los cinco años inicialmente previstos; debe ser que se trata de algo urgente; quizás es que el incremento de los beneficios empresariales un 41 por ciento el pasado año no es suficiente y hay que ayudar a las empresas a que ganen un poquito más. Dice el vicepresidente segundo que con estos descuentos España aproxima el impuesto de sociedades a la media de la Unión Europea, pero lo que calla es que nuestro país tiene la presión fiscal más baja de la Europa de la zona euro. Tal vez también dentro de un tiempo, si no le cuadran sus balances, este Robin Hood de los poderosos pretenda recaudar esos 4.500 millones de euros mediante impuestos indirectos, haciendo que los paguemos entre todos sin tener en cuenta los ingresos de cada cual. De todas formas, ¿acaso no es ya igualmente escandaloso que los asalariados abonen un 20 por ciento de sus controladas nóminas, mientras una gran empresa aporta al Estado un 30 por ciento de sus enormes beneficios, sólo 10 puntos porcentuales más?
Parece olvidar el ministro socialista que la Constitución reza que España es un Estado social y de derecho, y tampoco parece preocuparle que nuestro país sea junto con Portugal el que tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE, por invertir en nuestro disminuido Estado del bienestar mucho menos de lo que le correspondería por su riqueza económica. Tanto es así que aunque el Producto Interior Bruto per cápita es ya el 90 por ciento del de la UE, el gasto público social por habitante español supone sólo el 62 por ciento del promedio de la UE.
Entretanto, la brecha que separa los ricos de los pobres se ensancha, el eufemismo que llaman cohesión social se desdibuja, y los colectivos más vulnerables a la pobreza y a la desigualdad como jóvenes, inmigrantes y mujeres malviven con salarios o ayudas ínfimas, cuando pueden, y en situaciones de precariedad laboral que les impiden traspasar el denominado umbral de la pobreza. Tampoco hay ayudas para el alquiler de pisos, ni suficientes viviendas de protección oficial, o políticas que favorezcan el derecho a tener hijos. Basta con observar la inexistente oferta de guarderías públicas, o tener en cuenta que en nuestro país son las mujeres las que atienden a sus miembros familiares dependientes, realizando tareas que en otros países de nuestro entorno las cubre el Estado mediante servicios sociales domiciliarios.
El señor Solbes ni siquiera reconoce que las familias españolas han perdido poder adquisitivo en el año 2005 debido a la inflación y a la subida de los tipos de interés. Sólo le falta negar también que la deuda de las familias sigue creciendo, que los créditos concedidos por las entidades financieras aumentan, un 21,3 por ciento sólo en febrero pasado, y que la gente hace auténticas acrobacias para llegar a fin de mes. En definitiva, sólo le falta rememorar aquel famoso España va bien. Sólo que habría que ver para quienes va bien.
Además de la regulación del matrimonio homosexual, del regreso de las tropas de Irak o la Ley Orgánica de Educación, en el programa electoral del PSOE se incluían dos compromisos; avanzar para que las rentas del capital tributaran igual que las del trabajo, junto con la promesa de hacer converger el gasto público social por habitante con el del promedio de la UE. Pero no cabe duda que por este camino trazado por el señor Solbes, apoyado vergonzosamente por casi todos nuestros representantes del Congreso de los Diputados, estos objetivos de justicia social no podrán cumplirse, ya que es imposible una distribución más equitativa de la renta sin un sistema fiscal más progresivo, y esto sí que sería una política económica de izquierda.