Actualmente hay 380.000 personas en Cataluña que viven con unos ingresos inferiores a 350 euros. Viven en la pobreza severa.
Estos últimos días ha comenzado un debate encendido sobre la renta básica universal (RBU). Y es positivo. Hace años que diferentes colectivos están trabajando en la difusión y la defensa del RBU, y, de hecho, a finales de enero en el Ateneu Popular de Nou Barris una jornada aglutinó diferentes espacios, culturales, feministas o de acción social y comunitaria, entre otros, para articular las luchas en favor de su implementación.
En el marco de una crisis social y económica sin precedentes para las generaciones actuales, el debate sobre propuestas que constituyen un rediseño de los mecanismos de distribución de la renta es fundamental. Y es cierto: la gestión de una RBU en un marco competencial autonómico tiene límites. Pero vayamos por partes.
Una aproximación a la RBU
La asociación internacional Basic Income Earth Network (Red Mundial por la Renta Básica) define la RBU como una asignación monetaria, individual, incondicional y universal. Difiere, y mucho, de los subsidios condicionados. La lógica de los subsidios condicionados, entre otros, la renta garantizada de ciudadanía (RGC) o el ingreso mínimo vital (IMV), es la de ayudar después de haber fracasado o de haber caído siempre que se pueda demostrar ante la burocracia de las administraciones. En definitiva, los subsidios condicionados exigen la prueba de la carga a la gente que se ha quedado en paro, que no alcanza el umbral de la pobreza a pesar de trabajar remuneradamente o la gente con diversidad funcional, entre otros.